Ante algunos cuestionamientos sobre el impacto ambiental del proyecto Amigo GNL, una planta de licuefacción de gas proyectada en Guaymas, Sonora, que surgieron durante la conferencia de prensa del 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ofrecería información para aclarar las dudas. A la espera de conocer esos argumentos, este texto busca contextualizar la instalación de estos proyectos y analizar sus implicaciones para la soberanía del país

Por Rogelio López

CIUDAD DE MÉXICO. – En la ronda de preguntas de la conferencia mañanera del 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio la palabra a nuestra compañera, la periodista Reyna Haydee Ramírez. Sin embargo, antes de que Reyna formulara su pregunta, la mandataria se adelantó y le dijo que, como ya sabía qué iba a preguntar, quería dar a conocer que el próximo miércoles 21 de octubre, en ese mismo espacio, se presentaría información detallada sobre el proyecto de construcción de una planta de licuefacción de gas en las costas del golfo de California, en Sonora, que por el momento se encuentra detenida por un amparo.

La presencia de los secretarios de Energía y Medio Ambiente el próximo miércoles, dijo la presidenta, tiene por objetivo dar información sobre la planta de GNL: sus antecedentes, cómo y por qué se planeó, los permisos y la ubicación del proyecto Amigo GNL.

Ante un cuestionamiento que es inaudible en la grabación, la mandataria expresó: «No hay ningún daño ambiental, se hizo todo el estudio del impacto ambiental de la zona, está en la parte baja [del Golfo de California], que no es la parte del ecosistema de la vaquita marina, la ruta del transporte de los barcos está determinada».

A insistencia de la periodista sobre la importancia ambiental de la zona por la que transitarán los buques «metaneros» —60 al año—, la mandataria insistió en que esta es «un área que es muy transitada por embarcaciones… fueron estudiados a fondo los beneficios, los impactos y cómo desarrollarlo [el proyecto]».

Y aunque en este breve intercambio la discusión se centró en el daño ambiental que podría causar esta actividad en un área altamente sensible en términos ambientales, un tema importante sin lugar a dudas. Sin tener una bola de cristal, estoy casi seguro de que veremos cómo los argumentos que se viertan estarán enfocados en justificar en términos ambientales, económicos y de seguridad energética el proyecto de gas licuado Amigo GNL en Guaymas, Sonora.

Y sí, muchos pueden pensar que nos estamos adelantando y deberíamos esperar a ver qué dicen los funcionarios y la propia presidenta para el miércoles. Tal vez tengan razón.

Sin embargo, desde mi perspectiva pienso que es un error centrar la discusión en las implicaciones ambientales y no en las consecuencias que tiene en términos de la soberanía nacional la aceptación y el impulso de actividades que tienen un carácter estratégico y de seguridad nacional para Estados Unidos, como son el emplazamiento de infraestructuras energéticas —ductos, plantas de licuefacción o de regasificación— que le permiten exportar gas natural producido en Texas mediante el fracking —fractura hidráulica— desde territorio mexicano.

Esto no lo digo yo; desde hace más de 20 años, John Saxe Fernández, uno de los más importantes expertos en geopolítica, nos advertía que:

«La historia de las relaciones de México con Estados Unidos muestra de manera dramática cómo el despliegue sobre el territorio nacional de actividades económicas esenciales, cuando son dominadas por actores o empresas del exterior, rápidamente adquieren dimensiones militares y de seguridad con grandes repercusiones sobre la integridad territorial mexicana»

En el contexto actual, marcado por un intervencionismo estadounidense exacerbado en América Latina, impulsado por la administración Trump a través del Escudo de las Américas, la materialización del Corolario Trump y la actualización de la Doctrina Monroe, el emplazamiento de este tipo de infraestructura también debe entenderse dentro de la disputa por la hegemonía mundial.

De esta última se deriva también el control de los hidrocarburos como un arma geopolítica. Si perdemos de vista este aspecto, difícilmente podremos entender por qué se ha dado el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra contra Irán, los ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania —el proxy estadounidense—, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y el control de los hidrocarburos de Venezuela —la mayor reserva del mundo—; y otros acontecimientos, como la destrucción del gasoducto Nord Stream en 2022, infraestructura que permitía el abastecimiento de gas ruso a Europa, y que a partir de ese incidente Estados Unidos abastece de gas a precios muy elevados.

Este último aspecto es clave: nuestro vecino del norte, a finales de la década del 2000, pasó de ser un importador de hidrocarburos para convertirse en un exportador. Este hecho solo fue posible gracias al impulso del fracking en la cuenca Pérmica de Texas y en otros estados.

México como plataforma de exportación de gas texano al mundo

La presencia de infraestructura energética estadounidense en suelo mexicano, como es el caso de la planta de licuefacción Amigo GNL, ubicada en Guaymas, Sonora, desde donde se podrá exportar gas texano a México y otros países, se explica por una sencilla razón: Estados Unidos busca hacer de México una plataforma para la exportación de sus excedentes de gas.

La planta de licuefacción de gas Amigo GNL no es la primera en el país; en Altamira, Tamaulipas, ya opera una planta flotante en la que se licua gas texano que es distribuido a la CFE en México.

Tomemos en cuenta que, hasta antes de 1997, nuestro país era autosuficiente en materia de gas. Pemex, la paraestatal, satisfacía la demanda del hidrocarburo. Casi 30 años después, México importa el 76% de sus necesidades de gas.

Construcción de la dependencia del gas importado

En 2003, Saxe Fernández hacía la advertencia sobre el riesgo que representaba para la soberanía nacional el emplazamiento de infraestructura energética estadounidense en territorio nacional. Aquella era la época en que el sector energético nacional —los hidrocarburos y la electricidad— enfrentaba una nueva embestida con miras a su privatización; en esa ocasión, Acción Nacional —el partido que surgió como una fuerza política que se oponía a la nacionalización de los hidrocarburos— promovía una mayor desregulación.

Los panistas continuaron el trabajo que inició el PRI, durante los gobiernos de Salinas y Zedillo —naturalmente, bajo la presión de Washington— para quebrar a Pemex, asfixiando financieramente a la paraestatal. Esto le impedía a la empresa invertir recursos en mantenimiento, infraestructura y tecnología que, por ejemplo, le permitieran aprovechar el gas asociado al petróleo que se quemaba en los pozos petroleros del sureste del país.

Bajo estas condicionantes, durante el periodo neoliberal la matriz energética del país se fue configurando intencionalmente bajo la máscara del impulso de la llamada transición energética hacia energías menos contaminantes, para pasar de la quema de petróleo para la generación de electricidad a la quema de gas.

Gas: un combustible barato, limpio y de acceso seguro

Con Pemex prácticamente quebrado, se promovió la dependencia del gas importado bajo tres presupuestos: su bajo precio, el menor impacto ambiental y la seguridad de su suministro. Al mismo tiempo que la producción nacional de gas disminuía aceleradamente.

Con base en estos argumentos, los gobiernos neoliberales panistas, al mismo tiempo que inhabilitaban plantas que aún tenían vida útil —porque trabajaban con combustóleo—, impulsaron la construcción de plantas de ciclo combinado —que funcionan con gas— bajo esquemas de financiamiento desventajosos para el gobierno mexicano y altamente lucrativos para el capital privado, al que se encargó su construcción.

Al mismo tiempo, las paraestatales del Estado mexicano —CFE y Luz y Fuerza del Centro (LyFC)— eran relegadas a actividades de poco valor agregado, como la transmisión y la distribución de electricidad. Como dato adicional, en 2009, Felipe Calderón extinguió, mediante un decreto arbitrario, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro —LyFC—.

A partir de la entrada en vigor del TLCAN, nuestro país terminó por convertirse en un apéndice del sector industrial y manufacturero de Estados Unidos. La demanda de gas fue aumentando paulatinamente; las proyecciones que se hicieron, muchas de ellas exageradas, se usaron como pretexto para justificar las inversiones de capital privado en la construcción de infraestructura para mover el gas —gasoductos y centros de distribución—, así como para la compra de grandes volúmenes del hidrocarburo.

México: ¿revendedor de gas?

El colmo de esto sucedió durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Durante este sexenio se firmaron acuerdos leoninos para la compra, a largo plazo, de gas procedente de Estados Unidos, en cantidades que rebasaban por mucho las necesidades y la capacidad de almacenamiento del Estado mexicano.

La administración de Andrés López Obrador heredó estos contratos. Ante la imposibilidad de cumplirlos, la CFE y la Secretaría de Energía entablaron demandas legales para renegociarlos, tomando en cuenta las necesidades reales del país.

Ante este «error de cálculo», algunos funcionarios y el mismo presidente López Obrador, plantearon la oportunidad de aprovechar esa diferencia entre los volúmenes contratados y la capacidad para consumir y almacenar el gas, con el propósito de proponer que México se convirtiera en un revendedor de gas y lo exportara.

Algunos pensarán: ¡qué buena idea! Ya que tenemos un excedente y no lo podemos usar ni almacenar, podríamos revender ese gas que ya tenemos contratado. Sin embargo, nuestro país no tiene los recursos ni la capacidad tecnológica para desarrollar toda la infraestructura que se requiere.

Supongamos, sin embargo, que sí pudiera hacerlo y que Pemex construyera la infraestructura para exportar gas comprado a los texanos.

Aquí se abre una pregunta: ¿las empresas estadounidenses estarían conformes en entregar su parte del león al Estado mexicano? En el contexto actual, y en cualquier otro, no lo creo. Y tan no es así que es precisamente en este punto donde se inscribe la planta de licuefacción Amigo GNL en Sonora, una planta privada de capital estadounidense para exportar gas a México y a donde quieran.

Reflexión final

El neoliberalismo es más que una pesadilla, porque al menos de las pesadillas uno despierta y se acaban. Sin embargo, con el neoliberalismo se puede decretar su abolición, tal como lo hizo López Obrador o, bien, decir que el neoliberalismo se acabó en México y no va a volver, como acaba de hacerlo la presidenta.

El problema con el neoliberalismo es que esta forma de capitalismo se ancló territorialmente. La integración energética con nuestro vecino del norte es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, más que integración es una subordinación, y en una posición tan desigual es muy difícil defender la soberanía nacional.