En plena guerra contra el narcotráfico, una joven de 21 años fue acusada de secuestro, después de que su expareja la obligara a acompañarlo a cobrar un rescate. Ahora purga una pena de 30 años en las cárceles de San Luis Potosí, después de que los jueces se negaran a escuchar su historia

Texto: Marcela Del Muro

Fotos: Nahúm Delgado

SAN LUIS POTOSÍ. -Al frente del contingente caminaba la familia de Sanjuana Maldonado junto a Jesús Martínez, director de la organización Perteneces. Él, empujaba un diablito, con los tomos de la extensa carpeta de investigación, que apilados miden más de un metro de alto. La escena ocurrió el 15 de febrero, cuando los manifestantes recorrieron unas cuadras del centro de la ciudad de San Luis Potosí hasta llegar al edificio Presidente Juárez, sede del Congreso del Estado. Ahí entregaron la petición de indulto para Sanjuana, que lleva quince años presa, pagando por un crimen que no cometió.  

En las miles de hojas de la averiguación contra Sanjuana se puede constatar su inocencia. En realidad, lo único que sostiene la condena de 30 años a la que fue sentenciada en el 2009, es que ella se encontraba, bajo amenazas, en el estacionamiento de una tienda, donde su expareja cobró un rescate, explica la antropóloga Sofía Córdova Nava, quien junto a la Dra. Laura Saavedra, realizaron el Peritaje Antropológico y Sociocultural que acompaña el indulto.

“No hay nada que la incrimine, pero el juez decidió desechar todo lo que la favorecía. Por ejemplo, ella cuenta que estaba ahí por amenazas, incluso, está la declaración del propio exnovio que dice que ella estuvo ahí en contra de su voluntad, pero esto no fue tomado en cuenta. También se desecharon los peritajes en materia de psicología que dan cuenta de las asimetrías de poder (entre Sanjuana y su pareja)”, señala Daniela Varela, abogada de Perteneces, la organización que realizó el estudio jurídico especializado.

Sanjuana fue detenida en el 2009 por la Policía Federal Preventiva. La detuvieron durante el endurecimiento de las medidas punitivas provocadas por la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderon. La misma guerra que criminalizó a sectores de la población en condiciones de desigualdad, marginación y pobreza; siendo las mujeres de las más vulnerables y criminalizadas. 

“Durante ese período, ante medidas que privilegiaban el fortalecimiento del sistema penitenciario y la ampliación de penas carcelarias, el incremento de la población en prisión constituía un indicador de éxito”, señala el resumen ejecutivo del peritaje antropológico.

“Alzamos la voz por Sanjuana, porque su historia representa la realidad de muchas mujeres en México. Hoy, el Congreso del Estado de San Luis Potosí tiene la oportunidad de cambiar esta historia, otorgando un indulto para hacer justicia”, comenta la organización Perteneces, quien se ha encargado de impulsar esta medida jurídica apoyada por veinte colectivas y asociaciones civiles que promueven los derechos humanos en México.

Esta es la historia de Sanjuana, y la de muchas mujeres más en todo el país.

Un continuum de violencia que no fue tomado en cuenta

Sanjuana es originaria de Charco Cercado, un poblado del municipio de Guadalcazar, San Luis Potosí. Su comunidad, es una de las que tiene mayor índice de pobreza y marginación en el estado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La mujer, de ahora 36 años, creció en un contexto de pobreza extrema y precarización. Sin embargo, a pesar de las violencias estructurales, era muy dedicada en sus estudios, pues soñaba con tener una carrera universitaria para sacar adelante a su familia. Tras mucho sacrificio, en 2005, cuando tenía 18 años, salió de su comunidad a estudiar informática en el Tecnológico de Matehuala, a más de 100 kilómetros de distancia de su familia.

A los 21 años, Sanjuana conoció a JC, un hombre 15 años mayor que ella que la fue envolviendo en una relación violenta y desigual.

“Durante su relación, él ejerció violencia psicológica y simbólica en contra de ella, que restringió su autodeterminación, pues la amenazó, chantajeó, manipuló y ejerció un permanente control sobre ella. Sanjuana, estando lejos de su principal red de apoyo, se encontraba en una espiral de violencia que le impidió terminar la relación con él y activar estrategias a su favor en una situación de riesgo y alta vulnerabilidad”, señala el resumen ejecutivo del peritaje.

A principios de mayo de 2009 Sanjuana intentó terminar su relación con JC, pero él, a través del chantaje y el hostigamiento, logró convencerla de seguir. El 22 de mayo, JC le avisó que daría su nombre para cobrar un dinero. Ella se negó, pues no sabía de dónde provenía ese dinero. JC siguió insistiendole, hasta que llegó el primo de la pareja y la amenazó diciéndole que si no realizaba el cobro irían a Charco Cercado a lastimar a su familia. Todo ese día Sanjuana estuvo retenida contra su voluntad. El 23 de mayo, la pareja, el primo y un tercer hombre recogieron a Sanjuana mientras ella hacía su servicio social. Nuevamente la amenazaron, y la llevaron a la tienda donde cobrarían el rescate. 

Sanjuana, con miedo, se negó a entrar al establecimiento y se quedó en el estacionamiento. Ahí llegó una policía vestida de civil que le pidió su identificación y la sometió. Sanjuana, sin saberlo, se convirtió en la primera detenida. La pareja y el primo fueron detenidos con el dinero, y el tercero, el chofer, cuando intentó huir. 

“Ella fue detenida ilegalmente”, señala Daniela Varela.

La abogada explica que hay tres razones para poder justificar una detención: flagrancia, la cual no se acredita porque Sanjuana no estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención; o que haya una orden de detención emitida por el agente del Ministerio Público o una orden de aprehensión, que tampoco las había.

“Ella confió en las autoridades, porque pensó que la podían ayudar y podía aclarar su situación, pero no pasó”.   

Sin ninguna prueba en su contra, el único hecho que sostiene la acusación construida por el Estado es que se encontraba en el estacionamiento.

Sobre esa conclusión, el peritaje en su defensa argumena que “la razón por la que Sanjuana se encontraba en el lugar de la detención es resultado de un continuum de violencia  que ha experimentado a lo largo de su vida y ha tenido efectos que trascienden en su posibilidad y derecho de decidir y de actuar libremente”.

El continuum son lasdistintas formas de violencia que son continuas a lo largo de la vida de las personas, especialmente las mujeres, y Sanjuana es una de ellas.

La detención, la tortura y la construcción de una culpable

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, de 2004 a 2011, 2009 fue el año con mayor cantidad de personas privadas de la libertad, una de ellas Sanjuana, víctima del endurecimiento de la política penitenciaria durante la guerra contra el narcotráfico.

Sofía Córdova explica que el resultado de este endurecimiento ha tenido un efecto desproporcional contra las mujeres, quienes son juzgadas sin perspectiva de género, sin considerar los contextos de violencia en los que viven y aplicando criterios discriminatorios basados en prejuicios de género.

El resumen ejecutivo del peritaje indica que “la tasa de encarcelamiento de mujeres entre el 2010 y 2015 incrementó un 56 por ciento, a diferencia de los hombres que incrementó un 17 por ciento durante el mismo período”.

Tras la detención, Sanjuana y los tres hombres fueron trasladados a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la Ciudad de México, donde la mujer de 21 años fue torturada para obligarla a declarar y fue encarcelada bajo la figura de arraigo. Sin poderle acreditar el delito de delincuencia organizada, a los cuarenta días fue trasladada, nuevamente, a Matehuala.

Sanjuana “se enfrentó a un sistema de justicia penal que respondía a la narrativa criminalizante del Estado y tendiente a sancionar con severidad  a las mujeres con base en estereotipos y prejuicios de género. Esto le cerró las posibilidades de tener un juicio justo”, señala el resumen ejecutivo.

Un ejemplo claro de la falta de perspectiva de género fue que el juez desestimó el testimonio de violencia de Sanjuana, alegando que ella, al ser estudiante de una carrera técnica, tenía los conocimientos suficientes para saber que debía denunciar la violencia y las amenazas que vivía. También desechó los dos peritajes en psicología, donde se acreditó la asimetría de poder, la coerción y las amenazas que vivió la joven.

“Este caso demuestra la configuración patriarcal del sistema penal que debilita y no escucha las voces de las mujeres”, señala la antropóloga. “Al desestimar estas pruebas, anularon la voz y borraron la experiencia de vida de Sanjuana, la despojaron de su identidad individual y social, de su pertenencia y de su biografía; anularon aquello que la compone como sujeto y que es reconocido por las personas a su alrededor, y minimizaron la manifestación del carácter comunitario de la injusticia”, indica el resumen ejecutivo. 

“La gente (en Charco Cercado) estaba sorprendida. ‘¿Por qué la detuvieron? ¿Por qué le pasó esto? Si ella es una persona muy linda, ¿por qué Juanita?’”, relata Chabe, cuñada de Sanjuana. La comunidad se organizó y escribió cartas al juez, relatando que la joven era una buena estudiante, una ciudadana ejemplar y una buena persona, pero estas pruebas tampoco fueron tomadas en cuenta.

El 18 de abril de 2011, Sanjuana Maldonado fue sentenciada a 30 años de prisión por ser cómplice de los tres hombres que la amenazaron y obligaron a acompañarlos para cobrar el dinero de un rescate. Dinero que ella se negó a cobrar.

El indulto y la esperanza de justicia para Sanjuana

Durante estos quince años, Sanjuana ha transitado por cuatro penales en el estado: Matehuala; Ciudad Valles (donde se casó y tuvo a sus dos hijos); La Pila, en la capital, y el Xolol, en la huasteca potosina, donde se encuentra ahora, a más de cuatro horas de distancia de su casa. En todo este tiempo, la mujer de 36 años se ha dedicado a trabajar para apoyar económicamente a su familia y sus hijos.

A pesar de todo lo que Sanjuana ha vivido en estos años, se mantiene optimista de que se compruebe su inocencia y pueda salir libre pronto. Ahora, con la solicitud del indulto, la responsabilidad recae en el Poder Legislativo. Los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social declararon que se analizaría la solicitud con responsabilidad, apegados a derecho y, sobre todo, con transparencia y claridad.    

“Ya son quince años, que se dicen fácil, pero es una vida. A mí, en lo personal, sí me da mucha tristeza que Sanjuana esté viviendo lo que está viviendo, para mí es una injusticia. Pues, es una más de los inocentes que están en prisión, sin tener causa ni delito. Y quisiera que las autoridades nos escucharan y se den cuenta que están cometiendo un error. Sanjuana tiene mucho compromiso con sus hijos y con su familia en Charco Cercado, que la estamos esperando. Y vivimos, día a día, con la ilusión de verla llegar”, dice Benjamín, tío de Sanjuana.