En noviembre de 2018, dos consejeros indígenas y un comerciante de fueron detenidos de forma ilegal, mientras la comunidad pugnaba por ser reconocida legalmente como indígena. Hace unas semanas, el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que Náhuatzen se puede regir como guste. El Consejo Indígena exige la liberación de sus compañeros.

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Cortesía de Serapaz

En noviembre de 2018 la policía detuvo a los consejeros indígenas de Nehuatzen, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, así como al comerciante José Gerardo Talavera. Quienes los acusan de robo y sabotaje no presentaron pruebas, pero el juez dilata el proceso.

El encarcelamiento de los tres indígenas es un hostigamiento más contra la comunidad, la cual trabaja por su autodeterminación, acusa el Consejo Ciudadano Indígena. Por eso exigen la liberación de los tres detenidos.

El pasado 23 de junio el  Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y ratificó que Náhuatzen se regiría por medio del Consejo Ciudadano Indígena.

Ahora sólo falta liberar a sus compañeros.  

Cherán, la inspiración

La entonces cabecera municipal de Náhuatzen, en la meseta purépecha, sufría lo que muchos poblados: secuestros, desapariciones, cobro de piso, tala ilegal. Hasta que en 2015 sus pobladores decidieron seguir el ejemplo de Cherán, la emblemática comunidad que en 2010 sacó a políticos y criminales de su territorio. 

Aquel año, la Asamblea de Náhuatzen desconoció  los partidos políticos y por medio de asamblea, se conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN). Nehuatzen dejó de ser cabecera municipal y se convirtió en comunidad.

De acuerdo con el seguimiento que del caso ha hecho Serapaz, el cambió sí detuvo la inseguridad. En la zona cesaron los secuestros, levantones. Incluso se detuvo la deforestación.

Para 2017, el Consejo Ciudadano Indígena  fue reconocido legalmente como autoridad indígena, por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal. Los Consejeros de Náhuatzen ganaron el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.

Esto implicaba que las finanzas serían entregadas directamente a la Asamblea, explica en entrevista telefónica Efraín Avilés Rodríguez, vocero del Consejo Ciudadano.

La comunalidad gana terreno

León Pérez Manzanera, quien acompaña el caso desde la organización civil Serapaz, agrega que aquel 2015 fueron tres comunidades del municipio de Náhuatzen las que decidieron su autonomía: Santa María Sevina, Comachén y la que nos ocupa, Náhuatzen. En esta última, el ochenta por ciento de la comunidad se decidió por el Consejo Ciudadano Indígena, pero quedó un  20 por ciento que respaldaba el Ayuntamiento electoral.

Así que el Partido de la Revolución Democrática impugnó legalmente la determinación del Tribunal en la cabecera.  A partir de entonces aumentaron los hostigamientos y hostilidades por personas ligadas al Ayuntamiento y el gobierno estatal, acusan los consejeros.

En las otras comunidades del municipio de Náhuatzen que buscaron su autodeterminación, se dieron procesos de discrepancia similares. Por ejemplo, Santa María Sevina enfrentó un proceso legal en el que, en octubre de 2018, el Tribunal Electoral estatal se pronunció a favor de su Consejo.

Aún así en diciembre de ese mismo año, se volvió a votar en la comunidad, y de nuevo ganó la Asamblea. Para 2019, inició el proceso para que el Ayuntamiento les traspasara sus finanzas.

Pero las agresiones por parte de autoridades estatales en el poblado de Nehuatzen escalaron a otro nivel a inicios de noviembre de 2018.

“Nos citan en una de las comunidades del Municipio de Pátzcuaro, a una 1 hora 15 de distancia.  Y de forma simultánea, en nuestra comunidad golpean a uno de nuestros compañeros”.

Efraín Avilés

Venadeo en Pátzcuaro

El Palacio Municipal de Náhuatzen estaba ocupado por los Consejeros de 2015. Para 2018, aquéllos acordaron desalojarlo, para destrabar los conflictos.

Con este fin, las autoridades estatales citaron al Consejo Indígena durante  la tarde del primero de noviembre de 2018, Día de Muertos. Fecha poco apropiada, ya que “para nosotros es muy importante por el tema de los Difuntos”, explica Efraín Avilés, el vocero del Consejo Ciudadano de Nehuatzen.

«Ese día nos llaman del gobierno del estado y nos citan en una de las comunidades del Municipio de Pátzcuaro, a una 1 hora 15 de distancia. Se lleva a cabo esta reunión, y de forma simultánea, en nuestra comunidad golpean a uno de nuestros compañeros encargado de conducir el camión de basura», explica Efraín.

Las agresiones culminaron con un comunero herido de bala. «Aunque esta persona es trasladada inmediatamente al hospital de Uruapan, hasta la fecha no hay proceso ni detenidos por esa agresión». Avilés acusa a una síndico de nombre María Elena como la responsable de la agresión.

Pero continúan las negociaciones entre gobiernos y el Consejo Ciudadano Indígena para liberar el Ayuntamiento.

El 8 de noviembre, el Consejo Indígena desalojó voluntariamente el Palacio Municipal. El proceso se hizo en presencia de un visitador regional de derechos humanos, un notario público, y un representante de la Fiscalía general del Estado. Sin embargo, el 11, 12 y 14 de noviembre fueron detenidos sus compañeros. 

Rehenes

El día 11, José Gerardo Talavera Pineda  fue detenido en Morelia. “Él efectivamente es de la comunidad pero nada tiene que ver con el movimiento. Es una persona que vive del comercio, sus actividades las realiza en Morelia, su vida la ha hecho en Morelia. No radicaba ni siquiera en Nahuatzen. Lo identifican como comunero y luego lo quieren involucrar en delitos prefabricados”, explica Avilés. 

El 12 de noviembre, en Nehuatzen, elementos estatales detuvieron a José Luis Jiménez Meza, miembro del Consejo Ciudadano Indígena. “Sin orden de aprehensión lo llevan detenido a Uruapan,y hasta ahí  le fabrican su orden de aprehensión”.

El día 14, “al compañero José Antonio Arreola Jiménez, sin orden de aprehensión ni orden de cateo, y pues es una situación que desde noviembre están  privados de su libertad”, resume Efraín Avilés. Les imputan los delitos de robo calificado, robo de vehículo terrestre y sabotaje. “Delitos que imputan personas del ayuntamiento y que no  han comprobado nada de sus dichos”. 

Proceso irregular

“Desde  el 15 de febrero de 2019, debió haber culminado la etapa de investigación complementaria. Luego se alarga hasta el 15 de marzo, y sólo ha sido a criterios de ellos cómo se manejan las fechas”:

Efraín Avilés.

León Pérez, de Serapaz, recuerda: “algo que pasó con los compañeros presos fue que durante el primer mes que estuvieron presos, los torturaban. Todas las noches los sacaban, los golpeaban y los metían al amanecer”. La organización de derechos humanos presionó, y poco a pocos se logró que ya  no están sufriendo maltrato. Además, “los celadores ya se dieron cuenta de que es totalmente injusta su detención”.

Pero los hostigamientos en la zona y la algidez no se detiene. Se da el incendio de una casa y, en abril pasado, el suceso más doloroso de la región: el secuestro y asesinato del alcalde municipal perredista David Otlica Avilés.

Mientras, el proceso judicial contra los consejeros se prolonga. «“Desde  el 15 de febrero de 2019, debió haber culminado la etapa de investigación complementaria. Luego se alarga hasta el 15 de marzo, y sólo ha sido a criterios de ellos cómo se manejan las fechas”, explica Efraín.

La sentencia del juicio debió haberse realizado el pasado 3 de julio, pero se detuvo.