Cansada de que sus demandas lleguen a la misma instancia de justicia que ya ha demostrado estar en su contra, la comunidad de Chapab, en Yucatán, espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome su caso y puedan detener la operación de una granja porcícola en su territorio

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2018, ejidatarios y pobladores mayas de Chapab, al sur de Mérida, han interpuesto amparos para detener una granja de puercos que contamina su agua y amenaza su salud. El caso siempre cae en manos del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter, conocido por favorecer a las empresas, ya que en dos juicios similares a éste ha dado la razón a las megagranjas porcícolas. 

Pobladores y ejidatarios de Chapab piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga su más reciente amparo en contra de la mega granja porcícola que, sin su consentimiento, se instaló en su territorio en 2017.

Organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo (“cuidar la tierra”, en maya)  buscan suspender la operación de la granja de la “Unión de aparceros Chapab y Productora pecuaria de Yucatán” que produce 48 mil cerdos por ciclo de producción.

La granja abastece al gigante porcícola, Kekén, uno de los más grandes productores de la península y de los que más contamina. La granja de Chapab inició su operación en 2018, sin tener los permisos requeridos.

En 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros que salía de la granja y arrojaba aguas residuales en sus tierras de cultivo.

Esta es una de las más de 500 granjas porcícolas que han causado amplios daños al Anillo de cenotes, la principal reserva de agua dulce de toda la península y de la que depende el 90 por ciento de su población. Chapab, como Homún, una de las primeras comunidades en todo el estado que se han levantado contra este tipo de fábricas, es vecina de varios cenotes. 

Un juez con compromiso (empresarial)

Jorge Enrique Eden Wynter, magistrado del tribunal colegiado en materia penal y administrativa del decimocuarto circuito, en Mérida, es ampliamente reconocido como un magistrado proempresarial.

“Siempre que toma un caso que tiene que ver entre pueblos mayas y cualquier empresa, siempre termina por darle la razón a la empresa.  Yo he tenido varias reuniones en donde la gente ya lo ubica y saben que no nos ha dado ninguna victoria”, comenta sobre el magistrado Miguel Naguas, abogado que acompaña al colectivo Kanan. 

A pesar de que los magistrados colegiados deberían mudarse frecuentemente de ciudad para evitar lazos de arraigo que influencien su trabajo, Edén Wynter lleva en Mérida más de dos décadas. Su tesis de licienciatura, “La participación del Estado Mexicano en la actividad minera” echa loas «al desarrollo generado por la industria minera por los empleos y la infraestructura que genera”. 

La primera vez que el magistrado Edén Wynter tomó un caso referente a granjas porcícolas fue en 2020, cuando los pobladores de Chapab empezaron a tomar acciones legales para detener la contaminación de la granja en su comunidad. El magistrado desechó este primer amparo argumentando que los pueblos no habían demandado dentro de los primeros quince días después del inicio de la instalación de la granja, es decir en 2017. 

“No tiene sentido tener un plazo,”, comenta al respecto el abogado Naguas. “No es como que tácitamente aceptes que se esté contaminando el agua, no es como que si no demandes sea que aceptas que contaminen el agua y el aire, más bien son las omisiones de las autoridades de verificar que estas granjas no se contaminen”. 

El segundo caso que desechó fue hace un año, cuando la comunidad de Sitilpech, también en Yucatán, intentó frenar una empresa similar. El caso fue muy similar, la empresa se instaló, bajo los mismos términos y llevó el caso bajo el mismo cauce legal. Curiosamente, comenta Miguel Naguas, el amparo se llevó al mismo juez. En ese entonces pobladores de Sitilpech entregaron, un “regalo” de Navidad al magistrado, un bote lleno de excremento de cerdo.

La tercera es la vencida

Con estos antecedentes, los pobladores de Chapab piden a la Suprema Corte de Justicia que en esta tercera ocasión se encargue del caso, que ya fue asignado, de nuevo, a la oficina del magistrado Wynter. En esta ocasión, la comunidad no está pidiendo atención a las omisiones de la granja, sino más bien demanda una consulta popular para determinar si debe seguir operando o no. 

Desde el colectivo Kanan demandan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán realice la consulta, sin embargo, la SDS se declaró incompetente para llevar a cabo dicha tarea. Esta región de la Península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano después de la Amazonía y conforma la mayor recarga de agua dulce del país