El expediente del actual director general de la CFE presuntamente fue sustraído del AGN por los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, quienes además cambiaron el nombre del expediente deliberadamente, en un probable intento por ocultarlo del escrutinio público.
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Archivo Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico continúa desclasificando información sobre los expedientes que posiblemente extrajo el CISEN del Archivo General de la Nación.
La ausencia de estos expedientes imposibilitan completar la labor del Mecanismo, pues como han reiterado en informes previos, impiden conocer el papel que jugaron los aparatos de inteligencia del Estado mexicano durante los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia.
De acuerdo con el propio Mecanismo, la ausencia de estos documentos «apuntan a la hipótesis de que parte del material que ya no se encuentra es aquel que puede inculpar a los agentes, miembros del gobierno y privados, en algunas violaciones graves a los derechos humanos, así como otro tipo de delitos. Se trata de documentación de personal que permitiría identificar a los agentes o sus allegados».
Ya en informes previos, el Mecanismo hizo públicos una parte de los expedientes que confirman a personajes políticos y narcotraficantes como agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Sus actividades, sin embargo, no pueden consultarse, pues esa información fue sutraída.
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Ahora, una nueva entrega de evidencias de esta sustracción revela que, además de ocultar información y expedientes enteros, los aparatos de inteligencia probablemente estén encubriendo las actividades del político Manuel Bartlett.
Bartlett, a diferencia de los otros nombres que han surgido en las revelaciones que ha hecho el Mecanismo, es un político de alto nivel que actualmente participa en el gobierno federal. En esta administración se desempeña como director general de la Comisión Federal de Electricidad.
Su historia, sin embargo, se remonta a las épocas mas oscuras del PRI.
El expediente 121-000-222 está desaparecido, y ese es el expediente de Manuel Bartlett Díaz. Su importancia en la historia, particularmente en la que ha permanecido oculta en nuestro país, no es menor.
En los 60, concretamente en el 69, Bartlett pasó de ser entusiasta joven priísta y operador de Carlos Madrazo a convertirse en subdirector general de gobierno de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
Después, en 1970, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, Bartlett llegaría a ser director general de gobierno.
En esos cargos, Bartlett pudo haber conocido sobre las actividades de la Dirección Federal de Seguridad, pues ésta dependía de la Secretaría de Gobernación. En esos años ocurrieron la matanza del 68, el Halconazo y formalmente inició la Guerra Sucia.
Posteriormente, en 1976, a Bartlett lo nombraron embajador por la Secretraría de Relaciones Exteriores. Un año después, el cargo en el que era titular (con nombre de dirección en jefe para Asuntos Políticos Bilaterales, Consulares y de Límites y Aguas Internacionales) se convirtió en la Dirección para Asuntos Políticos de la secretaría.
Todo esto ocurrió durante el sexenio de José López Portillo, quien apenas en abril de este año fue identificado mediante un cable de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) como uno de sus agentes.
En estos años, y hasta 1996, el gobierno mexicano envió a cerca de más de mil efectivos militares y policiacos a formarse en una de sus academias: la escuela de las américas. Esto, según datos de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
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Posteriormente, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett fungió como su secretario de gobierno. A su cargo tuvo la Dirección Federal de Seguridad, en los mismos años que asesinaran al periodista Manuel Buendía, al agente de la DEA, Enrique Camarena, y durante la represión al Frente Nacional Democrático, antecedente del PRD. Bartlett también fue responsable de organizar el proceso electoral en el que Carlos Salinas de Gortari ganara en medio de acusaciones de fraude al candidato del Frente, Cuauhtémoc Cárdenas.
También, durante su cargo en Segob, pistoleros a sueldo asesinaron al profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Misael Núñez Acosta. El crimen fue presuntamente ordenado por Elba Esther Gordillo, quien años más tarde, en la primavera magisterial de1989, se convertiría en secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese año Manuel Bartlett era titular de la SEP.
En 1985, cuando el ahora director de la CFE era titular de la Segob, se ordenó la desaparición de la DFS.
En sustitución, el gobierno creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN). Es decir: Bartlett, en ese entonces secretario de gobierno, controló y ordenó el pase de los archivos de los aparatos de inteligencia del estado durante los periodos de represión política. Los mismos que ahora no aparecen.
De acuerdo con el Mecanismo de Escalrecimiento Histórico, Manuel Bartlett es «un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980 y cuya referencia aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN pero no en el Inventario Topográfico, es decir que en estos momentos no se encuentra en el AGN».
Su expediente, de acuerdo a la investigación del Mecanismo, aparece en el catálogo DFS-DGISEN-CISEN con el número 121-000-222. Sin embargo, en el siguiente instrumento de referencia (el catalogo elaborado por la ex titular del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez) su expediente aparece como “Informes sobre notas periodísticas en diferentes Estados de la República Mexicana”.
El expediente 121-00-227, correspondiente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, también está extraviado.
El mismo caso ocurre con el del político Porfirio Muñoz Ledo, quien fue presidente nacional del PRI durante el sexenio de Luis Echeverría.
Muñoz Ledo, además, fungió como Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el sexenio de López Portillo, en la década de los 80.
Su caso, como el presunto encubrimiento de Bartlett, corresponde a expedientes que se presumen puedan estar bajo el control del actual Centro Nacional de Inteligencia, herederos del archivo documental del CISEN, dependencia que probablemente extrajo los documentos del Archivo General de la Nación.
Como el de estos dos políticos, también están ausentes los expedientes de José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la DFS; Carlos A. Madrazo, dirigente del PRI; Juan Sabines Gutiérrez, ex gobernador de Chiapas en los 80; y Javier García Paniagua, ex director de la DFS durante la planeación e inicio de la Guerra Sucia.
Entre los expedientes incompletos que el Centro Nacional de Inteligencia no ha entregado al Mecanismo Histórico están aquellos que los aparatos de inteligencia elaboraron sobre organizaciones en defensa de los derechos humanos, así como a sociedades literarias y asociaciones civiles.
Uno de ellos, el 009-049-100, es sobre el centro Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado casos de graves violaciones a los derechos humanos.
También, el 009-049-097, comprueba que el Estado mexicano recabó información sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Del mismo modo, existen una serie de expedientes que los aparatos de inteligencia recabaron sobre políticos y personajes de oposición. Estos expedientes, sin embargo, tampoco están en el Archivo General de la Nación.
Entre los nombres que aparecen ahí están el de ex dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario de 1986, movimiento en el que participó la ex jefa de gobierno y candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, así como el actual candidato a la rectoría de la UNAM, Imanol Ordorika.
A la vez, también aparecen incompletos los expedientes de personajes como Elio René Bejarano, hermano del ex dirigente del PRD, René Bejarano, y el del sacerdote Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en 1993 por un presunto complot entre el cártel de los Arellano Félix y la entonces Procuraduría General de la República.
Mediante una solicitud de transparencia que el Mecanismo promovió ante el Centro Nacional de Inteligencia para entregar una parte de los expedientes, el CNI argumentó que «al tratarse la presente solicitud de documentos relativos a hechos ocurridos antes de la existencia de este Sujeto Obligado, resulta fáctica y jurídicamente imposible atender la solicitud de acceso a la información en los términos planteados».
También, argumentó que el CISEN (su institución antecedente) no heredó los documentos de la DFS y el DGISEN. Esto, de acuerdo al Mecanismo, es falso, pues en 2001 el CISEN anunció que presentó ante el Archivo General de la Nación documentación que pertenecía a la DFS y e DGISEN.
Esta documentación la gestionó el CISEN desde 2001 hasta 2019, cuando el acuerdo presidencial del gobierno de López Obrador ordenó su salida del Archivo General de la Nación e inició los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Pese a esto, el Centro Nacional de Inteligencia no ha acatado el acuerdo de brindar al Archivo toda su documentación sobre graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Tan solo, el pasado 18 de agosto, transfirió sin notificar a nadie seis expedientes más, entre los que se incluyen aquellos relativos a los «Hechos de Coyuca de Benítez» y el «Caso Acteal». Con esto, el CNI dijo dar por terminada la transferencia de los archivos solicitados. Sin embargo, las evidencias recabadas por el Mecanismo muestran que aún faltan muchos expedientes para alcanzar la verdad.
Ante esto, el Mecanismo concluye:
«No existe motivo legal que justifique la negativa a entregar documentación como la aquí presentada, para su escrutinio público, y para los trabajos de este Mecanismo».
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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