Un pelotón de al menos 300 policías reprimió a integrantes del pueblo maya de Ixil que, como cada día, concurrían a trabajar a sus tierras comunales. Actuaron en sintonía con empresarios yucatecos que promueven la apropiación ilegal de lotes para negocios inmobiliarios

Texto: Patricio Eleisegui

Fotos: Especial

Hilo de twitter: Mariana Beltrán

YUCATÁN. – El aire, más allá de lo tórrido de estos meses en Yucatán, se volvió particularmente pesado en Ixil durante las últimas semanas. Los vuelos furtivos de drones en horas de la madrugada, constantes en las últimas jornadas, sembraron intranquilidad entre los habitantes de esta comunidad maya situada a 45 minutos de Mérida, la capital del estado. El zumbido aéreo adoptó la forma de un mal presagio, tal vez uno de los peores de los que recuerden las y los vecinos, que se materializó de la peor manera durante las primeras horas del jueves.

Aún no despuntaba el sol cuando un pelotón de al menos 300 policías yucatecos descendió de una hilera de camionetas negras para, mimetizados en la negrura nocturna en retirada, interrumpir el paso en una de las calles que desembocan en las tierras de uso común de las que brotan el elote, el cilantro y las cebollitas que han hecho célebre a este pueblo, y crecen los animales que brindan leche y carne a la comunidad.

La premisa: garantizar el ingreso de maquinarias pertenecientes a los Abimerhi y los Millet, dos familias que, desde agosto del año pasado y con la perspectiva de promover proyectos inmobiliarios, vienen intentando ocupar de forma ilegal más de 320 hectáreas de tierras comunales. Como expusimos en otro artículo reciente de Pie de Página, los Abimerhi son conocidos en Yucatán por intervenir en el negocio de las gasolineras y los combustibles, además de prestar servicios de grúas y reparación de automóviles. La familia Millet, en cambio, pisa fuerte en la producción industrial de vidrio y aluminio.

“Los policías se desplegaron entre las 3 y las 4 de la mañana, sabiendo que las familias que van a trabajar la tierra suelen moverse sobre todo a partir de las 5”, cuenta Alejandra, una de las vecinas de Ixil.

La mención de su nombre no es antojadiza: precisamente Alejandra es una de las personas que resultó agredida con piedras y gases por la policía de Yucatán cuando, ya distribuido el pelotón, los mandos dieron orden de rechazar a las y los campesinos que, como cada día, intentaron llegar a esas tierras que han labrado por generaciones.

El calendario del garrote

La mañana del jueves 17 fue otra jornada a destacar en el calendario del garrote y la vulneración de derechos que viene completando el gobierno del Estado. Los policías atravesados en el camino iniciaron el bloqueo con escudos, evolucionaron hacia la pedrada y completaron el trabajo persiguiendo a jóvenes por el traspatio de varias casas. Sólo la intervención de vecinas y vecinos que dieron refugio en sus casas a las personas atacadas impidió que los uniformados lograran el objetivo de cada cacería.

“De pronto se llenó de policías sin insignias. Yo reconocí al mismo comandante estatal que el año pasado hizo su atropello aquí. Y él también me reconoció. Lo que dijo aún no lo puedo creer: el año pasado yo argumenté que no me podían hacer nada porque soy una mujer. Ahora, en cuanto me vio, el comandante directamente me dijo ‘Hoy sí traje policías mujeres’”, relata Alejandra.

“Me amenazó”, añade.

Los testimonios de otras vecinas y vecinos aluden a la policía lanzándose desbocada contra familias completas, en persecuciones coronadas con pedradas. “En un momento dejaron de mantener la línea que habían formado y los policías avanzaron. Uno de ellos me apuntó directamente con las piedras. Intenté huir y me siguió hasta una casa privada. Había niños y él siguió tirando piedras”, afirma otra mujer de la comunidad.

“A mí me rodearon y quisieron sacarnos de la casa en la que pudimos entrar. Es la casa de unos compañeros. Además de los piedrazos, usaron gases lacrimógenos y bombas con ruidos muy fuertes, de estruendo, contra los vecinos”, cuenta una joven a su lado.

El despliegue de más y más vehículos abarrotados de personal –este periodista contó al menos 50 camionetas, autos, combis y camiones estacionados en torno al área donde se estableció el bloqueo–, le permitió a la policía anular por completo el acceso a las tierras de las familias de Ixil a mitad de la mañana.

Ya durante la tarde, entre las y los vecinos concentrados a poco más de 100 metros del corte se afianzó la versión de que los uniformados permanecerán en el lugar incluso durante gran parte del viernes 18.

El intento de despojo con blindaje del personal de seguridad del Estado que promueven los Abimerhi y los Millet queda incompleto si no se añaden, también, los nombres de Alejandro Escoffié y Rafael Acosta, empresario y abogado denunciados por los campesinos de Ixil ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) por manejos fraudulentos de permisos ejidales. Sobre ambos personajes pesa la condena social del pueblo por la comercialización ilegal de tierras que no son de su propiedad, entre ellas las superficies de los que ahora se dicen dueñas las dos poderosas familias.

Los nombres del fraude y el blindaje político

La represión desatada en la comunidad maya puede entenderse de un modo simplificado a partir de este vínculo con pretensiones de apropiación ilícita que existe entre los Millet, los Abimerhi, Escoffié y el mencionado Acosta.

“Se quieren quedar con cientos de hectáreas que son trabajadas por al menos 200 familias de Ixil. Acosta y Escoffié son los que vendieron esas tierras que no son suyas y ahora los Millet y los Abimerhi dicen poseer incluso con papeles. Lograron que la policía directamente les haga la defensa, como si fueran guardias privados”, dice Alejandra.

“La represión que hoy sufrió la comunidad terminó con un señor, Netfalí Quijano, internado con golpes graves en el hospital O’ Horan de Mérida. Además de lo que me ocurrió a mí, otras 3 mujeres resultaron agredidas. Y no sabemos qué nos puede llegar a pasar mañana viernes”, añade.

En una comunicación de hace escasos días con Pie de Página, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, organización que brinda asesoramiento y acompaña la lucha de las y los habitantes de Ixil, remarcó que nada de lo que ocurre en ese pueblo en términos de vulneración de derechos sucede sin el respaldo manifiesto de las autoridades del municipio y la gobernación de Yucatán.

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“Con respaldo de la presidenta municipal (Sandra Pech), estos empresarios llegaron a decir que contaban con papeles que formalizaban la compra de esos terrenos. Pero la comunidad salió a defender su tierra, que es un espacio productivo muy importante para las familias. En estas acciones contra las comunidades intervienen desde mafias de especuladores provistos con muy buenos abogados hasta empresarios que compran a funcionarios”, afirmó en ese momento.

Oceransky recordó que “cuando los Millet intentaron robarse las tierras de Ixil (en agosto del año pasado), actuaron acompañados por las camionetas de la policía estatal. Claro que (en esa oportunidad) no intervinieron porque vieron al pueblo unido y dispuesto a defender su lugar”.

“Está claro que hay un nivel de coordinación muy fuerte entre los empresarios y la política. Las contribuciones de esa familia a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila fueron muy importantes. Además, la presidenta municipal de Ixil pertenece al PAN, el mismo partido del gobernador”, concluyó.

#Entérate🔴 Hoy, a las 5 am, alrededor de 200 antimotines de la Policía Estatal impidieron el paso de campesinos a tierras de uso común de la comunidad de Ixil, #Yucatán.
R: @m4rvolcan pic.twitter.com/7Tw0f8kI3f

— Pie de Página (@PdPagina) August 18, 2023