El próximo 9 de agosto la Suprema Corte discutirá si el retiro del fondo de apoyo económico a víctimas es inconstitucional. Las familias afectadas por la eliminación de este fideicomiso, acompañadas por el Centro Prodh, piden a los ministros voten a favor de las víctimas y sus necesidades

Texto y foto: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – En 2020, el poder legislativo eliminó algunos fideicomisos a nivel nacional, entre estos los previstos en la Ley General de Víctimas. Esta reforma quitó el presupuesto destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Pero ahora, el fideicomiso puede ser recuperado, pues el 9 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el Amparo de Revisión 675/2022, el cual puede declarar inconstitucional la reforma con la que se eliminó este fondo de ayuda.

El proyecto de sentencia lo redactó el ministro Luis González Alcántara Carranca, y entre sus argumentos está que existe una violación al principio de progresividad de los derechos humanos, el cual se basa en el artículo primero de la Constitución que establece que los derechos adquiridos no pueden eliminarse o reducirse, sino al contrario, solo pueden ampliarse.

Ante esto, organizaciones civiles y víctimas anunciaron una campaña para dar seguimiento a esta discusión en la Corte, y advirtieron los daños que representa eliminar este fondo.

La campaña la anunciaron mediante una conferencia de prensa en el Centro Prodh, organización que acompaña jurídicamente a los colectivos de víctimas en este amparo.

La transparencia no es motivo para recortar derechos

De acuerdo con César Contreras, abogado del Centro Prodh, este tipo de fondos son lo mínimo que debe dar el Estado para atender a las víctimas.

Y añadió que:

«De la Ley general de víctimas, uno de sus logros fue asegurar que se destinara un presupuesto mínimo para atención a víctimas».

Por eso, precisó el abogado, este fondo no podía ser reducido apelando a la transparencia, pues sería quitarle derechos a las personas.

En realidad, lo que el Estado mexicano debió de hacer es etiquetar el presupuesto para que no se usara para otro fin, advirtió.

A la vez, resaltó que el apoyo económico para las víctimas es crucial, pues muchas veces lo utilizan en gastos funerarios para quienes encontraron a familiares en fosas clandestinas, o en acompañamiento psicológico en casos de violencia. También el dinero se usa para traslados en búsquedas o para sobrevivir al ser desplazado por violencia y tener que mudarse a otro lugar.

Sobre esto, la buscadora y activista María Herrera, que habló en representación de la Red de Enlaces Nacionales, explicó:

“Cuando hay una desaparición, lo primero que sucede son enfermedades, gastos médicos. Esto para nosotros es de suma importancia. Apelamos a la corte, a su calidad humana. No nos negamos a que sigan revisando y vean si hay algún desvío, si hay alguien que esté haciendo mal uso, que sea revisado, pero también revisen las necesidades tan urgentes que tenemos como víctimas. El que desaparezcan a un familiar acaba con todos nuestros recursos, no solo económicos, también de identidad”.

También, criticó que uno de los argumentos para retirar este fideicomiso sea el de la falta de transparencia en la entrega de estos apoyos a las familias. Sin embargo, como señalaron los integrantes del Centro Prodh, al ser este Fideicomiso parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, existe una obligación de revisión y transparencia como obligación estatal, por lo que no había necesidad de retirar el fideicomiso, sino de comprometerse a hacer una revisión adecuada de su destino. Algo que no hicieron las autoridades.

Ante esto, las organizaciones que acompañan el amparo ya enviaron solicitudes de transparencia sobre la entrega de estos apoyos. Ahora, esperan que con la resolución del amparo en la Suprema Corte el Fideicomiso regrese al Presupuesto de Egresos de la Federación, y con ello la obligatoriedad de la revisión de estas entregas. 

«Una política sin presupuesto es demagogia»

De acuerdo con datos de la organización FUNDAR, obtenidos a través de una auditoria realizada en 2021, en el último año de existencia de este fideicomiso se asignaron en promedio 24 mil pesos para cada víctima, por lo que en caso de que el fideicomiso volviera existir, el Estado mexicano tendría que asignar el .014 por ciento del total de su presupuesto, es decir, 834 millones de pesos para cubrir los gastos de 2024

Sobre ello, Diego Mora, de la organización FUNDAR, reflexiona:

“Para que se puedan garantizar los derechos humanos, el Estado debe garantizar tener recursos. Si las políticas no tienen presupuesto se queda en pura demagogia».

Por su parte, María Herrera recordó que este apoyo se da a quienes realizaron denuncias a nivel federal, y que no sólo es necesario recuperar el mínimo de presupuesto que se destinaba en 2020, sino que en realidad debería aumentarse, pues las violaciones a los derechos humanos no han parado.

Y concluyó que estos fideicomisos fueron parte de la lucha de las familias por obtener una la Ley General de Víctimas, algo que les costó mucho trabajo conseguir: 

“Teníamos que quedarnos a dormir en el Senado y en la Cámara de Diputados para velar por este proyecto que logramos obtener como una ley. No es justo que después de tanto sacrificio, y viendo las necesidades urgentes para todas las víctimas, (lo desaparezcan). Necesitamos que este financiamiento se siga dando porque es sumamente necesario”.