De acuerdo con un informe del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical, en la aplicación de la Reforma laboral de 2019 hay irregularidades y opacidad que impiden que México avance a una libertad sindical plena y el respeto a los derechos humanos laborales
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Moisés Páblo / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – El primero de mayo de 2019 se promulgó una nueva Reforma Laboral que, entre otras cosas, aspiraba a mejorar los procesos de justicia hacia la clase trabajadora.
En su momento, la reforma parecía de avanzada y mostraba ser una herramienta jurídica que permitiera garantizar los derechos humanos laborales de la clase trabajadora, así como la libertad sindical y el acceso a la justicia.
Sin embargo, a cuatro años de su promulgación, los objetivos de esta ley parecen haber quedado atrapados en un espiral burocrático.
De acuerdo con un estudio presentado por el Centro de Apoyo a la Libertad Sindical (CALIS), de los objetivos planteados en 2019, pocos se han concretado. La legitimación de los contratos colectivos de trabajo sigue siendo un tema pendiente, así como la transición hacia los Centros de Conciliación y Arbitraje.
Los motivos, explica el estudio, están en la falta de presupuesto asignado para echar a andar la Reforma, así como la prevalencia de un viejo sistema burocrático que impide una transición eficaz hacia el nuevo modelo de justicia y conciliación laboral.
En 2019, la nueva legislación laboral se planteó cumplir los siguientes objetivos para 2023: la legitimación de todos los Contratos Colectivos de Trabajo; establecer el voto universal, libre y secreto en la elección de dirigencias sindicales y en las revisiones contractuales; así como adecuar los estatutos sindicales a la normativa vigente.
Sin embargo, para este 1 de Mayo, estas aspiraciones están lejos de cumplirse.
Por ejemplo, resalta el estudio, de los 139 mil contratos colectivos que existen en este momento, solo el 10 % ha sido legitimado ante la autoridad laboral. Esto significa que, casi 14 mil contratos han sido respaldados en elecciones libres y secretas. Además, de este universo, muchos de los contratos no fueron respaldados por la totalidad de los trabajadores a los que les afecta.
Esto, enfatiza el CALIS, es una “una señal de simulación, actuación corporativa y antidemocrática de los sindicatos ligados al Congreso del Trabajo”.
Las afirmaciones del Centro vienen después de analizar una muestra de 2 mil 068 actas de los 14 mil contratos colectivos legitimados hasta este momento.
En ese análisis, afirman que “sólo en el 57 por ciento de ellas (mil 189 actas) contaron con la aprobación de más del 75 por ciento, mientras que en el 35 por ciento de las actas revisadas (719 actas) la aprobación fue de entre el 50 y 75 por ciento, legitimando sus CCT de forma legal, ya que por lo menos el 50 por ciento más 1 de los trabajadores cubiertos por el CCT votaron a favor en el proceso de legitimación”.
También encontraron casos de procesos de legitimación donde se aprobaron los contratos colectivos con menos de la mitad de los trabajadores. Esto fue el 5 por ciento de los casos analizados.
“Este dato es muy relevante, ya que para legitimar el CCT se debe contar con al menos el 50 por ciento más 1 de la aprobación de los trabajadores cubiertos por el CCT”, enfatiza el estudio.
Por otro lado, 62 procesos de legitimación no han hecho públicas las actas para saber cuál fue la participación real en esos procesos. En los casos analizados se muestra que “aquellos sindicatos que han sido objeto de múltiples denuncias de simulación y prácticas antidemocráticas son los que más procesos de legitimación han tenido en la muestra de legitimaciones”.
Además, el estudio señala que “dentro de los procesos de legitimación ya validados, se han abierto puertas para la simulación, violentando los principios y el espíritu de la Reforma Laboral, así como los derechos de los trabajadores mexicanos y los convenios de libertad sindical y negociación colectiva auténtica que México ha ratificado frente a la OIT”.
A partir de la reforma y su adecuación a los estándares establecidos en el nuevo Tratado comercial de América del Norte, surgieron una serie procesos de democratización, donde el sindicalismo independiente logró disputar las dirigencias de los sindicatos.
Uno de los casos más representativos es el de SINTIA, en Guanajuato, que le arrebató la dirigencia al sindicato Miguel Trujillo, de la CTM, para la planta de la General Motors en la ciudad de Silao.
Sin embargo, precisa el informe del CALIS, señalan que el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC “si bien ha significado una ayuda en las aspiraciones de las personas trabajadores por alcanzar una representación sindical auténtica, también es una muestra de la propia debilidad institucional nacional para garantizar el respeto a los derechos laborales en el país”.
En un informe de 2022, los investigadores del centro ya señalaban que en México sigue prevaleciendo una visión neoliberal en la justicia laboral, y particularmente en la solución de las demandas de democracia sindical.
Por ejemplo, uno de los indicadores que se ha mantenido desde las legislaciones neoliberales para hablar de una “paz laboral” es la ausencia de huelgas y las labores institucionales para evitar sus estallamientos. Esto, dice el CALIS, no necesariamente significa que no existan conflictos, sino que se está negando un derecho adquirido y consagrado desde el constituyente de 1917.
Y concluyen que, hasta el momento, “no se han logrado grandes avances en materia del respeto a los derechos humanos laborales. México aún no cuenta con una libertad sindical plena, por lo que se debe actuar en consecuencia, redimiendo los errores y/u omisiones que se han generado y no repetirlos en el futuro”.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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