El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación su visión en materia laboral. Para algunos, es el principio del fin de los sindicatos charros. Sin embargo, la estructura propuesta en la reforma no se lograría en este sexenio, explica el abogado laboral Manuel Fuentes

Texrto: José Ignacio De Alba

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“Uno no abre las ventanas después del primero de Mayo y hay democracia sindical, eso no ocurre”, asegura el doctor en derecho laboral y maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, Manuel Fuentes.

El pasado miércoles, Día del Trabajo el gobierno federal presumió la normatividad laboral que regirá la Cuarta Transformación.

Morena, el partido en el poder, metió el acelerador a fondo para una Reforma Laboral de “primer mundo”, admite Fuentes. El problema es que estamos “en un país que no tiene posibilidades para tener juzgados de esta naturaleza, porque en donde menos se ha invertido en este país es en la justicia laboral”, dice el abogado.

Los cambios más significativos que hay en la Reforma Laboral son: los obreros elegirán a sus dirigentes sindicales; se puso fin a los contratos de protección para garantizar la representación de los trabajadores; los tribunales laborales ahora dependerán del Poder Judicial.

La libertad de los trabajadores para elegir a sus dirigentes pondría en jaque a los líderes sindicales. La Reforma Laboral bien aplicada representaría una fractura a los regímenes del pasado.

Pero para que se logre en los hechos, hace falta más que la ley, dice el especialista:

“Mientras existan empresas outsourcing, mientras no haya juicios laborales eficaces, obviamente así no se puede consolidar una democracia sindical”, asegura el abogado, vía telefónica.

En los últimos siete años se han hecho tres reformas laborales. Para la más reciente se modificaron 569 artículos, los cambios no sólo fueron esperados por el equipo de la actual administración federal. Canadá y Estados Unidos (socios comerciales) también exigieron una reglamentación más justa para el tratado comercial T-MEC.

Los gobiernos de los países del norte argumentan que las empresas mexicanas pagan salarios hasta 10 veces más bajos que los que pagan Estados Unidos o Canadá, lo que provoca productos muy baratos con los que los países de América del Norte no pueden competir.

El miércoles pasado, a propósito de la conmemoración Día del Trabajo, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, explicó que también se promulgó un decreto que “reforma al artículo 69, en particular de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado que lleva también a los sindicatos del Estado mexicano a esta ruta de libertad y de democracia sindical”.

La secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, destacó en conferencia la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro.

“Se encargará, como lo dice su nombre, de la conciliación, pero también de todos los registros sindicales del país, tanto federales como locales, es decir, quitar ese control político que se tenía desde el Ejecutivo”, dijo la funcionaria.

Alcalde aseguró que lo contemplado en la reforma generará justicia con procedimientos más ágiles y cortos, en presencia de un juez, que dependerán del poder Judicial.

Fuentes explica, sin embargo, que el sistema de justicia propuesto en la reforma laboral resulta muy caro.

“Es cinco veces más caro que los que el de las juntas Conciliación y Arbitraje. Requiere la instalación y la construcción de juzgados, tipo como los que operan en Estados Unidos donde hay un juez. Hay espacio para la parte actora, para la parte demandada, hay espacio para el público. Ese tipo de instalaciones no las tenemos en nuestro país”.

— ¿Es poco el tiempo y se necesitan muchos recursos para lograrla?

— Como está planteada actualmente, se vislumbra que no operaría en este sexenio. El gobierno dijo que sí hay dinero. Habría que checar, cuando se aprueben los recursos para el 2020, que ponga suficientes recursos para este efecto — responde el abogado laboral.