En Comisiones de la Cámara de Diputados se pretende mantener la Ley de Aguas Nacionales y aprobar una Ley General de Aguas engañosa, que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día.

Por Pedro Moctezuma Barragán *

Esta semana se anunciaron dos visiones encontradas en relación a la legislación del agua, pendiente desde 2013 y que debe definir su futuro en medio de la actual crisis: Mientras que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado anunció su propósito de lograr una Ley General del Aguas (LGA) que abrogue la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados anunció que pretende mantener la LAN y aprobar una LGA engañosa, que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día.

¿Qué está en juego aquí?

Por un lado, tenemos a los que buscan perpetuar la Ley de Aguas Nacionales, promulgada por Salinas de Gortari en 1992, la cual sujetó las aguas de la Nación a un sistema de concesiones concebidas como bienes de mercado, y distribuidas en orden de solicitud, cobijados por la Barra Mexicana de Abogados:

Los grandes usuarios cuyas concesiones, obtenidas antes de que se hubiera estimado la disponibilidad, han resultado en el acaparamiento y sobreexplotación de casi la mitad de las cuencas y acuíferos del todo México.

Las mineras y otras industrias contaminantes que gozan del principio “el que contamina paga” la cual en la LAN se reduce al pago de un “derecho” por contaminar por arriba de los límites permisibles, lo que ha provocado la contaminación impune de la mayor parte de los cuerpos de agua de la Nación.

Los grupos de poder que controlan las aguas de los Distritos de Riego, que representan el 50% del total de aguas nacionales concesionadas. Estos aguatenientes están exentos del pago de derechos, e intentan seguir imponiéndose de manera violenta, para poder seguir despojando a los ejidatarios para así lucrar con la venta al mejor postor de los “excedentes” de agua cada año.

 Las inmobiliarias quienes utilizando el “modelo Querétaro” están promoviendo la privatización de servicios de agua sin pasar por el municipio, al manejar concesiones de aguas nacionales directamente.

Los bancos y corredores de bolsa que están especulando con concesiones en zonas de gran estrés hídrico.

 Los bufetes-coyotes que viven de demandar a la Conagua para obtener agua para sus clientes, aun en cuencas y acuíferos deficitarios.

Los funcionarios públicos quienes aprovechan la gran discrecionalidad que les otorga la actual LAN para dar trato preferente a los grandes intereses, para sus propias ambiciones económicas o políticas.

Por otro lado, tenemos quienes exigen reemplazar la LAN con una Ley General integral, centrada en el acceso equitativo y sustentable con participación gubernamental y ciudadana como mandata la Constitución, los cuales tras diez años de trabajo colaborativo han presentado ya una iniciativa en el Senado calificada por Pedro Arrojo, el Relator para el Derecho Humano al Agua de la ONU, como un ejemplo para el mundo.

 Las fuerzas productivas agrícolas e industriales, que saben que el saqueo y las megaobras mal concebidas promovidas por la LAN ponen en riesgo el futuro hídrico del país, para el beneficio de una hidrocracia minoritaria.

 Las poblaciones populares y de clase media de las grandes urbes, que sufren de creciente escasez y cortes, dependiendo cada vez más del tandeo o pipas, mientras que se prioriza la distribución a zonas industriales y grandes proyectos residenciales.

Las comunidades afectadas por los hundimientos, las grietas, el desecamiento de manantiales y pozos y el envenenamiento con arsénico, mercurio y plomo que resultan de la sobreexplotación de los acuíferos.

Las comunidades indígenas, cuyo derecho al acceso preferente y a la gestión de sus aguas según sus propias formas de gobierno, establecidos en el Artículo 2 Constitucional, no está reconocido en la LAN.

Los núcleos agrarios, cuyos derechos a aguas reconocidos por decreto presidencial, fueron desconocidos por la LAN, especialmente frente a los caciques que controlan los Distritos del Riego.

Los habitantes de las ciudades en donde se han privatizado y en donde se buscarán privatizar los servicios del agua, quienes necesitan los instrumentos requeridos para prevenir y desmontar los contratos leoninos que desangran a los usuarios.

Los sistemas comunitarios de agua, construidos con recursos propios por parte de comunidades sin acceso a los sistemas municipales, que necesitan contar con reconocimiento formal por el papel vital que realicen.

Las comunidades afectadas por la minería y las industrias acaparadoras y contaminantes, a quienes les urge una ley de aguas con un fuerte marco regulatorio.

Los ríos, manantiales, lagos, acuíferos, humedales y los ecosistemas vitales que dependen de ellos, para que se pueda obligar a las autoridades a tomar las medidas requeridas para poner fin a la sobreexplotación, el desecamiento y la contaminación de nuestros cuerpos de agua.

Los 127 millones de habitantes de nuestro país, a quienes nos urge liberar el agua de ser moneda de cambio en jugadas políticas y de meganegocios, para regirse por planes locales y regionales, consensados y vinculantes, para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.

Con su voto del 1 julio 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de México se la jugó después de décadas de supresión, fraudes y despojo para iniciar el proceso que desmonte el andamiaje neoliberal. Es momento de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales salinista con la Ley General de Aguas que México necesita.

*Coordinador del Proyecto Tocoyani. Hacia la Planeación Transformativa de la Gestión Hídrica en México