En México está prohibida la siembra de maíz genéticamente modificado, por edición genética o cualquier método, pues su introducción al sistema agrícola y alimentario de nuestro país implica grandes riesgos. Sin embargo, también es necesario que la comercialización y consumo de productos con ingredientes GM sean trazables y transparentes para todas las personas. Sobre esto nuestra última entrega sobre la edición genética.

Mariana Benítez y Ana Wegier*

A nivel internacional existen dos grandes enfoques para regular los organismos genéticamente modificados, incluyendo aquellos obtenidos mediante edición genética. Muchos países han decidido regular de manera integral los procesos y las técnicas utilizadas para generar las modificaciones genéticas (regulación basada en el proceso). Este enfoque parte del principio de que conocer cómo se obtuvo un organismo es fundamental para evaluar riesgos, garantizar la trazabilidad, monitorear posibles impactos y actuar preventivamente ante consecuencias imprevistas. Aunque este sistema puede resultar más complejo y costoso a corto plazo, ofrece mayores oportunidades para proteger la salud, el ambiente, la economía y la soberanía alimentaria. 

En contraste, otros pocos países han optado por regular principalmente el producto final (regulación basada en el producto). Bajo este enfoque, el aspecto central no es cómo se realizaron las modificaciones genéticas, sino qué tan diferente resulta el organismo final respecto de su contraparte convencional. Es en este marco que algunas personas sostienen que hay formas de edición genética que deberían considerarse automáticamente más seguras: aquéllas cuyos resultados finales pueden parecerse a cambios que supuestamente podrían ocurrir de manera natural. En otras palabras, proponen un cambio de fondo [1] en la regulación de procesos completos a sólo productos finales, fragmentando una visión integral de aspectos ambientales, económicos, sanitarios, culturales, entre otros,  omitiendo principios como el precautorio [2], y asumiendo sin datos que los productos se comportarán igual que sus similares no genéticamente modificados (GM).

Sin embargo, este argumento suele simplificar excesivamente la realidad biológica y tecnológica. Como explicamos en la primera [3] y segunda [4] entrega de esta serie, para obtener muchas de estas modificaciones es necesario utilizar diversas herramientas y procedimientos de ingeniería genética que pueden generar cambios no intencionales en el genoma y dar pie a nuevos riesgos e incertidumbres. Históricamente, México se ha mantenido entre los países que regulan los procesos de modificación genética y no únicamente los productos finales. Estados Unidos, en cambio, ha privilegiado un enfoque centrado principalmente en los productos resultantes. Sin embargo, actualmente existe una intensa presión internacional para que diversos países reduzcan los requisitos regulatorios y adopten esquemas basados exclusivamente en el producto final. El problema es que cuando se eliminan mecanismos de evaluación contextual, trazabilidad, monitoreo y seguimiento, también disminuyen las posibilidades de detectar problemas oportunamente, comprender sus causas y mitigar sus consecuencias. La ausencia de información no elimina los riesgos; únicamente dificulta identificarlos y gestionarlos. 

Así que lo que está en juego no es únicamente una discusión técnica sobre métodos de mejoramiento genético. También están en juego la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la salud de la población y la capacidad de las generaciones presentes y futuras para decidir sobre los alimentos que producen y consumen.

Proteger el maíz también significa proteger la capacidad de decidir

La soberanía alimentaria puede ejercerse de distintas maneras. Aquí mencionaremos tres. La primera de ellas consiste en elegir la prevención de problemas futuros y garantizar mediante el cuidado a las semillas que las siguientes generaciones tengan acceso, al menos, a las mismas condiciones de inocuidad, integridad ambiental y libertad de decisión que tuvieron las anteriores. Esta garantía puede perderse cuando los maíces que forman parte del sistema maíz mexicano —que incluye desde los teocintles hasta los maíces nativos, mejorados e híbridos— se cruzan con maíces GM. Una vez incorporadas al flujo genético de las poblaciones de maíz, estas modificaciones pueden heredarse, dispersarse en el polen y las semillas entre variedades y regiones, y permanecer en el sistema indefinidamente sin que exista una forma viable de eliminarlas o revertirlas por completo. Cuando esto ocurre, la capacidad de elegir disminuye. Las oportunidades de uso futuro se reducen, las opciones de conservación se limitan y las garantías de inocuidad construidas durante generaciones se debilitan. Además, la carga económica y científica deja de concentrarse en la prevención para trasladarse a la investigación de consecuencias no previstas y a la mitigación de posibles daños.

Hoy sabemos que las oportunidades disponibles para quienes nacen actualmente son distintas a las que existían hace cincuenta años. También sabemos que, de no haberse detenido la expansión de las solicitudes para la siembra comercial de maíz GM mediante procesos sociales como la Demanda Colectiva del Maíz [5], las posibilidades de contaminación genética y pérdida de opciones futuras serían considerablemente mayores. Por ello, la prevención, la transparencia y la regulación continúan siendo las herramientas más eficaces para proteger la riqueza biocultural de México. Y como ya mencionamos, desde marzo del 2025 esta protección se extendió con la reforma constitucional a los artículos 4 y 27 [6]. 

El derecho a la información es el derecho a decidir

Una segunda forma de ejercer la soberanía alimentaria consiste en garantizar el acceso a información clara, suficiente y verificable sobre los alimentos que consumimos. El derecho a la información es, en esencia, el derecho a decidir.

Actualmente sabemos que las evaluaciones de inocuidad de organismos GM, en particular del maíz que México importa de EEUU, no consideran los patrones reales de consumo de la dieta de la población mexicana y sus características. La mayoría de los estudios toxicológicos se realizan durante periodos relativamente cortos y en organismos modelo.  En un país donde el maíz forma parte de la dieta cotidiana desde la infancia hasta la vejez, las condiciones de exposición pueden ser muy distintas de aquellas utilizadas en los estudios que sustentan las autorizaciones comerciales. Por ello, parte de la responsabilidad de gestionar posibles riesgos recae inevitablemente en las personas consumidoras. Sin embargo, nadie puede tomar decisiones informadas si la información necesaria no está disponible.

El etiquetado cumple precisamente esta función. No sólo permite identificar si un producto contiene ingredientes provenientes de organismos GM. También brinda a cada persona la posibilidad de decidir de acuerdo con sus condiciones de salud, patrones de consumo, preocupaciones ambientales, valores culturales o convicciones éticas. Más aún, la regulación del etiquetado de alimentos GM no es una cuestión puramente técnica. Detrás hay principios éticos y jurídicos profundos. El derecho a la información y autonomía establece que las personas consumidoras tenemos derecho a saber lo que compramos y consumimos para tomar decisiones libres, incluso si esa decisión no se basa en riesgos para la salud, sino en razones filosóficas o ecológicas, entre otras. Por su parte, el principio de no maleficencia exige evitar daños previsibles y justifica un mecanismo de trazabilidad que permita evaluar los efectos de un producto en la salud pública y retirarlo rápidamente del mercado si en última instancia se descubre que causa un daño.

El derecho a la información se encuentra reconocido en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible [7], que establece la obligación de informar si los alimentos contienen ingredientes que provienen directamente de organismos GM, por lo que es urgente la publicación de su reglamento [8]. Más allá de cualquier debate científico específico, el etiquetado constituye una herramienta básica de transparencia, trazabilidad y protección de los derechos de las personas consumidoras.

Una tercera forma de ejercer la soberanía alimentaria consiste en construir entornos que permitan tomar decisiones informadas y proteger a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como las infancias La reciente Ley General de Educación en materia de salud alimentaria [9] en las escuelas muestra que la información pública, por sí sola, no siempre es suficiente. Aunque las políticas integrales para combatir problemas como la obesidad han mostrado resultados favorables en México, también han evidenciado que no toda la responsabilidad puede recaer en las personas consumidoras, y se espera que esta regulación reduzca 500 mil casos de obesidad infantil cada año [10]. La información científica suele ser compleja, dispersa y no siempre fácil de interpretar, mientras que existen enormes recursos económicos destinados a influir en los patrones de consumo y en la percepción pública de los riesgos, que ahora también los vemos invertidos sobre legislaciones y consumidores a favor de la edición genética. Por ello, la prevención, la comunicación y la regulación cumplen funciones complementarias. Algunas decisiones pueden dejarse en manos de las personas cuando cuentan con información suficiente para ejercer su libertad de elección. Otras requieren mecanismos colectivos de protección, especialmente cuando los impactos potenciales pueden afectar a poblaciones enteras, incluyendo a las infancias, las comunidades rurales y los derechos de las generaciones futuras.

Esta reflexión también aplica al debate sobre los organismos GM mediante edición genética. Con frecuencia se presenta la discusión como si se tratara únicamente de tecnologías capaces de producir ciertas variedades de plantas de formas más precisas o más eficientes. Sin embargo, la realidad es más compleja. Actualmente, cerca del 90 % de los cultivos GM sembrados en el mundo están asociados a la tolerancia a herbicidas o a la producción de insecticidas. Muchas de las nuevas aplicaciones de edición genética no buscan sustituir esos rasgos, sino complementarlos o ampliarlos y su poca regulación puede aumentar consecuencias de OGM [11]. Por ello, afirmar que no existe diferencia porque el producto final puede parecerse a una variedad convencional ignora que las decisiones tecnológicas generan efectos que trascienden al organismo en sí mismo y alcanzan a todo el sistema de producción, incluidos los agroecosistemas [12].

La presión para flexibilizar la regulación de la edición genética es grande. Sin embargo, esta tendencia contrasta con la postura de muchas organizaciones y comunidades, así como de la adoptada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), que ha mantenido un enfoque precautorio mediante mecanismos de vigilancia prospectiva para identificar y evaluar de manera continua las posibles implicaciones para la biodiversidad. A través de diversas decisiones, el CBD ha reiterado [13] la necesidad de aplicar el principio precautorio [14], realizar evaluaciones de riesgo caso por caso y fortalecer los sistemas de monitoreo y gestión frente a las incertidumbres asociadas con la edición genética y la biología sintética. 

México, como país megadiverso y centro de origen y diversidad de numerosos cultivos, debe mantener la regulación basada en procesos de tecnologías como la edición genética y apostar por todos los mecanismos que aporten a la soberanía alimentaria, incluido el etiquetado y la aplicación efectiva de marcos como el de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible [15]. 

[1] https://link.springer.com/article/10.15252/embr.202050680

[2] https://piedepagina.mx/el-principio-precautorio-aprendizajes-para-el-caso-del-maiz-en-mexico/

[3] https://piedepagina.mx/edicion-genetica-una-forma-mas-de-generar-organismos-geneticamente-modificados/

[4] https://piedepagina.mx/edicion-genetica-riesgos-e-incertidumbres/

[5] https://demandacolectivamaiz.org/

[6] https://www.anec.org.mx/wp-content/uploads/2025/02/La-Jornada-del-Campo-209-pagina-3.pdf

[7] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf

[8] https://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/b-2410-lgaas-reglamento.pdf

[9] https://faolex.fao.org/docs/pdf/mex223750.pdf

[10] https://issuu.com/elpoderdelconsumidor/docs/hacia_la_construccio_n_de_entornos_alimentarios_sal

[11] https://doi.org/10.1016/j.envpol.2026.128502

[12] https://piedepagina.mx/mas-alla-de-la-salud-humana-el-glifosato-afecta-ecosistemas-enteros/

[13] https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-31-es.pdf

[14] https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-24-es.pdf

[15] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf

*Mariana Benítez trabaja como investigadora titular en el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ana Wegier trabaja como investigadora titular en el Jardín Botánico en el Instituto de Biología de la UNAM. Ambas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.