Los desafíos y posibilidades que se abren con la reforma electoral para el voto de los mexicanos en el extranjero forman parte de una historia de lucha por los derechos políticos de las personas migrantes que ha navegado a contracorriente

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: INE / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La historia de migrantes y elecciones es larga. Desde 1917, la comunidad mexicana que habitaba en los Estados Unidos promovía boletas electorales para participar en la votación de Venustiano Carranza. Con el paso de los años –y a más de un siglo de este registro- la participación electoral de quienes emigran ha estado marcada por agendas políticas nacionales que, muchas veces, no diseñan políticas públicas para ejercer sus derechos.

Actualmente, unas 13 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos. Su aporte a la economía es una base de las finanzas nacionales, pues hasta agosto de 2022, los ingresos por remesas en el país fue un promedio de 89 millones de dólares.

Durante años, se ha hablado de abstencionismo en esta población, pero son los mecanismos actuales, y la falta de credencialización, lo que ha impedido el ejercicio pleno de estos derechos.

La reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador contempla la instauración de un sistema de votación electrónica para que quienes residen en el extranjero puedan participar en los próximos comicios electorales.

La necesidad es tanta que consejeras del INE como Carla Humprey han reconocido públicamente que el único consenso está en la homogeneización del voto electrónico (el cual también toca a la población migrante).

Pero, si no se depuran las estructuras que organizan las elecciones, los avances también pueden mermarse, señalan investigadores y especialistas en el tema migratorio de América Latina que participaron esta semana en un seminario internacional organizado por el Instituto Mora.

Una reforma positiva, pero compleja

De acuerdo con especialistas, la reforma en términos generales es positiva, pues permitiría abrir facilidades al resto de la población que por una u otra razón no ha podido ejercer sus derechos políticos electorales. Los retos están ahora en las instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, quienes tendrían que asegurar la credencialización y de normativas adecuadas a las realidades de las personas migrantes para que se puedan llevar a cabo.

Jorge Durand, Leticia Calderón y Víctor Alarcón guiaron la conversación al respecto. Los tres han participado en las discusiones recientes para legalizar los derechos políticos de las y los migrantes.

Los retos que enlistan son los mismos que han marcado la discusión sobre la votación en el extranjero: negación de los derechos político/electorales de los migrantes; falta de claridad en identificar quiénes son los que pueden votar o no; legislaciones y agendas políticas que han frenado el avance en estos derechos.

2006: un año que representó avances

En 2006 el gobierno mexicano discutió los cimientos legales para instaurar el voto de los mexicanos en el exterior. En aquella ocasión, el científico social Jorge Durand fue invitado a participar en un panel de expertos para evaluar la posibilidad y los mecanismos de esto.

“La preocupación de los mexicanos por votar es muy antigua”, dice, mientras muestra la boleta electoral que se publicó en un diario de Kansas, en los Estados Unidos, para que los migrantes pudieran participar en la elección de Venustiano Carranza.

Estos ensayos electorales han sido la forma en que los migrantes han exigido la posibilidad de votar. De 1917 hasta 2006 fueron casi 100 años los que pasaron para que se hiciera realidad el voto. Sin embargo, los antecedentes del voto tienen ya muchos años”, explica.

El investigador saca este tema a colación debido a un debate de la década de los 80, donde otro académico cercano al PRI, Jorge Bustamante –en aqueél entonces uno de los referentes nacionales más importantes en temas migratorios–, publicó un artículo en donde decía que la población migrante tenía un bajo nivel de politización, lo que significaba que las y los mexicanos residentes en el extranjero no estaban listos para ejercer su derecho al voto.

La respuesta de Durand fue el cimiento para inaugurar su posición respecto al voto de los migrantes. Por ejemplo, cuenta que en esos años se calculaba que los migrantes mexicanos que vivían en los Estados Unidos eran una población cercana a los diez millones. A esas personas, enfatiza, muchos les calificaban de abstencionistas, cuando en realidad, dice Durand, “eran ausentes”.

Teníamos 10 millones de mexicanos allá y que se contaban en el grupo de abstencionistas, pero ellos en realidad estaban ausentes, pues no tenían derechos políticos para poder votar”.

Jorge Durand

El problema estriba en que la legislación mexicana, aunque resiente una demanda de derechos electorales migrantes desde hace más de un siglo, en realidad no se ha aplicado en la materia. “Ha sido una legislación por abonos”, cuenta Durand, haciendo referencia a las ausencias normativas en materia de identificación y cédulas de identidad nacional, las cuales, hasta hace unos años, les eran negadas a los mexicanos que residen en el extranjero.

No obstante, en 1996, la reforma electoral que permitió que la población votara fuera de sus distritos electorales, también abrió la posibilidad de discutir el voto en el extranjero. La discusión tardó en afianzarse, y fue hasta 2006 que se llevó a cabo.

A Durand lo llamaron para integrar la comisión que evaluaría esta posibilidad, y cuenta que, en ese momento, la discusión sobre el voto en el exterior estuvo marcada por las agendas políticas de los partidos y gobernantes. “Fue una gran confrontación entre todos”, recuerda.

En esos años, recuerda, el problema fundamental era cuántos mexicanos residentes en los Estados Unidos contaban con credencial para votar. Los datos que calculó a partir de un estudio arrojaron que eran que tan solo el 21 por ciento de los paisanos contaban con este documento.

Esto, sumado a las múltiples categorías de migrantes que viven en el extranjero, dotaba de un problema metodológico que arrastramos hasta nuestros días.

Por ejemplo, explica el investigador, de la población total existen los hijos de mexicanos que tienen derecho pero que, algunas veces, no tienen la nacionalidad debido a las restricciones legislativas, la falta de credencial o la falta de edad para votar. También están quienes son mexicanos de segunda, tercera, o cuarta generación, quienes también representan a un amplio grupo poblacional, quienes pueden recuperar su nacionalidad y poder votar. A la vez, existe el grupo de los mexicanos naturalizados, es decir personas que renunciaron a la nacionalidad mexicana para adquirir nacionalidad estadounidense.

Otros tipos de población son los mexicanos que trabajan por temporadas en los Estados Unidos, usualmente en julio, cuando son los comicios electorales.

El asunto es muy complicado. Entonces nosotros en ese tiempo lo que estimamos es que el 75 por ciento de los mexicanos estaba solo en 33 condados, por lo que dijimos que esto (la votación en el exterior) se podía hacer: 33 condados significan que se puede hacer la elección. Y luego, el 83 por ciento de los mexicanos estaba nada más en 5 estados de Estados Unidos, por eso nosotros dijimos que la elección se podía hacer”.

Jorge Durand

Ante esto, y tras sortear las discusiones al interior del Grupo de Expertos, el informe que resultó de estas discusiones estableció que la votación en el exterior era técnicamente posible si se cumplían con las condiciones logísticas y de relación bilateral entre México y Estados Unidos para garantizar la participación efectiva.

Así, después de 2006, y con una serie de reformas de años posteriores, se habilitaron tres formas del voto mexicano en el exterior: postal, en consulados, y más recientemente a través de boletas electrónicas.

Pero no todo fue así de sencillo

Fobias, leyes y legalidades: los obstáculos para el voto en el exterior

Durand recuerda que, en ese momento instancias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana representaron un obstáculo para ejecutar estas acciones. Uno de los principales impedimentos, dice, es que la SRE no emitía credenciales para votar a los connacionales que habitan en los Estados Unidos.

No quieren saber nada del voto, porque el voto es una organización ciudadana, el INE, y para convencerlos de que la credencialización se pudiera hacer en los consulados demoramos 20 años. Imagínese, todos los países pueden sacar credenciales en los consulados, México no. Hasta ahora, recientemente, es posible”, detalla.

A la vez, cuestiona la Ley Electoral nacional, pues, tiene lagunas y ambigüedades que no coinciden con las reformas o decretos para hacer efectivo el voto en el exterior.

También, lamenta, las agendas políticas partidistas influyen en esto, pues los “miedos” a ser objeto de fraude han hecho que mecanismos como el voto electrónico no prosperen debido a las fobias.

Víctor Alarcón no duda en afirmar que “las máquinas no son las que se corrompen, son quienes manejan las máquinas. Por eso deberíamos de abrir la posibilidad de depurar esos sistemas y crear mecanismos de rendición de cuentas”.

Otra de las fobias, resalta Durand, estriba en el miedo de que la población migrante pueda definir una elección presidencial. Este miedo perdura a pesar de que el porcentaje de votantes en el extranjero es reducido en comparación con el padrón total del sistema electoral mexicano.

“Además”, agrega Alarcón, “pensar esto es no contemplar que los migrantes no son homogéneos. Hay quienes tienen diferencias, y van a votar en uno u otro sentido. No es un voto uniforme”.

Pese a estas complicaciones, el voto de mexicanos en el extranjero es un hecho. Y la nueva reforma promovida por el Ejecutivo federal parece sentar una base más sólida para su ejecución: el voto electrónico. Esta innovación elimina el voto postal y presencial en los consulados; y homogeneiza la participación.

Sin embargo, sigue habiendo pendientes. Quizá el más importante: permitir que migrantes puedan postularse a cargos de elección popular y ser votados. También, integrar comisiones especiales en el poder legislativo para que puedan desarrollar leyes y políticas públicas que atiendan sus necesidades.

Leticia Calderón recuerda que, si bien el papel del Estado y sus instituciones es fundamental para asegurar los avances, en realidad han sido los activismos migrantes los que han empujado para que estos avances se logren. Las coyunturas políticas que se abrieron en 2006 y en las discusiones posteriores han sido por la posición de sus agendas, y la presión política. “Pero parece que nos falta tener más diálogo con el estado”, añade.

Así, la historia del voto en el extranjero está marcada por los activismos migrantes, y aunque Durand sostenía que mucho del activismo que empujó para exigir sus derechos electorales en el extranjero era, en parte, herencia de movimientos sociales como los del 68 que se fortalecieron en los Estados Unidos. Calderón difirió un poco de esto. Ella enfatizó que fueron los panistas de los 80 quienes iniciaron con la demanda de pedir que los migrantes pudieran votar.

Después la izquierda decide que la vía institucional por el voto es también una forma de transitar a la democracia, es ahí cuando se generaliza en el espíritu nacional la idea de votar. Y ahí empata con quienes venían empujando la idea del voto”.

Estas demandas se han cristalizado en la propuesta nueva reforma electoral que, entre muchas cosas, permite abrir brecha para el voto de los migrantes en el exterior. La idea parece un avance, aunque concluyen los especialistas hace falta fortalecer muchas más cosas y ampliar las visiones al respecto, pues no se puede aspirar a democratizar un estado sin asegurar la participación de todas y todos en sus procesos.