La Cámara de Diputados aprobó este jueves el llamado Plan B en materia electoral, salvo por la cláusula de vida eterna, que fue retirada por el Partido Verde; esa parte será devuelta al Senado para su aprobación en el próximo período de sesiones

Texto: Redacción Pie de Página y Arturo Contreras Camero

Fotos: Galo Cañas / Cuartoscuro y Archivo Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo 

Actualización: 15 de diciembre de 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves una batería de modificaciones legislativas que forman lo que se ha llamado el «Plan B» en materia electoral propuesto por el gobierno federal; sin embargo, una parte de la reforma será devuelta al Senado, que ya clausuró su periodo ordinario de sesiones, por lo que la discusión y aprobación será hasta febrero.

El punto en controversia fue la cláusula de vida eterna para los partidos pequeños, que había sido aprobada por los senadores durante la madrugada del jueves, pero fue retirada por el Partido Verde, luego de la amenaza de veto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La llamada cláusula de vida eterna consiste en el trasvase de votos entre partidos que postulan una candidatura común. Eso permite la sobrevivencia a los partidos que no alcanzan una votación para mantener su registro y ha sido fundamental para la permanencia del Partido Verde.

El llamado Plan B impulsado por el presidente López Obrador para modificar la estructura de los órganos electorales a partir de leyes secundarias fue aprobado por 269 diputados de los partidos Morena, Verde, Encuentro Social y Partido del Trabajo; los 217 votos en contra fueron de diputados del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.

El decreto incluye reformas a cinco leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Además, crea la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre los cambios aprobados están la compactación del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), así como la desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la eliminación de fideicomisos del INE.

Madruguetes y pimponeo legislativo

Tanto el Verde como el Partido del Trabajo habían insistido en incluir la cláusula de la vida eterna y otra que permitía a los partidos mantener el registro aunque alcanzaran el porcentaje mínimo de votación a nivel nacional. En la madrugada del 7 de diciembre, cuando los diputados aprobaron las reformas que se enviarían al Senado, los legisladores de esos partidos incluyeron esos dos puntos a la propuesta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue alertado sobre ese tema por un reportero en su conferencia mañanera y pidió una revisión al secretario de Gobernación; al día siguiente dijo que habían sido unos «duendes» pero que se iban a corregir en el Senado.

Pero la enmendadura de la plana no quedó ahí. El dictamen aprobado el miércoles 15 por el Senado tuvo cerca de 70 cambios de la minuta inicial. Y nuevamente de madrugada, los legisladores del PVEM y PT impulsaron la inclusión de la cláusula que les beneficiaba.

López Obrador advirtió en su conferencia que si de mantenía ese punto podría vetar el decreto y tras una serie de negociaciones, el coordinador oaralamentario del PVEM, Carlos Alberto Puente, presentó una reserva para retirar la cláusula.

La reserva fue aprobada por los diputados, pero como modifica el proyecto de decreto, el dictamen deberá ser devuelto al Senado para su aprobación.

El panista José Elías Lixa expuso que esa decisión se tomó con base en el artículo 72 de la Constitución, y aclaró que los senadores sólo tendrían que analizar el cambio referido y no toda la reforma.

Las reformas a la leyes de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas no tuvieron cambios por lo que serán turnadas al Ejecutivo para su publicación.

El voto en contra de Monreal

En la madrugada del jueves, el Senado aprobó en lo general con 69 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones la reforma electoral enviada por la Cámara de Diputados.

El dictamen tuvo más de 70 modificaciones de la minuta original, aprobada por los diputados una semana antes, en un proceso apresurado; durante la discusión, en la que se presentaron más de 60 ponentes, hubo más mil 244 reservas; de ellas, 300 fueron del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena.

Durante la discusión en el pleno, Monreal pidió que fueran corregidas las inconsistencias constitucionales del dictamen para evitar que se impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador adelantó que presentaría a título personal reservas para modificar el documento y presentó un voto particular en el que se expresan las razones por las que, desde su perspectiva, se vulnera la Constitución. EL zacatecano señaló 21 aspectos de presunta inconstitucionalidad.

No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada.
Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían. pic.twitter.com/l7AuMKpy0F

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

Su postura fue considerada por los militantes de Morena como una traición al partido y al presidente.

Reforma iría contra reconocimiento indígena

El mismo miércoles, comunidades indígenas y académicos agrupados bajo la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) alertaron que los cambios a la Ley Electoral podrían atentar contra el reconocimiento de los pueblos indígenas y vulnerar sus sistemas normativos

Esto, debido a que en el dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado y en la minuta devuelta a la Cámara de Diputados, se eliminó del artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) un párrafo clave para el reconocimiento de los derechos indígenas : 

«Esta ley reconoce la composición pluricultural del Estado mexicano y en consecuencia la demodiversidad materializada en los diferentes sistemas y prácticas democráticas y de gobierno de los pueblos y las comunidades indígenas en México y de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. En concordancia con el artículo primero de la Carta Magna, las disposiciones de esta Ley tendrán en consideración los derechos políticos internacionalmente reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual se le aseguren los principios propersona de progresividad, buena fe e igualdad”. 

La eliminación de ese párrafo podría significar el desconocimiento de los derechos de pueblos indígenas a regirse por sus propios usos y costumbres, dijo vía telefónica José Pablo Artonio, indígena mixe de Santa María Alotepec, Oaxaca. 

“Los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país hemos venido participando en diversos procesos, es preocupante hoy en día que el Senado haga una regresión de lo que hemos venido ganando en la historia del país, en el marco de los reconocimientos de los pueblos indígenas”,insistió 

“Como alianza, y como parte de un pueblo indígena de Oaxaca, mixe, gran parte del sur-sureste, nos regimos por sistemas normativos internos y se ha avanzado en que podamos nombrar a nuestras autoridades propias, con esto sería una regresión y podríamos ver en peligro la legalidad de estos procesos”.