En entrevista con Pie de Página, Hugo Aguilar Ortíz, Coordinador General de Pueblos Indígenas del INPI, habla sobre el impacto que tendrá la restitución de tierras a la tribu Yaqui para otros pueblos indígenas del país. Una demanda histórica que ha sido olvidada por varios gobiernos

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO. – Para el Coordinador General de Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, la situación de despojo y privación de tierras de los yaquis tiene las mismas condiciones que han sufrido otros pueblos indígenas en el territorio nacional. El énfasis en el norte del país, donde la agresión más encarnizada contra de las tribus tiene que ver con que el concepto de comunidades es más ambiguo que en el sur. “Son dos matrices culturales distintas”.

El abogado ñuu savi se centra en el análisis de la restitución de la tierra y resarcimiento a favor del Pueblo Yaqui como propiedad colectiva:

Se hizo un análisis de como materializar la decisión presidencial de restituirle la tierra a los yaquis. El presidente de la República tiene muy claro que los propietarios originario de las tierras en todo el país, son los pueblos indígenas, porque son los que estaban antes del establecimiento de las actuales fronteras”.

De a acuerdo al contenido del decreto firmado el pasado 29 de octubre en el Belem de Pitaya, Sonora se reconoce al pueblo como uno de los 68 pueblos indígenas en el país:

“Que el Pueblo Yaqui, asentado en el estado de Sonora, es uno de los 68 pueblos indígenas reconocidos en el país, conformado por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera; Pótam, Segunda Cabecera; Tórim, Rahum, Loma de Bácum, Huírivis, Cócorit-Loma de Guamúchil y Belem, con una forma de organización territorial ancestral y de gobierno tradicional y con sus propios sistemas normativos, en congruencia con lo que disponen los artículos 14 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5, 8, numeral 2, inciso b, 26 y 27 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y XIX y XXV de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

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Entrevistado en su oficina, el funcionario federal explica los conceptos sobre los cuales el INPI se centró para resituar la restitución de las tierras, así como los vericuetos que tuvieron que sortear los abogados indígenas para materializar una de las viejas demandas de la tribu Yaqui.

Aguilar hace hincapié en la Constitución mexicana: “Nuestra constitución establece en el artículo 27, que la propiedad originaria de la nación, debe de interpretarse a la luz de los tratados internacionales.  Quienes realmente tienen la propiedad originaria de las tierras son los pueblos indígenas, porque son anterior a la llegada de los españoles, y anteriores incluso al establecimiento del Estado mexicano” .

El Coordinador General de Pueblos Indígenas, habla también sobre el Plan de Justicia Yaqui, que es el paraguas que hace posible la restitución de tierras.

En el caso de los yaquis, la tierra ha sido uno de los elementos que han propiciado toda la agresión a su pueblo. En la época de Porfirio Díaz se les quitó una gran cantidad, ubicadas en lo que hoy es el valle de yaqui”.

–¿Desde qué posición de centraste para avanzar en el proyecto del Plan de Justicia Yaqui?

–Mira, antes de ser funcionario soy mixteco de Oaxaca. Desde la universidad empezamos a trabajar por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso, le pusimos empeño durante el proceso de estudio y análisis para tener un concepto que permitiera resarcir el daño, pero no quedar sólo en eso sino en la reparación.

El funcionario contextualiza el fondo del problema:

Desde que Porfirio Díaz entregó las tierras a compañías deslindadoras con la finalidad de que repartieran las tierras y las pusieran a trabajar y construyeran superficies regables. A cambio de este servicio les dieron propiedades. Grandes cantidades de tierra, particularmente a Richardson. Después Richardson entró en quiebra y repartió terrenos a particulares, ahí empieza todos los males”.

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En la época de la revolución se legisló para que las tierras de los yaquis pasaron bajo la denominación de tierra nacionales, para entregarlo a particulares.

“Cuando nosotros entramos al Plan de Justicia, primero hicimos un diagnóstico sobre la superficie que los yaquis reclamaban como superficie ancestral, eran alrededor de un millón 250 mil hectáreas que lograron salvar. O reconocida por la corona española”, detalla. 

De esta superficie, se fueron mermando hasta llegar a la extensión que tienen los yaquis actualmente. “En la medición que hicimos, fue aproximadamente 630 mil hectáreas que los yaquis reconocen como su territorio ancestral, que llaman como puntos naturales. De esa superficie, el general Cárdenas le restituyó aproximadamente 491 mil hectáreas. Pero resulta que de esas 491 mil hectáreas no estaban en posesión de los yaquis”.

La merma llegó hasta la época zedillista: “Con el deslinde que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1997, le expropiaron una superficie que le llaman ellos la cuchilla y le quitaron una gran cantidad de terrenos, aproximadamente unas 90 mil hectáreas en la parte norte de los yaquis”, explica Aguilar.

Y agrega:

La corona le reconoció un millón 250 mil hectáreas. Con el México independiente se redujo a 630 mil hectáreas, después a 491mil hectáreas. Formalmente Zedillo les entregó 459 mil hectáreas. Esta merma de territorio ameritó una atención especial de parte del gobierno federal, quien se comprometió a por lo menos igualar a la superficie que Cárdenas le había reconocido a la tribu Yaqui”.

Una resolución que puede sentar precedentes para la justicia

El ñuu savi no solo habla de los yaquis, también se centra en otro de los conflictos en el que los pueblos indígenas se encuentran inmersos, pero que tiene que ver con la escrituración de la tierra que originalmente era de ellos, como el caso de los Rarámuris de Chihuahua.

El Estado autorizó la titulación de tierras como pequeñas propiedades o incluso como propiedad social sobre terreno ancestrales de los pueblos indígenas es muy común en todo el Norte”.

Para Aguilar, la restitución de la tierra a los yaquis marca una nueva ruta en la atención a los pueblos indígenas: “Esta decisión presidencial marca una nueva ruta en la atención, yo creo que puede ser más eficaz, conozco varios juicios de restitución en los tribunales agrarios, pero son muy complicados concretar la resolución. Otros ejercicios, son los instrumento legales que no son propios para restitución de la tierra, está el caso del Chihuahua, donde hay una situación de trágica porque las tierras de los Raramuris fueron escriturados como pequeña propiedad grandes extensiones de tierra están titulados como pequeña propiedad a favor de particulares y dentro de esas propiedades hay comunidades que no puedes acceder a la tierra para el disfrute”. 

Adentrado en el análisis de la reforma de 1992: “Con la reforma al articulo 27 en 1992, se le quita o se limitan al ejecutivo federal las atribuciones sobre las tierras. El ejecutivo federal para regularizar terrenos, no tendría facultad para restituir tierras, esas facultades pasaron a los tribunales agrarios”.

Por estas lagunas legales tuvimos cuidado para no tener problemas al momento de emitir el decreto. El presidente de la República instruyó que no solo iba a regresar la tierra, porque no podía regresar las tierras materialmente bajo cualquier concepto, como pequeña propiedad o propiedad social, incluso. Pero él insistió en que se iba a regresar bajo un concepto de restitución de tierras y bajo un concepto de reparación de daño”, dice.

Bajo el concepto de restitución y de reparación del año: “Con efecto resarcitorio. Estas dos ideas se trabajaron en el decreto que se firmó y que se publicó el 29 de octubre en el pueblo de Belem Pitaya, de la tribu Yaqui”.

El decreto en cuestión concluye que:

“En restitución y resarcimiento, se entregan a favor del Pueblo Yaqui en propiedad colectiva, los polígonos ubicados en los municipios de Guaymas y Cajeme, estado de Sonora, con una superficie total de 29,241-68-10.17 hectáreas (veintinueve mil doscientas cuarenta y un hectáreas sesenta y ocho áreas diez punto diecisiete centiáreas), para su uso, explotación, aprovechamiento y administración para el fomento y desarrollo agropecuario, conforme a sus usos y costumbres, de acuerdo con los datos precisados en la parte considerativa del presente decreto, con lo que se da cabal cumplimiento a los Acuerdos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, en materia de tierras”.

Ahora, la justicia se acerca un poco más a la tribu Yaqui, y posiblemente, al resto de pueblos indígenas del país.

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