En medio de un debate sobre la gentrificación y la especulación inmobiliaria, el gobierno de la Ciudad de México informó de una alianza con la transnacional Airbnb para incentivar el turismo y el trabajo remoto. Esto, coinciden especialistas, pone en riesgo el derecho al acceso a la vivienda digna en la ciudad

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia por la covid-19 no solo modificó la cotidianidad de la vida en el mundo, sino también las formas de trabajo. Pues aunque la industria y la maquila no pararon, un amplio sector de la economía de servicios aumentó su demanda de fuerza de trabajo. La virtualidad y el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación fueron puestas a prueba, y tal vez, durante la pandemia, se potenciaron aún más. 

Así, desde 2020, formas de trabajo virtual que no requieren la presencia de trabajadores en los centros de trabajo, se posicionaron en las grandes ciudades. Nómadas digitales, les llamaron algunos. Aunque el concepto parece subrepresentar a una nueva clase trabajadora que muchas de las veces no tienen contratos laborales, seguridad social o derechos básicos. Empleados y empleadas de transnacionales, cuyas obligaciones legales se encuentran difusas al establecer sucursales o subempresas en otros países que les brindan flexibilidad y condiciones óptimas para la explotación, como México. 

Esta nueva tendencia en el trabajo ha atraído a nómadas de otros países a vivir en ciudades donde todo es más barato, en comparación con sus países de origen. Así, urbes como la Ciudad de México se han convertido en el destino favorito de esta nueva clase trabajadora, atrayendo consigo una nueva serie de fenómenos que, aunque hay quienes los ven positivos o benéficos, se traducen en despojo y desplazamiento para otros tantos. 

No obstante, las autoridades gubernamentales parecen encantadas con la idea del teletrabajo y la migración de corta estancia a las ciudades. O al menos el gobierno de la Ciudad de México ha demostrado estar a tono con esta nueva tendencia, pues el pasado 26 de octubre se informó de “una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la compañía Airbnb para convertir a la Ciudad de México en la Capital del Turismo Creativo en América Latina y en un destino global para nómadas digitales”.

El anuncio fue criticado por organizaciones de la sociedad civil, activistas y sectores académicos que durante años han analizado y acusado el proceso de gentrificación y turistificación que se vive en la Ciudad de México. Un proceso que se relaciona con esta nueva tendencia laboral, pero también con el auge de nuevas empresas/plataformas enfocadas en el arrendamiento y el turismo, como Airbnb. 

Una de las voces más críticas ante estos fenómenos es María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL). Sobre el anuncio del gobierno capitalino, Emanuelli lo dice claro: 

“Me parece gravísimo. Es prácticamente una medida de dar la espalda totalmente al derecho a la vivienda adecuada en la ciudad. Hay muchas ciudades en el mundo que han buscado articularse frente al gigante Airbnb, y contra la financiación que lo respalda, para frenar su impacto, porque una ciudad no puede, muchas veces, enfrentar a una transnacional como esta”. 

En los hechos, recalca, lo que este anuncio significa es la profundización de un proceso de turistificación en la ciudad, lo que traerá más desplazamientos de habitantes hacia las periferias para que los centros sean ocupados por nómadas digitales. 

Una no tan nueva forma de despojo 

Cuando la socióloga Ruth Glass acuñó el concepto de gentrificación en el siglo XX, lo hizo observando la realidad de los barrios ingleses, y sus habitantes de la clase trabajadora. A ellos los estaban desplazando a partir de la elitización de su vida cotidiana, de sus espacios, para después sustituir a la población originaria por otra perteneciente a una clase social más alta. 

Esta realidad, dice Emanuelli, hizo que este concepto permitiera explicar diversos fenómenos de gentrificación a lo largo y ancho del mundo. Pero los tiempos cambian, y aunque el desplazamiento y la sustitución siguen siendo una constante en las ciudades del mundo, sus formas son distintas, por eso, para entender lo que pasa en la Ciudad de México Emanuelli prefiere utilizar el concepto de financiarización y turistificación. 

“El proceso de turistificación busca zonas céntricas. Lo que hay que distinguir hoy es que el monstruo es todavía más grande, porque no se tratan de familias impulsadas por una política pública, sino que se trata del mercado de las bienes raíces decidiendo en la ciudad cómo va a ser la vida de su población. Y en esta dinámica siempre va a prevalecer el interés de quien tiene un edificio que pone a disposición de turistas, que de la población”.

Para Emanuelli, el fenómeno de turistificación se vuelve más complejo de atacar debido a que quienes resisten a este proceso lo hacen enfrentándose al capital privado transnacional. Capital inmobiliario, pero también con intereses profundos en el mercado del turismo que se expresan con empresas como Airbnb. 

“La vivienda es una mercancía que tiene un fortísimo impulso en el mercado de valores. La mayor cantidad de inversiones del mercado bursátil mundial están en la vivienda, y son muy seguras, incluso frente a la inflación o la inestabilidad”, explica. 

De acuerdo con el Proyecto del Programa de Ordenamiento Territorial de la ciudad, cada año 20 mil personas tienen que abandonar la ciudad para irse a vivir a estados colindantes de la zona metropolitana. Las razones que motivan este desplazamiento, señala este documento, son los altos costos de las viviendas en la capital, por lo que la gente que se desplazada casi siempre es la que pertenece a estratos o clases sociales bajas. 

Emanuelli enfatiza que una medida como la anunciada por el gobierno de la Ciudad de México “va a incrementar el número de desplazamientos, o expulsión, de personas de esta ciudad hacia el Estado de México. Es preocupante que la ONU se prese a esto, pues debería tener en su preocupación la defensa de los derechos humanos, del derecho a la vivienda digna”.

Y añade que, con esta nueva alianza, “la Cdmx ha abierto las puertas para que una empresa como esta, que no está regulada, decida sobre el futuro de la vivienda”. 

El gigante Airbnb y el desplazamiento

De acuerdo con datos del portal Inside Airbnb, la empresa de capital norteamericano cuenta con 22 mil 948 habitaciones en la Ciudad de México. De estas, la mayoría se concentra en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Es decir, en demarcaciones centrales que tienen acceso a servicios públicos, culturales y de movilidad. 

En un inicio, la plataforma Airbnb surgió como una red de economía colaborativa en la que los propietarios de las casas ofertaban habitaciones accesibles a turistas durante un corto periodo de tiempo. Esto, para hacer frente a los elevados costos de los hoteles tradicionales. 

No obstante, esta visión se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con información de Inside Airbnb, 150 departamentos de los que se ofrecen en la plataforma son propiedad de una sola persona.

Al respecto, Emanuelli reflexiona, en que ese propietario “obviamente los habrá modificado para ponerlos a disposición de una población que tiene necesidades diferentes a la originaria. Esto hace que se levante el precio del suelo, que los negocios cambien para satisfacer ciertas necesidades nuevas y se hacen invivible esas determinadas zonas, que son las zonas centrales, que son modificadas a favor de esa población, y traen consigo la expulsión de los originarios. Es un reflejo la turistificación de esta gran fiebre mundial de la inversión”. 

Rosalba Loyde es consultora inmobiliaria, y durante años ha investigado los procesos de desplazamiento en la Ciudad de México y la relación de empresas como Airbnb en estos. Al respecto, comenta que analizar y regular a la transnacional norteamericana ha sido un reto al que se han enfrentado muchos países del mundo. 

“Aribnb no posee ninguna propiedad. ¿Sobre qué regulas a una empresa que no tiene propiedades? ¿Qué le regulo? Airbnb lo que dice es que no posee nada, y Airbnb dice que él ni siquiera renta los espacios, y esto es real, porque Airbnb es una plataforma que vincula a propietarios con hospedantes”. 

Esta modalidad, explica Loyde, ha orillado a que gobiernos locales tengan que crear figuras jurídicas nuevas que permitan fiscalizar y regular a empresas como Airbnb, que en realidad subarriendan servicios ofreciendo en sus plataformas un catálogo de trabajadores “independientes” que pagan una cuota para poder ser visibles en la plataforma. El caso de Airbnb, es el mismo de Uber, Rappi, y otras empresas más. 

En el caso de Airbnb, Loyd detalla: 

“Pero ahí no está todo el dilema, porque estás utilizando estructura pública, porque Airbnb se está aprovechando de las zonas de la ciudad: de la colonia Juárez, Cuauhtémoc, Condesa, etcétera, que claramente en los últimos 20 años el gobierno de la ciudad ha estado interviniendo esas zonas de la ciudad mejorándolas con infraestructura, transporte público, espacio público. Esas intervenciones públicas atraen, claramente, a más personas a querer habitar esos espacios. Cuando aparecen estos otros posibles usuarios, o consumidores del espacio –que en este caso son los nómadas digitales–, que su capacidad de pago es mayor, el propietario va a decidir sobre quien tenga más capacidad de pagar el espacio”.

Así, sobre la alianza entre Airbnb, UNESCO y el gobierno capitalino, Rosalba Loyd expresa que, aunque la lectura de esto es complejo, debido a que no hay directrices publicadas sobre cómo va a operar este proyecto, “eso no es buen augurio, porque es tal vez algo que no va a gustar en el debate público. Este no era el momento para lanzar una política así después de que hemos tenido debates, semana tras semana, sobre nómadas digitales, Airbn, etc. Hay muchas lecturas políticas de la aparición de esta propuesta sobre la mesa”. 

Por su parte, Emanuelli lo dice de forma más dura: 

“Pensábamos que todavía había razones para dialogar con la Ciudad de México en materia de derecho a la vivienda, pero acaban de darle un golpe mortal. Es muy difícil poder resistir al capital financiero internacional únicamente desde la sociedad civil. Lo único que queda es la movilización en contra de la ciudad mercancía, ya que es obvio que no hay forma de aliarse con este gobierno para poner límite a estos fenómenos depredadores”.