Tras quince años de lucha, un histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a que el Ejército abra sus cuarteles para que los familiares de dos militantes eperristas desaparecidos en 2007 puedan buscarlos. La sentencia confirma que el Ejército mexicano cometió desaparición forzada

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – El 25 de mayo de 2007 policías municipales de Oaxaca detuvieron a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo Reyes Amaya, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Después los pusieron a disposición del Ejército mexicano; y desde ese momento se desconoce el paradero de ambos. 

Margarita Reyes Sánchez se enteró de la desaparición de su hermano, Gabriel Alberto, días después de la detención. Lo hizo a través de notas de prensa. Desde ese momento ella buscó ayuda para encontrarlo. 

“Yo como hermana de Gabriel había dejado de verlo desde hace más de 30 años; pero en esa época me fui enterando por medio de la prensa de que lo habían detenido/ desaparecido, y desde entonces el caminar ha sido muy pesado porque es un sufrimiento moral, y al principio no sabes qué hacer”, narra. 

Empezó a tocar puertas, pero nadie le abría. La militancia de su hermano parecía bloquear toda posibilidad de ayuda. Fue hasta que se acercó a la liga mexicana por la defensa de los derechos humanos en Oaxaca (Limedh) que ella pudo sentirse acompañada. 

“Con mucho dolor me presenté ahí en esa organización, en la cual empezamos a trabajar, a hacer amparos, y ahí fue donde conocí a la hija de Edmundo, a Nadin”, cuenta. 

Nadin Reyes Maldonado también buscaba a su padre, Edmundo Reyes, a quien lo detuvieron el mismo día que a Gabriel Alberto. Ella también había tocado puertas, y tampoco la escuchaban, aunque ambas mujeres desconocían la militancia política de sus familiares. 

“Fue muy difícil porque de entrada no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Desconocíamos completamente que existían las desapariciones forzadas en el país. No sabíamos qué es lo que se tenía que hacer, y tuvimos que tocar muchas puertas de diferentes organizaciones para poder encontrar un espacio que nos acompañara y ayudara a hacer las denuncias”, recuerda Nadin. 

Ahora, ambas mujeres están en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los rostros de sus familiares están colgados frente al edificio de justicia. Cientos de hombres y mujeres están con ellas, exigiendo que el Estado mexicano abra los cuarteles militares para buscar a los eperristas desaparecidos.

Ahora la Corte las ha escuchado. 

Una sentencia histórica

Nadin y Margarita comenzaron una batalla legal para encontrar a sus familiares. Interpusieron una denuncia por desaparición forzada ante tribunales oaxaqueños, y el caso avanzaba lentamente. 

Poco a poco las investigaciones judiciales demostraban que en la detención y desaparición de Edmundo y Alberto habían participado funcionarios del estado de Oaxaca, en ese entonces gobernado por el priísta Ulises Ruiz. Actualmente hay siete personas detenidas por este caso. 

No obstante, además de los policías que hicieron la detención, se acreditó la responsabilidad del entonces procurador estatal de justicia, Evencio Nicolás Martínez, y del comandante de la entonces policía ministerial, Pedro Hernández Hernández. Ambos exfuncionarios tienen ordenes de aprehensión en su contra, y se encuentran prófugos de la justicia. 

También, de acuerdo con testimonios recabados durante el proceso judicial, durante las acusaciones se ha comprobado que a los dos militantes eperristas los pusieron a disposición del Ejército mexicano. Los mismos testimonios corroboran que la última vez que se les vio fue ingresando a la Zona militar número 1, en Ciudad de México, conocida como Campo Marte. 

Estos hechos fueron corroborados en 2019, durante un juicio de amparo. Ese año, el juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Ciudad de México confirmó la participación de la policía oaxaqueña y el Ejército mexicano en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. 

En la sentencia se establecieron más de 20 medidas cautelares para el caso, entre las que resaltan la apertura de los cuarteles militares donde probablemente puedan estar los militantes eperristas; así como la creación de una comisión especial de búsqueda para encontrarlos. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, apeló la resolución de ese juicio. También lo hizo la Fiscalía General de la República (FGR). Argumentaron que no existían motivos para investigar a los militares y crear una comisión especial de búsqueda. 

Así, la defensa de legal de las familias de los eperristas interpuso un recurso jurídico para que la sentencia fuera revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso había estado enlistado en la primera sala de la Corte desde 2020. 

Pasaron los años, y el caso parecía estancado. Sin embargo, el 23 de junio de este año el asunto volvió a ponerse en lista. El proyecto de sentencia fue redactado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y daba razón a la resolución jurídica de 2019. 

Pese a esto, y tras revisar el proyecto, las familiares de los eperristas decidieron pedir a la ministra que enlistara de nuevo el proyecto, pues le hicieron llegar observaciones que aseguraran el cumplimiento de la sentencia. Entra estas estaban el establecimiento de un tiempo de 30 días naturales para ejecutar la sentencia, así como la puntualización de los mandos militares que se citarán a comparecer durante las investigaciones. La ministra recogió las peticiones y las incluyó en un nuevo proyecto que se discutió este 10 de agosto. Por eso Nadin y Margarita protestaban afuera de la Corte. Por eso gritaban consignas exigiendo justicia. 

La primera sala de la SCJN votó a favor de la sentencia, sin realizar modificaciones. Por lo que es un hecho: se ha comprobado la participación del Ejército mexicano en el delito de desaparición forzada y se comenzará a investigar y buscar a los eperristas dentro de los cuarteles militares. También tendrán que comparecer ante la Fiscalía altos mandos del Ejército: mayores; tenientes coroneles; coroneles; generales de brigada, así como generales de división. 

Ahora, Margarita y Nadin, con lágrimas en los ojos, ven al fin una luz para encontrar la memoria, verdad y justicia que durante muchos años les han negado. El camino, aseguran, no ha sido fácil. 

“No es un favor, es producto de la presión jurídica y política”

“Ha sido un proceso largo y complejo”, dice Nadin Reyes frente a la fotografía de su padre. 

“Nosotros batallamos muchísimo para que primero existiera una organización que nos acompañara, y segundo para poder interponer la denuncia por la desaparición de nuestros familiares. Fue muy difícil porque de entrada el Estado empezó a criminalizar a nuestros familiares; empezó a decir que eran terroristas, que eran delincuentes, y obviamente eso también generó un estigma hacia nosotras; un aislamiento y criminalización hacia nosotras por ser familiares de dos revolucionarios”. 

Nadin Reyes.

A Edmundo y Gabriel los detienen y desaparecen en el contexto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), la cual, en 2006, fue un movimiento magisterial-popular estatal que puso en entredicho las políticas del gobierno de Ulises Ruiz. Inclusive llegó a construir órganos autónomos de representación popular que, de a poco, iban desplazando y cuestionando la presencia del gobierno en la vida cotidiana.  

El entonces gobernador respondió a las manifestaciones con una fuerte represión. También intervino la Policía Federal Preventiva (PFP) al mando del entonces presidente, Vicente Fox Quesada. Una de las estrategias gubernamentales fue tratar de vincular al EPR con el conflicto magisterial-popular 

Este contexto, y los estragos de la represión, crearon un aura de desconfianza hacia el caso de Edmundo y Gabriel. Nadie, como relatan sus familiares, se animaba a acompañarles en su búsqueda. 

Así, un par de meses de que iniciaran las denuncias, Nadin y Margarita hicieron un llamado a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que se sumaran a sus demandas. “Quienes responden son los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Comité Cerezo México”, dice Nadin. 

A partir de ahí, la exigencia por la aparición con vida de los militantes eperristas se convirtió también en una demanda social. Protestas, mítines, jornadas de lucha se hicieron en todas las partes del país donde estas organizaciones tuvieran presencia. Esto, acusa Nadin, también implicó represión en contra de quienes exigían justicia. 

“Ha sido un proceso muy difícil que también ha costado vidas de los compañeros”, enfatiza. Para ella, la desaparición de Fidencio Gómez Santis, militante del FNLS desaparecido en Chiapas en 2016, es un ejemplo de ello. 

“Hay compañeros que han sido asesinados, producto de esta lucha, que el Estado de manera indirecta, al cometer estos crímenes en contra de los compañeros, también lo hace como una forma de tratar de acallar nuestras voces, de tratar de coartar esa solidaridad que nos han brindado”. 

Las acciones de espionaje, persecución y criminalización han sido constantes en la búsqueda de Edmundo y Gabriel. Inclusive, durante el plantón que esperaba la resolución de la corte, un miembro del Centro Nacional de Inteligencia fue identificado por los manifestantes mientras les tomaba fotos y recopilaba información. 

“Esto no es un favor de la corte o del Estado”, dice Nadin, “ha sido la presión política y jurídica la que obligó a la corte a dar este fallo”.

Un camino echado a andar… 

Margarita es clara, el fallo del día de hoy no es solo por ellas y sus familiares: es para todas las personas que buscan a sus seres queridos. 

“Cuando escuché este fallo no lo podía creer. Es un paso que se ha dado, el reconocimiento del gobierno de que sí existe la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, y que está implícito el de otras personas en el país”, comenta. 

Para la hermana de Gabriel, su lucha por la verdad, la memoria y la justicia traza una ruta que puede dar luz a las familias que buscan a sus desaparecidos. 

“Esto es una esperanza para seguir, y no solo para encontrar a Gabriel y Edmundo, sino para encontrar todas esas personas que están desaparecidas, como los estudiantes de Ayotzinapa. Yo veo a las familias y me identifico con su dolor, con su rabia, porque en este país cualquiera puede ser desaparecido y perseguido por buscar a quien lucha y busca algo justo”, relata. 

Para ella, la protesta social es una estrategia que permite acelerar los procesos de justicia en México. Acercarse a organizaciones, dice, es algo que no debe dejarse atrás en las búsquedas de personas desapareidas. 

“Yo les diría a las familias que buscan que sigan adelante, que toquen puertas de organizaciones, porque así pueden seguir adelante. A veces como familiar nos doblegamos, pero las organizaciones nos dan fuerza, nos inyectan, nos motivan para no estar solos. Hay que pedir justicia no solo para nuestros desaparecidos, sino para todos. Que se unan las familias, que en lugar de estar llorando y sufriendo, que vengan y se solidaricen con las organizaciones sociales para seguir adelante”. 

Este fallo, reflexionan ambas, es tan solo el inicio. De aquí, para adelante, comenta Nadin, “no descansaremos hasta encontrarlos y obtener justicia”. 

“No hay que permitir que el Estado trate de coartar nuestra exigencia. Nunca debemos permitir que el Estado quiera darnos solamente verdad sin darnos justicia. Nosotras creemos que es necesario mantener esa exigencia de búsqueda, verdad y justicia, porque sino esta situación nunca va a terminar”, concluye Nadin. 

El plantón frente a la Suprema Corte continuará hasta que la sentencia se comience a ejecutar. Pero sonrientes, Nadin y Margarita saben que su andar no ha sido en vano, y que este fallo las acerca cada vez más a la justicia que por años se les ha negado.