La comunidad de Santiago Mexquititlán obtuvo una suspensión provisional de la Ley de Aguas en Querétaro, que privatiza la gestión del agua, debido a que se violentaron sus derechos indígenas. El amparo aún se encuentra en revisión

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Este lunes el consejo autónomo de gobierno de Santiago Mexquititlán informó sobre la obtención de una suspensión ante la recién aprobada Ley de Aguas en Querétaro. Esto, después de que la comunidad promovió un amparo a finales de julio, cuando el gobernador de ese estado, Mauricio Kuri González, publicara dicha legislación.

El amparo aun se encuentra en revisión, desahogándose en el juzgado séptimo de distrito del estado de Querétaro. Sin embargo, ante la urgencia de proteger los derechos de las y los habitantes de Santiago Mexquititlán, un juez otorgó una suspensión para la aplicación de la Ley de Aguas en el territorio del pueblo hñöhñö.

De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Congreso Nacional Indígena y asesor del consejo autónomo de Santiago Mexquititlán, el amparo se promovió a petición de la comunidad indígena “con el objetivo de proteger sus derechos”. 

Para el abogado, la nueva ley de aguas en Querétaro propicia la privatización de este recurso y discrimina a los pueblos y comunidades indígenas, pues no da igualdad de condiciones para que sujetos colectivos, como una comunidad indígena, pueda administrar su propia agua; algo que se ha reclamado en Santiago Mexquititlán desde marzo de 2021.

“Han existido omisiones de la Comisión Estatal de Aguas y de la Conagua. Particularmente en el respeto al artículo 2 constitucional, donde se establece que los pueblos indígenas tienen derecho al uso y disfrute preferente a sus recursos naturales. En caso de que se diera un tipo de concesión, quienes tienen el derecho de administrar son las comunidades indígenas. Esto es omiso en esta ley de agua, pues otorga las concesiones a empresarios y al sector privado”. 

De igual forma señala que al no consultar y garantizar la participación de las comunidades indígenas en el diseño de la ley, el estado queretano violentó la Constitución. Estos fueron los principales argumentos para promover el amparo. 

“Se reclamaron varias cosas inconstitucionales de alrededor de 7 artículos de la ley de aguas, donde hay una discriminación en cómo se está permitiendo que los municipios y el estado cedan su función de administrar el agua potable, y que esto es discriminatorio porque esto es justamente en las condiciones para obtener una concesión de agua que solo se encuadra para sujetos privados y no para sujetos colectivos, como los pueblos indígenas”, preciso Juan Carlos Flores. 

CNDH “rectifica”

Días después de la aprobación de esta ley, organizaciones académicas, sociales y comunidades indígenas se agruparon en una Red en Defensa del Agua y de la Vida (Redavi). Esto, con el objetivo de revertir dicha legislación y evitar la privatización del agua en Querétaro. 

Entre las acciones que organizó la Redavi se convocaron a protestas sociales para exigir que el gobernador Mauricio Kuri vetara la ley. La respuesta del gobierno, sin embargo, fue la represión y el encarcelamiento de tres activistas que hasta la fecha continúan con procesos abiertos ante la Fiscalía estatal.

Del mismo modo, jurídicamente la Redavi presentó una petición ante la Defensoría estatal de derechos humanos para que este organismo promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Ley de Aguas. No obstante, la respuesta de la Defensoría, junto a la CNDH, fue que la ley no violaba ningún derecho humano al acceso al agua. 

Pese a esto, ante la suspensión otorgada por un juez para que la ley de aguas no surtiera efectos en el territorio de Santiago Mexquititlán, la CNDH ha modificado su criterio respecto a la resolución que suscribió junto a la defensoría estatal el pasado 20 de junio.

 “Se puso en evidencia la contradicción de la CNDH, pues modificaron los criterios que había tenido para no promover la acción de inconstitucionalidad. Ahora que sale la suspensión dice que ahora sí la ley es inconstitucional”, comenta Juan Carlos Flores. 

El amparo aun no se ha resuelto, sino que continúa en discusión, y en caso de resultar a favor de la comunidad de Santiago Mexquititlán podría sentar un precedente para otras comunidades o barrios que quisieran ampararse ante dicha legislación. No obstante, la medida precautoria que suspende la aplicación de la legislación en Mexquititlán protege, momentáneamente, a dicha comunidad de los efectos de esta ley. 

“Lo que se otorgó fue una suspensión de la aplicación de la ley de aguas para Santiago Mexquititlán, para que no pueda ser concesionado y privatizado su pozo. El juez señaló que era procedente para que no se concesionara el servicio en Santiago Mexquititlán. Es un referente para que otras comunidades puedan interponer amparos similares. La resolución del amparo al final sí puede implicar unos efectos para todo el estado de Querétaro”, precisa el abogado. 

Pese al amparo –el cual celebran –, la Redavi no deja de insistir en que se cumplan todas sus demandas: 

1.- El cese a las investigaciones penales contra los tres activistas detenidos el pasado 10 de junio y un alto a la criminalización de la protesta social en la entidad. 

2.- La revocación total de la ley de aguas que promulgó el gobernador Mauricio Kuri.