Luego de 13 años de que el gobierno de Felipe Calderón anunció el cierre de Luz y Fuerza del Centro, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) advierten que está en juego la soberanía energética del país, pero las formas en alcanzarla han generado divisiones a su interior que parecen irreconciliables

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos:  Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El SME volvió a salir a las calles, pero aunque su grito sigue contundente, la fuerza que lo caracterizaba se ha visto mermada. Tras el golpe que recibieron hace 13 años, cuando el gobierno de Felipe Calderón cerró de improviso Luz y Fuerza del Centro, parece que no solo sus derechos se vieron golpeados: También su organización.

Recorrer el camino que ha llevado a esta historia es reconocer que el SME está dividido. Por una parte, hay quienes decidieron apostarle al cooperativismo y entrar al mercado nacional de producción energía eléctrica. Por el otro, hay quienes se sienten traicionados y desplazados por las decisiones de la directiva sindical.

Sin embargo, algo sigue claro entre quienes han visto el ascenso y el ocaso de este sindicato: Son los electricistas quienes tienen en sus manos el destino de la soberanía energética del país. No los diputados y senadores, que cabildean las reformas. Tampoco las consignas vacías.

Y así, los dos SME que existen en el país siguen anhelando lo mismo que hace trece años: democracia sindical, respeto a sus derechos y que la energía sea de quien la trabaje, es decir, del pueblo de México. 

Era un 11 de octubre de 2009 y camiones de la entonces Policía Federal llegaron por la madrugada al edificio de Luz y Fuerza del Centro, en la Ciudad de México. Los 40 mil uniformados comenzaron a desalojar a los trabajadores que ahí estaban. Después, pusieron vallas de metal rodeando el edificio, pues sabían que el gigante que estaban por despertar no moriría con los brazos cruzados. Y así fue, pues inmediatamente, en su sede sindical, en el edificio de Antonio Caso, los trabajadores del SME reaccionaron al instante y comenzaban a agruparse. 

Su molestia no era menor, pues en un abrir y cerrar de ojos el gobierno de Felipe Calderón había decretado el cierre de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo a más de 44 mil electricistas quienes pronto comenzaron a movilizarse y exigir el respeto de sus derechos laborales. Y a la par, tal vez sin saberlo, también ponían a debate la soberanía energética del país. 

Antonio Almazán, un trabajador jubilado del SME que durante décadas participó activamente en la vida del sindicato lo piensa de esta forma: 

“Cuando uno prende un foco no siempre reflexiona lo que tiene que pasar para que llegue la luz ahí. ¿Quiénes transforman esa energía en luz? ¿Quiénes ponen los cables, los postes, los transformadores? Nosotros, los electricistas: los trabajadores. Por eso, cuando hablamos de nuestros derechos, es también hablar de la soberanía energética, porque somos nosotros quienes hacemos todo eso posible”.

No obstante, el devenir del SME durante estos 13 años de resistencia ha sido atropellado. Las diferencias al interior del gremio, así como con algunas decisiones de la directiva, han dividido al sindicato. En la antesala de estas discusiones –que parecen irreconciliables– está en juego el destino de un país que parece apostar a la renacionalización de la industria eléctrica, pues, como dicen los electricistas: no se puede hablar de soberanía si se siguen atropellando los derechos de los trabajadores. 

¿Qué propuestas nacen desde la clase trabajadora? ¿Cómo repensar la existencia de este sindicato? ¿Cómo imaginar un presente que deje atrás las reformas neoliberales que privatizaron la industria eléctrica? 

Aquí las respuestas de los trabajadores, rememorando la historia de su sindicato: el SME. 

Una nacionalización a medias

El 14 de diciembre de 1914 nace el SME. Entre los mitos que rondan a su origen, algunos dicen que en las reuniones que sostuvieron los obreros habían dirigentes zapatistas asesorándoles. Tal vez por esto su combatividad en el periodo posrevolucionario, y su papel central en la construcción de los referentes sindicales de México. Los obreros que lo crearon tenían clara su conciencia de clase, y su papel central en el levantamiento de una nación que en menos de cien años había librado tres guerras civiles. 

En la década de los 30, el SME se había convertido en uno de los pilares de la defensa de los derechos de la clase obrera mexicana. Sin embargo, sus patrones eran la Mexican Light Company, una empresa de capital inglés, estadounidense y canadiense que, desde la época porfirista, controlaba la producción y suministro de energía eléctrica en el país. Principalmente en la región del centro. 

El nacionalismo revolucionario del gobierno de Lázaro Cárdenas no logró arrebatarle el control a esta empresa, como sí lo hizo con la nacionalización del petróleo. Sin embargo, en 1936 los trabajadores estallaron una huelga que, además de exigir la soberanía energética, pidieron un contrato colectivo de trabajo que les asegurara mejores condiciones laborales. Después de paralizar la capital del país durante 10 días, el SME conquistó ese contrato. 

Desde el noveno piso del sindicato, Martín Esparza secretario general del SME, recuerda estos momentos que han dado vida y cuerpo a su gremio. Desde las alturas, miramos la Ciudad de México. Martín habla: 

“¿Imagínate paralizar esta ciudad? Obviamente en esa huelga se dejó suministro para hospitales y bomberos, pero todo lo demás se paró. Así conquistamos el histórico contrato colectivo de trabajo que nos aseguró a los trabajadores condiciones de seguridad e higiene, prestaciones como el derecho a la jubilación, clausulas de vivienda. El contrato colectivo de más avanzada de México y América Latina. No hay multinacional que viva nada más de la caridad, se les arrebató”, dice.

También recuerda las movilizaciones que se generaron junto a usuarios de la energía eléctrica que exigían precios justos, y cómo los trabajadores apoyaron esas protestas. Esta ola de movilizaciones, dice, orillaron a que en 1960, bajo la Presidencia de Adolfo López Mateos, se impulsara la nacionalización de la industria eléctrica en México. 

Discursivamente esta determinación iba a tono con la política nacionalista que se inauguró con Lázaro Cárdenas, sin embargo, la realidad fue otra. 

Antonio Almazán reflexiona, desde otro lugar, sobre esos hechos. 

“La nacionalización fue una especie de mexicanización. Es decir, era la Mexican Light a quien el gobierno compró la mayoría de las acciones, pero algunos de nosotros descubrimos que un porcentaje, alrededor de un 18 por ciento, se mantenía en manos privadas. Y las manos privadas no eran mexicanas, eran básicamente el núcleo duro de los accionistas históricos de la Mexican Light que no aceptaron vender sus acciones para tener la garantía del pago de una deuda con la cual se había hipotecado la empresa en préstamos millonarios en dólares”. 

Así, durante más de 30 años, fue una empresa de sociedad anónima –es decir todavía en manos de capital privado con una mayoritaria participación de capital nacional–, la que manejó la industria eléctrica en el país. Las cosas cambiaron en la década de los noventa. 

El decreto, el neoliberalismo y la coyuntura

En 1987 el gobierno federal, bajo la administración de Miguel de la Madrid, dio un golpe para apoderarse de la directiva sindical del SME. 

El sindicato había estallado una huelga por violaciones a su contrato colectivo de trabajo bajo el liderazgo de Jorge Tapia Sandoval, en ese entonces secretario general. En una asamblea, un sindicalista cercano al gobierno federal, Jorge Sánchez García, criticó las posiciones de Tapia, y dividió las opiniones. El sindicato quedó fraccionado, y la huelga se levantó. Posteriormente Sánchez García se hizo de la secretaría general del SME. 

“Lo que sigue es hecho conocido, porque ya con ese aval, con ese golpe asestado con el apoyo de Miguel de la Madrid, Jorge Sánchez llega a la secretaría general, y de manera paralela entabla una relación con Salinas de Gortari”, recuerda Antonio Almazán. 

Para 1992 la dirigencia sindical del SME negociaba con el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari. Esto se demostró en la reforma a la ley de la industria eléctrica de ese mismo año, donde Salinas introdujo la figura de “productores independientes de energía” en el ordenamiento secundario de esta ley. Lo cual, de acuerdo a los smeitas, abría la puerta al capital privado para invertir en la generación de energía. 

Para ese momento, el sindicato desmovilizado por su dirigencia y una serie de concesiones que el gobierno federal otorgó al SME para controlar a sus bases, hicieron que el sindicato no peleara en contra de esta figura privatizadora. 

Al respecto, Martín Esparza señala que “el SME, cuando se modificó la ley del servicio público, ya con este secretario general, dejaron pasar la reforma. En ese periodo no hubo nada de movilización. Se aprobó en el 83 la creación de la Comisión Reguladora de Energía como un órgano autónomo, y a partir de ahí empezaron a dar permisos de generación a diestra y siniestra, principalmente a las multinacionales”. 

Un año después, sin embargo, las cosas cambiarían de rumbo. 

Almazán recuerda ese momento.

“Hay un cambio en 1993. La gente se hartó en ese periodo de Jorge Sánchez. Salinas lo retribuye dándole incrementos salariales, unos directos a la cláusula de salario, y otros entregándoselos en partidas que le permitieron a él dar incrementos salariales específicos sin revisiones de convenios, para garantizarle una base social propia. Pero la gente se hartó, y él pierde las elecciones en 1993. Quién sabe cómo nos hubiera ido si él hubiera seguido ahí. Yo creo que nada bien”. 

A la par, el 1 de enero de 1994 el SME había iniciado una revisión contractual. Sus demandas eran gremiales, pero la irrupción zapatista de alguna forma radicalizó a las bases de los electricistas. 

Antonio Almazán, en ese entonces trabajador en activo, fue designado como “legislador” para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo. Esta figura es temporal, y es básicamente una representación designada para agilizar las discusiones gremiales, pero que tienen cierta autonomía respecto a la línea de la directiva sindical. 

Él, junto a otro grupo de sindicalistas, planteaban un apoyo directo al alzamiento zapatista. Inclusive, organizaron brigadas que fueron a los caracoles en Chiapas para ayudar a electrificarlos. 

“En las primeras reuniones que hay nosotros planteamos apoyar al EZLN. A la directiva sindical no le agrada la idea, pero pierde esa discusión. Nosotros apelamos a la solidaridad del SME, pues era un sindicato donde además ya había una abierta simpatía a esa insurrección. Lo que hace el gobierno es adelantar la revisión del contrato colectivo de trabajo para evitar que haya una colusión entre lo que nosotros estábamos impulsando y el movimiento zapatista”, recuerda Almazán.

No obstante, ante el clima álgido que vivía el país, los smeitas trascendieron la discusión gremial y presionaron al gobierno de Salinas de Gortari para, finalmente, hacer de Luz y fuerza del Centro un organismo público descentralizado. Es decir, que las acciones que aún tenía la Mexican Light se liquidaran y la empresa productora de energía pasara a ser controlada por el Estado. 

En estos movimientos, asegura Almazán, había una serie de acciones que el gobierno federal ya había emprendido al respecto ocultándoselas a los trabajadores. Sin embargo, con avidez, los sindicalistas lograron acceder a ella. 

“Salinas de Gortari envía a un abogado a solicitar la liquidación de la Mexican Light, argumentando que su sola existencia contravenía el párrafo 27 de la constitución, lo cual era cierto. Pero él ocultó esa información”, recuerda el sindicalista. 

El propósito de Salinas, agrega Almazán, no era el de una política nacionalista, sino que, con la antesala del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la reforma de 1992, “era crear una empresa nacional, pero con capital social abierto. Lo que ahora se puede llamar una asociación público/privada”. 

La coyuntura del EZLN, sumada a la militancia de los sindicalistas, frustraron en parte los planes de Salinas de Gortari, y en vez de crear una empresa público/privada, se decretara que Luz y Fuerza del Centro pasara a ser una empresa descentralizada propiedad de la nación. 

Una victoria, sin duda, para los trabajadores que ya fraguaban el pensamiento de la soberanía energética. Pero el periodo venidero implicaría un nuevo campo de batalla para defender esto, pues aunque en los hechos la nueva empresa debía nacer sin deudas, lo que pasó fue que al crearse LyF ya estaba endeudada. 

La receta neoliberal, y el golpe al sindicato

Aunque con la lucha el SME consiguió el decreto que reconocía a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como un órgano descentralizado, la reforma de 1992 significaba una amenaza a la soberanía energética, pues las concesiones otorgadas a particulares seguían vigentes, en un mercado flexibilizado donde también competían los organismos descentralizados, frente al capital transnacional. 

Las empresas del Estado mexicano, CFE y LyFC, tenían números rojos a partir de deudas heredadas de épocas anteriores. Deudas que, bajo la lectura de Almazán, devenían a la vez de un proceso de subsidiar a las industrias transnacionales que consumían la energía eléctrica. 

A la vez, la corrupción al interior de las empresas paraestatales, como la CFE, así como el control de sus sindicatos, daban pie a quitarles participación en el mercado energético nacional. Para ese entonces, después del decreto, Luz y Fuerza se convirtió en una empresa que solo se dedicaba a la distribución, y ya no a la producción. Le compraban la energía a la CFE, lo cual hacía crecer su deuda. 

Martín Esparza lo dice claro “era un modelo de estos gobiernos para ir desmantelando a la empresa pública. Empezaron a decir que estábamos en números rojos, que había muchos pasivos laborales, era la receta neoliberal”.

De acuerdo con el secretario general del SME, para entonces Luz y Fuerza solo concentraba el 2 por ciento de la producción nacional. Los contratos de la Comisión Reguladora de Energía eran favorablemente para la Comisión Federal de Electricidad, y condicionaron a que LyFC comprara energía a la Comisión. Lo que elevaba los costos para que la paraestatal pudiera distribuir en la región centro del país. 

“El SME siempre se opuso a la privatización de la industria eléctrica. En nuestra zona no había un solo permiso a productores independientes de energía, y alertábamos a los usuarios sobre la privatización”, dice Esparza.

Por su parte, Humberto Montes de Oca, secretario del exterior, asegura que la estrategia que siguió el comité de Martín Esparza fue la defensa de la empresa pública, desde los órganos de gobierno que tenía Luz y Fuerza del Centro. Esta estrategia provocó divisiones al interior del SME. 

Martín recuerda el 2005, cuando es elegido como secretario general. Su proyecto sindical, asegura, iba a tono con profundizar la lucha en contra de la privatización de la industria eléctrica. Inclusive, sin tapujos, afirma que desde entonces ha sido afín a las propuestas del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

“No queríamos que llegara la derecha, pues eso implicaría profundizar la privatización. Apoyamos a Obrador y apoyamos la lucha contra el fraude que le hizo Felipe Calderón”, dice. 

Sin embargo, estas conquistas y pasos en la defensa de Luz y Fuerza se vinieron abajo en 2009. La historia ya se conoce, Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006. Y, desde que fue secretario de energía con Vicente Fox, sus intenciones de favorecer a la iniciativa privada en materia energética se veían venir. Tres años después, asesta el primer golpe a los organismos públicos descentralizados y desaparece a Luz y Fuerza del Centro. 

La embestida y el resurgimiento del Fénix

Después de ese 11 de octubre 44 mil electricistas amanecieron sin trabajo. Las intenciones de desaparecer a Luz y Fuerza, como recuerdan los smeitas, ya eran antañas. Pero este nuevo escenario de lucha significó replegar fuerzas en la pelea por la soberanía energética para defender sus derechos laborales.

Aunque también, precisa Montes de Oca, la visión de la defensa de la soberanía no se dejó a un lado. 

“El problema no era solamente quitar un contrato colectivo, quitar un sindicato democrático que obstaculiza el paso de la privatización del sector. Sino también el efecto de la privatización estaba ya dado en el incremento de las tarifas eléctricas. Entonces nosotros planteamos que era necesario articular una alianza estratégica de la defensa del trabajo, y la defensa del derecho humano a la energía”.  

Marchas, demandas, caravanas y un sinfín de acciones en coordinación se intensificaron. Nació, con esa lucha, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, quienes iniciaron una huelga de pagos mientras los trabajadores demandaban que no desapareciera la empresa y que se respetara su contrato colectivo de trabajo. 

En aquel entonces Almazán, y el grupo de obreros con los que se organizaba, caminaban con el comité encabezado por Martín. Años más tarde se dividieron, debido a diferencias respecto a la gestión del conflicto. Aunque ya había diferencias previas, debido a algunas decisiones del comité encabezado por Esparza, particularmente su participación en la junta de gobierno de la empresa pública.

“Nosotros asumimos la defensa de la empresa pública, desde la empresa pública. Estábamos luchando porque la empresa pudiera remontar su crisis”, replica Montes de Oca. 

La lucha jurídica del SME para defender sus derechos laborales, la empresa pública y anular el decreto con el que Calderón extinguió a Luz y Fuerza del Centro los llevó por un camino contradictorio, pero que sus dirigentes siguen respaldando. De los 44 mil trabajadores que iniciaron la lucha en 2009, 28 mil aceptaron su liquidación. El resto, 16 mil 599, se negaron.

Estos más de 16 mil trabajadores emprendieron una lucha jurídica, primero, explica Montes de Oca, para revertir el decreto. Después para asegurar el pago de los pasivos laborales de los trabajadores. Esto obligó a que en 2012 se ganara un proceso de sustitución patronal, convirtiéndose ahora la CFE en su patrón, lo que aseguró la vigencia del sindicato. Esta sentencia contradecía un laudo que emitió la junta de conciliación en 2010, donde decretaba la desaparición del contrato colectivo.  Pero el camino siguió, y Felipe Calderón pidió a la Suprema Corte de Justicia que atrajera el caso, lo que devino en la anulación de esta sustitución patronal. 

Martín Esparza explica: 

“No pudimos revertir el decreto de extinción. Al final, disminuido el sindicato llegamos a una negociación que permitiera mantener la vigencia del sindicato. En esa negociación, en un memorándum de entendimiento, se estableció que todos nuestros pasivos laborales de los que no nos liquidaron nos los dieran en especie para seguir trabajando”. 

El resultado de esto fue la recuperación de varias centrales eléctricas para generar energía. Así como una concesión por 30 años para utilizar 14 presas, además de administrar más de 50 inmuebles que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro. También se ganó la creación de una cooperativa de producción y de servicios con las fábricas y talleres que tenía Luz y Fuerza, que ya no eran parte del servicio público. 

La soberanía pendiente, y las divisiones al interior

El SME y su cooperativa, actualmente tiene el 49 por ciento de las acciones de la empresa Fénix Generadora, el otro 51 por ciento lo tiene la compañía portuguesa Mota Engil. Y aunque la directiva del SME asegura que es una relación equitativa, en realidad su apuesta es que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgue un contrato con la CFE para generar y vender electricidad en la zona centro del país. Algo que, sin embargo, todavía ven lejano. 

Por su parte, Antonio Almazán se ha convertido un duro crítico de esta visión que encabeza la directiva sindical de Martín Esparza. De fondo, acusa, hubo actos de corrupción por parte de Esparza para llegar a esa negociación. Lo acusa de malversar fondos, y “traicionar” a jubilados y otros trabajadores en las negociaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

“No podemos aspirar a la soberanía energética sino resolvemos las contradicciones al interior del SME. Tenemos que renovar la dirigencia sindical”, dice Almazán. 

Estas divisiones, a su vez, se expresan en dos bandos que todavía confían en que el gobierno federal podrá renacionalizar la energía. Sin embargo, el presidente ha evitado meterse en los conflictos sindicales, no así algunos diputados y senadores de Morena que apoyan claramente al grupo que disiente de Martín Esparza. 

Sin embargo, la base sindical del SME ha refrendado el liderazgo de Martín Esparza en las últimas elecciones al interior del gremio. Han sido procesos controvertidos, donde inclusive la Secretaría del Trabajo ha observado las jornadas electorales. Esparza continuará en la dirigencia del SME, al menos, hasta 2025. 

“Si me quiero reelegir la Asamblea primero tiene que autorizarme a postular a la secretaría general. Después tenemos que ir a votaciones, donde todo el sindicato vota. Yo estoy a favor de la democracia, el SME siempre ha sido un sindicato democrático”, enfatiza Esparza. 

Por su parte, Almazán se muestra optimista, y dice que se puede avecinar el resurgimiento de un sindicato que está en el ocaso de lo que antes fue. Y confiado, asegura que los electricistas seguirán siendo el “motor de la lucha por la soberanía energética en el país: sin nosotros no existe tal cosa”.  

En esto coincide con Esparza, aunque sus visiones a corto plazo son distintas. Mientras, las reformas presidenciales para renacionalizar la industria eléctrica tienen oposición en el Senado, y parece más una bandera electoral, que un hecho. 

“Estamos lejos de conquistarla”, concluye Almazán respecto a una verdadera soberanía energética en el país. “Pero estamos seguros que se podrá lograr”.