El EZLN denuncia una ofensiva coordinada por despojarlos de tierras recuperadas en Chiapas, que incluye desplazamientos forzados, incendios de viviendas y agresiones con respaldo policial-militar. La disputa por un predio de 47 hectáreas, otorgado por el gobierno a particulares, ha dejado al menos 50 desplazados. Organizaciones de derechos humanos alertan que se trata de una estrategia de contrainsurgencia para fracturar la autonomía zapatista y su proyecto de vida en común

Texto y fotos: Laura Buconi

CIUDAD DE MÉXICO. – El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha denunciado una serie de agresiones sistemáticas contra sus bases de apoyo en el poblado Belén, municipio de Ocosingo, Chiapas. Según un comunicado de su Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos, durante los meses de abril a septiembre se registraron incursiones violentas, quema de viviendas y el desplazamiento forzado de al menos 50 personas. Los hechos, respaldados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, habrían contado con la presencia y resguardo de fuerzas federales y municipales, lo que señala una presunta complicidad de los «tres niveles de gobierno».

La raíz del conflicto es la disputa por 47 hectáreas de «tierras recuperadas» que el EZLN ha trabajado colectivamente desde 1994. El gobierno habría otorgado los derechos de este predio, ahora llamado «Huixtán», a una familia del municipio vecino de Huixtán, generando una confrontación directa. A pesar de los intentos de diálogo por parte de las comunidades zapatistas, los incidentes escalaron, culminando con la destrucción de viviendas y el robo de cosechas, según el reporte. Organizaciones civiles como el Frayba y SIPAZ interpretan estas acciones como parte de una estrategia de contrainsurgencia de larga data, que busca minar la autonomía zapatista mediante el uso de conflictos agrarios y actores aliados.

En esencia, el conflicto en Chiapas enfrenta al EZLN y sus comunidades autónomas contra el Estado mexicano y grupos civiles por el control de tierras que los zapatistas reclaman como propias desde su levantamiento en 1994. La denuncia central es que, a pesar de que el gobierno indemnizó a los antiguos propietarios, ahora está favoreciendo a nuevos actores para desalojar a las bases zapatistas, utilizando un despliegue de fuerza pública y grupos afines. Esta pugna agraria es interpretada por los afectados y organizaciones de derechos humanos como un ataque planificado contra su proyecto de autonomía y vida en común, en el marco de una contrainsurgencia que persiste por décadas.

La escalada de la violencia: de las incursiones a la quema de casas

En un comunicado compartido el día 24 de septiembre, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas alerta sobre “ataque, hostigamiento y manipulación” de parte de los tres niveles del gobierno, quienes otorgaron un predio de 47 hectáreas del Poblado Belén (Ocosingo), tierras recuperadas por el EZLN en 1994, a una familia del municipio de Huixtán, y que ahora se nombra “predio Huixtán”. La Asamblea y organizaciones para el mantenimiento de la paz en los territorios reportan al menos 50 personas desplazadas y dos casas quemadas.

El EZLN denuncia que los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto, alrededor de 30 personas pertenecientes al municipio de Huixtán, encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez, resguardados con el Ejército Federal y Policía Municipal de Ocosingo, llegaron al poblado Belén de la región campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, donde estaban viviendo compañeros bases de apoyo zapatistas encargados del trabajo colectivo de la región y de trabajos de milpa común con hermanos no zapatistas.

A pesar de buscar promover un diálogo, el EZLN señala que estos individuos afirmaron que el gobierno les había entregado esos terrenos, y que cuentan con los documentos legales. Asimismo, el EZLN denunció amenazas a sus compañeros, ante las cuales, por acuerdo de la asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, acordaron retirarse para planear su defensa. Posteriormente, el 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio.

El EZLN señala la llegada, el 20 de septiembre, de dos camionetas del Ejército Federal, tres camionetas de la Policía Municipal de Ocosingo y cuatro camionetas de la Fiscalía General del Estado. “Destruyeron, quemaron las casas de los encargados bases de apoyo zapatistas, robaron elotes y lo que se quedaron siguen robando”, denuncian en el comunicado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en entrevista con Pie de Página, reporta al menos 50 personas desplazadas. ”No mentimos al pueblo de México y al mundo que estas tierras ya fueron pagadas por el mal gobierno desde 1996, cuando vivía Manuel Camacho Solís”, declara el EZLN en el comunicado.

“Está claro que es un plan de los tres niveles de los malos gobiernos porque ya fue pagada y porque ahora vuelve a entregar la tierra la que ya está pagada. Lo que busca aquí, la cuarta transformación, es el choque, el enfrentamiento y la guerra. Nuestro intento de búsqueda de diálogo fue en vano. Muchas veces hemos dicho que no queremos la guerra, lo que queremos es la vida en común, pero nos están obligando a defendernos. La cuarta transformación está claro que está al lado de los terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales. Esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México.”

El comunicado se concluye invitando a la búsqueda de la vida en común, concepto introducido y reiterado en los comunicados firmados por el Subcomandante Moisés desde 2023. En este caso, se propone como alternativa “al neoliberalismo en México en contra de nosotros y nosotras”. El gobierno en común se despide con la frase “hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras”.

La contrainsurgencia continúa

El Frayba, en entrevista con Pie de Página, ubica estos hechos como acciones represivas de continuidad de una contrainsurgencia que a lo largo de los años no ha cesado, y que en el actual gobierno de la 4T y de Eduardo Ramírez cuenta con otro tipo de estrategias, “pero que a final de cuentas son acciones para golpear a la autonomía y al proceso de la iniciativa del EZLN que es el común y la no propiedad”.

Afirman que acciones similares de contrainsurgencia, “enmascaradas con acciones agrarias hacia las tierras recuperadas del EZLN”, ya se habían utilizado en el 2006 con la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) con Pedro Chulín, exdiputado del PRI y uno de los líderes reconocidos del grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA). “Lo más visible, lo más tremendo fue en la frontera con Guatemala, en donde las comunidades de Chicomuselo y Comalapa quedaron casi vacías en un desplazamiento terrible que es reconocido por este gobierno, aunque el gobierno anterior, tanto AMLO como el gobierno de Rutilio Escandón, no reconocían esta violencia, decían que todo estaba en paz, que todo estaba controlado”, recuerda el Frayba.

Desde la toma de la presidencia por la 4T, el Frayba habla de estrategias de paz simulada por el gobierno, concepto reiterado en la presentación del informe “Chiapas en la espiral de violencia criminal” (2025). En este caso, afirman que “en su post política de pacificación, lo que (el gobierno) ha generado es una estrategia de simulación de la construcción de la paz, donde está generando pactos de civilidad que hemos estado viendo en varias partes del territorio chiapaneco, queriendo golpear al proceso de autonomía que es más bien la construcción de un pueblo digno que está dando a luz un proyecto de vida, de acuerdo al derecho de ser pueblo originario con sus formas de organización, con sus instancias de justicia y con su gobierno equiparable a otros pueblos originarios”.

Con respecto a la generación, de parte del gobierno chiapaneco, de una acción jurídica de restitución de una tierra que ellos dicen ser propietarios, y de un consecuente despliegue de un operativo que involucra al ejército, la fiscalía y la policía para dar posesión a los presuntos propietarios, el Frayba recuerda que el diálogo entre EZLN y el gobierno sobre la tierra recuperada está suspendido desde la negación de los acuerdos de San Andrés por parte de Ernesto Zedillo en 1996, y el sucesivo rechazo de la ley Cocopa en el 2000.

El Frayba afirma que el EZLN está exigiendo se respeten los derechos colectivos que hoy en día están claramente plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el artículo segundo de la Constitución, donde las poblaciones originarias cuentan con un reconocimiento como sujetos de derechos y en ese sentido al derecho a la autonomía y a la libre determinación.

El Frayba presentó intervenciones directas al Gobierno Federal, a la presidenta de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Derechos Humanos, y en el caso del gobierno estatal, a la Secretaria General de Gobierno, Patricia Conde. “Hemos hablado directamente de todas esas circunstancias de agresiones que desde abril se han dado en diferentes momentos. Todos los meses ha habido eventos de agresiones y ahora estamos frente a una acción más fuerte, la entrada con el ejército y todos sus actores ya mencionados. Estas acciones no son tolerables, crean una provocación directa que puede degenerar en una situación de confrontación directa de hechos de difícil reparación”, afirma.

Señalan que estas situaciones se colocan en una posición claramente política por la defensa de la vida y del territorio, que va desde Palestina a cualquier otro lugar que está siendo amenazado. Denuncian que se está generando una guerra contra los pueblos que están construyendo procesos y proyectos de vida desde sus lugares y trincheras de lucha. Reitera su preocupación hacia violaciones a derechos humanos, en los que el Estado no respeta “a territorios donde claramente, hasta por declaración de ellos mismos, se reconoce la autonomía de los pueblos zapatistas, su derecho a la gestión territorial, a la construcción de esta autonomía, al reconocimiento de su dignidad, en su acción política y construcción de paz”.

“Nos preocupa que el Estado esté reactivando las acciones de contrainsurgencia en el territorio y no respete la posición de construcción alternativa de defensa del territorio en esta iniciativa del común y la no propiedad. El EZLN da evidencia de una lucha por la vida y por el territorio, de formas que se constituyen en acciones diferentes al sistema capitalista que es un sistema de destrucción, de muerte en esta posición extractivista y de destrucción de la vida”, concluye.

Las estrategias de la contrainsurgencia

El Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) —una presencia internacional permanente en Chiapas desde 1994 para ayudar a detener o frenar los riesgos de salidas violentas al conflicto— observa que, en cuanto a la estructura de esta contrainsurgencia, en estos 31 años desde el levantamiento zapatista las estrategias han sido variadas y distintas. Además, observa que muchas veces las agresiones no las verifica necesariamente el Estado directamente, sino que actores aliados las ejecutan sobre el frente legal, aprovechando la falta de claridad y la suspensión del diálogo sobre las tierras recuperadas.

“Pueden actuar en la minimización o descreditación a nivel mediático; otro elemento que ha sido también bastante significativo en los últimos años es hacer el vacío alrededor del actor”.

SIPAZ afirma que, aún con diferencias, se retomó la secuencia del Plan de Campaña Chiapas 94: “dividir para reinar, agresiones selectivas, control mediático y de rumores, construcción de un cerco militar y acciones de grupos que no calificaría como paramilitares, pero en todo caso con una agenda de golpeteo hacia el actor”.

“Lo llamativo de esas últimas agresiones”, prosigue SIPAZ, “es que se dieron en la zona que más se ha consolidado por parte del EZLN en el último periodo. Los encuentros se han dado justamente en la zona de Dolores Hidalgo”.

En cuanto a la disputa sobre la propiedad de las tierras recuperadas, SIPAZ señala que hay elementos históricos que caracterizan la situación agraria del país, como la falta de documentos de propiedad clara, de delimitación, etcétera. “Esa es una dificultad que se presenta en muchos conflictos agrarios en el país, donde la autoridad no siempre ha jugado un papel de querer ayudar, sino más bien de beneficiar a un grupo sobre el otro. Hay una tendencia histórica de posicionarse sobre la tierra como una forma para legitimar su obtención. Muchas veces los papeles no quedan bien diseñados y se genera una ambigüedad de las múltiples formas de propiedad agraria que tiene el país, incluyendo la colectiva, la indígena y la privada. Lo que predomina en zonas indígenas son propiedades ejidales o comunales.”

“En el ‘94 el Instituto de Derechos Indígenas reclamó como suyas distintas tierras, como una forma de partición agraria, y eso fue puesto en discusión en las mesas de diálogo en San Andrés. A raíz de eso se dio una primera indemnización a pequeños propietarios, no necesariamente terratenientes. La percepción de quienes estamos en Chiapas es que cada sexenio esos pequeños propietarios buscan sacar más dinero sobre esas tierras a las que renunciaron. En algunos casos, quienes pelearon las tierras al EZLN eran otras comunidades indígenas, y la contrainsurgencia del ‘95 hizo que justamente esos grupos se dividan porque el Estado empezó a entregar documentos agrarios sobre territorios, dando pie a una dificultad añadida para discernir la propiedad de las tierras”, explica SIPAZ.

Solidaridad nacional e internacional

El EZLN ha encontrado un cobijo y un respaldo por la solidaridad nacional e internacional. En San Cristóbal de las Casas y en la Ciudad de México se convocaron marchas para pedir un alto a las agresiones a sus bases de apoyo, que se solidarizaron con su lucha, la lucha del pueblo palestino y de todo territorio que enfrenta situaciones de desplazamiento.

El 10 de octubre, en la Ciudad de México, un contingente de alrededor de 200 personas entre voceros del EZLN, asociaciones civiles, solidarios y medios de comunicación marcharon desde el Antimonumento Palestina Libre hasta el Zócalo de la ciudad.

Mujeres zapatistas denunciaron que los tres niveles de gobierno, entregando las tierras recuperadas a sus supuestos dueños, fomentan la manipulación de la información: “Curiosamente otorgaron las tierras a otra comunidad indígena sosteniendo que ellos son los dueños. Son nuestras hermanas, son nuestros hermanos, también indígenas y no tenemos por qué pelear con ellas ni con ellos. Conviene hacer creer al pueblo de México y al mundo entero que los pueblos se están peleando, se están disputando un pedazo de tierra y no es así. Por eso hoy estamos aquí para decirle a la presidenta Claudia que regresen esos terrenos que son terrenos recuperados, tierras que trabajan nuestras hermanas y hermanos zapatistas desde su levantamiento.”

Bárbara Zamora, asesora del EZLN durante la negociación con el Gobierno mexicano que desembocó en los acuerdos de paz de San Andrés, cuestionó frente al Palacio de Gobierno: “lo que es absolutamente extraño es que si esas personas realmente sabían que tenían un derecho sobre esas tierras, ¿por qué esperaron 30 años para venir a reclamarlas?

A raíz del levantamiento armado del EZLN, el gobierno pagó miles de hectáreas a los hacendados y a los ganaderos para hacer justicia en una de las demandas del EZLN, que es la tierra. Esas tierras, además de que ya les fueron pagadas a esos ganaderos, agricultores, que en aquel momento se ostentaban como propietarios, se las pagaron, pero además el EZLN y las bases de apoyo han tenido la posesión pública, pacífica y continua de esas tierras y las han trabajado y las han hecho producir durante 30 años, lo que también asevera un derecho de posesión sobre esas tierras que las autoridades de ningún nivel pueden ignorar”.

“No solamente las bases zapatistas se benefician de estas tierras ocupadas”, prosiguió, “también se benefician los hermanos no zapatistas. Porque para los compañeros zapatistas, la tierra no tiene dueño. La tierra se trabaja en común. La tierra es para todos y los frutos de esa tierra se reparten entre todos”.

“El EZLN es la semilla de un mundo nuevo, es la semilla de la justicia, es la semilla de la igualdad para los hombres y las mujeres y es nuestro deber defenderlo. No podemos quedarnos callados y no podemos permitir que sigan despojando de sus tierras a nuestros hermanos zapatistas.”

Reflexiones sobre lo común

El 15 de octubre en la librería Volcana Lugar Común, en la Ciudad de México, se realizó el conversatorio “Bordando en común: diálogos feministas entre el zapatismo y la lucha Palestina”, con la participación de Nofret Hernández, Mariana Mora y Carolina Díaz.

Mariana Mora, doctora en antropología, propuso unas reflexiones sobre los conceptos de autonomía y del común. “La autonomía siempre es algo que se posiciona frente a, en relación con el Estado, por ejemplo. Es la autonomía de una comunidad o de un movimiento o de un territorio en relación a las instituciones estatales, pero siempre en relación a estructuras de poder. El común no. El común no está interpelando al Estado. No de manera directa.”

“El común nos está mirando hacia dentro, hacia nosotras, nosotros, y está preguntándonos cómo vamos a sobrevivir y cómo nos vamos a sostener y qué tipo de lazos y de vínculos tenemos que retejer y activar desde las memorias propias de los pueblos, las memorias que tenemos en nuestros cuerpos y de lo que nos han contado nuestras familias, y cómo las vamos a poner en diálogo para crear otras cosas, que también tienen un arraigo histórico, corporal, intergeneracional, ancestral, y también pueden apuntar hacia otros horizontes. Entonces, si entendemos que el común es eso, no es mirar al Estado, los y las que tenemos las respuestas, somos nosotros mismos, mismas.”

“Nuestra energía está volcada entonces hacia vernos y no hacia el reclamo del Estado como agente del cambio. Me parece que hay un giro importante en esta propuesta zapatista del común. Otro elemento que me parece relevante es que no hay una receta, muy al estilo del método ético-político zapatista del no tirar línea.
Moisés traza dos líneas muy generales del común: primero hace un llamado a la no propiedad, que es algo bien difícil de concebir, pero creo que es fundamental. La otra es el autogobierno o el proceso de autoorganización. Lo demás nos corresponde a nosotras, a nosotros.”

Mora piensa en el común como una provocación y una reflexión de cómo desarrollar la acción política solidaria en tiempos de genocidio, contrapuesta a la demanda de legitimización y al morbo:

“Ser testigo de un genocidio no es para decirle al Estado: ‘Hay un genocidio y tú me tienes que reconocer y tienes que reconocer mi voz y validar mi voz’. Eso activa el morbo porque tienes que justificar a las estructuras de poder que te están matando, que reconozcan que te están matando. Es muy distinto ser testigo diciendo ‘Te estoy mirando, desde tu dolor, conéctate con mi dolor y vamos a actuar de manera colectiva’”.

Menciona a la brasileña Vilma Piedade, quien habla de la doloridad en lugar de la sororidad, como discurso que “desde los dolores que implica un despojo territorial y una ruptura sistemática de las posibilidades de un futuro para su pueblo, desde ahí quiero que me mires con ese dolor que también tienes en tu familia o en tu pueblo o en tu comunidad”, y propone que nos relacionemos desde una doloridad con el pueblo palestino, con los pueblos zapatistas y todos aquellos que sufren despojo.

Carolina Díaz, escritora y antropóloga social, propone entender el común como el hecho de entender que todos nos estamos cuidando, desde la revalorización del espacio doméstico y no solamente para el autocuidado, sino para el cuidado colectivo también. “La dimensión de lo afectivo es fundamental y hay que siempre preguntarnos quién nos ha cuidado en nuestra vida. ¿Quién ha hecho posible que hoy estemos aquí? ¿Quién quién nos ha cuidado en la cocina, por ejemplo, quién nos ha alimentado, las mamás ahí están y siempre han estado, y justo estos espacios que han sido infravalorados, que han sido devaluados, justamente son los que hacen posible que se sostenga la vida”.

Mariana Mora aporta una reflexión sobre la posibilidad de concebir los cuidados más allá de la división público/privado, y de la relegación de lo doméstico a la esfera privada y al trabajo de mujeres. “Pienso nuevamente en territorio zapatista, pero también sucede en territorio ayuuk, y en otros lugares, donde para sostener la vida en la comunidad, hay que cuidar el bosque, y eso no se reduce al trabajo de mujeres. Hay que sembrar la milpa y cultivar la milpa, cuidarla y cosechar y agradecer y hacer los rituales y eso no se reduce al trabajo de mujeres. Tenemos muchos ejemplos en nuestra cotidianidad donde los cuidados ni se reducen a la esfera doméstica, ni mucho menos a lo privado, ni al trabajo de mujeres, sino que es algo que nos corresponde a todes.”

“Creo que también otra aportación fundamental de los feminismos ha sido enunciar que lo personal es político, pero a veces porque nos enseñan que la acción política es otra cosa o que lo público está separado de lo privado y lo doméstico no tiene que ver con lo público. Creo que hay un ejercicio político importante en estos momentos de una política de la escucha hacia la otra persona, pero también hacia mi propia experiencia para ver que hay respuestas que ya tenemos. El común se anuncia con una propuesta política en estos tiempos de crisis. Me parece que hay un llamado, cuando las cosas están por reventar, en el que en lugar de apostarle a lo más pragmático que tenemos en frente, hay que lanzar una piedra hacia lo más lejano”.

SIPAZ resalta la tendencia visionaria del EZLN, que está planteando una estrategia de resistencia desde una no sorpresa ante las agresiones y una preparación colectiva y a nivel de información. Lo describe como uno de los movimientos que mantiene una proyección a futuro de larga duración, que pasa por la idea de creación de comunidad y del común, resaltada por ejemplo en la “Tercera Parte: Dení” de los comunicados de finales de 2023. Dení es una niña indígena maya de 5 años de edad en el momento de la difusión del comunicado, que a los 20 años tendrá una hija, que a su vez tendrá su cría, y así por siete generaciones.

“Entonces nosotros tenemos que luchar para que esa niña, que va a nacer en 120 años, sea libre y sea lo que se le da la gana ser. Entonces no estamos luchando para que esa niña, que va a nacer en 120 años, sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir, cuando tenga juicio, cuál es su camino. Y no solo que pueda decidir libremente, también y sobre todo, que se haga responsable de esa decisión. Es decir, que tome en cuenta que todas las decisiones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, tienen consecuencias. Entonces se trata de que esa niña crezca con todos los elementos para tomar una decisión y para hacerse responsable de sus consecuencias.”