Un pequeño pueblo del municipio de Comala, en Colima, ha defendido su territorio durante 8 años de dos concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la colusión de las autoridades locales en conjunto con los empresarios mineros han provocado que las decisiones emanadas de su Asamblea comunal no se respeten, lo que ha derivado en una división al interior del pueblo 

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

ZACUALPAN, COLIMA.- Las paredes de este pequeño poblado del municipio de Comala, en Colima, dan cuenta del largo camino que las y los comuneros de Zacualpan han emprendido desde el 2013: la determinación de no dar un paso atrás para defender su territorio de la minería. 

“Al gobierno no le interesan nuestros problemas, nos han querido meter la minera a fuerzas, no respetan nuestra asamblea de comuneros, no respetan a nuestras autoridades, no respetan nuestra autonomía”, señala Juanita, una comunera integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).

En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó dos concesiones de explotación minera dentro del territorio del pueblo de Zacualpan, Colima; el cual es habitado por indígenas nahuas del occidente del país. 

“Dicen que aquí hay oro”, señala Juanita, quien recuerda la forma en que las autoridades estatales se coludieron con el representante legal de la empresa  minera, Rigoberto Verdugo Rodríguez, quien en un primer momento se acercó a la comunidad para persuadirlos de que aceptaran la explotación minera en su territorio.

“Vinieron los representantes de los mineros, queriendo que la comunidad, que la asamblea de comuneros, aceptara que se trabajara una mina en el cerro, cerca del manantial, pero nosotros no aceptamos, el tribunal agrario nos dijo que si no aceptamos no iba a haber mina,” continúa. 

Ante la negativa de los comuneros de Zacualpan, los empresarios mineros actuaron en conjunto con las autoridades del tribunal agrario del gobierno de Mario Anguiano Moreno. 

Primero, denuncia Juanita, comenzaron a convencer a algunos comuneros, quienes desconociendo los acuerdos de la asamblea comunal, comenzaron a firmar permisos bajo el aval de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera.

Esto provocó que la Asamblea comunal iniciara un proceso de litigio para nombrar a un nuevo Comisariado de Bienes Comunales, lo cual lograron en un par de meses. 

Díaz Rivera, sin embargo, comenzó a entrometerse en las decisiones de la comunidad, desconociendo primero a sus representantes electos para después promover asambleas “amañadas” que convocaba con base en desinformación.

“Ella no respetaba los acuerdos y empezó a dividir a la comunidad”, señala María Teresa, otra de las comuneras que integran el CIDTZ. 

“Una vez, incluso”, continúa Teresa, “ los compañeros se enteraron que la delegada agraria estaba convocando a una asamblea y bloquearon la carretera para que no entrara, pues nadie estaba de acuerdo. Y fíjate que la muy canija llegó en helicóptero e hizo una asamblea sin autorización con comuneros y gente que ni de la comunidad es”.

El conflicto continúo, y ante la negativa de las autoridades estatales por respetar las decisiones de la comunidad, las y los comuneros de Zacualpan decidieron realizar un bloqueo carretero de más de 10 horas y tomaron el pozo de agua que abastece a toda la ciudad de Colima. 

“Nosotros sabíamos que la mina se iba a acabar el agua de nuestros manantiales, a afectar nuestro territorio, y decidimos cerrarles la llave a la ciudad para llamar la atención de las autoridades y que sintieran lo que estaba en juego, pues no solo es el agua de Zacualpan, sino el de todo el estado.” señala Juanita. 

La respuesta del gobierno del estado fue rápida, pues las consecuencias de este bloqueo y toma del pozo de agua fueron evidentes, Colima se estaba quedando sin agua. 

En pocas horas el secretario de gobierno de Manuel Anguiano, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, acudió acompañado de un cuerpo de granaderos para “negociar” la liberación del pozo, sin embargo la comunidad exigía la presencia del gobernador para entablar cualquier diálogo. 

“Esto fue una demostración de fuerza nuestra, y queríamos que el gobernador nos diera su palabra de que iba a dejar de entrometerse en nuestra asamblea comunal y que iba a cancelar las concesiones mineras, no llegó, y cuando se fue el secretario de gobierno nos mandó una tanqueta junto con más granaderos”, recuerda Teresa. 

Aunque no hubo heridos, y la tanqueta fue solo para intimidar a la comunidad, las y los comuneros levantaron el plantón al cabo de un par de horas para evitar posibles actos de represión, aunque comenzaron a cobrar conciencia de que “el único camino era la organización”.

“A raíz de eso muchos de los grupos que compró la del tribunal agrario comenzaron a intimidarnos, reventaban nuestras asambleas con machetes, bloqueaban el acceso al pueblo para que grupos que venían a observar nuestra organización no pudieran pasar, pero nosotros seguíamos firmes en que íbamos a defender nuestro territorio, nuestra asamblea comunal y nuestra agua, así es como nace el consejo indígena por la defensa de nuestro territorio”, añade Juanita. 

Una de las figuras centrales de esta organización fue la comisariada de bienes ejidales, Epitacia Zamora, quien al poco tiempo falleció por leucemia y orilló a que la comunidad eligiera a un nuevo representante, siendo electo el señor Taurino. 

Empero, la Procuraduría Agraria, y sus grupos afines al interior de la comunidad, seguían obstruyendo las labores del nuevo comisariado, ante lo cual el CIDZ comenzó a librar una batalla legal para el reconocimiento de sus autoridades. 

Hasta el día de hoy este juicio sigue sin resolverse, y el caso fue presentado ante el Poder Judicial de la Federación lo resolviera desde el 2020, sin embargo la pandemia por covid-19 ha retrasado dicha resolución, y después del proceso electoral las integrantes del CIDZ acusan que los partidos políticos han dividido aún más a su comunidad.

“La mina no ha operado, pero las concesiones ahí siguen, no se han revocado”, acusa Teresa. Y agrega que una de las promesas de la actual gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, ha sido resolver las demandas de la asamblea comunal, pero acusa que las intenciones del gobierno son convertir en ejido a la propiedad comunal de la tierra que hoy rige a Zacualpan. 

“¿No sé qué les cuesta reconocernos como indígenas? Si sí lo somos, y tenemos nuestras propias autoridades, somos comuneros y los partidos solo nos han dividido”, enfatiza. 

Crimen organizado

La presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación en la región, a quienes varios comuneros acusan de estar detrás de las intenciones de explotar la mina, es otro factor que, sumada a la división interna en la comunidad, ha provocado la tensión y desencuentro entre los habitantes de Zacualpan. 

“Aquí vamos a seguir peleando por la autonomía, pues la propiedad comunal de la tierra es la vía que tenemos para defender nuestro territorio y nuestros recursos, si somos autónomos podemos lograrlo, podemos hacer más de lo que el gobierno nos ha dado, que es nada. No podemos depender del gobierno y así no nos va a decir qué hacer”, señala Teresa. 

Hoy Zacualpan sigue expectante a que se respete su derecho a decidir sobre su territorio y sus recursos, pero sobre todo, a que se cancelen todas las concesiones mineras que fueron otorgadas sin el permiso de la comunidad.