Luis Armando Mendoza Casanova fue propuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento se pudo concretar con el voto del PAN y sus aliados (PRI, Nueva Alianza y Verde). A Mendoza Casanova se le recuerda por liberar a un hombre que violó a una niña de seis años

Texto y fotos Herbeth Escalante

MÉRIDA, YUCATÁN.- A pesar de los reclamos de agrupaciones feministas y de un fuerte debate legislativo, el exjuez y consejero de la Judicatura, Luis Armando Mendoza Casanova, fue nombrado magistrado del Poder Judicial de Yucatán. No importaron las acusaciones públicas sobre violencia de género, hostigamiento laboral y por su cuestionado actuar como juzgador, pues incluso se le recuerda por dejar libre a un hombre que violó a una niña de seis años.

El controvertido nombramiento se pudo concretar con el voto mayoritario del PAN y sus aliados –PRI, Nueva Alianza y Partido Verde- en el Congreso del Estado, cuyos diputados guardaron silencio mientras se escuchaban las exigencias de la sociedad civil que se oponía a que un agresor fuera nombrado magistrado.

Mendoza Casanova fue propuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, a casi dos años de que se aprobó la controvertida reforma que desmanteló al Poder Judicial de Yucatán. ¿Qué tanto le debe el gobernador al juez? Ese fue el cuestionamiento constante que las activistas feministas hicieron durante el debate público de este caso.

El Congreso yucateco es cuna de la Ley 3 de 3, la cual fue impulsada y aprobada a nivel nacional para que ningún agresor de mujeres o deudores alimentarios llegue al poder ni ocupe cargos de representación popular. Sin embargo, pareciera que los mismos legisladores que la promovieron y presumieron, la quieren sepultar.

Además, los legisladores no tomaron en cuenta lo establecido en el artículo 65 de la Constitución yucateca en su fracción II, relativa a que para ser nombrado magistrado se debe de contar con una trayectoria laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en el que se pueda evaluar su conducta ética.

También ignoraron el apartado VIII de ese mismo artículo, que recalca que no debe tener antecedentes penales por violencia familiar, violencia laboral contra las mujeres, violencia institucional, hostigamiento sexual, entre otros.

Exhorto ignorado

Apenas el pasado 29 de noviembre, el Congreso local dio a conocer que el gobernador Vila envió dos ternas para designar a los nuevos magistrados del Poder Judicial, y en una de éstas se incluyó a Mendoza Casanova, quien es señalado públicamente por sus antecedentes de violencia contra las mujeres, violencia laboral y por sus resoluciones contrarias a proteger a la niñez cuando fungió como juez de control.

La Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy), asociación civil que promovió la Ley 3 de 3, lanzó un exhorto a las diputadas y a los diputados para retirar el nombre de un agresor de las ternas y exigieron congruencia.

La presidenta de esta asociación, María Eugenia Núñez Zapata, sostuvo que la sola postulación de dicho personaje significa que, desde los Poderes de Yucatán, se está tratando de violentar la esencia de dicha ley.

La activista advirtió que si las legisladoras y los legisladores aprobaban el nombramiento de Mendoza como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se estarían dando un disparo en el pie, ya que ellos mismos aprobaron la Ley 3 de 3 y el Congreso yucateco fue pionero a nivel nacional.

Núñez Zapata recordó que el 29 de julio del 2022, en la víspera de que se promulgara esa normativa en Yucatán, el Poder Judicial lo nombró consejero de la Judicatura, sin importar los antecedentes de ser denunciado penalmente de violencia familiar por dos de sus exparejas. En esa ocasión protestaron afuera del Tribunal yucateco, pero fueron ignoradas.

“No es posible que el Ejecutivo no haya revisado el pasado violento de esa persona ni nuestras demandas antes de integrarlo en las ternas. Primero lo hicieron consejero de la Judicatura y un año después lo quieren hacer magistrado, esto no tiene explicación”, apuntó.

Pasado violento

Justo cuando se realizaba el proceso para que Luis Armando Mendoza sea nombrado consejero de la Judicatura en el 2022, salió a relucir su pasado violento y las razones por las que fue suspendido de su cargo como juez de control.

En el acta de la decimoprimera sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, realizada el 15 de julio de ese año, consta que durante la discusión de su nombramiento, la magistrada Leticia Cobá Magaña advirtió que dicha persona no tiene honorabilidad para ocupar puestos en el Poder Judicial.

La magistrada hizo referencia en que existen dos expedientes penales, el 06-1514-2000 y el b1-372-2015, que dan cuenta de las denuncias que fueron presentadas por dos víctimas de violencia cometidas por Armando Mendoza, por lo que con esos antecedentes no debió ser postulado ni consejero de la Judicatura, ni nombrado magistrado. 

“No reúne las características relativas a la honorabilidad y honestidad, porque es de todos conocido que el juez ha tenido denuncias por situaciones familiares que inclusive trajeron como consecuencia que se le suspendiera del cargo por un lapso de tiempo en el año 2015”, recalcó en esa ocasión la juzgadora. 

Cobá Magaña se opuso al nombramiento de Mendoza como integrante del Consejo de la Judicatura, pero con el voto de los magistrados afines a Vila, se concretó su designación.

Durante todo este tiempo se escucharon quejas de las y los trabajadores judiciales por los malos tratos, hostigamiento laboral, amenazas y despidos por parte de dicho consejero. Por eso la indignación creció cuando se supo que, a manera de “premio”, fue postulado magistrado por el propio gobernador.

El violador absuelto

A pocos días de que el Congreso del Estado discutiera los nombramientos de los nuevos magistrados de Yucatán, se dio a conocer el caso de una niña de seis años, quien fue víctima de violación en 2014,  cuyo agresor fue absuelto por Luis Armando Mendoza cuando fue juez de control.

En el juicio se presentaron los resultados de los exámenes ginecológicos y de las pruebas realizadas por especialistas de la Fiscalía General del Estado, y existían declaraciones de la propia víctima menor de edad. Sin embargo, dicho juzgador lo dejó libre argumentando que “las pruebas allegadas a la causa eran insuficientes para establecer la plena responsabilidad del acusado (sic)”.

Los hechos ocurrieron el 17 de abril 2014 en la casa familiar en donde vivía la víctima. La madre de la menor la encontró en el baño desangrándose y de inmediato la llevó a una clínica del IMSS para recibir atención médica. Desde entonces, inició un largo proceso penal para exigir justicia.

En la sentencia dictada por Armando Mendoza se asentó que si bien las pruebas aportadas eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de violación equipara agravada en contra de la niña, los elementos probatorios de la Fiscalía de ninguna forma eran idóneos para demostrar, sin dudas, la plena responsabilidad del implicado. Por lo tanto, lo dejó libre.

De acuerdo con la Toca 153/2019, de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia que revisó la apelación de la sentencia, el entonces juez determinó que “el único elemento que gravitaba en contra del enjuiciado era la declaración de la menor; pero que esta declaración, en la que la ofendida hace ‘declaraciones muy severas al inculpado (sic)’, requiere para corroboración, que estén determinadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito, así como que existan en autos medios de convicción inequívocos de la participación del acusado (sic)”.

Los magistrados que integran la Sala en segunda instancia constataron que sí existían elementos de prueba suficientes en contra del violador y revocaron la sentencia de Mendoza. Finalmente, el acusado fue sentenciado a 28 años y seis meses de prisión.

Como parte de las medidas de no repetición en la resolución de la Sala, se instruyó al Pleno del Consejo de la Judicatura a que, por conducto de la Escuela Judicial, se diseñe e implemente un programa de formación y capacitación teórico-práctico, evaluable y medible en su impacto para actualizar y capacitar al Juez Luis Armando Mendoza Casanova en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, así como de los estándares de recolección, admisión y valoración de la prueba en casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Se desconoce si él tomó esa capacitación.

Nega acusaciones

Como parte del proceso de nombramiento de magistrados, Luis Armando Mendoza tuvo que comparecer ante diputadas y diputados que pertenecen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Justicia y Seguridad Pública. En su breve intervención declaró que tiene una carrera profesional limpia y negó las acusaciones en su contra.

“Nunca he sido sancionado penal ni administrativamente por ningún cargo en mi contra en los 20 años de servicio en el Poder Judicial, ni siquiera me han levantado un acta administrativa, tengo una carrera limpia”, recalcó.

De hecho, cuando legisladores de oposición le preguntaron si fue suspendido en el año 2015 por las denuncias de violencia de género, se limitó a decir que él mismo se separó de sus funciones para atender asuntos familiares (sic).

En esa reunión, el legislador de Morena, Rafael Echazarreta Torres, le preguntó si lo han obligado a tomar cursos de capacitación relativas a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, en específico por el caso de la Toca Penal 153/2019. Él manifestó que no recuerda ese caso, porque fue juez de control durante 11 años y atendió muchos y diversos asuntos, además de que aseguró que nadie nunca lo ha obligado a capacitarse en esos temas como parte de las resoluciones en segunda instancia.

En esa sesión se vivieron momentos tensos, porque el mencionado diputado solicitó nuevamente la palabra y leyó parte de la Toca de Sala Colegiada Penal Mercantil del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia en la que se revocó la sentencia emitida por Mendoza en la que dejó libre a un violador, y en la que se ordenó que tenía que tomar las mencionadas capacitaciones, evidenciando que mintió en su comparecencia. 

Indigna nombramiento

En la sesión del Congreso del Estado realizada el pasado 12 de diciembre, Luis Armando Mendoza Casanova fue designado magistrado del Poder Judicial de Yucatán con 18 votos a favor del PAN y sus aliados. En pleno debate legislativo, las feministas que lograron ingresar al recinto exigían a gritos congruencia a los diputados y que rechazaran el nombramiento de esa persona.

Al inicio de la sesión, la diputada Carmen González Martín solicitó licencia del cargo para no ser parte de esa votación. Fue la única de la bancada del PAN que, con ese acto, dejó en evidencia que estaba en desacuerdo con la “orden” del gobernador Mauricio Vila.

Mientras los panistas lucían incómodos, el morenista Rafael Echazarreta se subió a la Tribuna para advertir que decisión marcará de por vida a la actual Legislatura, que la Ley 3 de 3 estaba a punto de morir  y que no era posible que sea nombrado magistrado un hombre que absolvió a un violador.

“¿Ese es el hombre que quieren impartiendo justicia? Su actuar no es a favor del pueblo ni de las mujeres. Voten con conciencia, con el corazón, voten por sus hermanas, por sus hijas, por su vida”, declaró.

Por su parte, el legislador del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, lamentó que haya una línea para designar a una persona que no sólo no cumple los requisitos, sino que mancha totalmente la investidura del Congreso del Estado.

“Nos proponen como magistrado a un individuo señalado como agresor de mujeres, que maltrata a las mujeres, que como juez dejó libre a un hombre que violó a una niña ¡Qué situación más negativa e incongruente!”, exclamó.

De igual manera, la diputada de Morena, Rubí Be Chan, precisó que nombrar a Mendoza como magistrado envía un mensaje equivocado y peligroso que va en contra de los compromisos del Congreso sobre la igualdad de género y los derechos humanos de la niñez. 

Ningún diputado de la bancada mayoritaria solicitó la voz para contraargumentar ni defender la postulación de Mendoza o la propuesta de Vila. La votación se hizo con papeletas y se concretó el nombramiento.

A los pocos minutos, Mendoza entró al Pleno del Congreso para rendir juramento como magistrado del Poder Judicial de Yucatán, mientras que los diputados de oposición se retiraron de sus curules. Por su parte, las feministas se pusieron de pie desde las gradas, le dieron la espalda y empezaron a gritar “un violentador no puede ser magistrado”.

Las mismas activistas anunciaron que ahora iniciarán una lucha legal para revertir este indignante nombramiento, no sin antes advertir que las mujeres en Yucatán están en peligro.