Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que sigue publicitándose barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos. Respaldo político mediante, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de “coyotes”, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan impetuosas en las comunidades mayas acechadas por los zares del concreto

Texto: Patricio Eleisegui / Jaltun

Fotos: Robín Canul y Patricio Eleisegui

YUCATÁN. – Una avanzada que se promociona como el más provechoso de los desarrollos, pero que en su ADN encierra un atropello de derechos contundente y con pretensiones de perpetuidad, se despliega en el territorio de Yucatán. Iniciadas hace menos de dos décadas, aunque intensificada sobre todo en el último bienio, las situaciones de despojo y apropiación ilegal de tierras rurales y lotes urbanizados por parte de actores ligados a la más depredatoria actividad inmobiliaria se han vuelto una constante en el distrito que gobierna Mauricio Vila Dosal.

A raíz de esta voracidad comercial, pueblos y comisarías mayas sobre todo cercanas a Mérida, la capital del estado, transitan instancias de violencia que en la actualidad se intensifican a ritmo prácticamente semanal. La vulneración de derechos y libertades emerge y se esparce sobre todo en aquellos espacios donde aún la organización ejidal y la labor comunitaria en el territorio respiran con fuerza. Las y los campesinos en tanto defensores de los ecosistemas, así como también la posibilidad de la autonomía económica y alimentaria, son objeto de una ofensiva que se agiganta a la sombra de la promoción feroz de Yucatán como plataforma de negocios exitosa en el sureste mexicano.

Esta combinación de violencia e ilegalidad de la que son víctimas las comunidades mayas del estado, basada en gran medida en la quita despiadada de territorios históricos, resulta inseparable de una evolución acelerada del negocio de los bienes raíces a partir de la acción de auténticos “coyotes” de la tierra –esto es, empresarios, asesores legales y prestanombres dedicados a la compraventa irregular de lotes–.

Y la instauración de un proceso de burbuja inmobiliaria que, ligado al accionar de esas mafias y basado en la aceleración de los precios de inmuebles construidos y terrenos por ocupar, ocurre pese a la inexistencia de una demanda real y sostenida de propiedades y superficies para la construcción con fines habitacionales.

Todo este proceso resulta maquillado y presentado en sociedad como un sano nicho de negocios, siendo que se asienta sobre un engranaje cada vez más aceitado de apropiaciones ilícitas, intentos de despojo, amedrentamiento judicial, violencia policial y parapolicial, y fraudes de toda índole extendidos sobre gran parte de las comunidades mayas del estado.

Precisamente esos pueblos hoy son cimiento inconsulto de los casi 300 mega desarrollos inmobiliarios que, según datos de especialistas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se activaron en el estado durante las últimas dos décadas.

Claro que no cualquier tierra es acechada por compañías y “coyotes”: la predilección de estos actores se concentra en espacios que aún disponen de agua, monte y otras bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de dos tipos de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y “coyotes”. Esto es, el desarrollo de privadas y fraccionamientos, y la comercialización de lotes de inversión.

El primero comprende la propagación de aglomeraciones de viviendas premium –por lo general a partir de paquetes que incluyen “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamiento exclusivo, zonas de juegos infantiles, entre otras–, de acceso privado.

El segundo, emparentado también con el desarrollo de fraccionamientos y privadas, posee la particularidad de que comprende la compraventa de parcelas pero de futuros emprendimientos que, por lo general, nunca pasan del “render” que diseñan los actores inmobiliarios detrás de la comercialización. En ese caso, el negocio consiste en la reventa incesante de terrenos que, por efecto de la misma burbuja, tienden a subir su cotización hasta alcanzar un determinado techo.

Es común que ese pasamanos adquiera ribetes de estafa en tanto, al verificar qué es lo que compró, el último inversor que se queda con la propiedad del lote suele encontrarse con que su terreno está emplazado en una privada cuya construcción ha sido abandonada por completo. Komchén, Cosgaya, Sierra Papacal y Kikteil, al norte de Mérida, son algunas de las poblaciones linderas a iniciativas que no han pasado del desarrollo de la caseta de vigilancia o el portal de ingreso a cada loteo.

La compraventa de lotes de inversión se asienta sobre una ingeniería financiera de la que toman parte desde las entidades bancarias más consolidadas hasta las mismas desarrolladoras.

Por el lado de los bancos, empresas como Banorte, Banregio y BBVA Bancomer ofrecen financiamiento que puede llegar al 90 por ciento del valor del terreno, a tasas de interés fijas y con enganches irrisorios –del 10 por ciento, según la firma–, sin comisiones por pago anticipado y por plazos de hasta 20 años. Un paquete que sólo se explica a partir de la apropiación ilícita de superficies, el acceso a tierra barata del que gozan constructoras y actores inmobiliarios en general o de subsidios gubernamentales apalancados en el erario público.

Las desarrolladoras van incluso más allá: además de ofrecer prácticamente lo mismo que los bancos, la mayoría de estas empresas añade la condición de reducir trámites, incluye algunos meses sin interés, exime al cliente del requisito de contar con algún tipo de historial crediticio y, en simultáneo, se compromete a no revisar el buró de crédito de los potenciales inversores. Algo así como una invitación al vale todo.

Por supuesto que el área urbana de Mérida tampoco escapa al accionar de los capitales especulativos. Aunque sin el mismo nivel de amedrentamiento, la persecución racial y la violencia –sobre todo institucional, a través del brazo armado policial– que padecen los pueblos mayas que son objeto de interés de los capitales inmobiliarios en Yucatán, distintas colonias de la capital del estado también han devenido en obsesión para compañías que buscan sacar el mayor rédito posible al “boom” demográfico que transita la capital de Yucatán. Esto último, y en gran medida, por efecto de la publicidad que sigue ofertándola como la ciudad más segura de México.

El proyecto del Parque Tho en la colonia Altabrisa, por citar un ejemplo, es representativo de cómo el empresariado busca posicionarse, mediante excusas como la presunta reconfiguración de un espacio verde donde ya existe un pulmón ambiental de relevancia, sobre determinados puntos urbanos aún sin ocupar de forma completa pero que pueden garantizar una elevada plusvalía a futuro siempre de la mano de la más profusa estrategia publicitaria.

Del otro lado de este tipo de artificios se ubica la realidad de Mérida y un stock de viviendas desocupadas que supera las 60 mil unidades –casi el 14 por ciento de los inmuebles de la zona metropolitana–, según datos del más reciente Censo de Población y Vivienda promovido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). Y una escala de precios que, sobre todo en las zonas céntricas y norte de la capital de Yucatán, se multiplica al ritmo de los dólares que puede desembolsar el público extranjero.

A tono con esto, no faltan los ejecutivos de comercializadoras como Promotora Residencial que dan cuenta de propiedades a valores que oscilan entre los 160 mil y el millón de dólares, justamente, en el centro de la ciudad. O destacan sin pudor que los precios se duplicaron en el lapso de apenas 5 años.

Un síntoma contundente de cómo la compraventa de inmuebles y lotes transita un inédito momento dorado en Yucatán, y el escenario de especulación y burbuja opera incluso a modo de anzuelo laboral, radica en la expansión incontenible que muestra el número de agentes inmobiliarios que laboran en el estado. De acuerdo al dato más reciente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en los últimos dos años el total de afiliados creció 52 por ciento, mientras que el volumen de compañías registradas se incrementó 60 por ciento en el mismo período.

Extasiados por los indicadores positivos que exhibe el sector, los actores de los bienes raíces van por más: a fines de febrero de este año, y tras reunirse con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Mauricio Vila Dosal anticipó un escenario de negocios ligados a la actividad inmobiliaria del orden de los 18 mil millones de pesos mexicanos para los próximos dos años. El gobernador no titubeó al momento de mencionar a Yucatán como el quinto estado en la nómina de distritos que captan los mayores desembolsos inherentes a los bienes raíces.

Lo no mencionado por entidades como la misma ADI, la AMPI y el gobierno estatal que lidera Vila Dosal es que las comunidades que hoy padecen el accionar de las empresas de la construcción y la venta de lotes e inmuebles también son bases de resistencias activas.

Y que esa unión vecinal prolifera en defensa de territorios que procuran resguardarse de la dictadura del ladrillo, el concreto, la gentrificación, y la decisión política de hacer de Yucatán el lugar de retiro de la masa blanca y refinada nacional y extranjera. Narrativas de luchas y conflictos populares que deben ganar mayor visibilidad en un contexto de colonialismos que, actualizados, vuelven a fundarse a partir de lecturas extractivistas que asumen a la tierra como una mera fuente de plusvalías.

La sombra del despojo en Ixil

El cilantro, el rábano, la albahaca y el romero se dan con facilidad en las tierras de Ixil. Pero ninguno de estos cultivos, distinguidos por la riqueza en minerales que encierra el suelo del municipio, ostenta un ápice de la celebridad de las cebollitas que brotan en los terrenos del pueblo. En las parcelas de esta comunidad maya se dan variedades blancas y moradas que se caracterizan por presentar un sabor muy suave, incluso cercano a lo dulzón y ligeramente terroso, en comparación con otras versiones del cultivo.

Distante algo más de 40 minutos de Mérida, Ixil es, además, un enclave fértil para la cría de vacas, cerdos y pollos. También la miel se da de forma bondadosa a partir de montes que atraen a los polinizadores y un equilibrio con los ecosistemas que es marca identitaria de esta comunidad maya.

La tierra que alimenta se cuida como la vida misma de aquellas y aquellos campesinos que, coa en mano al despuntar de cada amanecer, peregrinan en motos y bicicletas rumbo a labores que a fuerza de esa misma continuidad consolidan la longevidad imperecedera de la milpa. Es esa misma disponibilidad del territorio como un ámbito abierto, amable para quien interactúa con el hábitat, y virgen de la peor apetencia desarrollista, la sumatoria de aspectos que, sobre todo en el último año, colocaron a Ixil a la cabeza del interés voraz de las inmobiliarias.

El acecho comenzó a intensificarse en agosto de 2022 pero alcanzó su volumen más funesto exactamente un año después. Durante el mismo mes pero ya de este 2023, un pelotón de al menos 300 policías estatales interrumpió el paso por la calle que lleva a los sembradíos y corrales del pueblo. Y los intentos de las y los campesinos por llegar a sus espacios de trabajo fueron reprimidos con piedras, palos y gases.

Desplegado durante la madrugada del 17 de agosto, el escenario de coerción se extendió por más de 24 horas y vino a actualizar los intentos de despojo de tierras que promueven dos de los grupos empresarios más poderosos de Yucatán: las familias Abimerhi y Millet. La primera domina el negocio de las gasolineras, las grúas para el acarreo de vehículos, los lavaderos de carros y también interviene en la reparación de automóviles. La segunda, en cambio, juega fuerte en la producción industrial de aluminio y vidrio. Ambos apellidos acumulan, precisamente, más de un año intentando apropiarse de cerca de 300 hectáreas que pertenecen a la comunidad maya con vistas a promover proyectos inmobiliarios de lujo.

Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, cuenta de esta forma el inicio de las maniobras de despojo: “El 4 de agosto de 2022, empleados de las familias Abimerhi y Millet intentaron ocupar de forma ilegal una superficie de 324 hectáreas de tierras de uso común colindantes con la población de Ixil. Numerosas familias viven de los alimentos que producen estas tierras, que siempre han sido cultivadas por la comunidad. Estas tierras eran parte de haciendas henequeneras. Fueron expropiadas en virtud de la resolución presidencial de ampliación del ejido de Ixil firmada por Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937”.

“Son tierras de Ixil, pero estos empresarios intentaron despojarlas ante la pasividad de las autoridades municipales. El pueblo se unió y detuvo la invasión de las tierras en 2022”, añadió. Lejos de caer en el desaliento, los grupos empresarios volvieron a la carga un año más tarde y con respaldo policial.

Tanto la comunidad de Ixil como aquellas organizaciones que acompañan la lucha de este pueblo maya, señalan que ambas familias intentan quedarse con los terrenos mediante la presentación de papeles espurios y documentos manipulados por Alejandro Escoffié y Rafael Acosta Solís, dos personajes –empresario y abogado, respectivamente– que los pobladores relacionan de manera directa con mafias inmobiliarias.

“Se quieren quedar con cientos de hectáreas que son trabajadas por al menos 200 familias de Ixil. Acosta y Escoffié son los que vendieron esas tierras que no son suyas y ahora los Millet y los Abimerhi dicen poseer incluso con papeles. Lograron que la policía directamente les haga la defensa, como si fueran guardias privados”, acota al respecto una vecina de Ixil.

Por su parte, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, organización que brinda asesoramiento y acompaña la lucha de las y los habitantes de Ixil, remarcó que nada de lo que ocurre en ese pueblo en términos de vulneración de derechos sucede sin el respaldo manifiesto de las autoridades del municipio y la gobernación de Yucatán.

“Con respaldo de la presidenta municipal (Sandra Pech), estos empresarios llegaron a decir que contaban con papeles que formalizaban la compra de esos terrenos. Pero la comunidad salió a defender su tierra, que es un espacio productivo muy importante para las familias. En estas acciones contra las comunidades intervienen desde mafias de especuladores provistos con muy buenos abogados hasta empresarios que compran a funcionarios”, afirmó.

Oceransky recordó que “cuando los Millet intentaron robarse las tierras de Ixil (en agosto del año pasado), actuaron acompañados por las camionetas de la policía estatal. Está claro que hay un nivel de coordinación muy fuerte entre los empresarios y la política. Las contribuciones de esa familia a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila fueron muy importantes. Además, la presidenta municipal de Ixil pertenece al PAN, el mismo partido del gobernador”.

Campesinas y campesinos de Ixil dan cuenta de amenazas que brotaron a lo largo del último año, el despliegue de policías armados y grupos de matones junto a los lotes que pretenden los empresarios, la circulación de vehículos foráneos y sin placas en el pueblo a partir de la represión del 17 de agosto, y la aparición multiplicada de alambradas que vetan a la población el ingreso a sus tierras productivas.

“A partir de agosto del año pasado comenzaron las llamadas. Diciéndonos que lo pensemos, que van a dejar de jugar con nosotros para pasar a otra cosa. A medida que se dieron cuenta que, sobre todo las mujeres, no vamos a desistir, empezaron con otras acciones. Un día llegó un señor en un carro y comenzó a preguntar por algunas de nosotras mostrando fotos que nos habían sacado”, expone una vecina de la comunidad.

Los Abimerhi y los Millet no son los únicos grupos de empresarios que sobrevuelan el territorio de Ixil con ansias de apropiación ilícita de terrenos y parcelas y, calculadora en mano, sumando potenciales ganancias a futuro. A principios de este año, la comunidad logró alzarse con la cancelación de un mega proyecto inmobiliario –denominado “Aludra”– impulsado por la firma Gamkov Desarrollos.

“Hay varias empresas inmobiliarias vendiendo lotes en Ixil en violación a las leyes ambientales. Ya logramos cancelar uno de estos desarrollos inmobiliarios, llamado Aludra, a través de una denuncia a PROFEPA, y presentaremos nuevas denuncias contra otros desarrollos ubicados en nuestro municipio como Terrakún y Cedrón”, señala Karla Flores Arasola, también vecina de Ixil.

Sólo la decisión de la comunidad se eleva como la muralla que sigue protegiendo al municipio de la instalación masiva de proyectos inmobiliarios. En la banqueta contraria a la defensa que encarna el pueblo se alinean, además de los tentáculos de las compañías de los bienes raíces y su avanzada de “coyotes” y prestanombres, un estamento gubernamental que ha hecho de la comercialización de la tierra otra vía para garantizarse fondos frescos con vistas a perpetuar proyectos políticos como el que predomina en Yucatán.

Kinchil también sufre el acecho

Pueblo de milpa y apicultura, de pitahaya y cítrico, chile y orégano, Kinchil es una población maya que en el último tiempo también comenzó a aparecer en el radar de las inmobiliarias y sus prácticas de apropiación ilegal. Ubicada a poco menos de una hora de Mérida, la comunidad padece también los efectos de una mega factoría de cerdos que, propiedad de la firma Kekén –bajo control de grupo KUO–, acumula años contaminando las reservas de agua, el suelo y el aire de la zona.

Por estos días, las y los campesinos de Kinchil enfrentan un intento de despojo de 5,000 hectáreas promovido por dos empresarios que presuntamente operan en alianza con las autoridades de Tetiz, un municipio lindero. En concreto, la comunidad argumenta que el pueblo vecino estableció como propios un conjunto de terrenos que, a lo largo de la historia, han pertenecido al ejido de Kinchil. Tras ese movimiento, y previo acuerdo de venta garantizada con los capitalistas de la tierra, Tetiz comenzó a promover la comercialización de esos mismos lotes para, en principio, el desarrollo de zonas industriales. En el pueblo damnificado dan por descontado que también hay planes para futuros proyectos de privadas y compraventa especulativa de parcelas.

Federico May Cuitún cultiva chile habanero orgánico y es uno de los ejidatarios que alza la voz en contra de la apropiación ilícita de tierras que se intenta perpetrar en perjuicio de Kinchil.

“Nuestro ejido está en la ruta Mérida-Celestún y por lo mismo es ambicionado por inmobiliarias, industrias extractivas como granjas de cerdos y avícolas e industrias de toda clase. Ahora mismo nos están intentando despojar de casi 5,000 hectáreas que los kinchileños han trabajado desde que se creó el ejido en 1937 por decreto presidencial”, explicó en rueda de prensa a mediados del mes de agosto.

“Se dice que los empresarios que pretenden robar estas tierras son Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa, entre otros, quienes cuentan con la complicidad de las autoridades ejidales de Tetiz. Las numerosas familias de campesinos y apicultores afectados están organizándose para defender el territorio de Kinchil, ya que de perderlo se destruirá y contaminará”, añadió.

También María Modesta Canul Chuil, sobrina bisnieta de Felipa Poot, defensora de la tierra maya asesinada en 1936 en Kinchil por enfrentarse a terratenientes, dio su testimonio: “Numerosas actividades productivas están amenazadas por estos empresarios que quieren quitarnos las tierras. Yo me dedico a la apicultura, a la pequeña ganadería y a la pizca de orégano”.

Canul Chuil precisó que, en el área que pretenden quedarse los actores inmobiliarios, las y los campesinos cultivan, además, pitahaya y cítricos, y que esa labor es clave para la supervivencia económica de cientos de familias de la comunidad. “Estas actividades le dan esencia e identidad a nuestra comunidad, ya que siempre hemos trabajado la tierra de Kinchil pacíficamente y respetando al medio ambiente”, remarcó.

En simultáneo al intento de apropiación ilícita de las 5,000 hectáreas, el pueblo también enfrenta el desafío de mantener el funcionamiento de la Cooperativa Xelactún, un emprendimiento comunitario de turismo desarrollado en torno a un cenote que también es pretendido por comerciantes de la tierra.

“En 2021 se hizo un proyecto comunitario en el cenote Xelactún, con aprobación de la asamblea de ejidatarios y apoyo del INPI –sigla que refiere al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas–. Pero ese año, tras iniciarse el proyecto, apareció un supuesto dueño del cenote, Cuahutémoc Ayala. Incluso cuando sabemos perfectamente que está ubicado en territorio ejidal de uso común de Kinchil”, explica Alejandro Cab Pool, integrante de la cooperativa mencionada.

“Este cenote tiene una relación histórica con nuestra comunidad y está situado al lado del sitio arqueológico de Tzemé, que cuenta con un juego de pelota y otras construcciones. No vamos a aceptar que gente ajena a la comunidad nos despoje de nuestro patrimonio cultural y natural”, completa. La movilización popular, otra vez, ilumina el camino de un pueblo que defiende su espacio de vida frente a un aparato político que, lejos de atender la exigencia comunitaria, se comporta cómplice de los grupos inmobiliarios que se disputan el mapa de Yucatán.

“Luchamos por la tierra, porque la tierra es vida. Nosotros defendemos la tierra porque la amamos. No la queremos vender. Lamentablemente, nuestras autoridades no nos apoyan. En vez de que nos ayuden, al contrario. Somos campesinos, mujeres y hombres trabajadores. En el campo sembramos elotes, hay ganado, abejas, muchas especies más. Si destruyen el monte ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos? Nosotros de niños jugábamos en la lluvia. En los caminitos, los surcos en el monte. ¿Y ellos qué? Sólo concreto. Por eso nosotras y nosotros luchamos”, sintetiza otra vecina de Kinchil.

Parque Tho: entre el capricho y el negocio entre amigos

Claro que dentro de los límites de Mérida también se cocinan entregas, avasallamientos y pactos de conveniencia. En el distrito que lidera políticamente Renán Barrera Concha, tanto la proliferación de privadas como el aprovechamiento inmobiliario de cualquier superficie verde disponible forman parte de las políticas de gobierno.

En ese contexto germinan, también, iniciativas que son publicitadas hasta el hartazgo como propuestas de corte ecológico, pero que en realidad resultan maniobras pensadas para abrir nuevos negocios para la oligarquía del concreto. El Parque Tho, proyectado para la colonia Altabrisa, es una muestra de ese tipo de simulacros concebidos con guion escrito por las constructoras.

La iniciativa Parque Tho contempla un desarrollo que pretende llevarse a cabo sobre dos terrenos de 5 y 2 hectáreas, respectivamente. El primero de ellos, de carácter público, presenta vestigios arqueológicos mayas, mientras que el segundo es privado y sería incluido a partir de la decisión de su dueño de cederlo a la iniciativa. El rasgo polémico del proyecto inicia ya en este último aspecto: a modo de compensación por la entrega del lote de 2 hectáreas, la administración municipal propone la entrega, bajo la figura de la permuta, de un terreno cercano de 3.1 hectáreas.

El detalle no está sólo en que el privado se haría de una superficie mayor a la que entrega: el punto clave radica en que Altabrisa ya cuenta con un parque natural de grandes dimensiones y repleto de biodiversidad: se emplaza, justamente, en las mismas 3.1 hectáreas que se otorgarían al benévolo propietario que cede a cambio de la permuta. La política ambiental de Mérida podría sintetizarse, entonces, como la acción de destruir un espacio verde consolidado para impulsar otro que, además de demandar millones de pesos de inversión pública –esto es, dinero recaudado a partir de los impuestos que abonan las y los vecinos de la capital yucateca–, se basa en un intercambio de terrenos que ya en amplitud de superficie favorece a un actor privado.

Hidalgo Victoria y Luis Montoya Martínez integran la Asociación de Vecinos de Altabrisa, una organización que cobró forma y tamaño a partir de la defensa del “Parque Central Altabrisa”, nombre con el que se conoce al espacio natural que el gobierno de Mérida pretende depredar para la construcción del Tho.

Sin vacilaciones, explican que el trasfondo de la decisión de impulsar el emprendimiento de la polémica está en asegurarle al privado que interviene en la permuta una superficie económicamente atractiva para la construcción de “edificios de apartamentos del estilo de las Country Towers”, dos rascacielos que se levantan a poco más de 50 metros del “Parque Central Altabrisa”.

Ambos vecinos tampoco dudan al momento de mencionar la identidad del empresario que negocia el trato con la administración que encabeza Barrera Concha. “Esas 2 hectáreas que se cambiarían en la permuta por las 3.1 del parque de Altabrisa son propiedad de la desarrolladora Inmobiliaria Promotora Residencial. Su dueño es Armando Palma Peniche. En el terreno que obtendría, Palma haría torres con hasta 600 apartamentos. Se hará con un negocio de millones y millones de pesos”, explica Victoria.

Peniche Palma acumula décadas incidiendo en el negocio inmobiliario de Mérida y la región. A fines de la década de los 80, el empresario intervino en la construcción de viviendas en fraccionamientos como Jardines de Pensiones o Residencial del Norte de Chenkú. También tomó parte en el desarrollo de unidades habitacionales en Francisco de Montejo, Gran Santa Fe y Ciudad Caucel. Además, su firma Promotora Residencial ha impulsado proyectos en Chetumal, Cancún, Valladolid y Playa del Carmen.

En abril del año pasado, Palma Peniche participó del acto de iniciación de obras del Central Park, un área de entretenimientos impulsado por el Ayuntamiento de Mérida para el residencial Gran Santa Fe Norte. El lanzamiento del proyecto fue divulgado por el área de prensa del gobierno de la capital yucateca como un “esfuerzo para trabajar por la sustentabilidad y la seguridad de Mérida”.

Los intentos por darle un uso inmobiliario al predio del “Parque Central Altabrisa” vienen desde 2006 pero se intensificaron sobre todo en el último año. Victoria recuerda que, en 2012, en tiempos de candidaturas, Renán Barrera Concha se reunió con las y los vecinos de la colonia para asegurarles que, de imponerse como presidente municipal de Mérida, evitaría el despojo del predio y mantendría el pulmón natural sin modificaciones. La promesa se esfumó tras la victoria del candidato panista.

“El desarrollo del Parque Tho demandará unos 100 millones de pesos, según Barrera Concha. El Ayuntamiento pondría unos 40 millones. ¿Quién aportaría el resto? Pues el mismo Palma Peniche. Supuestamente, para compensar que se le está entregando un terreno más grande que aquel que cede en la permuta”, enfatiza Victoria. A su lado, Montoya Martínez dice que a los habitantes de Altabrisa aún se les hace extraño que el dueño de Promotora Residencial no haya impulsado algún tipo de emprendimiento inmobiliario en la parcela que dará para el Parque Tho, sobre todo teniendo en cuenta que el empresario posee esa tierra desde hace más de 15 años.

El vecino arrima una hipótesis: “El terreno se ubica justo frente a un lote que tiene vestigios arqueológicos. No es raro suponer que también puedan existir ruinas en su parcela. Después de todo, ambos terrenos apenas están separados por una calle. Si es así, la permuta también tendría sentido para Palma Peniche porque le permitiría desligarse de una tierra que podría, por ejemplo, quedar bajo la órbita del INAH. El Parque Tho es un emprendimiento que atrae al empresario y el Ayuntamiento por más de un motivo”.

Al menos 20 millones de pesos es la que suma que, estiman Victoria y Montoya Martínez, el gobierno de Mérida gastó sólo este año en publicidades del emprendimiento en los principales medios de comunicación del estado. “Es dinero que se puso para promocionar algo que no existe. Y que sólo como idea tiene el rechazo de miles de vecinos. La asociación puso una iniciativa de rechazo al parque en Change.org que en tres semanas obtuvo la adhesión de más de 3,700 personas. Esto es, vecinos que se oponen a la permuta y dicen no al negocio”, detalla Victoria.

“Además de encarecer aún más la zona, y en tanto se habla de que el Parque Tho atraerá a más restaurantes y comercios, avanzar con un proyecto así implicará un aumento dramático del tráfico e inconvenientes para los habitantes de la colonia en cuestiones de servicios como el agua o el drenaje. Altabrisa es una de las pocas colonias que, justamente, posee drenaje aunque ya sufre inconvenientes por la plaza comercial. El cárcamo ya no dará para todo lo que se pretende hacer. Nada de esto parece tenerse en cuenta”, concluye.

Al margen de la campaña promocional financiada por el Ayuntamiento de Mérida, lo cierto es que la evolución del proyecto del Parque Tho resulta, hasta el momento, directamente nula. Los integrantes de la Asociación de Vecinos de Altabrisa señalan que la movilización de los habitantes de la colonia originó pedidos de informes por parte del Congreso de Yucatán que aún no han sido atendidos por los funcionarios que secundan a Barrera Concha.

En simultáneo, los candidatos que se preparan para las próximas elecciones –tanto del oficialismo como de la oposición– expusieron su rechazo al desarrollo del emprendimiento si logran alzarse con el control político de la capital yucateca. Este último aspecto es tomado con pinzas por las y los vecinos, que aún tienen fresco el recuerdo tanto de Barrera Concha como del mismo Mauricio Vila Dosal afirmando, en épocas de sus primeras candidaturas, la falta de sentido de avanzar con un parque en el área donde ya funciona un espacio verde gobernado por la más completa biodiversidad.

La disputa en Chablekal

Poco más de 20 minutos separan a la colonia de Altabrisa de Chablekal, una comisaría ubicada dentro del municipio de Mérida que, testimonio clave de lucha popular, también es muestra preocupante de cómo los capitales inmobiliarios penetran en las comunidades mayas alentando las divisiones, operan fraguando documentos en búsqueda de garantizarse ciertas tierras, y manipulan a las organizaciones vecinales hasta alcanzar rangos que permiten a esos mismos actores privados tomar decisiones de relevancia para el futuro del pueblo.

La localidad comenzó a ser víctima de las empresas inmobiliarias ya en la década de los 90 y a muy poco de entrada en vigencia la reforma del artículo 27 de la constitución mexicana que habilitó la privatización de la tierra ejidal. Desde ese momento y hasta 2014 Chablekal devino en una mesa de festín para “coyotes”, desarrolladores de privadas y constructoras. En ese lapso se vendieron más de 3 mil hectáreas del total de 4 mil 500 distribuidas alrededor de esta población.

La entrega del ejido habría continuado de no ser por la conformación, en agosto de 2014, de la Unión de pobladoras y pobladores, un grupo de vecinas y vecinos que puso en entredicho la potestad de los ejidatarios para desprenderse de terrenos y lotes que, en concreto, no son más que la base sobre la que se levanta el mismo Chablekal.

Los habitantes reunidos llevaron a la discusión una serie de interrogantes que resuenan hasta hoy: ¿por qué 300 personas, que poseen la condición de ejidatarios, tienen el poder de decidir el destino social, cultural y económico de una comisaría de 5 mil habitantes? ¿En qué medida corresponde que un grupo acotado defina qué ocurrirá con los montes, las tierras productivas, los ecosistemas en general, de los que depende la supervivencia de una población?

Estos interrogantes claro que no carecen de razones de fondo. Quienes integran la Unión de pobladoras y pobladores ya no guardan dudas de que gran parte de los ejidatarios han sido cooptados por las inmobiliarias, que a través de los años instalaron con gran éxito la idea de que labrar la tierra ya no es negocio. Y que la única alternativa que les queda a las y los campesinos para hacer dinero es desprenderse cuanto antes de sus lotes y parcelas.

Investigador de la Universidad de Campeche y ex integrante de Indignación, organización que acompaña la lucha de la Unión de pobladoras y pobladores de Chablekal, Alberto Velázquez es una referencia al momento de ahondar en el escenario de pugna por el control de la tierra que tiene lugar en la comisaría maya. “La venta de tierras del ejido comienza a finales de la década de los 90 y a partir de la incidencia de las inmobiliarias, que observan a Chablekal como una zona capaz de brindar una enorme plusvalía. La situación de avance de estos capitales es tal que hoy alrededor de 60 empresarios de Mérida figuran como ejidatarios”, cuenta.

“En 2014 la Unión de pobladoras y pobladores surge a partir de una asamblea que se origina en la decisión de los habitantes de poner en discusión el poder de los ejidatarios para decidir qué se hace con la tierra de la comisaría. Se decide iniciar un proceso jurídico partiendo del hecho de que se trata de una comunidad maya y eso implica derechos. Y la posibilidad de exigir que no se sigan instalado inmobiliarias en el territorio”, añade.

Es en ese contexto que los integrantes del grupo vecinal deciden tomar posesión de un polígono de 270 hectáreas correspondientes al monte de Misnebalam. “La Unión luego procede a demandar al ejido, a la asamblea ejidal y a instituciones agrarias por la situación con la venta a las inmobiliarias. Sus integrantes logran obtener una medida cautelar que establece que mientras sucede el proceso judicial ese polígono no se puede vender. Por supuesto, eso aceleró la presión de los empresarios y los ejidatarios que están cooptados por las inmobiliarias”, afirma Velázquez.

El académico no dudó en definir a la organización ejidal de Chablekal como un cuerpo que opera a modo de “brazo de los intereses” de constructoras y capitales que participan del negocio especulativo de los lotes de inversión. “Las irregularidades llegan hasta la Procuraduría Agraria. En Chablekal han ocurrido situaciones de actas fantasmas. O de hojas en blanco que reciben la firma de los ejidatarios mediante engaños y que luego aparecen anexadas a los certificados de compraventa. Tampoco han faltado casos de ejidatarios que nunca supieron que su tierra ha sido vendida”, resume.

En cuanto a los empresarios con mayor incidencia en la comercialización de terrenos de la comunidad, Velázquez dice que “Carlos Abraham (Mafud) es el principal acaparador”. En febrero de 2016, la Unión de pobladoras y pobladores denunció que Abraham Mafud repartió 5,000 pesos entre distintos ejidatarios a modo de anticipo por un futuro posicionamiento sobre parcelas ubicadas, presumieron las y los vecinos, en el monte de Misnebalam.

“Quienes conformamos la Unión de Pobladores hacemos esta alerta, puesto que el pasado miércoles 15 de febrero, en punto de las siete de la noche, se realizó una asamblea totalmente informal en Chablekal, ya que dicha reunión no contó con una convocatoria expedida por la Procuraduría Agraria. A dicha asamblea ‘informal’, realizada en el local de la comisaría ejidal, se presentaron personas allegadas al empresario Carlos Abraham Mafud para entregar la cantidad de cinco mil pesos a cada uno de los ejidatarios que asistieron para dicho pago”, informó la organización en ese momento.

“Así nos lo manifestaron algunos ejidatarios que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias del comisario ejidal, pues hace menos de un mes, en asamblea amañanada, el Comisariado Ejidal suspendió los derechos de voz y voto, así como también el derecho de recibir beneficios económicos en las ventas de tierras, a ocho ejidatarios que se oponían a las malas prácticas del ejido, tal como ellos anticiparon que ocurriría unos días antes de la asamblea”, completó.

Sin dejar de restarle atención al asedio establecido por Carlos Abraham Mafud y otros empresarios de perfil similar, los habitantes de Chablekal que rechazan las incursiones de las inmobiliarias transcurren su cotidianeidad labrando la tierra y criando animales en el polígono resguardado por la medida cautelar.

Velázquez refiere a los motivos que apuntalan la decisión de la comunidad de ponerle un alto al avance de estas empresas: “Las y los vecinos no quieren terminar absorbidos por la ciudad como ocurrió con otros pueblos mayas que resultaron engullidos por Mérida. Quieren seguir siendo un pueblo indígena y no convertirse en una colonia más de la capital. No están dispuestos a ceder la autonomía que poseen como comunidad, algo que ya han sufrido sitios como Chuburná o ahora Santa Gertrudis Copó, que ya ni aparece en el atlas de los pueblos indígenas de México”, explica.

“Volverse una parte de Mérida implicaría que todos los aspectos quedarían a decisión del Ayuntamiento. Han visto las consecuencias sufridas por otras comunidades y no quieren caer en eso. Aparecer como colonia de la capital implicaría reducir al mínimo la capacidad de organización colectiva del pueblo. Al mismo tiempo, la multiplicación de los proyectos inmobiliarios y las zonas residenciales generan afectaciones en la calidad y el costo de vida que ya se empiezan a hacer perceptibles en Chablekal. Los integrantes de la Unión de pobladoras y pobladores reconocen incrementos en el costo de servicios como la electricidad y afectaciones en términos de cantidad de la prestación de agua”, señala.

Por último, el experto destaca que “la comunidad entiende que volverse un sitio atractivo para el turismo encarece la vida”, además de indicar que los habitantes dan por hecho que “la posibilidad de integrarse a Mérida que impulsan las inmobiliarias también afectará la economía local a partir del arribo de cadenas que acabarían con el comercio vecinal”.

“El fin de actividades como la agricultura o la cría de ganado terminaría por reducir las posibilidades de empleo a labores de jardinería para las privadas o la contratación de las mujeres como empleadas domésticas. Es desde esa conciencia que surge, también, la decisión de luchar para frenar la venta de tierras tal como se viene llevando a cabo”, concluye.

Precisamente este abanico de certezas, tan fatídicas como reales y posibles, es el pilar sobre el que se mantiene en pie, impertérrita pese al acoso de los magnates de la construcción y la compraventa como ruleta del lucro perpetuo, una resistencia que es inspiración para otras comunidades en batalla contra la forma más perversa del negocio de los bienes raíces. Casi una década de iniciada la defensa del polígono de Misnebalam, la Unión de pobladoras y pobladores sigue siendo sinónimo de libre determinación, entereza y resguardo del territorio.  Una demostración de que el embate económico no siempre consigue derribarlo todo.

La resistencia que quiebra el concreto

A fines de septiembre, Mérida fue el epicentro de una movilización multitudinaria que reunió a personas de más de 20 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que luchan contra los despojos y la apropiación ilegal de territorios que tienen lugar en la Península. Por Yucatán tomaron parte vecinas y vecinos de Acanceh, Chacsinkin, Chapab, Celestún, Conkal, Chicxulub Puerto, Progreso, San José Tzal, Samahil, Kinchil, Seyé, Sisal, San Antonio Sihó, Chocolá, Texán, Hunucmá, Tekit, Yaxcucul y, por supuesto, Ixil.

Representantes de estos pueblos denunciaron tanto el saqueo de la tierra del que son víctimas como la expansión de prácticas racistas promovidas por las autoridades del estado y la utilización de la fuerza pública para reprimir, sin escatimar violencia, cualquier vestigio de reclamo popular. Señalaron, también, la vigencia de acciones de criminalización de la protesta comunitaria activadas por organismos de gobierno y judiciales con el fin de desalentar la exigibilidad de derechos humanos y favorecer a la oligarquía empresarial yucateca.

Atentos a los movimientos en equipo, coordinados, que presentan los grupos inmobiliarios en la región, los pueblos mayas avanzan, también, hacia una confluencia cuyo génesis es la certeza de que la única forma de frenar el despliegue nocivo de estos capitales es actuando de manera hermanada, espalda con espalda, y atendiendo en bloque cada nuevo intento de despojo.

“Ya no soportamos más racismo e injusticia en el gobierno estatal, la fiscalía y en los tribunales. Los pueblos mayas somos los dueños legítimos y originarios de nuestros territorios, y no van a sacarnos de las tierras que cultivamos desde hace generaciones”, expresó, altavoz mediante, Antonia Cisneros Correa, vecina de Ixil, en una pausa de la marcha de septiembre pasado. El reclamo de las comunidades, sostenido por el movimiento de más de 600 personas exigiendo el freno total a la depredación inmobiliaria y el fin del avasallamiento de los derechos de las poblaciones indígenas, por varios momentos logró quebrar la artificialidad del microclima turístico que desde hace décadas es símbolo del centro histórico de la pretendida “Ciudad blanca”.

Al margen de la omisión adrede que, respecto de las instancias de despojo que se multiplican en Yucatán, realizan los principales medios de comunicación locales, lo cierto es que la oposición a constructoras, comercializadoras y “coyotes” agrarios encuentra eco prácticamente en todos los rincones del estado. Menos de una semana después de la concentración en Mérida, los ejidatarios de Oxcum, en el municipio de Umán, denunciaron un intento de apropiación por parte de Esteban Correa Bolio y José Luis Llanes Narváez, dos empresarios señalados, también, por Humberto Castro Poot, el comisario ejidal de esa comunidad.

La reacción de las y los pobladores de Oxcum cobró fuerza tras el despliegue de cerca de 100 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que, durante la semana del 4 de octubre, resguardaron las tareas de medición de lotes iniciadas por Correa Bolio y Llanes Narváez. Según Castro Poot, los inversores se dijeron dueños de 250 hectáreas pertenecientes al pueblo y en la que incluso se levantan varias viviendas familiares. El comisario ejidal anticipó que la comunidad batallará en tribunales para garantizar la potestad popular sobre esas tierras.

Chuburná Puerto, pueblo de playas al Golfo de México y ubicado a 50 minutos del centro de Mérida, sufre la cercanía de Ciudad Maderas, un proyecto de un tamaño que abruma –13.000 lotes distribuidos en 600 hectáreas– y cuya evolución, iniciada en 2019 a partir del desmonte a mansalva y la perspectiva de consumo de agua y generación de residuos que ostentará semejante proyecto inmobiliario, pone en grave peligro la supervivencia de buena parte de la reserva estatal denominada Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán. En los últimos meses la comunidad maya también ha iniciado el camino de la resistencia con el foco puesto en salvaguardar la existencia de un ecosistema único en América del Norte.

“Ciudad Maderas es un auténtico crimen contra nuestra comunidad y contra todo Yucatán, pues sus impactos serán devastadores para toda la costa al norte de Mérida. El gobierno del estado ha dado todo tipo de facilidades a este megaproyecto, pero todo el mundo sabe perfectamente que es ilegal. La ley agraria es muy clara: prohíbe parcelar las tierras de uso común con selva, y el área de uso común que Ciudad Maderas ha privatizado y que está deforestando de forma ilegal, es selva con muchísima biodiversidad, con jaguares, otros felinos y muchas otras especies protegidas de mamíferos, aves, reptiles y plantas”, explica un integrante de la comunidad de Chuburná Puerto.

“El proyecto colinda con el manglar y la laguna de la que dependemos como comunidad pescadora. Sabemos que la salud del manglar y la laguna dependen de la selva. Cuando terminen de devastarla, las consecuencias las vamos a sufrir todos, incluyendo a los compradores que son engañados por la publicidad. El proyecto se presenta como un paraíso natural cuando es justo lo contrario. Es un infierno de destrucción”, agrega. El vecino reconoce que “mucha gente del pueblo rechaza el proyecto pero teme levantar la voz por miedo a represalias” en tanto “hay mucho dinero en juego”.

“Nos alegra ver que otras comunidades ya están haciendo frente a estas mafias con unidad y decisión. Esto puede animar al pueblo a defender nuestras tierras y la naturaleza de la que todos dependemos”, destaca. El sendero de la intransigencia ante los capitales inmobiliarios nos vuelve a trasladar a Ixil, donde un grupo de vecinas, a la par de mantenerse en estado de movilización permanente, implementan acciones de arraigo territorial a partir de prácticas productivas que amplían el abanico de posibilidades económicas de la comunidad.

“Llevamos adelante un vivero que, además de generar trabajo, también funciona como un acto de resistencia. No sólo ponemos a la vista todo lo que estamos sufriendo: además proponemos un futuro diferente, construimos otras realidades”, cuenta Cristina, una de las impulsoras del proyecto. “La esperanza que buscamos transmitir de esa forma se sostiene a partir de hacer del vivero un ejemplo de organización comunitaria y defensa de la tierra, pero también una muestra de labor productiva. Las mujeres que nos reunimos en el vivero estamos demostrando que el campo se puede trabajar, que unidos podemos generar alimentos 100 por ciento orgánicos”, explica.

El cultivo de hortalizas y plantas aromáticas representa la base del proyecto, que tiene como una de sus metas la producción de aceites. “Estamos en una hectárea pero hay terrenos para sembrar mucho más. Esperamos generar un contagio, que más gente venga a cultivar. Ixil es un territorio importante para el cultivo del cilantro, del rábano y las cebollitas. Al principio nos trataron de locas, nos decían que cómo nos poníamos contra los empresarios. Eso fue pasando. Hicimos esfuerzos para contar con paneles solares, un pozo de agua y una bomba, el techo para el vivero. Nos esforzamos por cuidar y defender nuestra tierra porque no queremos caer en la alternativa, como proponen los despojadores, de tener que trabajar como empleadas domésticas en las privadas que esos señores quieren construir en Ixil”, enfatiza.

La urgencia por detener una avanzada inmobiliaria que, incentivada sin disimulo por el aparato político que gobierna en Yucatán, se esparce con la velocidad del virus más efectivo, obliga a las comunidades a concebir estrategias que no sólo se ajusten a la exposición social y mediática del despojo.

Sin descuidar la lucha en el ámbito legal, con todo lo negativo que esto representa para la economía de las y los vecinos damnificados –sobre todo, a partir de los montos que deben destinar para garantizarse la representación judicial–, buena parte de los pueblos en resistencia entiende que la garantía de control del territorio propio depende, también, de revitalizar el arraigo, el sentido de pertenencia autóctono, a partir de una simbiosis sostenida desde lo productivo con ese paisaje que es cobijo ancestral de cada población. La respuesta a la pregunta por la supervivencia reposa, de acuerdo al campesinado en tanto colectivo vivo, en movimiento, en las esquinas del vínculo histórico con una tierra que es indisociable de aquello que las comunidades asumen como la identidad maya.

*Este reportaje se publicó inicialmente en JALTUN. Aquí puedes consultar la publicación original.