Por segunda ocasión, una jueza otorgó libertad condicional a 8 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Centro Pro acusa: «Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso»

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Galo Cañas / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Los 8 militares que habían sido reaprendidos por el caso Ayotzinapa, nuevamente están en libertad.

La decisión la tomó la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, la misma que el 1 de febrero ordenó nuevas órdenes de captura en contra de los militares que habían obtenido libertad condicional.

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Ahora, la jueza revocó la prisión preventiva justificada contra los militares bajo la condición del pago de una multa de 100 mil pesos y asistir cada semana a firmar ante los juzgados.

Los militares, acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

El proceso en su contra continúa.

Sedena litiga a favor de militares: Centro Pro

Tras conocer la decisión de la jueza, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes acompañan jurídicamente a las familias de los 43, manifestó su inconformidad con el cambio de medida cautelar.

«Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que suma a su reticencia de entregar todos los documentos de sus archivos», expresó el Centro Pro en un comunicado.

Esta no es la primera vez que las familias de los 43, así como sus asesores jurídicos, acusan esto. Inclusive, en reiteradas ocasiones, se ha dicho que los abogados Alejandro Robledo y César Omar González fueron contratados por la Sedena para defender a estos 8 militares. Los abogados rechazan esa acusación.

Lo que es cierto, es que los abogados sí cuestionan las investigaciones de la CoVaJ, el GIEI y la UEILCA durante los periodos de Omar Gómez Trejo y Rosendo Gómez Piedra.

Inclusive, el pasado 2 de febrero, amagaron con interponer una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno federal por perseguir y encarcelar a sus clientes «por motivos políticos». Entre los funcionarios en la mira están el exsubsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, y el actual titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.

Su argumento: que la Fiscalía usa testigos falsos y declaraciones inconsistentes para inculpar a sus clientes.

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Poner en duda las investigaciones sólo retrasa el acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues además de estas resoluciones que han favorecido a estos 8 militares, otros acusados han tramitado amparos para llevar su proceso en libertad, como el general Rafael Hernández Nieto, y ahora, el capitán José Ramírez Crespo, el primer militar detenido por el caso en noviembre de 2020.

Además, de acuerdo con al segundo informe de la CoVaj sobre el caso Ayotzinapa, aún quedan 35 carpetas de investigación y 48 averiguaciones previas con 132 personas detenidas. Ninguna ha avanzado hasta ahora.

El Centro Pro concluye:

«Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso».

⚠️ Sobre el cambio de medida cautelar a ocho militares implicados en el caso #Ayotzinapa: pic.twitter.com/InpJjGXJ3E

— Centro Prodh (@CentroProdh) May 9, 2024