En la presentación del primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum el 17 de septiembre, destacó la orden judicial de aplicar la alerta de género en la capital por la violencia que enfrentan las mujeres. A un año de su gestión, la política para terminar con la violencia feminicida en la capital es insuficiente y no cuenta con mecanismos de evaluación, aseguran especialistas

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo / María Fernanda Ruiz 

“El reto del gobierno no es desarrollar (una política contra la violencia), el reto es ponerla en práctica, porque no hay quién opere, o quién arrastre el lápiz”, asegura Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, una organización feminista que ha trabajado de cerca con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Faltan capacidades”, asegura. “No dudo que haya gente muy valiosa para coordinar acciones y dar seguimiento, pero no lo hacen. No todo puede recaer en la procuradora o en la jefa de Gobierno. Es una deficiencia de gobernabilidad”.

Durante este año, el gobierno de Sheinbaum ha anunciado diversas redes de apoyo gubernamental como la red de abogadas, 156 mujeres que brindan asesoría legal en todos los ministerios públicos de la capital, para que las mujeres que acuden a denunciar puedan sentirse acompañadas. 

“La solución no está en las mujeres o en las abogadas. La primera barrera es la propia institución de Procuración de Justicia”, opina Anayeli sobre la eficacia de este tipo de medidas. “Superando esa barrera institucional, en realidad no se tiene la capacidad de ofrecer algo más allá de un acompañamiento. Sabemos de casos en que mujeres fueron con las abogadas, les dieron asesoría en contra de los obstáculos institucionales, ya no pudieron dar un acompañamiento”.

Medir la eficacia de este tipo de acciones tampoco es sencillo, por la naturaleza propia de las abogadas que acompañan. Su trabajo es de asesoría y no de acompañamiento o seguimiento. Para Anayeli, una medida de éxito serían los casos que lograron judicializar bajo este acompañamiento, o que llegaron a tribunales.

Otro problema es que este tipo de acciones no rompen con la cadena de impunidad en el sistema judicial, explica María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. “Son insuficientes y además quedan cortas, porque no son abogadas victimales”, opina.

Para María de la Luz, el programa de las abogadas fue muy acelerado, como han sido el resto de las acciones al interior de la recién creada Secretaría de la Mujer, de la que opina, está muy rebasada. 

“A mí me tocó ver que estaban formando abogadas, pero tuvieron que sacarlas al quite para acompañar las mujeres en los Ministerios Públicos”.

El anuncio de la implementación de las mujeres abogadas fue el 4 de marzo, apenas unos días después del escándalo mediático por las denuncias de secuestro y acoso afuera de las estaciones del Metro.

A lo largo de este año, las emergencias provocadas por la violencia de género fueron ocupando la agenda del gobierno. Después de las alertas de acoso en el Metro, llegó el secuestro y muerte de Daniela Ramírez, caso que puso mayor atención en la vulnerabilidad de las mujeres en el transporte. 

Las acusaciones de violación por parte de policías de la ciudad detonó en las protestas #NoMeCuidanMeViola

Miles de mujeres jóvenes salieron a las calles en protesta en contra de los feminicidio para reflejar su ira y angustia. La respuesta casi inmediata de Claudia Sheinbaum fue llamarlas provocadoras. Comentario que desató más manifestaciones. Como si no tuviera más remedio, el gobierno abrió mesas de diálogo con la sociedad civil organizada y con colectivos de mujeres.

A raíz de las mesas, el tema de la alerta de género empezó a sonar de nuevo en la agenda del gobierno, como en 2017, cuando el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó una demanda con esa finalidad. Demanda que, después de un proceso de amparo, tuvo resolución la semana pasada, cuando un juez ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres decretar la alerta de género en la capital del país. 

Este lunes 23, la mandataria se pronunció al respecto. “No es un tema de que estemos en contra o a favor, sino sencillamente creemos que en aquellos lugares donde ha habido alerta de violencia de género no ha funcionado, y que es fundamental que se revisen los mecanismos que la implican”.

De acuerdo con la jefa de gobierno, su política de atención a las mujeres no depende de una declaratoria de emergencia, sino más bien de crear cambios de fondo.

Una muestra, señala, es la reclasificación de miles de carpetas de investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en las que delitos como acoso o agresiones sexuales eran solapados con otro tipo de delitos o solo como actas de hechos y no como denuncias formales.

Esa reclasificación evidenció un crecimiento desproporcionado en los delitos de violación durante el último año de la pasada administración, y que durante esta, comienza a  mostrar una tendencia a la baja.

Otro ejemplo, es la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio. Aunque tanto María de la Luz Estrada como Nayeli Pérez no le auguran una vida larga. El gobierno de la ciudad espera que el próximo año la Procuraduría empiece su transición a Fiscalía, nuevo modelo bajo el cual no existirán fiscalías especializadas.

Anayeli Pérez Garrido, de Justicia Pro Persona, concuerda con que la alerta de género tiene fallas, pero señala que éstas han dependido de las autoridades que la implementan. “No se cumplen porque no se acatan”, asegura. 

Para María de la Luz Estrada, del Observatorio, ésta es la oportunidad de que se junten peticionarias y gobierno para afinar ciertas acciones del mecanismo de la alerta, unas que permitan establecer una manera de medir las acciones a corto y mediano plazo. “Ahorita es la oportunidad para demostrar que quiere hacer un cambio en su administración”. 

Para ambas especialistas, las políticas que se generen debe ser mucho más amplias y a largo plazo de lo que demanda la emergencia de una alerta de género.

Un ejemplo, dice Anayeli, es mejorar el Protocolo Alba, para la localización de mujeres desaparecidas.

“Es increíble que no establece una fase de búsqueda inmediata de campo, sino que obliga a una búsqueda de oficio, de mandar oficios a otras instituciones para preguntar por la persona”.

Más allá de medidas emergentes, discursos y foros, ambas especialistas señalan que se necesitan mecanismos para medir los avances en sus políticas de género, sean emergentes o de fondo. Sin ellos, es como navegar a ciegas.

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