Rufina Galindo resistió, junto a sus vecinos, a la voracidad de las inmobiliarias que se disputan el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su lucha retrata cómo opera la Fiscalía Ambiental de la capital del país, quienes han sido un actor central en los desalojos de viviendas en los últimos años

Texto y fotos: Eliana Gilet / Cooperativa de Periodismo *

CIUDAD DE MÉXICO. -Si el desalojo de una mujer que ha vivido 66 de sus 69 años en un departamento del centro de -pongámosle- Madrid ocurriera, nadie dudaría en vincular su situación a una crisis mayor, y ver en esa anciana un símbolo de lucha contra un sistema depredador, que arremete contra nuestra gente y que, en su forma urbana, usa la expulsión arbitraria de los antiguos vecinos como herramienta para sostenerse. 

Pero eso no ha ocurrido con nuestra heroína local: Rufina Felisa Galindo López. Salvo honrosas excepciones -como Arturo Contreras e Isabel Briseño, periodistas de esta casa- la historia de Rufina y el vaciamiento del edificio ubicado en el número 68 de Emiliano Zapata ha sido tomado como un caso circunstancial, que no mereció mayor seguimiento o atención mediática. 

Por eso recontamos su historia, para diseccionar cómo opera la fiscalía del despojo en la Ciudad de México.

El primer desalojo

En agosto de 2016 llegamos a Zapata 68 con Ernesto Álvarez. En ese entonces el edificio aún estaba a medio habitar, y encontramos a un grupo de vecinos desayunándose con la idea de haberse convertido en protagonistas de un fenómeno del que muchos hablan, pero pocos atienden su costado más violento: el de los desalojos arbitrarios como motor del recambio poblacional de la ciudad. 

Una escena que contó Rufina y que no pudimos registrar (porque ocurrió en la mañana del 13 de julio de 2016, un mes antes de conocerles) se clavó en nuestro recuerdo y marcó la forma en que las vimos desde entonces: el primer desalojo. 

Esto ocurrió con un despliegue policial que movilizó a 800 granaderos a pie, y a otros tantos en dos helicópteros que se descolgaron a rappel por el techo del edificio, para burlar la resistencia que los vecinos sostenían en el portón de entrada a la calle. 

Rufina estaba en la azotea, con sus brazos extendidos sobre su cabeza, sosteniendo el papel de un amparo judicial. Ella estaba gritando, tratando de ganarle con su voz al ruido de las aspas de los helicópteros hasta que sus hijas la sacaron de allí, cuando vieron a los policías bajando sobre ellas. Corrieron y se trancaron dentro de sus departamentos: Rufina en el 21, y sus hijas en el 17 y el 13, dónde vivían. Otros once vecinos hicieron lo mismo y así, 14 departamentos resistieron ese desalojo original, que pretendía ser masivo. 

Ese día los policías vaciaron los otros 10 departamentos del edificio con 8 órdenes de desalojo de juzgados distintos, que se coordinaron misteriosamente en una acción digna del combate al crimen organizado. Así lo decían las vecinas:

“Vinieron a sacarnos como si fuéramos el Chapo”.

Resistir a los desalojos

Desde 2016 Zapata 68 vivió otros 12 desalojos en tres años. Todos mandatados por la justicia civil, entablados contra antiguos vecinos que ya no habitaban allí, algunos incluso fallecidos. En los pleitos se los acusaba de faltar al pago de contratos celebrados en 2015, que eran falsos, porque los vecinos dejaron de pagar rentas en 2002, cuando el edificio fue expropiado a su favor por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Estudiar a detalle este caso también nos permite comprobar cómo esa decisión política fue revertida en los hechos por una mala gestión del Instituto de Vivienda y el flanco abierto por los Tribunales de Justicia a favor de un tercero desconocido, revirtiendo la expropiación una vez que la dueña del lugar ya había fallecido. Su nombre, Rosario Fernández y Fernández, quien sigue apareciendo en el Registro Público como titular de Zapata 68 desde el 17 de febrero de 1943.

Rosario es hija de una pareja de asturianos, y nació en 1920, en la calle de Peralvillo, y aunque se casó, nunca tuvo hijos. Para cuando el edificio resultó dañado en el sismo de 1985, ya no tenían noticias de ella. Rufina la recuerda de niña, porque ella llegó en 1957 al departamento 21, dónde vivían sus tíos y su abuela materna, originarios de Tecomavaca, Oaxaca.

Habiendo hecho su vida en ese sitio, no fue extraño que Rufina, una mujer criada en la izquierda e influenciada por la militancia sindical en el magisterio de otro de sus tíos, asumiera la defensa pública del lugar cuando comenzaron los desalojos en 2016.

Ella ya había sido parte de la comisión directiva de la Asociación de inquilinos de Emiliano Zapata 68, que los vecinos fundaron el 30 de abril de 2001 para hacerse cargo de la expropiación que era inminente y que se concretó en enero de 2002, con sus dos publicaciones en la Gaceta oficial.

Resulta paradójico que quien los demandó y consiguió sacarlos, otro octogenario comerciante local llamado Francisco Ricardo Piñeirúa Fernández, “heredó” como albacea de Rosario casi dos años después, el 19 de noviembre de 2003, según consta en un poder notarial, que dice que esa es la fecha de un testamento apócrifo de la señora, que nadie jamás ha visto, y que fue convenientemente firmado siete meses antes de su muerte. 

Ejercer esta voz pública de defensa de sus casas llevó a Rufina a organizarse junto a otras vecinas y fundar, en 2019, la Red de desalojadas de la ciudad de México. Se cobijaron en el Movimiento Urbano Popular, junto a Jaime Rello, un líder histórico de la lucha por el acceso a la vivienda digna a los sectores populares de la Ciudad de México desde los 80.

Juntas protagonizaron tres importantes movilizaciones en la historia de la ciudad, cuando señalaron al Tribunal de Justicia capitalino como cómplice de sus expulsiones arbitrarias y exigieron un alto a los desalojos que están operando el vaciamiento de zonas codiciadas, como el Centro Histórico, mucho antes que hablar de gentrificación estuviera de moda. 

Pero el hecho que vinculó a Zapata 68 con la Fiscalía Ambiental de la ciudad de México ocurrió a comienzos de 2019, cuando un grupo armado invadió los departamentos ya desalojados.

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Así opera la Fiscalía del despojo

Cuando Rufina acudió a la autoridad buscando ayuda para hacer frente a la invasión de Zapata, la canalizaron a la Fiscalía Ambiental para que denunciara lo sucedido como un despojo. Fue en las oficinas del tercer piso del Búnker, dónde Rufina oyó que había dos carpetas abiertas por el “despojo” de Zapata 68. Esto fue confirmado por Leilani Fahra, la exrelatora sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas, quien tomó contacto con el caso por intermedio de Habitat International Coalition (HIC). Tras su visita a México, emitió un informe en marzo de 2019, dónde la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó que Zapata 68 había sido denunciado previamente por despojo ante la Fiscalía Ambiental, en enero de 2019, señalando a Rufina y su familia como si ellas hubieran invadido el edificio, un mes antes que efectivamente ocurriera la invasión armada del predio. 

La historia de Zapata 68 nos enseña cómo funciona la criminalización de gente organizada en defensa de sus derechos, como un mecanismo de presión desde la Fiscalía Ambiental, penalizando algo que era antes era materia exclusiva de la Justicia Civil. También nos muestra cómo la Fiscalía evitó actuar ante una verdadera denuncia de despojo que las afectadas le reclamaban. Esto lo detallamos en nuestra investigación madre: más que atacar mafias invasoras, la Fiscalía del despojo actúa contra vecinos organizados y con procesos de regularización abiertos ante el Instituto de Vivienda, el mismo Instituto que dilapidó en burocracia la decisión política de expropiar Zapata 68 en favor de sus habitantes. 

La Fiscalía no llegó a actuar en el caso, ni contra Rufina ni contra los verdaderos invasores. Su desalojo del departamento 21 se concretó sin fuerza pública, a las 6 y media de la mañana, el 31 de mayo de 2022, sin haber recibido notificación previa, bajo las órdenes de un actuario del Juzgado 32 de lo civil a cargo del Juez José Guadalupe Mejía Galán.

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Rufina se mudó al departamento 17 con su hija, sus nietas y bisnietos durante un año, hasta que toda la familia fue finalmente desalojada el 27 de junio de 2023, acabando con seis generaciones de permanencia en el edificio. El desalojo lo ordenó la Jueza Elvira Carvajal Ruano, del Juzgado 22 de lo civil. 

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Además de perder una ciudadana ejemplar del Centro Histórico, que abrió camino en la defensa del derecho a una vivienda digna, su expulsión busca cortar los lazos para el traspaso del conocimiento que esta familia acumuló durante 22 años de lucha formalmente organizada, colectiva, popular, sobre cómo resistir al recambio poblacional forzoso, frente a un poder que parece total. Rufina Galindo es el rostro de una lucha vanguardista y aún no reconocida en contra de la gentrificación de la ciudad de México. 

Mira el reportaje de la Cooperativa de periodismo, a continuación:

* Cooperativa de periodismo es una apuesta colectiva por romper el aislamiento del trabajo freelance. Produce reportajes para medios de comunicación aliados y redes sociales.