El 12 de octubre integrantes de tres grupos de la comunidad otomí en Ciudad de México tomaron las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; entre sus demandas está la dotación de vivienda. Vecinos de la colonia Juárez, que conviven con un campamento urbano habitado por una de las comunidades otomíes que tomaron el INPI, piden al gobierno capitalino una solución para que la gente deje de vivir en la calle

Texto y fotos:  Arturo Contreras Camero

“¡La omisión por parte de las autoridades locales es evidente! Se han trepado varias autoridades al problema y han desfilado en cuanto a opiniones, pero nadie tiene el arrojo de hacer algo al respecto, de forma definitiva, que ayude a esta banda que está viviendo en la calle y que hagan algo”, dice Abigail Martínez, vecina de la colonia Juárez. “El común denominador entre los vecinos ya se volvió ‘reubíquenlos y liberen la calle’”, añade después.

En el cruce de Roma y Milán, en dicha colonia céntrica, yace un campamento de indígenas otomíes desde hace tres años. Tomaron el asfalto y pedazos de las banquetas para habitar, porque el inmueble en el que vivían tuvo daños importantes. El inmueble ocupado es lo que queda de una casona porfiriana que albergó a los refugiados españoles que llegaron a México durante la Guerra Civil Española, un tesoro urbano por su ubicación y su riqueza histórica. Ante el derrumbe de buena parte de la estructura, cerca de 80 familias tomaron las calles, el campamento, ha permanecido en la vía pública desde entonces. 

La molestia de los vecinos no sólo se debe a la heces fecales y las botellas con orines que llegan a encontrar alrededor del campamento, sino también por las fiestas con sonido a altas horas de la noche y por los riesgos sanitarios que un asentamiento de este tipo podría representar. 

“Tienen anafres junto con bidones de gasolina, hay niños corriendo y puede haber un accidente. No son condiciones para nadie, también hay niños de dos años o menos, que han nacido en el campamento y que esa es su vida, vivir en la calle. Se habla de derechos humanos y de garantías como grupo vulnerable, pero las autoridades siguen sin atender”, dice Abigail.

De tomar la calle a tomar oficinas de gobierno

El pasado 12 de octubre cuatro grupos indígenas, tres otomíes y uno de mazahuas, entre ellos los del campamento de Roma 18, tomaron las instalaciones del Instituto de Pueblos Indígenas, la instancia federal creada durante este gobierno para dar atención a este olvidado sector de la población. En ese momento, las demandas del grupo se enfocaron en peticiones de vivienda. 

Dos de los grupos de otomíes, radicados en Zacatecas 74 y Guanajuato 209, en la colonia Roma, piden que los predios que tomaron desde inicios de los 90, abandonados después de los sismos del 85, sean expropiados y rehabilitados por el Gobierno de la Ciudad de México para ofrecer a sus actuales inquilinos viviendas sociales a precios asequibles.

Para el otro grupo otomí, los que viven en el Roma 18, en la Juárez; y para el grupo Mazahua, que viven en Avenida Zaragoza 1434, en Pantitlán, reclamaban un banco de viviendas cercanas a donde se encuentran viviendo actualmente, aunque a dos semanas de la toma de las oficinas del INPI, estas demandas quedaron sepultadas.

“Si tomamos la Sepi (la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México) a nivel global es una cosa, pero esta es una toma política, eso es lo que estamos desafiando, el sistema político”, dice en entrevista telefónica Diego García, una de las personas que lideran la toma del INPI. 

Diego García, además, ha acompañado a una parte de los otomíes que ocupan el asfalto en Roma 18, en la Juárez. Al respecto, aclara: “Con los vecinos unidos de la Juárez ni con el comité vecinal ha habido ningún diálogo. La mayor parte de su posición es que los saquen de las calles. Sí han habido negociaciones, se reunieron con el delegado, fueron, hicieron algunos videos, se comprometió a resolver, pero él, Nenulo… Nenuño…  no recuerdo su nombre, no acudió y no ha acudido a ayudar”.

Por si fuera poco, la población del campamento de Roma 18 tampoco está integrada. Ahí coexistían tres grupos de otomíes. El primer grupo fue desalojado en 2019 por policías ataviados como granaderos, un cuerpo que apenas unos meses antes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum había desaparecido. 

Otro grupo era comandado por líderes difusos ligados a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPREZ, organización a la que tanto vecinos como indígenas vinculan con el PRI.

Y el tercer grupo que acompaña Diego, que guarda relación con el Congreso Nacional Indígena.

“A los primeros los coordina una persona que pertenece al PRI, que ya ni siquiera está, que los dejó solos en el campamento. La cosa es que ellos no se quieren coordinar con nosotros, intentamos de que vinieran –a la toma del INPI– pero no están aquí”, dice Diego. 

La convivencia revienta

Desde inicios de este año, a raíz de la pandemia, como reza la historia de muchos procesos truncos de este año, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc dejó de atender a los indígenas de Roma 18. Las pipas con agua y las despensas que les hacían llegar dejaron de aparecer. “Como ya no tienen agua, van a tomas públicas y las rompen, creando fugas que luego el sistema de aguas no quiere venir a reparar”, acusa otra de las vecinas de la colonia.

Detalles como ese fueron tensando a tal grado la relación entre los vecinos de la colonia y los grupos indígenas que, a principios de febrero, algunos empezaron a negociar junto con autoridades de la ciudad y los supuestos dueños del predio para buscar una solución a la estancia de los indígenas en la calle, sin embargo, la pandemia truncó las mesas.

“Se logró la apertura de una mesa de diálogo con la subsecretaría de gobierno, a cargo de Arturo Medina”, dice al respecto Fernando Monroy, también vecino de la Juárez. “Todo se hizo a través del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, él nos hizo el favor de contactarnos con la gente del gobierno de la Ciudad de México, aperturaron la mesa de trabajo, en esa estaba gente de la subsecretaría, gente del Invi (el Instituto de Vivienda de la Ciudad), del INPI (en realidad Fernando se refiere a la Sepi) de la la Alcaldía y algunos otros de derechos humanos. También estábamos algunos vecinos; del campamento, nadie, y del predio estaba el abogado del dueño”.

“Lo que sé es que el gobierno les ofreció terrenos en Azcapotzalco, los cuales negaron porque dijeron que querían vivir cerca de donde trabajan y como son ambulantes de la Zona Rosa, se quieren quedar por acá. Les ofreció también viviendas que tenían separadas en las cercanías, pero los líderes de estas personas también las rechazaron”, dice sobre intentos anteriores de negociación.

A finales de mayo de 2019, después del desalojo de uno de los grupos que vivían en el campamento, Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, se acercó a sostener un diálogo con los vecinos de la zona en un parque cercano al campamento. A la reunión no fueron invitados los indígenas, quienes de todas maneras hicieron acto de presencia. 

En esa reunión, el alcalde aseguró que ya se había contactado con el dueño del predio y se estaban pensando métodos para dirimir el conflicto. El dueño, según corroboró y según dicen los vecinos y los indígenas otomíes, es una empresa llamada Eduardo S.A., una inmobiliaria.

Para comprobar la propiedad del inmueble, vecinos de la colonia han acudido al Registro Público de la Propiedad, pero el folio correspondiente al inmueble se encuentra cerrado, por lo que es imposible verificar su propiedad. 

Fernando Monroy, que ha asistido a las reuniones junto al abogado representante de Eduardo S.A., asegura que la empresa adquirió el inmueble en compra directa de la corona española a inicios de los años 90, y de ahí el reclamo de la propiedad sobre el terreno.