Las vecinas de la unidad territorial Nueva Verónica 11300 presentaron un amparo contra el megaproyecto de construcción de departamentos Be Grand Alto Polanco. Denuncian irregularidades y una fuerte afectación al abastecimiento de agua y a la calidad de vida en la zona

Texto: Laura Buconi

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El megaproyecto Be Grand Alto Polanco, ubicado en la colonia Anáhuac I Sección de la Ciudad de México, ha construido desde 2012 cuatro megatorres, que albergan en promedio mil 600 departamentos, sin la realización de una consulta pública en materia ambiental, como lo señalaba la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra de la CDMX.

Ahora, el proyecto plantea la realización de dos torres más, una con 20 niveles y otra con 39 niveles, con un total de mil 84 departamentos. Bajo la información proporcionada por el mismo Be Grand, el proyecto impactará a 11 unidades territoriales de manera directa, entre las que se encuentra la coloniay unidad territorial Verónica Anzures, y que, de manera indirecta, afectará también a 12 unidades territoriales.

Las autorizaciones para la Fase III del proyecto de Be Grand las otorgaron durante 2024 la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Lo hizo con base en una Consulta Vecinal para Grandes Construcciones realizada durante el proceso electoral de 2024, situación que se encuentra prohibida por la Constitución de la Ciudad de México.

“No vamos a quedarnos calladas ante la imposición de megaproyectos que vulneran nuestros derechos, saturan los servicios básicos y comprometen el futuro de nuestras colonias”, denuncian las vecinas de COPACO de la unidad territorial Verónica Anzures, conocidas como Nueva Verónica 11300 Observatorio Vecinal, que el pasado 8 de julio presentaron un amparo contra la Fase III del proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco.

Escasez de agua e incremento de la gentrificación

La primera fase del proyecto, que contemplaba la construcción del nivel inferior de departamentos, inició en 2012 bajo el nombre de Conjunto Residencial Torres Polanco. Claudia, una de las vecinas de Verónica Anzures que promovieron el amparo, relata que desde su inicio “hubo un problema muy fuerte de abastecimiento de agua; inclusive, otorgaban agua a los departamentos en tandeo”.

Las vecinas afirman que no las consultaron de manera correcta ante el inicio de la obra y se declaran preocupadas por la siguiente fase del proyecto, que va a duplicar el número de viviendas autorizadas.

Una de las vecinas comenta que los departamentos construidos durante la Fase I y la Fase II del proyecto ya se encuentran habitados. Ella tuvo la oportunidad de acudir a una reunión concerniente a la Fase II, en la que se presumía la posible perforación de un pozo de agua para dotar de servicios al complejo Be Grand. Arturo Aparicio, abogado que apoya el amparo vecinal, añade que los departamentos de la Fase III ya se encuentran en preventa y que el Observatorio Vecinal fue alejado cuando intentó investigar sobre el desarrollo futuro del proyecto.

El abogado explica que los departamentos que se construirán en la Fase III del proyecto son muy pequeños. Son tipo loft, desde 35 metros cuadrados de extensión, y en fase de preventa tienen un costo de 4 millones de pesos. A esto, se deben agregar 2 millones por cada cuarto adicional. Se trata de precios superiores a la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población local, y las vecinas temen un aumento desmedido de la gentrificación en la zona. Además, denuncian que el abastecimiento de agua a sus viviendas escasea cada vez más.

Autorización irregular del proyecto

La población total afectada por el proyecto en las Áreas de Influencia Social Directa e Indirecta, según el propio Be Grand, es de 149 mil 213 personas, denuncia el boletín vecinal. Sin embargo, a la Consulta Vecinal para Grandes Construcciones (CV) convocada para el proyecto solo participaron mil 499 personas, lo cual representa el 1% de la población afectada.

Las vecinas denuncian que la poca participación se debió a que la Consulta se realizó en paralelo al proceso electoral ordinario:

El proceso para elegir cargos federales empezó en noviembre de 2023 y concluyó el 14 de agosto de 2024, mientras que el proceso electoral para elegir cargos en la Ciudad de México fue de septiembre de 2023 a octubre de 2024. La Consulta Vecinal realizada por IDECIS A.C., una empresa contratada por Be Grand, inició el 28 de junio de 2024 y concluyó el 19 de julio de 2024. La Constitución de la Ciudad de México prohíbe llevar a cabo consultas u otros instrumentos de participación ciudadana durante los procesos electorales.

El Observatorio Vecinal también lamenta que el proyecto lo autorizaron sin una consulta pública en materia ambiental, como lo establece la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, la cual es diferente a la Consulta Vecinal. Por otro lado, denuncian que las autorizaciones ambientales no señalan de manera clara el nivel de impacto ambiental del proyecto ni si puede haber mitigación.

Por estas razones, las vecinas presentaron un amparo el pasado 8 de julio. El abogado Aparicio detalla:

“Se trata del primer amparo que se presenta, o por lo menos del que tenemos conocimiento, contra un proceso de Consulta Vecinal para grandes construcciones que se da durante un proceso electoral”.

El abogado también señala que, en las autorizaciones en materia ambiental emitidas por la SEDEMA, se debió valorar el nivel de impacto ambiental y los derechos de los vecinos que pueden vulnerarse. En consecuencia, se tiene que definir si el impacto puede ser tolerable con medidas de mitigación o no. 

“Sin embargo, por los mismos documentos compartidos por la inmobiliaria en su página web, queda muy claro que se les dio una autorización sin valorar el impacto ambiental del proyecto”, denuncia.

Finalmente, Aparicio afirma que, posterior a la Reforma del Poder Judicial, otro asunto relevante fue que a las vecinas les tocó un juzgado que no tiene juez ni jueza. 

“Hay una secretaria encargada del despacho del juzgado, ni siquiera en funciones de jueza, pero no hay ningún juez. Y cuando las vecinas presentaron el recurso, se encontraron en un Tribunal Colegiado que tampoco tiene magistrados, sino dos secretarias en funciones de magistradas, que negaron la suspensión del amparo alegando que el proyecto ya está en curso, pero no es suficiente, hay que acreditar la afectación”.

La intención de las vecinas es activar la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, pero también ante el Tribunal de Disciplina Judicial que se instalará en septiembre de este año, para sancionar a los sujetos que están ocupando las labores de jueces y magistrados, pero han actuado negligentemente en contra de los mismos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Este amparo no es un acto aislado”, concluyen las vecinas. 

“Es parte de una defensa colectiva del territorio, de la vida cotidiana, del derecho al agua, a la vivienda y a un medio ambiente sano. Sabemos que enfrentamos grandes intereses, pero también somos muchas, somos valientes y no estamos solas”.