Texto: Ana Cristina Ramos y José Ignacio De Alba.
Foto: Archivo Pie de Página
Parece una buena noticia para los Altos de Jalisco: Abengoa renunció a la construcción del acueducto que llevaría el agua de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato. La empresa no dio motivos para su retiro de una de sus obras más importantes en México y por la que cobró al gobierno mexicano 1,600 millones de pesos, aunque nunca inició la construcción.
Apenas en mayo pasado, la empresa había anunciado una “alianza vinculante” para inyectar recursos de los fondos de pensiones en la megaobra. “(Abengoa) ha alcanzado un acuerdo con Prana Capital, división de infraestructura y energía de Artha Capital, fondo administrador de pensionados mexicanos, mediante el cual este último invertirá recursos financieros para complementar el capital de Abengoa en este importante proyecto”, dice el comunicado del 27 de mayo, que también aclara que Abengoa “se encargará del suministro, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura durante 25 años”.
Sin embargo, el 28 de agosto, en un comunicado difundido en la Bolsa Mexicana de Valores, Abengoa anunció su “renuncia sin responsabilidades” a la concesión que le entregó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la construcción del acueducto. A través de su área de Comunicación Social, la empresa confirmó a Pie de Página esta decisión.
“Abengoa ha presentado una renuncia sin responsabilidad ante la Conagua, con quien se encuentra en conversaciones con el objetivo de proteger tanto el proyecto como los derechos de la compañía. De momento no se van a hacer comentarios”, dijo vía correo electrónico Cristina Cabrera.
La empresa, ahogada en deudas y declarada insolvente en 2015, no sólo obtuvo dinero del gobierno mexicano por la adjudicación de la obra y la inversión de fondos de pensiones en ella; también la usó como garantía para conseguir financiamientos de bancos internacionales, como documentó una investigación de Pie de Página.
Ahora, prepara una demanda contra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por de 2 mil millones de pesos.
Para los afectados, sólo se traspasa el problema
En el 2011 Abengoa ganó la licitación para capitalizar el agua contenida en la presa El Zapotillo, en Cañadas de Obregón, Jalisco. La construcción de la presa, a cargo de Fomento de Construcciones y Contratas, está detenida desde 2013, por la batalla jurídica que han dado los pobladores de Temacapulin, Acasio y Palmarejo, tres poblados que serían inundados.
Contra el acueducto se han manifestado también los ganaderos, agricultores y silvicultores de la región de Los Altos, donde se produce el 23% del PIB estatal.
La abogada Claudia Gómez Godoy, representante jurídica de Temacapulín, consideró que el retiro de Abengoa no cambia la situación de los pobladores. “El proyecto se traspasa con todo y conflicto a otra empresa y los amparos legales que han evitado su construcción se mantienen”, dijo, vía telefónica.
Guadalupe Espinoza, quien también asesora legalmente el movimiento de resistencia a la presa, indicó que el gobierno va a seguir adelante con el proyecto y que ya se prevenía el abandono de Abengoa, pues el 14 de agosto, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se reunió con diversos personajes públicos involucrados con la construcción y señalaron la posibilidad de constituir una Asociación Público Privada que permita de manera inmediata llevar a cabo la ejecución del proyecto.
“Para el 2018 no va a haber agua en León de Jalisco, no van a llevar agua del Zapotillo como lo habían anunciado, porque esto retrasa más el acueducto, estamos a finales de agosto, ¿quién va a ser la nueva empresa a cargo? Todavía se tienen que modificar muchas cuestiones jurídico legales, desde lo más básico que es la concesión”, reflexionó.
El artículo quinto de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato demanda que el gobierno convoque a una nueva licitación, por lo cual, todavía falta para que el proyecto se construya.
En León, “las empresas se quedan”
La presa del Zapotillo y el acueducto servirían para suministrar agua al Bajío Industrial, una de las zonas que más produce y exporta coches en el país. Los resortes que mueven la economía hicieron que en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el estado de Guanajuato cambiara de vocación: dejó de ser agrícola para volverse industrial. Pero hoy desde la frontera norte, a bocajarro el presidente de Estados Unidos Donald Tump asegura y perjura que esto se va acabar.
Trump reclama, en nombre de la justicia, que la balanza comercial entre México y Estados Unidos es desigual. Que ellos están comprando 123 mil 72 millones de dólares más de lo que los mexicanos le compramos a su país. Por eso y por otros motivos pidió que se renegociara el tratado comercial que firmaron los gobiernos mexicano, estadounidense y canadiense hace más de 20 años. El tratado por el que se ha regido la economía del país está en un juego de azares. Trump promete cada tanto abandonar la fiesta y el gobierno mexicano siente como si lo dejaran bailando solo. El 80 por ciento de las exportaciones de México tienen como destino la unión americana.
Desde el punto de vista de Isodoro Mata Cano, director del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, la decisión que tome el gobierno estadounidense poco hará a los intereses de las compañías automotrices del país, de hecho “el efecto Trump no ha sido tal, este ha sido uno de los semestres que más ha crecido la industria automotriz en México. Creció casi un 3 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado”, asegura Cano en entrevista telefónica.
Cano cree que el gobierno de Estados Unidos tiene una visión muy limitada “Yo creo que hay que blindar a Norte-América de forma conjunta, en vez de estar aislados frente al mundo”. Es más, la producción automotriz en México cambiaría muy poco sin el tratado comercial “Aquí seguiremos exportando de una u otra forma […] el impuesto máximo que puede imponer el gobierno estadounidense a los coches producidos en México es del 2.5 por ciento según las reglas Organización Mundial de Comercio.
Y cuando se le pregunta a Cano sobre si las empresas se irían en caso de que se acabara el tratado responde: “definitivamente no, las empresas se quedan porque tienen proyectos a largo plazo.
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Periodista que sueña con pajares de agujas, misterios sin escribir y un mundo por explorar.
Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
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