Una mujer en Coahuila es acusada por su exesposo  bajo los términos de la ley Olimpia por difundir fotografías de él desnudo. Colectivas feministas coinciden en que falta una perspectiva de género en la aplicación de justicia por parte de las autoridades. «Nos están presentando a un hombre como si fuera una víctima al nivel de las mujeres, niñas y adolescentes»

Texto: Pie de Página

Foto: Cuartoscuro

Se llama Diego, y en cuestión de horas su nombre dio vuelta al país tras convertirse en el primer hombre en llevar a juicio a su exesposa bajo los argumentos de la ley Olimpia, un conjunto de reformas nacidas de un caso de violación digital a la intimidad, que sería impulsado por colectivos feministas hasta lograr su incorporación en los códigos penales de 29 entidades casi de manera simultánea a su aprobación en junio de 2021 por el Congreso de Puebla, el estado donde nació su gestora original, Olimpia Coral Melo Cruz. Pero su caso no ha hecho sino agitar las aguas en el de por sí enardecido mar de los reclamos por la prevalencia de un sistema de justicia invadido de conciencia masculina.

Si hay algo de relevante en este proceso que se ha abierto en un tribunal de Saltillo, la capital de Coahuila, es que pone en perspectiva la disparidad que existe en el acceso a la justicia entre mujeres y hombres, dice Ariadne Lemont, vocera de Activistas Feministas de la Laguna, una organización que acompaña a víctimas de violencias en La comarca.

“Nunca un hombre va a tener las mismas condiciones de víctima con respecto de un delito de violencia digital, de violación a la intimidad, de exhibición de su cuerpo sin su consentimiento. El sistema de justicia en general tiene que despatrialcalizarse porque, aquí, en este caso, nos están presentando a un hombre como si fuera una víctima al nivel de las mujeres, niñas y adolescentes. Y nunca será igual”.

Lemont, una abogada de larga trayectoria como activista por los derechos de las mujeres, fue una de varias feministas que organizó marchas, salió en busca de firmas y presionó a congresistas hasta lograr la incorporación al Código Penal de las reformas que castigan la violencia a la intimidad sexual. Aquellas acciones les valieron burlas y campañas mediáticas durante meses.

“Los hombres se hallaban entonces en la danza de la vida. No participaron porque son ellos los que normalmente agreden”, señala.

El proceso que se ha abierto a Yessica, la mujer acusada por su exesposo bajo los términos de la ley Olimpia, pudiera encarar una pena en prisión de seis años como mínimo. De acuerdo con la demanda, ella habría difundido fotografías en las que Diego aparece desnudo. Las imágenes supuestamente fueron tomadas cuando ambos aún eran pareja, por lo que se alinean los elementos que configuran delito según las leyes del estado, comenzando por la violación a la intimidad seguido de la difusión de las imágenes.

“Por eso es importante hacer valer la perspectiva de género”, dice Gabriela Pablos, del Frente Nacional de Mujeres. “La ley Olimpia inicialmente fue creada a raíz de una problemática social, que consiste en el abuso, en la transgresión de la intimidad de las mujeres. Es importante decirlo, porque Olimpia Coral Melo, que es compañera nuestra, hizo esta ley pensando en las mujeres que viven violentadas en su intimidad vía redes digitales. Suena mucho la noticia de que un hombre haya sido violentado [pero] en México el 85 por ciento de los delitos denunciados son perpetrados por hombres”.

Olimpia Coral, hoy de 27 años, fue víctima de la difusión de un video en el que aparece sosteniendo relaciones con quien entonces era su pareja. Tenía 19 años. Tras la ruptura, el sujeto decidió hacer público el contenido, que en cuestión de días se viralizó. Olimpia pensó en salir del país, atormentada por la vergüenza, pero tanto su madre como su abuela la convencieron de lo contrario y estuvieron a su lado desde el principio de su lucha por introducir como delito punible una práctica que había orillado a miles de adolescentes y jóvenes al suicidio o a buscar especialistas en salud mental. 

En el país existen más de 77 millones de internautas mayores de 12 años. De ese total contabilizado por el Inegi, 16 millones, equivalente al 21 por ciento, dijeron haber sido víctimas de ciberacoso y violación a la intimidad. Una investigación posterior de la Asociación para el Progreso de las Etnologías, establece que las mujeres entre 18 y 30 años son las más vulnerables en espacios digitales. Se trata de una porción enorme de ciudadanas hasta hace muy poco desprovistas de una ley que les defendiera en tribunales ante un eventual ataque. Pero si bien 29 de las 33 entidades federativas incorporaron los términos de las Ley Olimpia en sus códigos penales, no significa que se tenga acceso a la justicia. 

Entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, el colectivo Defensoras Digitales en Saltillo abrió una página en Facebook con el propósito de prestar auxilio a jóvenes victimas de ciberacoso y violación a su intimidad. Recibieron 145 solicitudes de auxilio y más 35 llamadas telefónicas. 180 casos en total. De ellos, dice Yunuen Castillo, una de sus promotoras, solo cuatro llegaron a denuncia y uno terminó en sentencia. 

“Es importante visibilizar cuántas miles de mujeres en México han ido a denunciar casos de violencia digital, de violencia a la intimidad sexual, y ni siquiera ha procedido la denuncia. Ver cómo de tantos casos de mujeres un porcentaje muy pequeño es el que se judicializa y todavía uno menor es el que llega a sentencia condenatoria, es terrible. Qué bueno [que esta vez ha tocado a un hombre], porque lo importante del derecho es que se haga justicia. Pero desde el feminismo siempre insistimos en ver estas asimetrías del poder, estos pisos que desgraciadamente no son parejos”.

Yunuen Castillo.

El acceso a la justicia en un país en el que en promedio se asesina a 10 mujeres por día, se vuelve apremiante. Pero eso no pasa tan solo por el deseo, sino por la movilización sin recesos. Es lo que han hecho grupos de feministas a través de los años, por cada rincón del país. Pero la deuda del sistema judicial y del Estado en pleno es la implementación de una perspectiva de género en la acción pública. 

Gabriela Pablos, víctima ella misma de violencia digital, mantiene un proceso abierto en tribunales en contra de dos exparejas, padres de sus hijos, quienes difundieron material en los que ella ha sido expuesta.

“Hasta donde recuerdo solo han habido seis o siete sentencias a partir de la ley Olimpia”, dice para dar cuenta del gran adeudo que se tiene en materia judicial. “La ley es muy clara para quien tome, difunda o publique contenido de carácter íntimo sexual con la intención de perjudicar. Eso se da por miles en contra de mujeres, así que el número de sentencias es, evidentemente, muy bajo”. 

En su caso, y de ahí que insista en la urgencia por introducir la perspectiva de género en el sistema judicial, sus dos exparejas están confesas y el delito se ha acreditado por completo. Pero no hay avance. “Las mujeres no estamos accediendo a la justicia. Este es un tema real. Es parte de lo que queremos tipificar con el tema de la violencia vicaria porque no se nos juzga con perspectiva de género. Aún las autoridades nos juzgan desde una óptica machista”, añade. 

La forma en la que zozobra casi cualquier búsqueda de justicia emprendida por mujeres tiene que ver, efectivamente, con un sistema cuya óptica es completamente masculina y al oportunismo que se ha hecho del tema feminista, dice Mar Barragán, de la Red Violeta.

“Es necesario hacer énfasis en que la ley Olimpia no nace como una moda de las mujeres, sino como un reclamo ante el gran adeudo de justicia que tenemos. Así que no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que se manipule este logro con propósitos políticos. Porque tenemos este ejemplo de Arturo Zaldívar, presentando una ley que no le corresponde y con la que solo quiere hacerse pasar como el ministro feminista cuando ha guardado silencio en situaciones clave de la lucha. Que primero solucione las fallas del sistema judicial, de los ministerios públicos, si es que realmente está comprometido con la causa”.

Barragán hace referencia a la propuesta enviada a principios de julio al Congreso por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para modificar el artículo 73 de la Constitución y un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el feminicidio. 

Se necesita, en síntesis, “una justicia que tenga en claro que las mujeres y los hombres viven los delitos sexuales, ya sea en la vida real o virtual, de manera muy diferente”, insiste Ariadne Lemont.

“No sé si conoces hombres que se hayan suicidado o acabado en hospitales psiquiátricos porque fueron exhibidos. Porque casos de adolescentes y mujeres hay muchos. Que se han quitado la vida porque fueron exhibidas. Que han tenido que acudir a tratamiento psiquiátrico para tratar de recuperar su vida. Entonces los efectos de la violencia digital no son los mismos para mujeres que para hombres. Aquí tenemos, en Coahuila, una sentencia que está tratando un caso en concreto, como si fuera igual que los casos en los que las mujeres son víctimas. Y eso nunca”. 

Ariadne Lemont

Lemont aclara que desconoce los pormenores del caso, que tampoco se han hecho públicos. Pero su análisis parte del mismo principio que el resto de las feministas. La falla es estructural, justo por el predominio de una conciencia machista. 

“En los comentarios que hay en la prensa de ese caso, tanto la abogada defensora como la supuesta víctima dicen que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias, que ellos no van a aceptar una salida alterna, que lo que quieren es que se cumpla lo que dice la ley, que son los seis años de cárcel. Eso es punitivismo”, señala. “Eso es: ‘Yo, que tengo el poder, porque además soy del bando de los ganadores, los que siempre ganan que son los hombres, te voy a llevar a la cárcel a ti, que delinquiste’. No estoy diciendo que la mujer es inocente. Lo que digo es que si ella hizo algo fuera de la ley, que procedan y que la juzguen con perspectiva de género. Porque es a lo que ella tiene derecho”.