En el último foro de los Diálogos Nacionales para la reforma judicial: juristas y servidores públicos coinciden en que hace falta una reforma más profunda para que los grupos minoritarios este representados

Texto: Kau Sirenio 

Foto: José Betanzos / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – En el noveno y último foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, juristas, jueces, legisladores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) coincidieron que México requiere de una reforma judicial profunda para hacerle justicia a los que no pudieron pagar un abogado o contar con un interprete. 

Reunidos en Culiacán, Sinaloa, los especialistas y funcionarios del gobierno Federal y estatal sostuvieron un acalorado debate sobre la impartición, procuración de justicia y seguridad pública. 

En un mensaje grabado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la reforma constitucional del Poder Judicial plantea mejorar la impartición de justicia, y para esto, las decisiones de los juzgadores tienen que ser imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos. 

Subrayó que la reforma será un parteaguas en la historia contemporánea de México, para que ministros, jueces y magistrados puedan recuperar, con una actuación probada, la credibilidad perdida. Propuso que la reforma tienen que buscar mecanismos ágiles para “otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad o víctimas de tortura como un acto de justicia para quienes no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado o no pudieron contar con un traductor”.

Justicia y seguridad pública

En materia de seguridad pública, la funcionaria Federal reconoció el trabajo diario y coordinado con “las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto y las fiscalías estatales”.

Dijo que en su administración se cumplimentaron y ejecutaron órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7 mil 992 objetivos criminales generadores de violencia. Sin embargo, resalto que los jueces han liberado a los infractores:

“La captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad argumentando deficiencias en la investigación o a veces mero formalismos”.  

Sostuvo que los jueces y magistrados favorecen a los delincuentes, y eso siempre termina en impunidad y afecta a la seguridad nacional. Criticó que son insensibles con las víctimas a quienes le niegan el acceso a la justicia. 

“Si las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia trabajan juntas en beneficio de la población, habrá mejores resultados y la ciudadanía se sentirá segura, pero eso solo será posible con una reforma que cambie la manera de cómo se administra la justicia en nuestro país” apuntó.

Regular la abogacía

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, expuso la necesidad de incluir en la iniciativa la obligación de tener leyes para el ejercicio de la abogacía y mejorar la justicia al tener una mejor defensa, litigio y abogados que puedan incorporarse a los poderes judiciales.

Consideró que la reforma debe ofrecer un presupuesto más federalista.

Es necesario mejorar la legislación estatal y federal para defender a la gente y garantizar al ciudadano  que no puede recurrir a un abogado particular tenga la garantía de que va a ser defendido en iguales circunstancias. “Ojalá podamos dar el paso a una reforma de justicia y no solo a una de la estructura y la selección del Poder Judicial”.

La senadora electa, Ernestina Godoy Ramos, pidió garantizara que los que estén en la boleta para ocupar el cargo de jueces, magistrados y ministros tengan la calidad, no sólo moral, sino profesional. Pidió que, una vez que hayan ganado, se capaciten antes de tomar protesta del cargo y que sean evaluados.

Sostuvo que los derechos de los trabajadores “no se afectarán y jamás se vulnerará a los derechos de los trabajadores. Se tienen que hacer reformas legales y darles herramientas a los jueces para que puedan hacer efectivo que los procesos sean rápidos, sin violentar el derecho de defensa y proceso”.

«No hay argumentos para defender el Poder Judicial actual»

La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, dijo que estos diálogos son necesarias en un país democrático, que la racionalidad y la libertad de pensamiento y opinión respecto a los asuntos públicos tienes que celebrarse.

“No oigo argumentos ni planteamientos que expresen un posicionamiento favorable en defensa al Poder Judicial; por lo contrario, en la calle, centros de trabajo, oficinas públicas, círculos políticos y academia, no de hoy sino de lustros se vienen acumulando señalamientos que mencionan los desvíos del Poder Judicial y la lentitud en la resolución de los asuntos”.

Dijo que la gente está desesperada y angustiada porque no les llega la justicia. “La pésima imagen, su inaceptable imagen que se ha ido conformando en la sociedad, al parecer lo tiene sin cuidado y sin percibir que el pueblo ha emitido un veredicto, el cual consiste en una renovación desde los cimientos y una refundación para que haya en el país una verdadera y eficiente justicia”.

Apuntó que la ejecución de la decisión del Constituyente permanente sobre la reforma al Poder Judicial «generará cuestiones incidentales que requieran soluciones directas que no fueron incorporadas en el texto sancionado; recomendó que la elección de magistrados se haga por etapas y dijo que no hay duda alguna de una reforma que introduzca en el sistema judicial del país la transformación más profunda para alcanzar la demanda social y la aspiración de justicia”.  

Sistema ineficaz

En su intervención, la fiscal general de Justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, reconoció que el sistema de justicia en México enfrenta críticas por su ineficacia, corrupción y falta de transparencia, de acuerdo con los datos del Inegi de 2021 la impunidad alcanza niveles alarmantes, por lo que la reforma al Poder Judicial es una tarea necesaria y urgente que requiere la participación activa y coordinada de todos los actores involucrados.

Detalló que el sistema judicial de México, enfrenta serios desafíos que impiden su realización, como son retardos procesales, sobrecarga de trabajo y falta de recursos. “La procuración de justicia y la seguridad pública son dos áreas estrechamente relacionadas y de suma importancia en la discusión”.

La fiscal de Sinaloa, propuso que se implementen tribunales especializados en materia de corrupción, derechos humanos y violencia de género, para mejorar la calidad y rapidez en la impartición de justicia; así como el fortalecimiento de las fiscalías y dotarlas de mayores recursos que le permitan incrementar el capital humano, profesional y especializado.

El titular de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General de la República, Germán Adolfo Castillo Banuet, apoyó los foros que el Congreso de la Unión realizar en el país para la reforma a la impartición de justicia: “Apoyamos la reforma al sistema judicial en beneficio de los habitantes del país y la Fiscalía General de la República brinda su apoyo para lograr una reforma con sentido social”.

Propuso aumentar el presupuesto para contar con más agentes investigadores, policías federales ministeriales y peritos, y otorgar mejores salarios, “porque no puede ser que un agente del Ministerio Público de la Federación que se dedica a construir los casos gane menos de la mitad de lo que gana un defensor público federal y menos de cuatro veces de lo que gana un juez federal”.

Una discusión necesaria

La coordinadora de proyectos de la organización civil “Impunidad Cero”, Leslie Jiménez Urzúa,  celebró se discuta sobre las fiscalías y de la procuración de justicia, las policías porque son el primer eslabón con las personas en la cotidianidad. 

La abogada agraria Mónica Ferreyra García, subrayó que se incluya al Poder Judicial a juristas especializados en materia indígena, comunal y campesina; que se nombren jueces indígenas, porque en la legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a los pueblos indígenas. 

”Pedimos elegir a juristas indígenas bajo el principio del pluralismo, con una perspectiva intercultural y con paridad de género”.   

En el último foro para la reforma judicial en el Poder Judicial, la única que defendió la iniciativa fue la representante de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, Marlén Ángeles Tovar, subrayó que los juzgadores de carrera judicial sí quieren una reforma porque faltan más juzgados, tribunales, plantilla laboral y presupuesto, ya que el asignado es insuficiente.

“Nos dan el 0.26 por ciento del PIB y a nivel mundial es entre el uno o dos por ciento; por eso, pedimos que revisen esta situación” planteo.

Dijo que los juzgadores de carrera siguen trabajando, no importa lo que les digan porque están comprometidos con la nación y quieren un cambio que mejore sus condiciones laborales. “Están dispuestos a colaborar, pero esto no significa sumisión porque son independientes y van a defender eso siempre. Se necesita una reforma de justicia a nivel de tribunales de los estados”.

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