Con este tipo de leyes se toman medidas que rompen con las inercias que nos han llevado a acumular una crisis ambiental tras otra, y para convertir el campo nacional en un motor del desarrollo nacional, que retenga a su población y atraiga a nuevos habitantes, que reverdezca las montañas y que sea fuente de prosperidad.

Por: Eugenio Fernández Vázquez

El Senado de la República aprobó una iniciativa de ley para la cafeticulturaque es una gran noticia para los cafetaleros, para los bosques y selvas del país y para las economías campesinas. Sin ir muy lejos, entre los principios rectores de la política cafetalera nacional se plantea en primer lugar la sustentabilidad, y en la iniciativa —que se acaba de enviar para su aprobación a la Cámara de Diputados— están contenidos muchos pasos necesarios para apoyar a los productores, facilitar la conservación de las selvas y disfrutar en México de un café de mucha mejor calidad que el que se toma en gran parte del país.

Además de sus virtudes para el sector, lo aprobado en el Senado es también muestra de cómo se puede trabajar con espíritu democrático, porque las organizaciones cafetaleras estuvieron muy presentes en el proceso, y de que se puede romper con la polarización que impera en el país y construir consensos. Fuera de un puñado de abstenciones —Gustavo Madero justificó la suya recogiendo los argumentos de los industriales, dejando en plata de qué lado está—, su aprobación fue casi unánime.

Un aspecto enormemente innovador de la iniciativa aprobada es que sienta las bases para que el café, en tanto producto agroforestal, se convierta en una portentosa herramienta para la defensa y restauración de los bosques mesófilos de montaña y las selvas mexicanas. Por ejemplo, contempla el establecimiento de un mecanismo de pago por servicios ambientales para que los productores reciban un mayor beneficio por conservar ecosistemas de los que, después de todo, depende el país entero.

Por otra parte, al centrar sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades, en el acompañamiento a los productores y en el apoyo del Estado para lidiar con los caprichos y vaivenes de un mercado internacional terriblemente volátil, la nueva ley muestra el camino a seguir en los campos y en los bosques nacionales si queremos ser verdaderamente soberanos en alimentación —y no solamente autosuficientes— y si queremos un campo vivo, floreciente y en el que restaurar el planeta sea un mecanismo para salir de la pobreza.

Uno de los instrumentos para ello es el establecimiento de un Instituto Nacional del Café, que deberá subsanar muchas de las disparidades que hay entre los grandes industriales y los campesinos. Por ejemplo, aportará información oportuna sobre el estado de los mercados, compensando un hándicap de los productores campesinos, que no tenían acceso a ese tipo de inteligencia, mientras que los grandes industriales podían costearla y usarla para manipular precios y aumentar sus márgenes de ganancia.

La iniciativa también pone límites claros a lo que se puede hacer y no en México, y si se los respeta entonces el país dejará de sacrificar sus suelos y su biodiversidad vendiendo café barato y malo que se manufactura fuera. En cambio, al determinar que el café de baja calidad no se pueda exportar sin procesar y aportar al impulso a la producción de variedades mejores y granos bien procesados, contribuye a que el valor se quede en el territorio nacional y a que se dañe menos el entorno.

Con este tipo de leyes se toman medidas que rompen con las inercias que nos han llevado a acumular una crisis ambiental tras otra —la iniciativa, por cierto, contempla medidas explícitas para mitigar el cambio climático y adaptarse a él— y para convertir el campo nacional en un motor del desarrollo nacional, que retenga a su población y atraiga a nuevos habitantes, que reverdezca las montañas y que sea fuente de prosperidad.

Las organizaciones cafetaleras han señalado que faltan todavía muchos pasos por dar, pero coinciden en que tienen mucho que celebrar. Con ellas podemos, también y por lo pronto, festejar todos. Ahora falta que la apruebe la cámara baja y, después de eso, reanudar los esfuerzos para seguir avanzando.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.