El caso de la periodista Miroslava Breach Velducea es histórico: el juez determinó que el motivo de su asesinato fueron sus investigaciones y se reconoció que existe un autor intelectual jerárquicamente superior a los asesinos materiales. Que la verdad nos acerque, poco a poco, a la justicia

Twitter: @luoach

El pasado 21 de agosto, se dictó sentencia contra uno de los asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea. Ese momento del juicio fue el último paso de un largo proceso por encontrar y castigar a los asesinos materiales de la reportera.

Tres años después del homicidio ocurrido el 23 de marzo de 2017, inició el juicio oral contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, el 17 de febrero de 2020. A otro de los asesinos materiales lo encontraron muerto, víctima de homicidio, el mismo 2017. Y un tercero sigue prófugo. Así, el juicio contra el único asesino que ha sido llevado a la justicia duró 31 días y recopiló los testimonios de 53 testigos, de los cuales tres fueron presentados por la defensa. El día 21, el juez dictó una condena de 50 años de cárcel a Moreno Ochoa.

Más allá de la cantidad de años que recibió el asesino material, este caso ya es histórico por dos motivos. El primero es que el juez determinó una cosa tan básica y necesaria que uno creería que sería rutinaria, pero es un absoluto parteaguas: el motivo del asesinato de Miroslava Breach Velducea fueron sus investigaciones periodísticas.

El segundo hito histórico que marcó este juicio, a diferencia de los cientos de otros asesinatos de periodistas en el país, fue reconocer que existe un autor intelectual jerárquicamente superior a los asesinos materiales. Se le identificó como un líder del narcotráfico con nexos políticos. Es realmente excepcional que en México se reconozca a un autor intelectual más allá de los sicarios que llevan a cabo el homicidio de un reportero.

Finalmente, la investigación y judicialización del asesinato de Miroslava Breach tiene una tercera oportunidad de hacer historia: encontrar a dicho autor intelectual, detenerlo, procesarlo, enjuiciarlo y castigarlo por orquestar el asesinato de una periodista.

Hablemos un poco sobre las razones por las cuales todo esto es histórico. La probabilidad de que se resuelva el asesinato de un periodista en México es bajísima. Según información pública hay 140 investigaciones de homicidios de periodistas en diferentes fiscalías del país en las últimas dos décadas. De esas 140 investigaciones, 127 han sido clasificadas como “pendientes”, “en trámite” o “en proceso”. También existen cuatro casos donde de plano se dictaron sentencias absolutorias, dejando libres a los sospechosos, por falta de pruebas. Tres casos más se clasificaron como cerrados, pero no se especifica si se cerraron por fallas en el debido proceso o porque se hayan solucionado.

Uno de los principales problemas para la libertad de expresión en México –señalado por organizaciones nacionales, internacionales y medios de comunicación– es la impunidad en los crímenes contra periodistas. Esto significa que nunca se resuelven. Si no se resuelven, no se castigan. Y si no se castigan, no hay motivo evidente para dejar de cometer estos crímenes. Porque en México cualquiera puede matar a un periodista y nadie paga por ello.

“La falta de rendición de cuentas perpetúa el clima de impunidad que deja a los periodistas vulnerables a futuros ataques”, escribió Carlos Lauría, el entonces director del programa para las Américas del Comité de Protección para Periodistas, en un reporte especial de 2017. Y señaló la falta de voluntad política como principal obstáculo para vencer la impunidad. El mismo año, el corresponsal del New York Times en México publicó una investigación especial sobre la impunidad que caracteriza los homicidios de periodistas en el país; llevaba el siguiente título “En México, ‘es fácil matar a un periodista’”.

Solamente seis casos de periodistas asesinados, desde 2000 a la fecha, se clasifican como resueltos y, en ellos, ha sido porque al menos un autor material ha sido condenado. Uno de esos casos fue el de Ricardo Monluí Cabrera, periodista veracruzano asesinado en marzo de 2018. En el caso de Ricardo, fueron los familiares que presenciaron el homicidio los que identificaron al asesino material. Después de un largo proceso judicial, donde al imputado también se le juzgó por el asesinato de otro hombre y el intento de homicidio de un tercero, el sicario recibió 50 años de prisión. Ángel Rojas Benítez apeló la decisión del juez, por lo que la reparación del daño a la familia sigue en trámite. Sin embargo, a pesar de que es uno de los poquísimos casos donde se castigó a la persona que físicamente terminó con la vida de un periodista, nunca se estableció el motivo del crimen ni se encontró al autor intelectual que ordenó a Ángel Rojas Benítez dispararle al periodista hasta dejarlo sin vida.

En esos seis casos donde existe un sicario purgando una pena en un penal del país, no puedo evitar preguntarme si podemos hablar de justicia. ¿Qué la justicia no tendría que incluir explicaciones? ¿No debería, además de probárseles culpables, requerirse una confesión de motivos y razones? ¿No necesitamos tener documentación de por qué alguien decide matar a un periodista, cómo llevan a cabo el homicidio y quién los encubre para lograrlo, para dar por resueltos estos asesinatos?

Es por eso que el fallo del juez en contra de uno de los asesinos materiales de Miroslava Breach Velducea es histórico. Porque, a diferencia de cientos de casos de reporteros asesinados, determinó que el motivo del homicidio fue su labor periodística. Porque identificó que existe un autor intelectual arriba de los materiales que ordenó el homicidio y dijo que ese autor intelectual tiene vínculos con la política. Eso mismo ayuda a entender que exista una falta de voluntad para resolver estos asesinatos. Porque la misma clase política está implicada en los crímenes.

México es un país cuya transición democrática resultó en dos ajustes brutales y simultáneos: el de las fuerzas políticas y el de las fuerzas criminales. Ese proceso de transición llevó a que, en muchos lugares, las fuerzas políticas –comúnmente autoritarias— se mezclaran con las criminales –a menudo en disputa por territorios desde el inicio de la guerra contra las drogas. En un escenario tan convulso y revuelto era obvio que la justicia se viera obstaculizada y frenada por los lazos de corrupción donde ambos poderes se benefician de la opacidad. Pero también en este preciso escenario –y justamente por los beneficios que los poderosos obtienen de la opacidad— la labor periodística se vuelve especialmente indispensable.

Celebremos la sentencia de 50 años a Moreno Ochoa, sí. Pero también presionemos a la autoridad por una resolución completa del crimen. Porque el asesinato de una periodista le afectó a la víctima, a sus personas cercanas, y nos afecta a todos los que perdimos esa voz crítica.

Que se encuentre al autor intelectual, se le investigue, detenga y procese penalmente.

Que no falten respuestas.

Y que la verdad nos acerque, poco a poco, a la justicia.