El proyecto de presupuesto muestra que el sector ambiental no es una prioridad para el gobierno federal y que la aplicación de la ley no le resulta relevante. Se hace más urgente que nunca transformar la estructura interna de la Semarnat y de las dependencias a su cargo

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Las prioridades reales no se ven en los discursos sino en las leyes y, sobre todo, en los presupuestos; por eso se había dicho que las prioridades reales del presidente Andrés Manuel López Obrador se verían en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PEF), el primero en ser plenamente elaborado por su administración. El proyecto de PEF se presentó por fin, y lo que muestra para el sector ambiental es que no sólo no es una prioridad, sino que está casi al fondo de la lista, y que la aplicación de la ley no es relevante para este gobierno. Si este rubro ya había sufrido un recorte del 20 por ciento en términos reales entre 2018 y 2019, para 2020 le espera un recorte adicional del cuatro por ciento. Hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las dependencias a su cargo tienen un presupuesto equivalente a la tercera parte del que tenían hace cinco años.

La gravedad de la situación puede verse con claridad al analizar el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, que tiene hoy menos presupuesto en términos reales que cuando fue establecida, en 2001. Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene hoy menos presupuesto que en 2005, a pesar de que la superficie a su cargo ha aumentado enormemente, y de que ya desde entonces era patente para todos que el dinero que le había sido asignado era francamente insuficiente para cumplir su mandato.

El proyecto de PEF presentado supone, además, un enorme riesgo para el medio ambiente y para la salud de todos los mexicanos. En un momento en que se están planteando proyectos energéticos de gran calado, la dependencia encargada de que ese sector cumpla la ley, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), verá su presupuesto recortado en un 18 por ciento. Por lo que se ve, aquello de que nadie estaría por encima de la ley no vale para las leyes ambientales.

Estos recortes se suman al hecho de que el sector ambiental sufrió especialmente con la decisión presidencial de eliminar las plazas eventuales, y abonan a la política neoliberal de debilitar la capacidad del Estado para operar. Hasta 2018, no se permitía que las dependencias del sector ambiental consolidaran una estructura operativa sólida, de forma que tuvieron que recurrir a la contratación de trabajadores eventuales para poder trabajar. Esa política no sólo se mantuvo en esta administración, sino que se agravó, pues no sólo no se han autorizado plazas de estructura, sino que también se ordenó prescindir de esos trabajadores precarios que se habían contratado. El resultado es que hay plazas contempladas en los reglamentos internos que no pueden llenarse, lo que hace inoperantes a las dependencias.

Por otra parte, el proyecto de PEF indica que la presencia de Víctor M. Toledo al frente de Semarnat no ha supuesto un cambio en la dirección del sector ni en la relación del Estado con el medio ambiente, ni siquiera en la superficie. Sin ir más lejos, apenas en julio el secretario Toledo dijo de uno de los pueblos que desaparecerán si se construye la presa El Zapotillo que “el acto más irracional que se podría registrar sería que este pueblo desapareciera”. Como para ponerlo en evidencia, el proyecto de PEF que se presentó incluye esa presa como un proyecto estratégico de la administración.

Ante esta situación se hace más urgente que nunca transformar la estructura interna de la Secretaría y de las dependencias a su cargo. El presupuesto con el que cuentan hoy, aunque muy precario, podría ser más o menos suficiente para sostener una estructura que reformara la regulación ambiental en su conjunto para hacerla más robusta y menos contradictoria y que la aplicara a cabalidad, aunque ello implicara renunciar a repartir subsidios que en muchas ocasiones han resultado contraproducentes. También alcanzaría para construir un aparato público de fomento a la producción y de construcción de capacidades para aprovechar los recursos naturales sin agotarlos y para hacer que cumplir la ley fuera más fácil y violarla más costoso. Para ello, haría falta construir un verdadero servicio profesional de carrera y comprometerse con el fortalecimiento del Estado.

Por desgracia, pareciera que la presente administración no está dispuesta a asumir ese compromiso. El riesgo para todos es enorme.

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Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.