Texto: Arturo Contreras
Foto archivo: Ángel Flores
El primer presupuesto fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador está lleno de señales: es austero y conservador, contempla un incremento en el presupuesto asignado a las empresas productoras del Estado (como Pemex y CFE) y fuertemente orientado a programas sociales para atender a jóvenes y ancianos
Durante semanas fue la señal esperada. Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) muchos analistas advirtieron que la única forma de tranquilizar a los mercados financieros era un presupuesto equilibrado para 2019.
Y así fue. El paquete fiscal, que se compone por las leyes de ingresos y egresos del Gobierno Federal, contempla un crecimiento económico moderado, con bajo nivel de endeudamiento e inflación controlada.
Incluso ofrece alcanzar un superávit de 1.5 por ciento en las finanzas nacionales, algo que no consiguieron los últimos tres gobiernos. Un dato que parece ser la clave en la reacción del capital de los últimos días: el dólar no aumentó de precio, y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mantuvo estable.
Pero además de calmar a los inversionistas, el nuevo presupuesto implica un importante cambio en la política social, aseguraron investigadores del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep).
El paquete que discute en la Cámara de Diputados contempla un gasto de 5.8 billones de pesos.
El proyecto perfila una mayor inversión en la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de mantenimiento a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para cumplir con una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador: rescatar a las empresas productivas del Estado.
También reestructura el gasto en programas sociales para atender principalmente a la población joven y a la de adultos mayores, en quienes se centraron muchas de las promesas de campaña del presidente.
Sin embargo, también contempla recortes a diversas áreas, como las asignaciones para promover la cultura, medio ambiente e investigación científica.
Héctor Villareal Páez, director del Centro, explica que esto se debe a las presiones ineludibles que tiene el presupuesto de egresos. Es decir, a las obligaciones financieras de la deuda y al pago de pensiones que representa un gasto superior a un billón de pesos.
“Hubo programas del presidente que se priorizaron, pero si se tenía un espacio fiscal que se reducía, y a fuerza había que darle a eso, había que recortar en otros lados”, asegura Villareal “Si querías gastar en algo, tenías que dejar de gastar en otras”.
Si bien las promesas de austeridad republicana y de ahorro por la corrupción contemplaban liberar uno 500 mil millones de pesos del presupuesto esto no se logró. Por medio de los recortes en salarios, servicios profesionales y gastos operativos se lograron ahorrar unos 100 mil millones; sin embargo, el ahorro por terminar con la corrupción no se podrá observar hasta que la auditoría de la federación emita dictámenes del gasto, dentro de dos años.
Según las observaciones hechas por los expertos del Ciep, en la propuesta del paquete económico propuesta por el ejecutivo se alcanzan a vislumbrar dos filosofías.
La primera es una previsión financiera prudente, que proyecta un crecimiento económico conservador. Y la segunda, que no va separada de la primera, busca dejar tranquilos a los mercados, lo que se cumple relativamente bien de acuerdo con los especialistas del centro.
Dentro de esta filosofía, se reestructura el gasto en programas sociales, que dejará de transferirse a instituciones o intermediarios que hacen llegar los recursos a los beneficiarios, y se hará directamente.
“Esto demuestra una profunda confianza en la responsabilidad de los ciudadanos que tienen acceso a estos programas sociales”, aseguró Héctor Villareal, pues ellos decidirán cómo y en qué gastan ese dinero, que podría no ser el fin para el que se destinaron.
Al respecto, los expertos del centro dijeron que si no se tienen controles transparentes en los padrones a partir de los que se reparten estos recursos, se podrían usar como programas clientelares o partidistas.
Si bien la estructura de los ingresos que se esperan para el próximo año es muy parecida a la que se realizó el año pasado, esta no contempla ningún cambio en la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado o del Impuesto Sobre la Renta.
Esto a pesar de que el presidente prometió cambios en el cobro de estos impuestos en la frontera norte, donde se reducirían para tener condiciones parecidas a las de Estados Unidos.
Esto anticipa un posible decreto presidencial por medio del cual se harían los cambios anunciados. De acuerdo con los especialistas del Ciep, esto podría darle una salida de emergencia a López Obrador en caso de que los números “no cuadren”, al permitirle derogar el decreto, a diferencia de un cambio en la ley, que necesitaría una discusión legislativa.
No obstante, los expertos del centro esperan que, hacia la mitad del próximo año, se pudiera hacer una reforma fiscal que cambie el esquema de ingresos tributarios del gobierno, aunque para ello se necesita cierta perspectiva.
Una de las principales controversias de este paquete económico es que algunos de los estados que más contribuyen con ingresos, como Jalisco y Chihuahua, recibirán menos aportaciones federales.
Se trata de recursos federales que se entregan a cada estado para desarrollar proyectos de infraestructura, atención en salud o seguridad pública, por ejemplo.
Pero según especialistas el reparto de este dinero suele ser discrecional, además que existe poca transparencia sobre su destino final. Por eso en el argot político se conoce a esta área del presupuesto como la partida de “los moches”.
El recorte a las transferencias federales enojó a los gobernadores de Jalisco y Chihuahua, pero según especialistas la medida es congruente con el plan presidencial de promover el desarrollo de los estados del sureste, donde existen los mayores índices de marginación y pobreza del país.
Puedes consultar el análisis del proyecto de presupuesto hecho por el Ciep en esta liga
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