Un año atrás, cinco trabajadores del Sistema de Aguas de León murieron asfixiados en una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya habían denunciado riesgo laboral y ausencia de seguridad. Hasta la fecha, «no hay» responsables penales o administrativos, ni reparación del daño; el caso destapó la contaminación ilegal de la industria curtidora 

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Especial

I 

LEÓN, GUANAJUATO.- El 13 de noviembre de 2020, cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) murieron intoxicados en el módulo de desbaste de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La única en la ciudad que procesa los desechos de la industria curtidora.

Ese módulo procesa el agua desechada por las curtidoras; que contiene, entre otros elementos, altas dosis de cromo y ácido sulfhídrico, químicos que pueden ser mortales para el ser humano. 

La noticia circuló por redes sociales, y alrededor de las 21:00 horas las familias de los trabajadores llegaron al lugar del accidente. El sitio fue acordonado por personal de Seguridad Pública municipal, protección civil, el cuerpo de bomberos y agentes del ministerio público; todos ellos constataron que las condiciones del centro de trabajo eran irregulares. 

“Las condiciones para laborar no eran las correctas, y mi hijo mandó alertas por un grupo de whatsapp que abrieron para emitir reportes. Ahí mi hijo denunció todas esas irregularidades pero nadie les hizo caso”, asegura el padre de Víctor Ricardo Briseño Rangel, uno de los trabajadores fallecidos.

Los cinco trabajadores se encontraban cumpliendo el turno nocturno y no contaban con el adecuado equipo de protección, pese a que semanas antes habían insistido a la patronal que se los proporcionara. Asimismo, enviaron informes sobre las fallas en algunas tuberías y de la sobrecarga de capacidad en el módulo de desbaste. 

Nadie escuchó a los trabajadores, y ese 13 de noviembre de 2020 murieron intoxicados.

Hasta el día de hoy, su muerte sigue impune.

Accidente o negligencia

Además de los trabajadores operativos, en el módulo de desbaste trabajaban 5 ingenieros supervisando las condiciones laborales. Hacían recorridos por la mañana y por la noche para verificar los trabajos. 

A sus 29 años, Víctor Briseño era uno de esos ingenieros, y aunque  jóven, él no era inexperto. Tenía más de seis años trabajando en las plantas biológicas de SAPAL. 

“Él ya tenía seis años y siete meses trabajando para SAPAL. Claro, en plantas de tratamiento de agua, no de residuos químicos”, narra el padre de Víctor, quien lleva el mismo nombre. 

Desde su entrada a la planta, Víctor comenzó a detectar anomalías que se traducían en afectaciones al medio ambiente; así como potenciales riesgos para el personal que ahí trabaja. 

Su padre narra:

“Víctor era el que le reclamaba constantemente a estas personas (a los directivos de SAPAL); defendía mucho a los trabajadores; todos querían trabajar con él porque era de los únicos que se animaba a levantar la voz. Cuando empezaron estos problemas, Víctor estuvo tres días diciendo: ‘señores, atentos, quieren soldar los tubos cuando se cae a pedazos la soldadura; hay que cerrar; esta fuga va a llegar a los reguladores’. Él tomó fotos, videos, donde [se aprecia que] el ácido ya salía hasta por pedazos de banqueta. Víctor les decía: ‘hay que cerrar; que esta fuga va a llegar a los reguladores’, él siempre lo advirtió”. 

No solo Víctor vió los riesgos, pues en el grupo interno de reportes de la planta de tratamiento, varios ingenieros que supervisaban las condiciones del módulo de desbaste también advirtieron esto. 

Antes del accidente, relata el padre de Víctor, “los otros ingenieros seguían reportando estas fallas, incluso un día antes del accidente porque también eran supervisores, pero nadie les hacía caso”.

La respuesta de los supervisores fue: “con cuidado”.

Las denuncias al interior de SAPAL motivaron a sus directores a cambiar a Víctor de área. Ahora él se encargaba del trabajo de escritorio. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2020, fue requerido para cubrir la incapacidad de uno de sus compañeros en el turno nocturno. 

“No traían equipo. Él sabía que no daban. Había veces que Víctor llevaba caretas para los trabajadores porque SAPAL no les daba nada”, reclama su padre. 

Estos hechos fueron constatados días después en una inspección extraordinaria practicada en la planta de tratamiento por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; entonces se determinó que las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo eran irregulares.

En aquel turno nocturno, Víctor entró al módulo de desbaste junto a José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga y dos hombres más de quienes se omite su identidad debido a que no pudimos contactar a sus familiares. Todos ellos, a excepción de Víctor,  pertenecían al personal operativo de SAPAL. Los cinco murieron por inhalar gases tóxicos.

La tragedia pudo haberse prevenido si los directivos de SAPAL hubieran escuchado las advertencias de Víctor y del resto de los trabajadores. Sin embargo, la dependencia municipal se ha empeñado en negar su responsabilidad, lo que ha dejado este caso en la impunidad durante todo un año. 

“Nada me va a devolver a mi hijo”

A las pocas horas del accidente, el papá de Víctor acudió al Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo de su hijo. Sin saberlo, ese era el primero de muchos desencuentros con las autoridades gubernamentales. 

“Cuando fuimos a recoger los cuerpos, ya tenían sus blocks para preguntar el nombre, su edad, y si vivía contigo; lo normal que te piden y te preguntan. Después me piden mi copia del INE para anexarla a un documento; yo comencé a hojearlo y veo unas letrotas que me llaman la atención; yo no tenía la intención de leer todo el documento, pero cuando vi esas letras negras y subrayadas que decían: ‘Cedo mi derecho de que no voy a demandar porque sé que es un accidente’, yo dije: ‘ah caray, ¿esto cuando me lo preguntaron?’. Entonces me volteo y le digo a la agente del ministerio público que me estaba atendiendo, le pregunto: ‘¿y esto? ¿cuándo lo dije?’ ‘no, eso no va a afectar en nada’ me dijo”. 

El padre de Víctor llevaba casi seis horas esperando después del accidente. Después de firmar por fin pudo llevarse a su hijo para el último adiós  junto a su familia. Sin embargo, mientras pasaban los meses no veía que las autoridades lo llamaran para recibir la indemnización que por ley le corresponde a los familiares de trabajadores que han muerto durante el trabajo. 

Finalmente, “me mandan llamar”, narra.  “Y veo que lo que me tienen preparado es una sarta de mentiras, donde supuestamente ellos ponían una indemnización, solo que ese día me acompañó otro de mis hijos que también es ingeniero”. “Pero, cuando me mostraron los cheques, vi que ni siquiera le habían puesto el sueldo que tenía mi hijo”, relata. «Nada me va a devolver a mi hijo», explica el padre, quien explica que nunca pensó en demandar o inconformarse, hasta que recibió este trato.

En el cheque de “indemnización” SAPAL no reconocía que la muerte de su hijo hubiera sido consecuencia de un accidente de trabajo, sino como un hecho fortuito que pasó fuera de las instalaciones.

“Ponían eso de que ‘al caminar al aire libre se desvanece y pierde la vida’. Eso no, caray. Fue adentro haciendo un trabajo, haciendo ese recorrido. Cuando llego a SAPAL y me siento, me llevan a dos abogados y a Irma Lira (representante de SAPAL), me dicen: ‘mire esto es lo que le toca por su hijo’”.

Señor Víctor

Gracias a su otro hijo, el padre de Víctor pudo identificar que lo que le ofrecían era un finiquito laboral, y no la indemnización que marca la ley. Rechazó la oferta de SAPAL, y fue entonces cuando decidió hacer público su testimonio. 

La reacción de SAPAL fue inmediata, y en repetidas ocasiones sus directivos quisieron culpar de su propia muerte a Víctor y al resto de trabajadores. 

“No fue culpa de mi hijo. Él tenía la experiencia, experiencia en plantas biológicas, para las que lo contrataron; no experiencia en plantas químicas en mal estado y sin ninguna protección laboral”, enfatiza el padre de Víctor. 

En ese devenir se encuentra con el resto de los familiares que seguían demandando justicia, acompañados del abogado Juan Hernández. 

“Intoxicación de origen a determinar”

Alberto de Jesús Zúñiga tenía 52 días trabajando en SAPAL. Primero ingresó a una planta cerca de su casa, después lo trasladaron a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Su padre narra: 

“Yo me enteré del accidente por un conocido que me dijo que algo había pasado en la planta donde trabajaba Alberto, y ya fuimos. Llegué como a las 10 de la noche y ya estaba acordonado por los bomberos, los forenses y protección civil”. 

Alberto tenía 19 años; acababa de ser padre. 

Al igual que en el caso de Víctor, a la familia de Alberto le ofrecieron 30 mil pesos por concepto de finiquito. También le hicieron firmar una hoja donde lo comprometían a no demandar penalmente a la empresa. 

“¿Para ellos la vida vale 30 mil pesos? Es un insulto”.

Padre de Jesús.

Antes de aceptar el dinero, el abogado Juan Hernández, quien además asesoraba a la familia de José Salvador Afanador Martínez (de 25 años), se percató de que en el documento, la causa de muerte aparecía con la siguiente leyenda: Intoxicación de origen a determinar. 

Las familias de José y Alberto decidieron no aceptar nada hasta que la causa de muerte se esclareciera. Hasta el día de hoy siguen sin recibir su indemnización. 

El 5 de enero de 2021, y después de iniciar un proceso laboral y otro administrativo en contra de la Contraloría del municipio de León, las familias de José y Alberto iniciaron un proceso penal en contra de la SAPAL. Denunciaron a la empresa por homicidio culposo. El caso sigue sin una resolución. 

Una cadena de inconsistencias

Una de las pruebas fundamentales para determinar la responsabilidad de la empresa en la muerte de los trabajadores es el celular de Víctor Briseño, donde se quedaron almacenadas todas las conversaciones, fotos y videos en los que denunció las irregularidades al interior de la planta de tratamiento. 

El celular, sin embargo, está apagado y no ha sido investigado por la Fiscalía. 

Asimismo, el 14 de diciembre de 2020, las familias de Alberto y José acudieron al palacio municipal para solicitar una entrevista con el ex alcalde Héctor López Santillana. Fueron recibidos por funcionarios de su gabinete, pero jamás pudieron entablar comunicación con el ex presidente municipal. 

El 30 de diciembre de 2020, estas mismas familias acudieron con el encargado de despacho de la Unidad No. 9 del Ministerio Público, un hombre llamado Ignacio Pérez, quien adelantó que la causa de muerte de los trabajadores pudo haber sido la inhalación de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. 

El agente ministerial, acusan los familiares, llegó a esta conclusión después de admitir que, en su momento, no se habían practicado exámenes médicos a los cuerpos. Tampoco se conservaron órganos fundamentales para determinar el motivo del deceso. Las familias no dieron por válida la conclusión del señor Ignacio Pérez. 

Al igual que en el caso de Víctor, las autoridades gubernamentales pretendían hacer firmar a las familias de Alberto y José un documento en donde admitían que la causa de muerte fue al aire libre y tras un desvanecimiento de los trabajadores, motivándolos a desistir de cualquier acción penal en contra de SAPAL. 

Posterior a la denuncia, la relatoría de reuniones con funcionarios estatales, municipales y sindicales es extensa, y aunque en la mayoría de los casos las autoridades cancelaban o reagendaban las citas, en todas les pedían lo mismo: que desistieran del proceso penal en contra de SAPAL.

Los casos, sin embargo, seguían sin avanzar. 

“Ojalá y existiera la justicia”, agrega el padre de Alberto. 

El olvido institucional

El 8 de febrero de 2021, las familias de los trabajadores presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Solicitaron la determinación de la causa de muerte y las garantías jurídicas que la ley establece para las víctimas indirectas.

SAPAL es un órgano autónomo desconcentrado del municipio, por lo que todas las recomendaciones o exhortos por parte de las autoridades municipales o estatales no tienen un carácter vinculante al interior del sistema de aguas.

La queja fue admitida, y el 29 de octubre la PRODHEG emitió un resolutivo en donde se fincan responsabilidades laborales y administrativas contra SAPAL y la Contraloría municipal. De igual forma se instruye a incorporar a las víctimas indirectas al mecanismo de Protección Estatal de Víctimas. 

Empero, en rueda de prensa, las familias demandantes cuestionaron la resolución de la comisión de derechos humanos, pues argumentan que no se está garantizando la plena reparación del daño a las familias de los 5 trabajadores. 

Los resolutivos del documento surten efectos para las familias de Víctor, José y Alberto, dado que, debido a las presiones económicas, las familias de los otros dos trabajadores aceptaron el dinero que en un inicio ofreció SAPAL.

En ambos casos, las viudas de los trabajadores se encontraban embarazadas o con hijos recién nacidos, y apenas rebasaban los 20 años de edad. 

Asimismo, señalaron que la PRODHEG no exhorta a la Fiscalía del estado a determinar la causa de muerte, por lo que se sigue deteniendo el proceso penal en contra de la SAPAL. 

Pero ¿qué motiva a que el municipio no permita que las víctimas indirectas accedan a la justicia? 

Activistas de la ciudad señalan que, detrás del encubrimiento, está la protección a las empresas curtidoras, las cuales, ilegalmente, vierten sus desechos tóxicos a los arroyos que cruzan por el municipio.

De fondo, acusan, está la estrecha relación entre el órgano de aguas y los empresarios curtidores, pues en su consejo directivo no son pocos los nombres que, además de ser vocales o presidentes, son personajes ligados a la industria curtidora de la ciudad. 

II

Una industria omnipresente

“Símbolo de identidad” y “motor del desarrollo”, así definen algunos habitantes de León a la industria curtidora de su ciudad. 

Y no es menor, pues sus orígenes datan desde la llegada de los españoles a este territorio del bajío mexicano, por lo que, en gran medida, las curtidoras son parte de su memoria histórica. 

Pero no todo es nostalgia, pues tras la acelerada etapa de industrialización del bajío, la cual coincide con el auge del estado benefactor y el consecuente impulso de las industrias mexicanas a finales de los 80’s, la curtiduría leonense abandonó su forma artesanal para insertarse en el mercado mundial.

Más que monumentos, las curtidoras del municipio generan el 80% del Producto Interno Bruto local, y se estima que diariamente, el 80% de la producción de cueros a nivel nacional se realiza en León. Es decir, más de 30 mil productos de cuero al día (inclusive hay quienes estiman una producción de más de 50 mil cueros diarios). 

Para 2020 se calculaba que las ganancias por exportación de esta industria rebasaban los 200 millones de dólares anuales. 

De acuerdo con información de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la industria curtidora de León exporta producto a China, Italia, Estados Unidos, Japón e Inglaterra, y encontró su maximización a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994. 

Aunado a esto, contrario a lo que abunda en el sentido común, no son las zapaterías o mueblerías quienes requieren la mayor cantidad de cueros de la ciudad, sino la industria automotriz y aeronáutica, actividades económicas que en la última década, se han establecido, principalmente, en la zona del bajío. 

Pero no todo es color de rosa, pues dos de los principales componentes para el proceso de curtido son el cromo y el arsénico, elementos altamente contaminantes. 

El uso de estos químicos ha provocado que, al no contar con eficientes sistemas tecnológicos, las aguas de desecho empleadas en el proceso de curtido sean altamente contaminantes y se conviertan en un riesgo para el medio ambiente. 

Esto motivó a que, en 1994, el ayuntamiento otorgara una concesión a Grupo Ecosys III S.A. de C.V. para operar una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. La misma en la que, 26 años después, fallecerían los 5 trabajadores de la SAPAL. 

Los buenos amigos

Grupo Ecosys III SA de CV es un conglomerado empresarial integrado por Intensa SA de CV y Fypasa Construcciones SA de CV; dirigidas por  Ernestos Rodolfo Kilian González y Francisco José Chozas Rizo, respectivamente. 

Durante 26 años, esta empresa operó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad para reducir los niveles de contaminación de las aguas tóxicas provenientes de las curtidoras. 

En su esquema de financiamiento, el municipio de León contemplaba una serie de inversiones millonarias y un crédito otorgado a Ecosys a nombre de SAPAL. 

Tan solo en la segunda fase de la concesión (2004) el gobierno municipal otorgó 746.4 millones de pesos para la ampliación del módulo de desbaste y la planta de tratamiento.  En 2010 se agregaron 23.4 millones de pesos para la cogeneración de energía eléctrica a partir de los residuos. 

Inclusive se contempló la creación de un sitio para la disposición final de lodos, el cual ayudaría a la generación de energía. Este lugar quedó en completo abandono. 

El 4 de agosto de 2020, SAPAL anunciaba una nueva inversión de mil 500 millones para mejorar el tratamiento de agua en León, incluído el tratamiento de aguas residuales. 

Parecía que la relación entre SAPAL y Ecosys iban viento en popa, hasta que una denuncia anónima cambió todo por completo. 

La ruptura

El 18 de agosto de 2020, la organización Acción Colectiva Socioambiental presentó ante SAPAL una denuncia popular en contra de las empresas curtidoras responsables de contaminar con aguas residuales los arroyos Hondo y Las Mulas, ambos con conexiones al Río Lerma. 

En su respuesta (emitida el 1 de septiembre de ese año bajo el folio SGO/597/2020) SAPAL informó que la denuncia había sido turnada a la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA) “por ser las autoridades que cuentan con facultades para su atención”. 

La denuncia identificó vertederos ilegales de aguas residuales en las inmediaciones de algunas empresas curtidoras.

Ante esto, el Grupo Ecosys III –en ese entonces responsable del tratamiento de aguas residuales– respondió, a través de un comunicado de prensa, que desde 2014 SAPAL estaba incumpliendo uno de sus compromisos establecidos en el contrato de concesión: la entrega de aguas residuales con una calidad manejable.

“A partir de 2014 se detectó la problemática que se ha venido arrastrando hasta la fecha, consistente en la entrega por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) de aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas, integrándose en éstas, arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que han perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento, incluyéndose al propio colector que conduce las aguas residuales.”

Es decir, desde 2014 (de acuerdo con los registros de Ecosys), las plantas curtidoras habían dejado de cumplir con sus compromisos ambientales, amparados bajo la protección u omisión de SAPAL. 

Este problema, señaló Ecosys, afectó la tecnología del módulo de desbaste, pues “la falta de atención por parte de SAPAL a la fiscalización y control de contaminantes industriales la ha afectado, como afectará a cualquier otra tecnología que se pretenda integrar para el tratamiento de aguas residuales que no sean debidamente reguladas y controladas.” 

Esto orilló a que, el 22 de septiembre de 2020, SAPAL terminara el contrato de concesión con Grupo Ecosys y asumiera el control de la planta de tratamiento de aguas residuales y el módulo de desbaste. 

Al día siguiente, SAPAL envió a una planilla de sus trabajadores a operar en esta planta, sin ninguna capacitación previa. Entre este grupo de trabajadores se encontraban Víctor, José y Alberto, y los otros dos trabajadores que morirían el 13 de noviembre de 2020. 

Los reportes que Víctor enviaba a través de whatsapp, coinciden con la versión pública de Ecosys: la planta estaba en pésimas condiciones, recibiendo aguas residuales con desechos que se fueron acumulando y desgastando la maquinaria. 

Se destapa la cloaca

5 días después de la muerte de los trabajadores, la Conagua respondió a la denuncia popular que la SAPAL turnó de su competencia.

En el oficio B00.910.014/001862, Conagua admite que, después de una inspección en el terreno, los hechos reclamados en la denuncia de Acción Colectiva Socioambiental eran ciertos: las empresas curtidoras estaban contaminando los arroyos municipales. 

Este posicionamiento, sumado a las declaraciones públicas de Grupo Ecosys, así como a la tragedia del 13 de noviembre, ponían a SAPAL en la mira. Pero ahora, era Conagua quien amenazaba con iniciar las investigaciones procedentes. 

Pasó un mes, pero la denuncia no llegaba. Mientras tanto la planta de tratamiento seguía operando, y la justicia para los familiares de las víctimas cada vez se veía más lejana. 

Los pendientes se acumulaban, y las demandas crecían. 

Pues mientras los ríos se seguían contaminando, el abandono del sitio para la disposición final de lodos proveniente de residuos – inaugurado en 2016 por el entonces presidente municipal, el panista Héctor López  Santillana – ponía a la ciudad en una grave crisis ambiental.

Aún con estas denuncias a cuestas, el acuerdo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto de la presa El Zapotillo, hizo que los funcionarios del agua de León sacaran sus garras. 

No fueron pocas las veces que Sihnue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, así como López Santillana,  denunciaron que el proyecto del Zapotillo iba a dejar sin agua al estado, concretamente al municipio de León. 

Pese a estas declaraciones, el ayuntamiento leonés se comprometió a dotar de agua proveniente de la planta de tratamiento para acrecentar las reservas de la nueva presa. 

La misma agua contaminada de cromo, ácido, arena y otros desechos de la industria curtidora. 

Ante esto, el 6 de diciembre de 2020, Acción Colectiva promovió una segunda denuncia popular, ahora contra SAPAL, exigiendo que responda a la contaminación de los ríos, así como a la operación final del sitio para la disposición final de lodos. 

Ambas denuncias (la del 13 de agosto y el 6 de diciembre) fueron impugnadas por SAPAL, debido a cuestiones de procedimiento, y no de fondo; por lo que fueron desechadas. 

Los arroyos y ríos siguen contaminados, y los vertederos clandestinos siguen operando. Mientras que en la planta de tratamiento no se ha vuelto a hacer ninguna inspección para asegurar que ningún trabajador vuelva a morir en ella. 

III 

“Queremos justicia”

La resolución de la PRODHEG no fue espontánea, es producto de la presión política que las familias de las víctimas han ejercido en diversos frentes. 

El 14 de octubre, durante la sesión ordinaria del Congreso del estado, las y los familiares acudieron a protestar; se habían cumplido 11 meses de la tragedia y aún no tenían respuestas. 

Durante la sesión, el diputado morenista, David Martínez Mendizabal, presentó una propuesta durante la sesión para que el congreso exhortara a la SAPAL, a la Fiscalía Estatal y a la Procuraduría de Derechos Humanos a que cumplieran los derechos a las víctimas. 

Después de esto, el 11 de noviembre, la nueva alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se pronunció por el respeto de los derechos de las familias de las víctimas, e igualmente exhortó a SAPAL a que mejorara las condiciones laborales para prevenir incidentes. 

El 12 de noviembre, un día después de esta declaración, la Fiscalía del estado se reunió con las familias para persistir en la intención de que las familias desistieran del proceso penal. Ofrecieron una indemnización de más de 400 mil pesos a cada familiar. 

Empero, y aunque las familias se muestran en sintonía con las resoluciones de la PRODHEG, el objetivo de su lucha, a un año de haber iniciado, rebasa las pretensiones económicas. 

Las demandas de las familias son claras: 

1.- Disculpa pública por parte de las autoridades estatales y municipales, específicamente de SAPAL, por denigrar su integridad durante todo un año.

2.- La destitución, renuncia o dimisión del actual director de SAPAL: Enrique de Haro Maldonado, y del presidente del consejo directivo: Jorge Ramírez Hernández

3.- Que se aseguren medidas de no repetición para que ningún trabajador vuelva a morir a causa de negligencias e intereses económicos, lo que incluye poner en orden a las empresas de la industria curtidora y asegurar la no contaminación de la cuenca del río Turbio

El padre de Alberto concluye:

“Lo que queremos es justicia, que paguen los responsables, pero no en dinero, sino que paguen de verdad”.