Hace un año, un grupo de personas atacó el poblado de Atatlahuaca, quemó 132 viviendas, dos personas murieron y cuatro más están desaparecidas, incluida la defensora ambiental Irma Galindo. Desplazada en un albergue, la comunidad pide al gobierno de Salomón Jara garantías de seguridad

Texto: Diana Manzo

Fotos: Istmo Press

OAXACA.- Nadie, ninguna persona se acostumbra a vivir desplazado”, afirma una de las personas indígenas Nuu Savi (mixtecos) de Atlathuaca, Oaxaca al cumplir un año de vivir de forma forzada en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, Oaxaca.

Con pancartas y lonas marcharon por las calles de Tlaxiaco, en exigencia de justicia y de un retorno seguro. No piden más que regresar a sus casas y seguir cultivando sus milpas y cuidando del bosque.

Su llegada a este refugio temporal no fue por gusto, sino porque la noche del 23 de octubre del 2021, un grupo de personas quemó 132 viviendas, 92 en Guerrero Grande y 40 casas en Induyunujia; además hay cuatro personas desaparecidas, entre ellas la guardabosques Irma Galindo, y dos personas más fallecieron.

En esta zona habitan indígenas Ñuu Savi (mixtecos). Atatlahuca significa ”Tierra colorada entre dos ríos” –Independencia y Morelos- y anualmente realizan festividades en honor a San Esteban

“Han pasado 365 días y la justicia no llega”, recalcaron al reconocer que de nada han servido las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana para el Desarrollo, así como la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada.

Mientras esperan saber qué ocurrirá con sus casas quemadas, se han organizado para vivir dignamente en este refugio. Las mujeres se encargan de la comida y los hombres trabajan como obreros o albañiles, además de que se turnan por equipos para realizar el aseo y cuidarse.

Sebastiana Paz Bautista, representante de las personas desplazadas, reconoció que no hay atención de las autoridades, y que se han organizado solos para sobrevivir a pesar del riesgo que corren por defender su tierra y su bosque.

“Sabemos, y las autoridades también lo saben, quiénes son los involucrados de toda esta violencia que vivimos; pero no hacen nada. Cumplimos un año desplazados pero ya no queremos más años, nuestra petición es volver a nuestras casas, a seguir cosechando nuestra milpa y hacer vida allá donde nacimos, donde todo era bueno y puro”, narró.

Las niñas y niños acuden a la escuela de Tlaxiaco, porque no había otra opción y además es un derecho que se les violentó por casí un año.

En el albergue también le han hecho adecuaciones para que cada uno tenga su libertad, y puedan vivir dignamente.

“Nosotros lo que pedimos es que tengamos certeza de seguridad para volver o de plano nos reubiquen”, explicó Valeriano Riano, uno de los desplazados de Ndoyonoyuji.

El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, está dividido por 9 agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se han opuesto a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, que aseguran ejerce el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y el comisariado ejidal Eulogio Alvarado. La comunidad denuncia que esta última persona es la causante de la violencia que ahora viven.

La autoridad local ha negado cualquier hecho que se le acusa, e inclusive ha señalado que en la cabecera municipal también viven otras personas desplazadas, por lo que exige la intervención de las autoridades de forma urgente.

Entre las personas perseguidas y amenazadas está Irma Galindo, defensora mixteca del bosque y originaria de Atatlahuca. Ella alertó hace un año del conflicto interno que viven estas tres comunidades por la defensa del bosque. Fue una de las primeras víctimas de la violencia, en noviembre del 2019, cuando su casa fue incendiada.

“Murat no hizo nada, esperemos que Jara, sí”

Maurilio Santiago, defensor comunitario de la CEDHAPI lamentó la falta de actuación del gobierno de Oaxaca a cargo de Alejandro Murat, al reconocer que no hizo nada para resolvr el conflicto.

Agregó que el gobierno actual está a escasos 40 días de irse y ahora tocará el turno del gobernador electo, Salomón Jara Cruz de dar atención a estas familias desplazadas donde la justicia es invisible.

El defensor comunitario reconoció que la violación a los derechos humanos esxiste y es urgente que se investiguen los delitos cometidos, y que se de cumplimiento a la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada.

Magdiel Hernández Caballero, activista especializado de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, señaló que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que se dio por la defensa del bosque, posteriormente un tema agrario por disputa de tierras, y también la exigencia de recursos del ramo federal 28 y 33, y finalmente social en la violacion a los derechos a la educación, vivienda y salud.

*Esta nota fue realizada por ISTMO PRESS, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.