Hace tres años, en Chilón y Sitalá formaron gobiernos comunitarios que, basados en el derecho, también demandan al Estado mexicano su reconocimiento. Es una reflexión continua de la realidad indígena y de la recuperación de sus formas de resolver conflictos y desigualdades; de buscar alcanzar el lekil cuxlejal (la buena vida, la armonía individual y colectiva con la tierra)

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHILÓN, CHIAPAS.- El incienso se desliza entre el murmullo de letanías que buscan elevar el nivel de conciencia y la reflexión. Se suma el ayuno, la oración que realizan los convocados desde el día anterior. Catorce concejales —tres mujeres y 11 hombres— se sientan alrededor del altar maya y de algunos símbolos religiosos católicos, en un acto mezcla de espiritualidad y política con el que los pueblos tseltales conforman su cosmos. Es la ceremonia de toma de cargo del Concejo de Gobierno de Chilón, que se celebra en la comunidad La Primavera los días 20 y 21 de mayo.

Las personas que están aquí fueron elegidas previamente como concejales, en asambleas de sus comunidades. Esta forma de gobierno está incluida en la solicitud de reconocimiento que en noviembre de 2017 entregaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) poco más de 30 mil tseltales. Es decir, poco más del 50 por ciento del listado nominal de electores. 

La población tseltal tiene una concepción particular de concebirse a sí misma: la búsqueda de su bienestar físico y espiritual está ligado directamente a la tierra y su conservación. En la última década, los tseltales han realizado múltiples “marchas-peregrinaciones” donde llevan imágenes religiosas que se mezclan con grandes lonas exigiendo la desmilitarización de su zona, denunciando el impacto de la presencia de grupos criminales, demandando la cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros u otros que buscan apropiarse de la riqueza que hay en su territorio.

Fue entre los tzltales donde el obispo Samuel Ruiz García, que en 1959 llegó a Chiapas a evangelizar a la población indígena, terminó él mismo transformado en un actor político activo. “Para los indígenas, las realidades materiales y espirituales son lo mismo”, explicó en su libro Cómo me convirtieron los indígenas.

La construcción de los gobiernos autónomos

A la comunidad La Primavera, ubicada unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, llegaron representantes de los 20 centros que ahora tiene el Gobierno Comunitario, y los representantes del municipio de Sitalá, quienes una semana después celebraron también la ceremonia de toma de cargo Concejo de Gobierno de su municipio.

En una cocina comunitaria prepararon el alimento para compartir, y desde las ventanas de ese lugar, entre el olor a maíz recién cocido y café, la lluvia envolvió las voces y fue humedeciendo esa tierra verde de árboles que llegan a alcanzar más de 30 metros de altura.

En el centro del poblado, junto a la cocina comunitaria, está la construcción que hace las veces de Iglesia, que de salón de organización política y social, donde se dan cita quienes integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), un organismo que nació en 2013 como resultado de los procesos de análisis de la realidad que promueve la Misión de Bachajón, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El Modevite, al que ahora pertenecen más de una docena de municipios no solo tseltales, sino de los grupos indígenas choles y tsotsiles, fue el detonante organizativo que necesitaban en Chilón y Sitalá, para avanzar en la construcción de gobiernos autónomos comunitarios. 

“Lo que surgió como una resistencia (a la alcoholización que empezaba a impactar la zona, y a la construcción de una autopista que atravesaría la región) terminó siendo una propuesta alternativa a los partidos políticos”, narró Rodrigo Pinto, jesuita que formó parte de la Misión de Bachajón.

Antes, en 1992 y 1995, quienes ahora forman parte de los Gobiernos Comunitarios de Chilón, tuvieron la experiencia de haber colocado a un indígena como candidato en las elecciones partidistas, “prestando” a un partido político su registro. 

En los dos procesos electorales de esos años ganaron la presidencia, pero luego vino “la influencia partidista, la división interna” en sus comunidades, el rompimiento del lekil cuxlejali. Esa, decidieron entonces, no era la vía para colocar a sus autoridades.

En 2015, los tseltales de ambos municipios, colocados sobre el andamiaje del derecho internacional y las leyes nacionales que reconocen al sistema normativo indígena, empezaron a formar grupos llamados “comisiones para la autonomía”.

Inspirados también en los procesos de los indígenas de Cherán, Michoacán, en noviembre de 2017 solicitaron formalmente al IEPC el reconocimiento del derecho a la libre determinación de sus pueblos, a través de la celebración de elecciones de sus autoridades por el sistema normativo indígena.

El IEPC intentó esquivar la solicitud en el laberinto de la burocracia, entonces los tseltales actuaron por dos vías; por una parte, iniciaron de facto la construcción y nombramiento de los Gobiernos Comunitarios. De forma paralela, revocaron ante los tribunales cada una de las negativas del órgano electoral. 

En 2019, el Instituto tuvo que iniciar el proceso de análisis y reconocimiento con un primer paso, que es la certificación de que en esos municipios tienen una población mayormente indígena. Cuando antropólogos acudieron a la región para dar salida a este trámite, el presidente municipal con licencia de Chilón —que ahora busca reelegirse—, Carlos Ildelfonso Trujillo, orquestó el bloqueo de caminos, organizó reuniones discrecionales a modo, secuestraron a los antropólogos y quedó el trámite incompleto. 

Luego vino la pandemia y nuevamente se estancó el proceso legal de reconocimiento a su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena. 

Pero los tseltales de Chilón y Sitalá no se detuvieron.

Dos gobiernos que coexisten

Una parte de la población de estos municipios se rige aún con el sistema partidista. Pero ahora, el nombramiento de los gobierno comunitarios, avalados por más de la mitad de la población, obliga a quienes siguen en el sistema partidista a coexistir con los gobiernos autónomos comunitarios.

El 20 de mayo, día del inicio de la toma de cargo de las y los concejales que van para el segundo periodo de tres años de los gobiernos comunitarios, en la cabecera municipal de Chilón, personas armadas dispararon contra una representante del Partido del Trabajo, y seguidores de los candidatos del Partido Verde y de Morena se liaron en una discusión que terminó con disparos y acusaciones mutuas de ser partícipes de acciones ligadas a grupos criminales.

En los años recientes, diversas zonas indígenas de Chiapas se han visto envueltas en incidentes relacionados con estos grupos criminales, que han desplazados poblados enteros para intentar apropiarse del territorio, incrementando el nivel de consumo de droga, y el tráfico de mercancía ilícita.

Mariana Mora, coautora del libro Autonomías y autogobierno en la América diversa, señala que algunos pueblos de Chiapas “han transitado en gran medida del ejercicio a la autonomía como una serie de acciones que interpela directamente al Estado para exigir transformaciones de fondo, a una serie de medidas de protección de la vida-existencia colectiva frente a los despojos y actos de violencia física extrema ejercida por parte de actores etiquetados como legales e ilegales, incluyendo el narcotráfico y empresas extractivistas”. 

La construcción de gobiernos autónomos que funcionan de facto —como los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá— son, en ese panorama, “mecanismos de protección y defensa”, de procesos emancipatorios, liberadores que buscan proteger la vida.

¿Cómo funcionan? 

“A tres años, contamos con nueve oficinas que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos (jmeltsa´anwanej, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz”, explica la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

En su estructura formal, también tienen promotores de gobierno comunitario (schebal jtiaw), coordinadores de región (bah jtijaw), comisiones jurídicas (jucwanejetic) y las personas concejales de gobierno comunitario (j’a’teletic yu’un ca’telpatantayel jbahtic).

En la evaluación que hicieron antes de regresar a sus comunidades, señalaron sobre este proceso: 

“Tres años de trabajo, tres años andando caminos alternativos y construyendo autonomía (…) ratificamos la continuidad de nuestra lucha por el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante los retos de las diversas realidades (continuamos) en la búsqueda de una sociedad alternativa y la reconstrucción del tejido social para la recuperación de la armonía comunitaria, donde la paz y la justicia sea nuestro modo de estar y convivir”.

Este trabajo fue relizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.