La Secretaría de Medio Ambiente negó los permisos para el proyecto minero Don Diego, por el riesgo de especies protegidas, como las ballenas y las tortugas caguamas. La minera reclamó la cancelación ante un tribunal internacional, apelando al TLCAN, y el tribunal ordenó al gobierno de México pagar 37 millones de dólares de indemnización

Texto: Daniela Pastrana

Foto: Celia Guerrero / Archivo PdP

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de cuatro años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó la resolución del laudo arbitral que ordena a México pagar 37.1 millones de dólares más intereses anuales a la empresa estadunidense Odyssey Marine. El tribunal consideró que México incumplió con sus obligaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) al negarse a darle permisos para la exploración una mina submarina en Baja California Sur.

La empresa pretendía el pago de daños y perjuicios por un monto de poco 3 mil 500 millones de dólares, incluyendo intereses desde abril de 2016. Su intención era dragar el fondo marino del Golfo de Ulloa para extraer fosfato, una materia prima muy codiciada para la fabricación de fertilizantes.

Pero la Secretaría de Medio Ambiente negó los permisos para autorizar el proyecto minero, llamado Don Diego, está en municipio de Comondú donde existe desde 2014 una veda pesquera para proteger a las tortugas caguamas.

El argumento principal de Semarnat fue la aplicación del principio precautorio ante posibles daños a especies marinas protegidas como tortugas caguamas y las ballenas, así como impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón y curvina, entre otras.

La empresa aplicaría una técnica de minería que nunca ha sido probada, lo que provocó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.

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En abril de 2016, Semarnat emitió la primera negativa al proyecto. y la segunda en octubre de 2018, luego de que Odyssey Marine Exploration impugnó el resolutivo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA), el cual ordenó al Gobierno de México reponer el proceso de evaluación. En octubre de 2018 Semarnat negó nuevamente los permisos.

La empresa acudió entonces al tribunal internacional. En enero de 2019, el gobierno mexicano recibió la notificación de la intención de demanda de Odyssey por la cancelación del proyecto Don Diego, al amparo del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este martes, la empresa anunció que recibió una notificación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del laudo arbitral sobre sus reclamaciones contra México. El laudo obliga al país a pagar 37.1 millones de indemnización, más intereses anuales a tasa de bonos del Tesoro de México (cercano al 10 por ciento), a partir del 12 de octubre de 2018, hasta que la indemnización sea cubierta totalmente.

Además, el CIADI instruyó al gobierno mexicano a cubrir los costos administrativos y honorarios de árbitros durante el proceso, que comenzó en septiembre de 2020.

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De acuerdo con el comunicado de la empresa, el CIADI consideró que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas; y que en cambio, hubo una expropiación por la vía de hechos de la concesión minera que le otorgó la Secretaría de Economía.

«El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México, Semarnat, negó erróneamente nuestro permiso ambiental, que contenía amplias aportaciones de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable», declaró Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey.

El empresario aseguró que la decisión de Semarnat fue ilegal y política.

«Odyssey inició el arbitraje del TLCAN después de la negación manifiesta, arbitraria y discriminatoria por parte de SEMARNAT, de un permiso ambiental basado no en las regulaciones de México o en el apoyo científico, sino en la directiva de un político (…) El proyecto sigue siendo estratégicamente significativo y comercialmente viable».