Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el uso de fideicomisos para los polos de desarrollo que generará el Tren Maya, el director de Fonatur aseguró que está trabajando con la Procuraduría Agraria en un esquema de financiamiento similar, pero que garantice que los dueños originarios no sean desplazados

Texto: Arturo Contreras Camero y Daniela Pastrana

Foto: Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) trabaja con la Procuraduría Agraria para buscar una alternativa de financiamiento para los desarrollos urbanos que generará el Tren Maya en la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, que garantice que no se despoje a los pueblos.

“Estamos trabajando con la Procuraduría Agraria, buscando una solución para ver cuál es la mejor alternativa, que no necesariamente sean los fideicomisos, sino algo semejante”, dijo este martes el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, al participar en la conferencia diaria de los programas de Bienestar.

Aunque no aclaró cuál podría ser la semejanza, es la primera vez que matiza su posición en favor de los fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (conocidos como Fibra), con los cuales se tendrían que privatizar los ejidos.

El Tren Maya es uno de los proyectos estelares del gobierno federal. A pesar de la reducción presupuestaria derivada de la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, en la propuesta presupuestal para 2021, el proyecto que encabeza Fonatur tiene un aumento del 48 por ciento en comparación con lo designado para 2020.

En varias entrevistas con Pie de Página, Jiménez Pons ha defendido el uso de estos fideicomisos como un esquema en el que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportaren la tierra y los segundos, la infraestructura para el desarrollo urbano.

Estos fideicomisos se colocarían en certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores y podrán ser adquiridos por inversionistas, de manera que los socios reciban recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como del propio Fideicomiso.

Estos recursos, sin embargo, no serán en la misma proporción y dependerían de las acciones que cada parte tenga en la sociedad.

Además, los ejidos tendrían que privatizarse, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales.

Para Jiménez Pons, ese esquema permitiría empoderar a los ejidatarios, pues los terrenos aumentarán su valor y los beneficios podrían ser reinvertidos en su territorio.

“A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, explicó.

El lunes 7 de septiembre, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por Pie de Página sobre la intención de utilizar fideicomisos como esquemas de financiamiento, pues él mismo ha dicho que son modelos que permiten la corrupción.

“No, no vamos a usar fideicomisos”.

Andrés Manuel López Obrador

Ahora, Jiménez Pons dijo que están buscando figuras “que sean mandatos legales que nos garanticen que los dueños originarios de la tierra no pueden ser desplazados. Que no vengan a generarse despojos y cosas de ese tipo”. 

El funcionario dijo que “lo que es esencial es que la estación es patrimonio del gobierno, que es de inversión pública”, pero “lo colateral (al referirse a los desarrollos inmobiliarios) tienen que ser fórmulas de asociación con distintos vehículos particulares”. 

“Hay que hacer hoteles, hay que hacer restaurantes, centros comerciales, hay que hacer vivienda, ahí sí tenemos que abrir mucho, pero siempre bajo un esquema que nos garantice que el dueño original de la tierra esté bajo un esquema o un mandato que no se le desplace o que se le pueda diluir”, insistió, sin explicar cómo puede ser ese modelo.

Los Fibras

La oposición al esquema de los Fideicomisos de Infraestructura ha ido aumentando en las comunidades en la medida en la que se conocen sus implicaciones.

Para empezar, las Fibras son irrevocables, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores. Eso significa que no hay marcha atrás, una vez que los ejidatarios ceden los derechos al fideicomiso y para recuperar su propiedad tendrían que comprar las acciones de sus socios empresarios. Pero la propiedad comunal pasaría a propiedad privada, lo que va en contrasentido de la oferta del gobierno de impedir la comercialización de propiedad social.

Además, la Fibra es de renta variable, lo que significa que depende de la oferta y la demanda y de la confianza de los inversionistas, por lo que no está garantizada una ganancia para los comuneros.

A eso se agrega que los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad. “Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. Además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad”, dijo a Pie de Página en mayo pasado la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Violeta Núñez Rodríguez.

Los planes de desarrollo

Cuestionado sobre el mismo tema, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, aseguró que su dependencia está trabajando con los gobiernos estatales y municipales de los lugares que cruzará el tren para que se actualicen sus programas de desarrollo urbano, una parte de un programa general de desarrollo en la península. 

“Se está hablando con los municipios con la finalidad de que suscriba un convenio de colaboración con la secretaría para la actualización del Programa de desarrollo regional de la península, que contempla a todos los municipios donde hay estaciones de tren. El programa se centra en el equipamiento y la infraestructura necesarias para estas comunidades”.

Anticipando los grandes desdoblamientos que provocará el megaproyecto en la zona, la Sedatu está buscando mecanismos de colaboración y de seguimiento a los programas de desarrollo municipales, los lineamientos básicos para el crecimiento de la zona urbana en estas comunidades. 

El problema, según explicó Meyer Falcón, es que en estos municipios, como en la mayoría del país no tienen programas de desarrollo urbano, lo que ha dado lugar a desdoblamientos urbanos descontrolados como el de Tulum, en donde se desarrolla infraestructura hotelera y de vivienda sin contar con los servicios urbanos necesarios. 

“Creemos que es el momento ideal para poder ordenar estas regiones. Es una de las ventajas de estos programas de desarrollo regional, que el volumen de inversión (del Tren Maya) favorece un ambiente político de acuerdos con los gobiernos municipales y estatales que anteriormente no tenían”, aseguró.

Según Meyer Falcón, en los siguientes dos años se deberían tener listos estos planes de desarrollo elaborados a la par con los municipios.