Una jueza de Yucatán determinó que existen dudas sobre el verdadero impacto del Tren Maya en el medio ambiente. La decisión suspende la autorización de Semarnat al proyecto con lo cual, en los hechos, la obra debería suspenderse por ahora. El Tren Maya, empero, no está cancelado

Texto: Alberto Nájar

Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La construcción del Tren Maya enfrenta un nuevo obstáculo. Este miércoles una jueza concedió tres amparos para suspender el avance del tramo 3 del megaproyecto, uno de los más importantes para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las resoluciones tienen carácter de definitivas, es decir, implican la suspensión de las obras -por ahora- porque la juez consideró que hay dudas sobre el daño real al ambiente de la región, y sobre todo el impacto en los derechos de las comunidades asentadas en el tramo de la vía férrea.

Sin embargo, las sentencias de la jueza Cuarto de Distrito de Yucatán no implican que se cancele definitivamente la construcción del Tren Maya.

De acuerdo con las leyes el gobierno federal tiene la posibilidad de presentar apelaciones ante un tribunal colegiado para revertir la decisión de la jueza.

Las sentencias judiciales se refieren a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del megaproyecto.

La jueza determinó que existe “incertidumbre” sobre el verdadero impacto del ferrocarril en el medio ambiente de la región donde se construye.

El documento fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Es un requisito fundamental para el inicio y conclusión de las obras.

Pero la jueza estableció que esa autorización no es suficiente, como lo señala en las sentencias. 

“La mera existencia de una manifestación de impacto ambiental no otorga certeza absoluta de que todas las variables han sido consideradas, o si la interpretación sobre los efectos del actuar del Estado en determinado proyecto serán efectivamente los plasmados en un documento de tal naturaleza”.

Es decir, no está claro si efectivamente el impacto en la naturaleza será como lo asegura Fonatur. Y ante ello “debe reafirmarse un diverso principio denominado in dubio pro natura”.

Esto es, “ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza”.

Las tres suspensiones definitivas implican, en los hechos, detener las obras: legalmente ningún proyecto de esta naturaleza puede mantenerse si no cuenta con una manifestación de impacto ambiental.

Hasta el momento no hay reacción de Fonatur a las decisiones judiciales.

Pero en febrero pasado el director del Fondo, Rogelio Jiménez Pons, advirtió que la oposición al megaproyecto no proviene de las comunidades en la región, sino de organizaciones civiles.

“Los amparos no han sido presentados por las comunidades” dijo ante periodistas.

“En su gran mayoría las comunidades han demostrado su apoyo al Tren Maya. Los que se manifiestan y tienen todo su derecho son las organizaciones no gubernamentales”.

Tal afirmación parece desestimarse en las resoluciones de este miércoles.

Los amparos fueron presentados por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya.

La juez Cuarto de Distrito establece que las organizaciones demostraron, “al menos indiciariamente” su interés legítimo en el caso pues se advierte “que son moradores de los municipios correspondientes”.