Sólo después de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, el gobierno de Chihuahua se reunió con reprentantes rarámuris y de la iglesia católica. No asistieron ni el fiscal general ni el comisionado estatal para los pueblos indígenas

Texto y foto: Patricia Mayorga / Raíchali

CHIHUAHUA.- Los asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales “el padre Gallo” y César Joaquín Mora Salazar “padre Morita”, en Cerocahui, abrieron la voluntad de las autoridades estatales para recibir al clero y a representantes rarámuri en una reunión realizada este viernes en la empresa La Norteñita, en la ciudad de Cuauhtémoc, después de un año de ignorarles.

“Nos escucharon, pero pues no se me hace justo que tuvo que pasar esto para que nos escuchen ellos (autoridades). Y venir hasta acá para que nos pongan atención, yo creo que todos tenemos que estar interesados en la comunidad rarámuri, indígena, pero ahora tuvimos la oportunidad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, de la necesidad que haya comunicación”, externó en entrevista Teresa Todos los Santos Villalobos, encargada del refugio para mujeres indígenas víctimas de violencia, en la Tarahumara.

El 20 de junio pasado, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, asesinó a los dos jesuitas en la parroquia San Francisco Javier, en Cerocahui municipio de Urique, junto al empresario turístico Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez. Horas antes, el mismo criminal y su grupo asesinaron y se llevaron cuerpo de un joven de la comunidad, Paúl Osvaldo Berreleza Rábago, mientras que el hermano de éste, Jesús Armando, huyó del mismo lugar para salvar su vida. “El Chueco” llegó al domicilio de los hermanos para vengarse porque días antes le ganaron un partido de béisbol al equipo que Noriel Portillo patrocinaba. Días después, las autoridades localizaron a Jesús Armando con vida y el cuerpo de Paúl Osvaldo.

El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa, reveló en medios nacionales que desde el inicio del gobierno de María Eugenia Campos Galván, han tocado puertas del gobierno para plantear una serie de necesidades con las comunidades indígenas, principalmente de educación y salud, y no habían tenido respuesta.

La Compañía de Jesús ha emprendido una campaña por la paz y la semana pasada convocó a una reunión interreligiosa para apostarle al diálogo en los ámbitos federal, estatal y municipal.

En ese contexto realizaron la reunión en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde participaron, además de representantes del clero, organizaciones civiles y funcionarios del gobierno estatal, Teresa Villalobos, Guillermo Palma, de la asociación Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles (Comunarr) y Marcelina Bustillos, encargada del internado de Norogachi, municipio de Guachochi.

Marcelina Bustillos, quien también es ex gobernadora de Norogachi, dijo que sintió miedo al hablar, se puso nerviosa pero su prioridad fue pedir que se atienda la inseguridad en su tierra. “Hay esperanza de que algo cambie”, comentó también en entrevista al concluir la reunión.

Guillermo Palma indicó que él no llegó buscando o señalando culpables. “Yo nomás digo: queremos estar bien. Comenté un poco la visión rarámuri y la propuesta de los pueblos indígenas porque pareciera que somos los más atrasados en un montón de cosas, pero resulta que por ahí puede haber una veta, una respuesta de todo esto que está pasando. Y buscar culpables no ayuda. Todo lo que no se ha atendido resultó en esto de los padres, pero hay que ver más atrás, de donde viene todo esto”, añadió.

-¿Tienes confianza en que todo va a cambiar?, se le cuestionó.

-Me reservo esta respuesta- concluyó.

Después de respirar y contener el llanto cuando mencionó al padre Gallo y al padre Morita, Teresa Todos los Santos compartió otro tema que puso sobre la mesa con las autoridades.

“Como acompañante de mujeres, niñas, niños y adolescentes, si estoy pidiendo que se atienda en todas las dependencias e instituciones de gobierno, que haya intérpretes, que conozcan el tema de interculturalidad. Siempre ha pasado que no somos atendidos. Pasan gobiernos, pasan administraciones y nunca se nos escucha, siempre estamos en riesgo. siempre he hablado para que haya intérpretes y que sea comunicado lo que la víctima quiere decir, porque mi tema es los delitos de género, acompañar a las mujeres, violaciones de género y es lo que hablé más que nada y sí se me hace difícil lo que está pasando”, comentó.

Conminó a todos los sectores a dar seguimiento a los acuerdos de la reunión porque ya se abrió el camino, pero ahora es necesario que no se cierre, que se trace cómo van a trabajar los proyectos para que estos no se realicen desde los escritorios.

“Que vayan a los territorios, que nos vayan conociendo, que nos escuchen”, agregó.

Inició un diálogo necesario: clero

Al salir de la reunión, el sacerdote jesuita Jorge Atilano González Candia, coordinador de programas sociales de la Compañía de Jesús, expresó que inició un diálogo necesario para atender la situación del estado y del país.

“Hay que definir la organización, la temporalidad y la periodicidad de las reuniones, pero es el ejercicio que se tiene que hacer como sociedad, como gobierno, como empresas, como iglesia y también a nivel municipal”, agregó.

Sobre la reunión interreligiosa, González Candia resumió que el consenso es la necesidad de apostarle al diálogo federal, estatal y municipal para encontrar caminos en esta situación.

El obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González, manifestó que les duele que la reunión se dio a raíz de los acontecimientos que han enfrentado y que estos sean el motivo principal para tocar y abrir puertas.

“Afortunadamente se nos están abriendo y es posible dialogar, mejorar las cosas, no dejando todo a la autoridad sino poniéndonos como responsables cada quien desde su trinchera. Nos alegra mucho que ellos hayan hablado porque al final de cuentas, aunque nosotros lo que expusimos viene de ellos, sobre todo las propuestas que queremos en materia de educación y desarrollo”, finalizó.

Se van a atender las causas: gobierno estatal

El secretario de gobierno, César Jáuregui Moreno, dio a conocer a los medios de comunicación, que esperaban al finalizar la reunión, que se dio un diálogo profundo y sincero, en el que el gobierno estatal se comprometió a atender las causas de la violencia para cambiar la realidad de la Sierra Tarahumara.

DIjo que también pondrán “manos a la obra” respecto de las policías municipales de la sierra para encontrar soluciones que remedien los problemas de las comunidades serranas e informó que involucrarán al gobierno federal en los trabajos que realicen para atender las difíciles problemáticas de la región.

“(…) Como dijo el padre Pato (Javier Ávila Aguirre), tenemos que atender las causas (…) hay rezagos históricos, si no atendemos ya con la perspectiva de la gente, que es la que sufre, poco vamos a avanzar (…) comenzamos a buscar soluciones, a ver las causas, qué podemos hacer trabajando juntos como sociedad, gobierno, iglesia, con todas las necesidades que se vieron”, subrayó el funcionario.

Dijo que escucharon a los dos representante indígenas y se comprometió a trabajar para que se pueda realizar lo que ahora les han dicho.

En un comunicado de prensa, en el que mencionaron a todos los asistentes a la reunión, excepto a las personas rarámuri, dieron a conocer que la reunión se llamó “Mesa de diálogo social de justicia y reconciliación”, que encabezó la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En el comunicado indican que la gobernadora externó la disposición de su gobierno para “sumar con la intención de atacar las causas y no solo solucionar los efectos de los problemas que afectan a los pobladores de la Sierra Tarahumara”.

La funcionaria exhortó a la sociedad civil para que dé continuidad a las acciones que emprenderán, una vez que ella concluya con su mandato.

Cada participante expuso parte de las problemáticas que afectan la región, así como las propuestas, en el espacio que duró alrededor de cuatro horas.

Las organizaciones, el clero y los representantes indígenas presentaron a las autoridades estatales un plan “ya muy estructurado y puntual, para la atención de la situación”, indica el comunicado.

La propuesta de gobierno es la instalación de mesas de trabajo temáticas para buscar solución junto con el gobierno federal, con el fin de lograr una atención social integral.

“Lo más importante es que las propuestas vienen de ellos, de quienes durante décadas han estado en el corazón de la Tarahumara, quienes conocen de fondo las heridas más profundas que han lacerado a nuestros hermanos rarámuri”, indicó la gobernadora, según el boletín de prensa.

Los asistentes que sí menciona el comunicado son: los sacerdotes Javier “Pato” Ávila, Alonso Núñez y Gabriel Parga; Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec); el padre Jorge Atilano, de la Provincia de la Compañía de Jesús y el padre Héctor Martínez. Tampoco mencionan a las religiosas y religiosos que asistieron.

Por parte del gobierno estatal estuvieron gobierno del Estado estuvieron presentes el secretario general de gobierno, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; los diputados locales Mayra Díaz, Mario Vázquez, Rocío Sarmiento, entre otros.

El fiscal general, Roberto Fierro Duarte no asistió, ni el titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Rascón, a quien también le han solicitado reuniones durante el año de gobierno.

Jáuregui defendió la ausencia de Rascón: “no estuvo el titular de la Coepi, pero estuvo prácticamente el gabinete de la gobernadora que ella citó. Estuve yo, estuvo el coordinador de gabinete, estuvo el director de Seguridad Pública”.

*Esta nota fue realizada por RAÍCHALI, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original.