En plena pandemia 42 trabajadores del Hospital General de Irapuato solicitaron protocolos para actuar durante la emergencia y una solución al problema de inseguridad. Las autoridades respondieron con el bloqueo del acceso a dos empleados y les desconocieron su relación laboral

Texto: Por Verónica Espinosa y Edith Domínguez / PopLab

Fotos: Secretaría de Salud de Guanajuato

GUANAJUATO.- “Tú sigues”, es la amenaza sin rodeos que se hace llegar a personal médico en el Hospital General de Irapuato adscrito a la Secretaría de Salud del estado, después del fulminante despido de dos trabajadores que, junto con otros 40 de urgencias del hospital, “se atrevieron” a escribirle al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a pedirle lo que se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el personal del sector, ante la contingencia de salud a causa de la pandemia de covid-19: que les garanticen que pueden trabajar con protección, protocolos y seguridad.

No solamente tiene que ver con su salud o la de sus familias, sino con el riesgo de trabajo que en los últimos años ha significado para ellos el ingreso de sicarios o integrantes de grupos delictivos a hospitales en el estado, para buscar a algún paciente al que sustraen o “rematan”.

Lo han vivido en carne propia, porque esto ha sucedido ya en varias unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado, incluyendo al Hospital de Irapuato.

Pasó el 14 de enero de 2019.

En la noche previa, un domingo, dos ex policías de Salamanca se encontraban en una calle de Irapuato cuando fueron atacados. Uno de ellos murió de un disparo en la cabeza, el otro sobrevivió.

Esa mañana del 14 de enero, pasaban de las 9 cuando varios hombres con armas largas y encapuchados entraron por el área de urgencias; sin problemas desarmaron a los vigilantes, llegaron hasta la cama donde estaba el expolicía en atención médica, y allí mismo lo remataron.

Después de eso, el gobierno estatal se vio obligado a levantar una reja metálica alrededor del hospital.

Pero las amenazas por la criminalidad violenta en el estado se multiplican y adquieren otras formas, y las amenazas de explosivos o bombas también se han presentado, alterando la rutina laboral.

Para el personal médico -42 trabajadores de todos los turnos- que firmó la carta, se ha hecho necesario que este escenario de alto riesgo sea también considerado en sus condiciones laborales (sólo están catalogados con alto riesgo los médicos especialistas y algunos laboratoristas), tanto como su protección personal y profesional para enfrentar la pandemia del coronavirus que causa la covid-19.

El personal firmante decidió recurrir a esta vía, en lugar de salir a realizar manifestaciones, protestas públicas o paros laborales. Pero su vía pacífica de nada les valió, pues la respuesta más contundente fue la represión, en forma de despido, a dos de ellos, a quienes nadie les dio la cara, nadie les dijo nada.

Simplemente se encontraron con las órdenes de impedirles la entrada -que nadie sabía quién había dado, salvo el “viene de arriba”- y su imposibilidad de checar su entrada como todos sus compañeros.

La carta llevaba también como destinatarios al secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez y al propio director del hospital, Valentín Torres Tiburcio, así como a la titular de la Secretaría de la Transparencia, Marisol Ruenes; al procurador de derechos humanos Raúl Montero de Alba y al secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Martin Cano Martínez.

El 22 de abril la recibieron: la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico; la PDHG; la sección 37 del SNTSA. Al día siguiente fue sellada de recibido en las oficinas del gobernador y del secretario de salud, según se pudo constatar.

“El presente documento es una carta elaborada concienzudamente por el grupo de médicos del servicio de urgencias del honorable Hospital General de Irapuato, realizada ante las constantes y no nuevas situaciones de inseguridad, exposición y alto riesgo ante las cuales hemos venido trabajando desde hace años y que no solo afecta al personal médico que labora en el área de urgencias, sino a todo el personal que involucra (desde enfermeras, camilleros, laboratoristas, técnicos radiólogos y especialistas que asisten al servicio)”, dice el primer párrafo de esta carta.

“Este documento tiene la finalidad de explicar nuestro punto de vista en cuanto a las situaciones bajo las que trabajamos, nuestra propuesta para mejorar o resolver la situación y nuestras peticiones respecto a ellas”. Estos son los términos y el tono en general de la carta, la cual se anexa al final de esta nota.

Para el personal, una prueba por turno

Ocho puntos centrales fueron planteados en el documento:

1. Establecer un compromiso de confidencialidad del personal, principalmente con el servicio de vigilancia.
2. Definir una ruta de acceso y salida segura para el personal, distinta a la entrada principal, por seguridad y para evitar contaminación y contacto con usuarios.
3. Otorgar el nivel de alto riesgo al personal de urgencias, con los beneficios inherentes.
4. Reforzar la vigilancia con apoyo de fuerza pública en los accesos ante incidentes y riesgos.
5. Habilitar un área aislada para duchas y vestidores del personal asignado a la zona COVID, a fin de prevenir la contaminación del resto de las áreas.
6. Indemnizar a familiares de trabajadores fallecidos por algún atentado o contingencia en su labor.
7. Un aumento salarial.
8. Un plan interno de contingencia ante cualquier enfermedad infecciosa.

Una de las preocupaciones que el personal médico de urgencias había hecho ya del conocimiento de sus superiores antes de elaborar esta carta, es el riesgo personal y la falta de cuidado de los vigilantes, pues ésos suelen dar datos o la ubicación de médicos o enfermeras a cualquier persona que llegue a preguntar por ellos, según los testimonios recabados.

Sumado a ello, “cuando apareció el COVID-19 vimos que había agresiones contra el personal médico y nos empezamos a espantar, nos sentimos en una situación de vulnerabilidad, con miedo, además del temor a infectarnos”.

Por eso incluyeron en el documento una petición para que el personal de vigilancia respete la confidencialidad de los datos personales de los trabajadores médicos, pues la exposición a una agresión se multiplicó con la aparición de la pandemia, como se ha visto en distintos puntos del país en que se han registrado ataques a los trabajadores de la salud de todos los niveles y profesiones.

La solicitud para la clasificación de “alto riesgo” del personal de urgencias se ha planteado en Irapuato y en otros municipios del estado con iguales o peores condiciones de violencia.

“Se ha hablado con Recursos Humanos, con el Sindicato, pero han dicho que no se puede, que no somos especialistas, cuando si no hay especialistas, nosotros le entramos, porque claro que nos falta personal”, dijo una trabajadora.

De acuerdo con lo que se pudo conocer, después de que se entregó la carta, se logró que se habilitara un área de aislamiento para pacientes con COVID-19, pues no se contaba con ella. “Algunos médicos expusieron ante el director que hubo ocasiones que el mismo coordinador entraba a ver pacientes COVID y luego se salía y andaba por todo el hospital”.

“También pedíamos que pudieran contar con una zona para cambiarse la ropa, ducharse y guardarropa para evitar riesgos de contaminación y reducir las infecciones nosocomiales; eso también serviría para disminuir los riesgos para las áreas extra hospitalarias y los hogares y familias de los trabajadores, un aspecto que ha sido mínimamente valorado”.

El “Plan interno para manejo de contingencias por enfermedades infecciosas” tendría que ser permanentemente instaurado en las unidades de la Secretaría de Salud, consideran los firmantes.

“Dicho plan debe estar establecido, revisarse periódicamente, y ser flexible para poderse adaptar sin problema al plan de contingencia estatal o nacional, e incluir lugares de atención, un sitio de ingreso/recepción de pacientes, disponibilidad de equipo de protección para el personal y para el usuario”.

La experiencia con la actual pandemia ha demostrado la importancia de dicho plan de manejo.

Uno de los médicos firmantes explicó que no contaban ni con batas, hasta después de que entregaron la carta.

“Ahora ya nos dan (equipo de protección); nosotros estábamos en trinchera. Los médicos de urgencias todo vemos, vemos hasta los pacientes de especialidad”.

De manera adicional a estos puntos, saltó otra inquietud: por lo menos hasta principios de abril, ya declarada la contingencia sanitaria, en el Hospital General de Irapuato sólo se podía realizar una prueba para todo el personal en cada turno, cada jornada de trabajo.

“Imagínese, nada», resumió una trabajadora que dio su testimonio.

Recordó que en una de las “semi capacitaciones” que les dieron, la epidemióloga que les enseñó a tomar la muestra, les dijo también: “vamos a dejar en jornada una (prueba) y traten de cuidarlo porque es poquito”.

Ventila senadora tres despidos en video

El viernes por la tarde, en un video que difundió a través de sus redes sociales, la senadora de Morena Antares Vázquez Alatorre reveló que tiene ya conocimiento de la carta, de que se encuentra desde hace casi 3 semanas en manos de las autoridades, y de las medidas que “desde arriba” de la Secretaría de Salud se habían tomado en contra de una doctora con 19 años de laborar en la dependencia estatal.

La senadora mostró un video en el que se ve que un guardia de seguridad impide en acceso a la denunciante desde la reja del Hospital general irapuatense.

También dijo saber del despido de otro trabajador, un camillero del Hospital Regional de León con 25 años de antigüedad, al que le notificaron que ya no tenía trabajo, sin que se le explicara la razón.

Según lo narrado por la senadora de Morena en su video, fue la directora del hospital la que dijo al jefe de turno -en una llamada en altavoz que el camillero pudo escuchar- que el despido obedecía a un comentario que había publicado en redes sociales, mismo que “al gobernador no le había gustado”:

“La intención del gobernador es mantener la popularidad para las siguientes elecciones. Verifiquen si realmente trabaja el antiguo hospital de 20 de enero que promocionó a nivel nacional e hizo alarde de ser el primer hospital para atender casos de covid-19, sólo realizan pruebas…”, se alcanzó a leer en el mensaje reproducido por Antares Vázquez en su mensaje.

“Estaré pendiente de la situación de estas personas para ver cómo evolucionan sus casos”, fue el compromiso público hecho por la senadora Antares Vázquez.

Este trabajo se publicó originalmente en PopLab. Pie de Página lo reproduce con su autorización. Aquí puedes leer la publicación original