Más de 1.7 millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos bajo el programa Título 42, una medida sanitaria por la pandemia de covid-19 convertida en herramienta de control migratorio. La regulación pretende cancelarse el 23 de mayo. Pero el daño está hecho. Aquí un ejemplo

Texto: Rodrigo Soberanes

Fotos Duilio Rodríguez

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- Cuando “Norma” subió a un avión con su bebé, no sabía dónde iba a aterrizar. Nadie le dijo que cruzaría Estados Unidos de costa a costa y que la llevarían detenida a un paraje fronterizo, donde sólo encontró la puerta de salida del país donde esperaba vivir.

En ese momento, ninguna de las personas migrantes que subieron detenidas a la aeronave sabían a dónde se dirigían. No recibieron ningún aviso previo. Supieron su destino cuando el aparato estaba en el aire.

Norma no es el nombre real de esta mujer de 21 años originaria de Honduras, quien viajó desde San Pedro Sula con su bebé de un año hasta Texas, Estados Unidos.

Arriesgó su vida y la de su hija porque una pandilla de maras asesinó a su padre y a otros cuatro de sus familiares.

A ese crimen siguió otro: los pandilleros se quedaron con el negocio de transporte público que era el único patrimonio que tenían.

Por esos días, Norma supo que se había cancelado el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), establecido por el gobierno de Estados Unidos para obligar a los solicitantes de asilo humanitario a esperar en México, mientras se resolvía su petición.

El programa –conocido también como Quédate en México– fue impuesto por Donald Trump y aceptado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante algún tiempo funcionó como una especie de mensaje de disuasión para quienes pretendían viajar sin documentos a Estados Unidos.

La estrategia obligó a más de 68 mil personas a esperar por sus audiencias en la corte, en México, según documenta el informe En la boca del lobo, realizado por la Fundación para la Justicia (FJEDD).

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló el programa al llegar a la Casa Blanca, aunque meses después lo restableció por una orden judicial.

El anuncio de la suspensión de MPP fue para Norma y miles de personas migrantes más, el anuncio que esperaban. Sin pensarlo abandonó Honduras, viajó hasta el norte de México para cruzar la frontera y se entregó con su familia a la Patrulla Fronteriza estadounidense con la esperanza de obtener refugio.

En pocas horas la realidad la alcanzó. Norma fue deportada de manera exprés bajo el programa Título 42, una medida sanitaria para contener la expansión de la pandemia de covid-19.

En lugar de una oportunidad para solicitar asilo humanitario, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) la subieron a un avión con decenas de personas.

Habló con otras mujeres que viajaban con sus hijos y coincidieron en que tal vez las llevarían a Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero no fue así.

La joven hondureña y otras personas migrantes viajaron dos mil 500 kilómetros hasta San Diego, California, para ser obligadas a abandonar Estados Unidos tras aterrizar.

Título 42: expulsiones exprés

El Título 42 es una medida de salud pública, implementada por Donald Trump, a partir de marzo de 2020, para contener la expansión de contagios del virus SARS-CoV-2.

Bajo este programa, la CBP prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Eso implica a todas las personas que ingresen a Estados Unidos sin documentos migratorios.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, quienes crucen irregularmente las fronteras terrestres “serán expulsadas de inmediato al país de último tránsito”, es decir, México o Canadá.

El gobierno de Joe Biden mantiene el polémico programa, aunque ha ofrecido suspenderlo. En todo caso, el daño está hecho.

De marzo de 2020 a marzo de 2022, la CBP reportó que un total de un millón 765 mil 850 personas fueron expulsadas bajo el Título 42.

Muchos fueron detenidos en estados como Texas o Nuevo México, y luego enviados por avión a ciudades como San Diego, California. De allí viajaron en autobuses a la frontera con México y después fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), como sucedió con Norma.

Miles fueron virtualmente echados a Tijuana, donde establecieron campamentos en las calles y parques cercanos al muro fronterizo.

El más conocido es El Chaparral, donde por varios meses se concentraron miles de personas migrantes en condiciones de hacinamiento, problemas de alimentación y acceso a servicios de salud, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El campamento fue desmantelado en febrero de 2022. Las 380 personas migrantes que permanecían en el sitio fueron reubicadas en albergues.

La expulsión por tierra es una parte del programa Título 42. Otra fueron los vuelos con personas migrantes enviados desde ciudades como McAllen, Texas, hacia el sureste mexicano, concretamente a Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco.

Desde esos lugares, el INM completa el trabajo y expulsa a los pasajeros hasta Guatemala. Con este procedimiento exprés, bajo el decreto Título 42, se niega el derecho a pedir asilo humanitario en Estados Unidos, ya que, de acuerdo con la ley de inmigración de ese país, para solicitar ese estatus es condición indispensable encontrarse en territorio estadounidense.

Al ser expulsadas, se cancela por completo esa posibilidad, como sucedió con Norma. La joven hondureña permaneció varada por varios meses en Tijuana, a la espera de una oportunidad de pedir refugio humanitario, como era su intención al cruzar la frontera por Texas.

Las acciones del gobierno de Biden han sido cuestionadas por instituciones, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que entrevistó a más de mil personas expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42.

Los resultados de esa encuesta se publican en la plataforma Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM, un sistema de rastreo y monitoreo del desplazamiento de las poblaciones en el mundo.

En el caso de las personas expulsadas por Título 42, la OIM detectó que el 50 por ciento de las personas afectadas eran hondureñas que huían de su país, principalmente, por “delincuencia y presencia de personas armadas” en sus entornos cotidianos, así como por extorsión y “violencia basada en género”.

“Nada tengo que hacer en México”

Una de las quejas más frecuentes a la renovada estrategia de deportación expedita del gobierno estadounidense, es que no se informa debidamente a las personas afectadas sobre su condición legal.

Con frecuencia son engañadas por agentes del CBP, denuncian organizaciones civiles. Y lo que sucedió con Norma es un ejemplo: “Nos subieron al avión y ahí pregunté a un oficial hacia dónde nos movíamos”, dijo.

El oficial respondió que las llevaban a San Diego, California, a un centro de procesamiento donde podría llamar a sus familiares.

Ahí –pensó– podría exponer su caso de petición de asilo. No fue posible. Lo que había dicho el oficial estadounidense antes de abordar el avión en Texas fue una verdad a medias: sí iban a San Diego, pero no a un centro de procesamiento, sino a la puerta de salida del país, literalmente.

Al aterrizar, “nos montaron en unos buses. Yo les dije que no veía ningún centro de procesamiento. Vi que nos estaban retornando a México. ¡Yo no tengo nada que hacer allí!”, contó Norma en un albergue en Tijuana.

En el caos del local donde las mantuvieron por varias horas, Norma entendió su cruda realidad: semanas antes entró con su hija a Estados Unidos por Brownsville, Texas, en la costa Este, y ahora era expulsada en San Diego, California, en la costa Oeste, a dos mil 500 kilómetros de distancia.

Al bajar del avión, los oficiales de CBP le dijeron que al otro lado de la frontera ella y su bebé podrían defender su caso de petición de refugio.

Fue mentira. “Nos dijeron que México estaba aliado con Estados Unidos y que aquí nos iban a atender”, contó Norma.

“Yo les dije que necesitaba mi solicitud de asilo. No me dieron ningún documento ni número de trámite”. Meses después, el caso de la migrante hondureña y su familia se encuentra en el mismo sitio que miles de personas más: en el limbo.

La cañada de varios nombres

El Cañón del Alacrán es una cañada en las afueras de Tijuana, Baja California, a un par de kilómetros del muro con Estados Unidos.

En ese sitio existe el templo Embajadores de Jesús, donde el pastor Gustavo Banda Aceves dio albergue a unas 100 personas haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza en 2016.

Eran parte de una primera oleada de personas migrantes de Haití, que huyeron de la crisis económica de Brasil, a donde se habían refugiado tras el sismo que devastó su país en 2010.

A esa primera oleada siguieron otras y paulatinamente el Cañón del Alacrán añadió un nuevo nombre: La Pequeña Haití.

Los habitantes originales se mudaron, algunos porque pudieron cruzar la frontera y la mayoría porque encontraron un empleo en otros lugares.

En los últimos años, el sitio ha sido ocupado por personas migrantes de Honduras, Guatemala y algunos de El Salvador. Son miles, asegura el pastor Banda. Ahora la cañada es conocida como La Nueva Centroamérica.

Allí llegó Norma después de ser expulsada de Estados Unidos. Desde hace varios meses permanece en una enorme bodega junto con unas mil 500 personas centroamericanas, a la espera de una respuesta sobre su situación legal y, sobre todo, a la esperanza de encontrar el sitio donde recuperar su vida y la de su hija.

Una incertidumbre compartida que empeora con el paso de los días.

“Nadie se esperaba esto cuando empezaron a traer gente deportada por Título 42. Llegan 130 personas diariamente a este lugar, más todos los que ya tengo”, dice el pastor Banda, mientras observa a las personas migrantes que están en esa gran galera durmiendo en colchonetas y comiendo de pie.

Entre ellos el religioso ha encontrado algunos patrones: hay quienes aún tienen dinero y se van a otros estados para intentar de nuevo el cruce de la frontera.

Otros regresan a su país después de varias semanas de espera e incertidumbre, y aquellos que se quedan porque su vida corre peligro en su lugar de origen, como sucede con Norma.

La situación es tan grave que por momentos el pastor Gustavo Banda extraña la era Trump y sus programas como el MPP.

“En aquel tiempo, cuando menos sabías que la gente llenaba una solicitud, esperaba y así como iban llegando, se iban ordenadamente a cruzar la frontera”.

“Ahora todos son deportados”, con muy pocas posibilidades de llegar a Estados Unidos. Para ellos, Tijuana es el fin del viaje.

Para este reportaje se solicitó al INM la cantidad de personas que recibió México bajo el programa Título 42 durante 2021. Sin embargo, el Instituto respondió que no cuenta con esa información.

*Este trabajo forma parte de “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original.  www.bajolabota.com.mx

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Créditos

Editor general: Alberto Nájar

Editor de fotografía: Duilio Rodríguez

Investigación y redacción: Rocío Gallegos y Rodrigo Soberanes

Foto y video: Alicia Fernández y Duilio Rodríguez

Diseño: Alejandra Saavedra

Desarrollo: Diego Arce