¿Cómo construir la paz en México en medio de un contexto de grandes redes criminales entremezcladas con empresarios y políticos? Para responder, nuestra última tertuliana, Macrocriminalidad, periodismo y rutas para la paz exploró las posibles rutas hacia la justicia transicional y la reparación social. Un llamado a repensar las soluciones para enfrentar la violencia estructural

Texto: Luciana Oliver Barragán

Foto: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – El panorama mexicano y latinoamericano puede resultar pesimista debido a las redes de macrocriminalidad que afectan nuestros territorios. Sin embargo, las reflexiones y debates profundos sobre este tema nos conducen a encontrar las grietas necesarias para enfrentar esta situación.

Ante esto, es necesario retomar espacios de diálogo y reflexión para aterrizar discusiones, y con esto, avanzar en la construcción de la paz. Por ello, nuestra última tertuliana, Macrocriminalidad, periodismo y rutas para la paz, propició la conversación entre periodistas, defensores y audiencias.

En la mesa, Daniela Pastrana dialogó con la periodista Paula Mónaco, María de Vecchi, de Artículo 19 y el investigador Daniel Vázquez.

¿Qué es la macrocriminalidad?

La periodista Paula Mónaco apuntó que es necesario entender que, el concepto de macrocriminalidad ha proporcionado una nueva y útil perspectiva para abordar las violencias intolerables que se viven a diario en el país.

Desde un enfoque metodológico, concebir la macrocriminalidad como la articulación entre el sector privado, el sector público y el crimen organizado permite analizar tanto a los actores que cometen los crímenes como a aquellos que participan sin ser tan evidentes.

María de Vecchi Gerli, ficial del área de verdad y memoria en la organización Artículo 19, ahondó en esto:

“Lo que entendimos del enfoque de macrocriminalidad es que también es un enfoque que se enriquece enormemente al ser interdisciplinario».

Para entender las redes de macrocriminalidad, el investigador Luis Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó los cuatro elementos fundamentales de estas redes:

“El primero es que siempre tienen tres estructuras: las estructuras criminales, que en México son principalmente los cárteles; una segunda estructura, que es la estructura empresarial, una zona gris entre lo legal e ilegal; y una tercera estructura, la política, que es lo que las diferencia del crimen organizado”.

El segundo elemento, destacó el investigador, es que estas redes ejercen una gobernanza criminal: “una dinámica de control territorial que se lleva a cabo de manera directa, a través de la estructura política, o de forma indirecta, desplazando las reglas del Estado”. Vázquez mencionó dos elementos adicionales para entender la macrocriminalidad: el hecho de que cometen múltiples delitos y que, como consecuencia, generan distintos tipos de víctimas.

Por un lado, caracterizar estas redes resulta útil para generar más información que permita formular mejores hipótesis sobre desapariciones y, por ende, realizar búsquedas más eficaces. Por otro lado, también permite pensar en cómo sería posible su desmantelamiento en un contexto de violencia innovadora, que requiere herramientas igualmente innovadoras.

“Estas redes tienen múltiples fuentes de ingreso, más allá del narcotráfico, lo que desencadena fenómenos que antes no ocurrían, como el control de cadenas productivas. Eso genera una diversificación que varía según el mercado internacional de la droga”, comentó Vázquez.

Los ejemplos de redes de macrocriminalidad en Latinoamérica son numerosos: los cárteles en México, los paramilitares y el Clan del Golfo en Colombia, las milicias en Brasil, las maras en Centroamérica, entre otros. Esto se debe a que las redes de macrocriminalidad tienen características transnacionales, nacionales y regionales, como explicó Luis Daniel Vázquez: “Cárteles como el de Sinaloa tienen presencia en más de treinta países y, además, cuentan con capacidad de gobernanza criminal incluso en varios de esos países”.

El caso de Veracruz de los silencios

El acceso a la justicia es un ejemplo de lo que podría reformarse. Paula Mónaco, quien es autora del multipremiado reportaje Veracruz de los silencios, donde documentó el asesinato de, al menos, 17 periodistas, y la desaparición de otros tres, entre 2010 y 2016 en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte.

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Veracruz de los silencios

En su investigación, Mónaco encontró que “la mayoría de las familias de las 20 víctimas no tenían acceso al expediente, mucho menos una representación legal”. Ante esto, garantizar el acceso a la justicia sería, entonces, una medida para evitar la repetición de estos casos.

La forma en que se aplicó el enfoque de macrocriminalidad en el caso de Veracruz se basó en los cuatro elementos que mencionó Luis Daniel Vázquez. Se empezaron a analizar las técnicas utilizadas por los actores para matar a los periodistas, encontrando que la mayoría fueron desaparecidos, torturados o mutilados antes de ser dejados en lugares públicos, lo que indicaba una estrategia de terror dirigida tanto a la población en general como al gremio periodístico.

Posteriormente, se caracterizaron los altos mandos del gobierno, y mediante una línea del tiempo, se identificaron los fiscales estatales y sus declaraciones. Un hallazgo interesante fue que “según el fiscal de turno, la forma de investigar o no los casos y el discurso del gobierno frente al tema fueron cambiando”, señaló Mónaco.

Finalmente, se investigaron los megaproyectos y grandes capitales de la región, con especial atención a las zonas petroleras. Se identificó la presencia de una economía empresarial que se encuentra entre lo legal y lo ilegal. Al investigar el contacto entre las víctimas y el sector privado, Mónaco descubrió que los empleadores de los periodistas asesinados jugaban un papel clave.

Cada una de estas historias quedó plasmada en Veracruz de los Silencios, un reportaje basado en la investigación Violencia letal contra la prensa: Veracruz 2010-2016 realizada por la organización no gubernamental Artículo 19. Este trabajo es un espacio para la búsqueda, desde el periodismo, de “otras formas de contar” y su articulación con el derecho a la verdad de la sociedad. Como dijo Paula Mónaco, es necesario “buscar esas luciérnagas, esos destellos de luz que, aunque parezcan pequeños, ahí están”.

Sobre esto, Paula Mónaco precisó:

“En el momento en que el periodismo fue atacado en Veracruz, tres grupos empresariales controlaban el mercado de los medios. Estas familias propietarias de los medios también tenían cargos políticos como alcaldes, diputados, jueces o magistrados. Esto generaba un claro conflicto de intereses para la prensa en general. Y cuando un Estado está en disputa por el control del crimen organizado, todo el terreno se vuelve más pantanoso. Si el dueño del medio también juega en el terreno político, es inevitable que se vea involucrado”.

Este análisis abre una contradicción fundamental: los medios de comunicación no solo son un espacio vulnerable a la violencia, sino que, en muchos casos, son parte de las propias redes de criminalidad. Como explicó María de Vecchi, el periodismo, especialmente en Veracruz, a menudo no podía evitar estar en contacto, de alguna manera, con el crimen organizado.

Sobre esto, ahondó Vecchi, «es necesario complejizar nuestra aproximación, desde cómo entrevistamos a personas que nos pedían no entrevistar a ciertos individuos, hasta cómo contamos las historias de los periodistas, reflexionando sobre hasta qué punto es posible decidir qué contar”.

Una posible medida para la construcción de paz sería la regulación de los convenios de publicidad, asegurando su distribución equitativa entre todos los medios locales. Pero no es la única.

Rutas para la paz

La necesidad de construir herramientas políticas para enfrentar las redes de macrocriminalidad en sus tres dimensiones es urgente. A nivel transnacional, se debe cuestionar el modelo prohibicionista de Estados Unidos, lo cual solo se puede lograr mediante una articulación regional latinoamericana. A nivel nacional y local, es necesario integrar la construcción de paz con la justicia transicional.

Ante este desafío, Luis Daniel Vázquez propone una hipótesis: “Lo que podemos hacer es construir paz por un lado y justicia transicional por el otro”. Es decir: generar estrategias de paz en nodos clave que busquen la implosión de la gobernanza criminal, al mismo tiempo que se implementa la justicia transicional propia del siglo pasado.

Y concluyó:

“La construcción de paz implica tres elementos clave: desmovilización, desarme y reinserción social, y esto debe hacerse a nivel micro. Tenemos que recuperar a nuestros jóvenes, niños y niñas que están siendo capturados por estas redes de macrocriminalidad. También es necesario implementar políticas para evitar el reclutamiento criminal, cambiar economías ilícitas por economías lícitas y reformar nuestros cuerpos de policía y fiscalías. Ahí es donde entra la lógica de la justicia transicional: memoria, justicia y mecanismos contra la impunidad, que deben ir de la mano con procesos profundos de reconstrucción de nuestras fuerzas de policía y sistemas de fiscalías”.

Si quieres ver la tertuliana completa puedes hacerlo en el siguiente enlace: