Es la reforma social más profunda en 100 años, dice Luisa María Alcalde. No sólo busca revertir la reforma laboral de 2012, sino cambiar la estructura del anquilosado modelo laboral, que ha permanecido ajeno a cualquier alternancia política. La secretaria más joven del gabinete se dice lista para los retos que implica: “Ya hicimos lo más difícil”

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Duilio Rodríguez

Luisa María Alcalde Luján es la secretaria de Estado más joven de la historia reciente de México, pero quizá tiene más experiencia política que algunos de sus compañeros de gabinete. Hija de la exContralora de la Ciudad de México y de uno de los abogados laboristas más reconocidos, la Secretaria del Trabajo, de 33 años, conoce a fondo los problemas del modelo laboral mexicano.

Su diagnóstico es implacable: “Hemos construido las relaciones laborales a través de enormes vínculos de explotación. Hay contratos colectivos que nos son contratos colectivos. Hay sindicatos que no son sindicatos, es decir, lo son formalmente pero no representan a los trabajadores. Hay una supuesta negociación colectiva, pero no existe. Hay asambleas de elecciones que en realidad no suceden. Hay intervención constante de las autoridades. Se ha construido dentro de la opacidad el control, la corrupción, pero sobre todo la simulación”.

Alcalde Luján tiene a su cargo una de las áreas más estratégicas para el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador: La Secretaría del Trabajo no sólo alberga el proyecto laboral más ambicioso para los jóvenes —tan importante como lo fue, durante su gestión en el gobierno de la ciudad de México la pensión para adultos mayores—, sino porque implica desmontar la estructura del sistema de justicia laboral anquilosado, que ha permanecido ajeno a las alternancias políticas.

El desmonte comenzó con la aprobación, el 1 de mayo de 2019, de la reforma laboral que tiene tres componentes: 1) la desaparición de las juntas de conciliación (dependientes del Poder Ejecutivo) y su sustitución por tribunales laborales (del Poder Judicial); 2) la democratización de los sindicatos y la eliminación de “contratos de protección”, y 3) la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá la facultad, hasta ahora concentrada en los gobiernos estatales, de registrar a los sindicatos.

La Secretaría del Trabajo estima que actualmente hay 14 mil sindicatos locales y 2 mil federales activos, aunque todavía falta que todos pasen por el proceso de validación. El paso al nuevo esquema será escalonado y este miércoles arranca en 8 entidades del país: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

Otros 13 estados cambiarán al esquema de tribunales en 2021 y el resto en 2022. No es un cambio menor: requiere estructura para los centros de registro, trámites para modificar la, jueces (que no existían y han tenido que entrar en un proceso intensivo de capacitación y selección) y validar las consultas de los 16 mil sindicatos activos.

— Hace un año, cuando se aprobó esta reforma, el abogado Manuel Fuentes nos dijo que es tan buena que será imposible de concretar muchas cosas en este sexenio

—Yo coincido con él en una cosa: que la reforma es la más importante de los últimos 100 años. Realmente es una reforma muy profunda. Pero considero que tenemos todas las condiciones para su buena implementación. Tiene retos gigantescos, porque no nada más se trata de crear nuevas instituciones y crear los estatutos, sino de cambiar una cultura laboral.

La nueva cultura: acabar con la extorsión

La “nueva cultura laboral”, dice la secretaria, en entrevista con Pie de Página, pasa por la posibilidad de que las empresas negocien con sindicatos “que realmente representen a los trabajadores” y que actualmente “es prácticamente nula”. También implica recuperar la negociación colectiva y “construir los posibles sindicatos futuros”.

“Ahora (a partir de la reforma), para poder garantizar que representan a los trabajadores, los sindicatos tienen que pasar por varios procesos: la elección de sus directivas, con voto libre y secreto, con convocatorias abiertas para que participen los diferentes trabajadores, que haya padrones públicos y que esos padrones se publiciten entre la organización gremial. Son principios democráticos para que haya eso: una representación que venga de las bases”, explica Alcalde Luján.

“El otro elemento es que ese sindicato represente a los trabajadores de la empresa que dice. Porque hoy lo que sucede es que hay un sindicato que se implanta como el representante de los trabajadores de una empresa, y esta empresa no conoce a ese sindicato”.

Ahora, para poder firmar un contrato colectivo y representar a los trabajadores, el sindicato debe tener el reconocimiento de por lo menos un tercio de los trabajadores. Y eso lo tendrá que certificar el centro de registro para expedir una “constancia de representatividad”.

“Eso garantiza anular el chantaje y la extorsión que se hace a los empleadores, porque no sólo es que no hay representatividad entre los trabajadores sino que estos sindicatos se han convertido en agentes extorsionadores de los empleadores, y la industria de la construcción es un claro ejemplo”.

— Esas prácticas ocurren desde hace mucho tiempo ¿qué tan difícil puede ser modificarlo?

—Para hacer efectiva la representatividad, se quitaron todas las condiciones, porque antes, si ponías requisitos, pues corrían a los trabajadores. Entonces, para garantizar ese derecho se quitaron las condiciones. El problema es que eso se desvirtuó tanto que llegamos a la realidad de que el 90 por ciento de los que se apersonan como representantes de los trabajadores, no representan a los trabajadores.

Nuevas reglas

No solo se trata de que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes, el objetivo final es que los trabajadores participen activamente en la negociación con la empresa, explica Alcalde Luján.

“Eso lo que genera es la protección de la empresa, porque yo, como trabajador no quiero que se muera la empresa, no quiero perder mi fuente de empleo, pero por otro lado voy a proteger mis intereses y voy a tratar de negociar hasta el punto ideal para ambos lados. Ese mundo es el que se tendrá que ir transformando a partir de reglas distintas”, dice.

Otro problema de este “modelo de simulación”, sigue, es que se obligaba al trabajador a pertenecer a un sindicato.

“En automático, el trabajador recibía la reducción en su salario de la cuota sindical, pero no tenía la posibilidad de decir: ‘no quiero estar en ese sindicato, porque no me representa, gracias’. Hoy se protege ese derecho, no solo el colectivo sino el individual del trabajador de decir: ‘no quiero ese sindicato’, o ‘quiero formar otro’”.

Esa formación del nuevo sindicato y su registro ya no estará sujeta a las autoridades locales, dice. Los gobernadores tienen mucho juego político en estas decisiones, pero eso no les compete a ellos decidirlo.

Conciliación, la apuesta

Uno de los principales objetivos con el cambio de las juntas a los tribunales laborales es agilizar los juicios, dice la secretaria. “Que sean juicios ágiles, de una sola audiencia, con desahogo de pruebas orales, donde el trabajador entienda, que tenga que acudir el empleador, porque ahorita sus representantes a veces ni se enteran, se los chamaquean, hay una de coyotes involucrados en esto, que son los grandes ganadores. Entonces, serán juicios mucho más cortos, pero también con independencia, o sea, tribunales laborales como en cualquier otra materia como la civil o la penal. No se justifica que en materia laboral sea el ejecutivo el que imparta justicia, porque entonces pudiese tener otro tipo de injerencia”

—¿Quiénes pueden ser jueces laborales? ¿Cómo se seleccionan?

—El poder judicial a través del Consejo de la Judicatura, ya está en proceso de concursar las plazas de los jueves laborales. Puede participar alguien que está ahorita en una junta local o un secretario de acuerdos del poder judicial que hoy está en amparo. De hecho, se han capacitado más de 7 mil personas para poder concursar.

Uno de los elementos importantes de este modelo, dice, es que la conciliación va a ser obligatoria.

“No será obligatorio conciliar, sino asistir a la audiencia de conciliación. Es decir, tenemos que ir y hablar. Podemos no arreglarnos, pero tenemos que intentarlo. Y si no se arregla, el Centro dará una constancia de no conciliación, pero nadie puede demandar en los tribunales si no tiene esa constancia”.

Es el meollo del cambio:

“La apuesta es que cerca del 80 por ciento de los juicios se puedan conciliar previo al juicio y que no tenga que haber ese desgaste que hay ahora, ni de las partes en conflicto, ni del sistema”.

El factor T-MEC

— Tenemos pandemia y austeridad. ¿Realmente cuánto se puede avanzar en esta tarea, que parece titánica?

— Hay un elemento que no podemos pasar desapercibido: hoy en día estas obligaciones están vinculadas con el tratado comercial. Entonces, hay un interés personalísimo de las empresas de cumplir, porque las que incumplan pueden ser denunciadas o llevadas a un panel de respuesta rápida frente a una violación de derechos colectivos o de democracia sindical.

El factor T-MEC es clave en esta historia. “No se hubiese podido consensuar un tratado comercial si no había un elemento claro de transformación del modelo laboral mexicano, porque los propios estadunidenses y en Canadá, frente a nuestro modelo laboral de precariedad y nula negociación colectiva, dicen: ‘para nosotros ustedes son una competencia desleal, pagan salarios muy bajos no dejan que se formen sindicatos, no hay negociación colectiva. Eso es competencia desleal’.

Eso, dice, “coincidió con la entrada de un gobierno que venía luchando por lo mismo, por tener mejores condiciones laborales”.

Reingeniería en seis pistas

La entrevista se realiza en agosto, al término de una de las conferencias donde se presentan los programas de Bienestar en las que la secretaria lleva la batuta.

—¿Cuál es el balance que tiene en este tiempo?

—Estamos enfrentando una situación complejísima por el tema de la pandemia, que ha impactado no solo en la pérdida del empleo sino en el ingreso de los trabajadores, pero estamos viendo que empezamos ya con esta recuperación y creemos que el TMEC y la estrategia de reactivación está impulsando una economía desde abajo par que no paguen los de siempre los efectos de la crisis. En un país con enormes porcentajes de informalidad y de personas que viven al día la afectación es enorme.

Además de cambiar el modelo de justicia laboral, la estrategia que está a su cargo tiene otras cinco prioridades, todas relacionadas:

-La recuperación del salario mínimo, paulatina, responsable, y sostenida, que ha permitido recuperar 35 por ciento del poder adquisitivo de una pérdida del 70 por ciento en 40 años.

– Modificar la estrategia de inspección para erradicar las prácticas abusivas, en específico de subcontratación, conocida como outsourcing (esta semana se presentó la reforma).

– Mejorar los mecanismos de intermediación laboral. “Esta conexión entre el que busca y el que encuentra a través del servicio nacional de empleo” a través de una plataforma pública y gratuita.

– Atención prioritaria a dos grupos vulnerables: trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, para vincularlos a programas sociales, quitar a los enganchadores e incorporarlos a la seguridad social (para eso inició un programa piloto con trabajadoras domésticas)

-La atención a jóvenes que no estudian y no trabajan para incorporarlos a las actividades productivas. “para atender a las poblaciones que se han visto afectadas por el olvido, lejos de atender a la juventud se les estigmatizó y s eles llamó de todo, flojos, ninis, menos darles la atención debida”.

En ese tema se extiende el relato. Habla de los resultados, que más de un millón 300 mil jóvenes han participado en el programa y hay más de 280 mil empresas “de todos los tamaños”. Dice que muchas mujeres son madres de familia, “lo cual es una de las satisfacciones más grandes”. Cuenta las dificultades para convencer a los empresarios.

“Al principio pensaban que les iban a llegar jóvenes que no tenían ninguna habilidad o de competencia y que a ellos les iba a implicar prácticamente incorporar a alguien que no sabía hacer nada y se llevaron una sorpresa cuando los jóvenes que empezaron a incorporarse muchos eran universitarios.  O que no habían entrado a la universidad porque no había cupo, peor eran jóvenes con ganar de trabajar y de aprender. Cuando iniciaron unas empresas y empezaron a compartir sus experiencias con las otras, se empezaron a animar. Se empezó a generar más vínculos de confianza”.

El programa, insiste, tiene muchas virtudes:

Permite garantizar a estos jóvenes la experiencia que muchas veces les exige el mercado laboral, y los acerca, no solo a la experiencia laboral y al salario, sino también a la formalidad.

“La cobertura médica permite esa sensación de la formalidad. Esto es muy importante, porque la informalidad es un círculo muy complejo del cual salir y cuando empiezas a trabajar con la atención médica valoras esa circunstancia”.

Las relaciones que se generan entre tutores y becarios, la incorporación de la fuerza del trabajo a otros programas del propio gobierno, y del servicio social de empleo son otros factores que hacen tan bondadoso el programa, dice la secretaria.

—¿Se ha modificado algo con la pandemia?

—El principal problema es que el trabajo no se ha podido hacer de manera presencial. Aunque no se suspendió y los pagos han continuado, los jóvenes ya no acuden al centro de trabajo. Hay muchas herramientas que diseñó el área encargada de la Secretaría del Trabajo y todos los días había seminarios a distancia que permitieran continuar con la formación profesional, pero sí es un reto importante. Y otro de los impactos es que vimos un incremento importante en ciudades donde no había una presencia significativa.

El programa, “es un reflejo del mercado laboral en México”. Tiene más presencia en donde hay mayores niveles de desempleo. “Ahora con la pandemia empezamos a ver ciudades y estados que no tenían una presencia importante que empezaron a tenerla: es el caso de Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez, La Paz, incluso Tijuana. Los datos del IMSS señalan que el sector juvenil fue el que mayor impacto tuvo en la pérdida del empleo, porque hay una relación entre jóvenes y los que tienen salarios más bajos. Entonces, una entrada o posibilidad para estos jóvenes que perdieron el empleo fue entrar al proyecto.

Un mundo laboral que nos compete a todos

Las conferencias sobre los programas de Bienestar comenzaron el 13 de mayo y concluyeron el 20 de octubre. Durante 165 días pasaron por ahí los responsables de 16 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal. La conducción recayó en la secretaria del Trabajo, quien una y otra vez ha insistido en que una diferencia con las administraciones anteriores es que, en esta, los proyectos y planes de cada una de las distintas dependencias “embonan” y forman parte de un solo proyecto.

“No son prioridades aisladas ni repentinas que uno se haya planteado en el camino, sino que hay una ruta muy clara”, dice.

— Es usted una secretaria muy joven en un gabinete muy longevo. ¿Cómo lidia con eso?

— Les bajo el promedio, bromea. Luego dice, más seria: “Yo no puedo estar mas orgullosa de pertenecer a un proyecto en el que creo, con un líder en el que creo y he creído en mucho tiempo, y construyendo ese proyecto de nación. Es mucha satisfacción y mucha responsabilidad, porque los retos a los que nos estamos enfrentando eran gigantescos y si ya eran grandes ahora con la pandemia se intensificaron. Y compromiso de no bajar la guardia y no defraudar a tanta gente que tiene esperanzas en un país distinto”.

“Ha sido importante dejar claro que el mundo del trabajo no es un mundo de sólo de hombres ni solo de ciertas personas que históricamente participaron de él. El mundo del trabajo es mucho más que solo esos rostros de líderes sindicales. Somos todas y todos lo que trabajamos y a todos nos debe importar. A mí lo que me gustaría es decir esta (la reforma laboral) es una herramienta para el futuro para las nuevas formas de relaciones laborales, para el autoempleo, para las plataformas digitales. Es decir, que puedan ver esta reforma como una posibilidad para ellos, no sólo para transformar al 10 por ciento del sector hoy sindicalizado

—¿Hay alguna desventaja de ser mujer con tareas tan importantes?

Creo que siempre va a ser un reto, quizá más que el género, la edad. Porque siempre hay esta sensación de que una tiene que (…) digamos que hay todavía la percepción de que una no tiene la posibilidad de tomar decisiones propias o de liderear un proyecto tan ambicioso, y entonces siempre va a estar la pregunta de quién está detrás y quiénes toman las decisiones. Pero al final es algo que queda muy marginado frente los retos que estamos enfrentando. Lo más importante de todo es que el equipo tiene claras las prioridades y los proyectos, contra todas las posibles adversidades.

—¿Se siente lista para esas adversidades?

—Estamos listos para consolidar el proyecto laboral. Se necesitaba cierto tiempo para sentar las bases. Pero a partir de sentar las bases lo que viene es más fácil. Y quizá el reto mas enorme en el cual hemos avanzado es la corrupción. No hay ni palabras para describir la corrupción que existía en todos los rincones y en todos los niveles. Entonces, de las principales satisfacciones es estar limpiando el actuar político, y lo que significa ser secretaria de Estado.