Diferentes organismos comunitarios de agua y activistas del país temen que en la nueva estrategia hídrica de la presidencia deje fuera sus aportes y conocimientos y que en su lugar incorpore los de las grandes empresas que explotan el agua de forma intensiva

Texto y foto: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 11 de noviembre empezó a circular en grupos de mensajes un documento en el que se resumen los 10 puntos de un nuevo Acuerdo Nacional por el Agua. El documento está fechado el 25 de noviembre, cuando se espera que la presidenta Claudia Sheinbuam firme dicho acuerdo, sin embargo, los grupos de mensajería donde circuló, principalmente de colectivos en defensa del agua, consideraron que era un plan escueto y para el que no fueron consultados.

El jueves 14 una versión más completa del acuerdo empezó a complementar la primera versión. Circuló junto con el Plan Hídrico del sexenio

“Nos parece muy parco, hablan de participación social en el punto cinco, pero no hablan de inclusión de las comunidades en la toma de decisiones ni tampoco de sistemas comunitarios de agua”, comenta en entrevista Ricardo Ovando, integrante del sistema comunitario de agua de Tecámac en Estado de México que es parte de la Coordinadora Agua para todos, un movimiento nacional de cuidado y gestión comunitaria del agua.

Y añade:

“En el punto cinco se menciona una mayor participación de la sociedad organizada, pero eso es muy ambiguo, porque estos pueden ser organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción u otras Asociaciones Civiles u ONGs (Organizaciones No Gubernamentales). Aquí deberían decir comunidades indígenas, afro y pueblos originarios”.

Acuerdo por el agua, de la mano de empresas

Desde que tomó posesión en octubre de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió hacer una revisión de la gestión del agua en el país. Incluso, lanzó una convocatoria para crear un nuevo Acuerdo por el Agua, en el que se iban a invitar a varios sectores, sin embargo, según han visto diversos colectivos del país, las invitaciones se han hecho especialmente a los representantes de los distritos de riego y a los empresarios del país, los dos sectores que más consumen agua en México

Una semana antes de que empezara a circular el documento, la Coordinadora Agua para todos convocó a una serie de protestas en las oficinas de la Comisión Nacional de Agua de una docena de ciudades en el país. Durante las protestas entregaron un pliego petitorio de 10 puntos en el que demandaban que se incluyera a las decenas de colectivos de todo el país que integran la coordinadora en la discusión de este acuerdo. Hasta hoy, no ha habido respuesta.

“Se dice que después de este Acuerdo Nacional –que dicho sea de paso– nada más se acordó con los grandes titulares, incluidos los Distritos de Riego, se viene una propuesta de ley nueva, una Ley General de Agua”, agrega Ovando.

Desde hace más de cinco años, Agua para todos recorrió las 32 entidades del país recogiendo los conocimientos y necesidades de diferentes usuarios del agua a lo largo y ancho del territorio nacional. A partir de eso, elaboraron una propuesta ciudadana de Ley General de Agua, misma que entregaron a la Cámara de Diputados en febrero de 2020 y que desde entonces, ha estado congelada en el recinto legislativo.

Las voces detrás de la iniciativa ciudadana del agua

Una ley de aguas incompleta

Este martes 12 de noviembre, después de que empezara a circular la primera versión de los nuevos acuerdos, la diputada Xóchitl Zagal presentó una iniciativa para crear una nueva Ley General de Aguas, que no recoge las propuestas plasmadas en la iniciativa ciudadana impulsada por Agua para todos.

El día siguiente, el miércoles 13, en el recinto legislativo de San Lázaro, donde sesionan los diputados, se llevó a cabo el foro “Construyendo la Estrategia Hídrica del Segundo Piso”, organizado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar, quien ha encabezado un movimiento con un nombre muy similar.

Construyendo el Segundo Piso incluye asociaciones civiles, empresariales y sindicales que son ajenas a Morena y desde la cual se pretende crear acuerdos de gobernanza.

En el encuentro para definir la ruta hídrica nacional se dio el uso de la palabra a Alejandro Salcedo Ruíz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego y a Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, una asociación civil que integra a empresas como CocaCola-Femsa, Danone, Constellations Brand, Cervecería Modelo y a mineras como Grupo Bal.

En su discurso, Rodríguez Márquez aseguró que se pide que el nuevo acuerdo de certeza jurídica en el uso del agua, esto luego de que la misma Sheinbaum Pardo anunciara en su toma de protesta que pretendía hacer una revisión de las concesiones de agua del país.

Las concesiones de agua empezaron a emitirse en 1993, cuando se creó la ley actual que rige el uso del agua en el país, En ese entonces habían cerca de 2 mil concesiones, mientras que al día de hoy hay más de 600 mil, principalmente en manos de empresas como refresqueras, cerveceras y mineras.

“En las propuestas que hemos escuchado no se habla de la inspección, de las sanciones y sobre todo de la recaudación” cometna al respecto Elena Burns, experta en agua quien fue asesora presidencial en temas hídricos durante el sexenio de López Obrador y que ocupó una subdirección al interior de Conagua.

“No se dice nada sobre qué hay que hacer para arreglarlo y no sobre lo que se requiere para poner orden sobre gente como los del Consejo Consultivo”.

Estos concesionarios son quienes más consumen agua en el país, sin embargo, según datos obtenidos por la misma Elena Burns desde Conagua, estas empresas no pagan ni el 22 por ciento del valor real del agua que usan.

“El hecho de que el Consejo Consultivo del Agua, que es la A.C. de la hidrocracia fueron los grandes invitados para hacer su propuesta. Son empresarios que desde siempre han estado susurrando en los oídos del gobierno del PRI del PAN y ¡semejante sorpresa! Ahora los escogen para que sean los grandes asesores”, criticó Burns en una entrevista.