Al igual que Estados Unidos, el gobierno mexicano expulsa de manera exprés a miles de personas migrantes, muchas de ellas solicitantes de asilo humanitario. La estrategia ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos porque México se convirtió en el muro migratorio que tanto reclamaron integrantes de la política estadounidense

Texto: Rodrigo Soberanes*

Fotos y video: Duilio Rodríguez

Diariamente miles de personas provenientes del sur –especialmente de Centroamérica– arriban a la región fronteriza entre Tapachula, Chiapas, y Guatemala. Son parte de un flujo permanente que pocas veces se interrumpe. La más reciente fue en 2020, cuando la pandemia por covid-19 obligó al cierre total de casi todo el planeta.

A partir del segundo semestre de 2021 se alteró la vida cotidiana en esta zona: miles de personas migrantes comenzaron a llegar procedentes del norte, la mayoría en autobuses escoltadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

A primera vista, el movimiento parecía normal: una operación del gobierno de México para expulsar del país a personas migrantes sin documentos. Pero había algo más.

Además de la ola que llega por tierra, también arribaron cientos de personas deportadas en vuelos procedentes de Estados Unidos, así como de varias ciudades del norte mexicano.

Un puente aéreo que ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, especialmente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El centro de la polémica es que la mayor parte de las personas deportadas a la frontera sur de México son expulsadas de forma inmediata por el gobierno estadounidense, a través del decreto conocido como Título 42.

Se trata de una medida establecida en marzo de 2020, por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, para contener la pandemia de covid-19, y que contempla la salida exprés de todos quienes crucen la frontera por vía terrestre sin documentos migratorios, que eventualmente se convirtió en una herramienta de control migratorio.

El actual presidente Joe Biden ha mantenido la estrategia, que ha sido calificada por la organización Witness at the Border como “la mayor campaña de deportación masiva en cinco décadas”.

Biden, quien fuera vicepresidente durante los dos períodos de Barack Obama en la Casa Blanca, endureció la política migratoria con una operación especial para enviar en aviones hacia el sureste mexicano a miles de personas expulsadas de su país.

El puente aéreo funcionó entre agosto y diciembre de 2021, e implicó la movilización de más de 14 mil migrantes, según estimaciones de Witness at the Border.

La mayor parte eran guatemaltecos y hondureños “expulsados primero desde Estados Unidos al sur de México por aire, y luego expulsados por México por tierra a Guatemala”, señala la organización en un informe publicado en enero de 2022.

En ninguno de los casos, añade, se les otorgó “su derecho legal a hacer valer sus derechos a buscar protección”, como el asilo humanitario. En todos los casos, el argumento para la deportación fue el decreto Título 42 con el que se expulsó de Estados Unidos a más de 1.7 millones de personas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.

Los “vuelos de remoción”, como se conoce a las operaciones para deportar por vía aérea a personas migrantes, son coordinados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La operación especial de 2021 –aceptada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– implicó el envío de 143 vuelos que aterrizaron en los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, señala Witness at the Border.

Otros organismos, como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), estiman en 168 los vuelos al sureste mexicano.

Las personas expulsadas fueron inmediatamente conducidas en autobuses por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) hacia Guatemala. A los migrantes sólo se les permitía bajar de los vehículos al llegar a los puertos fronterizos de El Ceibo y El Carmen.

La expulsión masiva alteró la vida de la región y causó problemas al gobierno guatemalteco. Un ejemplo es El Ceibo, una comunidad de apenas unos cientos de habitantes que, de un momento a otro, se encontró con una oleada de personas migrantes.

Cientos durmieron en las calles, pues el único albergue que hay en el sitio tiene capacidad para atender a sólo 30 personas, reconoce el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

El gobierno de Guatemala no fue notificado sobre el inicio de la deportación masiva, señaló la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW). La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

En un comunicado del 17 de agosto, días después de iniciado el puente aéreo estadounidense, el Ministerio expresó su preocupación por la llegada de extranjeros a los puertos fronterizos de El Ceibo y El Carmen: “La Cancillería guatemalteca ha cursado comunicaciones diplomáticas solicitando información oficial a los gobiernos de México y Estados Unidos sobre estos movimientos migratorios”.

Más allá de las diferencias diplomáticas, lo más grave es que a las personas migrantes expulsadas se les violaron dos veces sus derechos, advierte HRW: Al ser expulsadas de forma exprés por Estados Unidos, y luego cuando el gobierno mexicano los saca de su territorio.

“A muchas de las personas expulsadas, los agentes migratorios mexicanos les han negado la posibilidad de pedir asilo y las han obligado a cruzar a Guatemala sin avisar a sus respectivos consulados ni al gobierno de Guatemala”, señala en un comunicado.

Las expulsiones no se limitan a Guatemala. A la par de los vuelos de remoción de ICE, el INM envío a cientos de personas haitianas que se encontraban sin documentos migratorios en Estados Unidos, en donde pretendían solicitar asilo.

En los hechos, dicen activistas, México es un eficiente muro contra la migración que en este caso está militarizado, advierte Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM).

“No podemos esperar protección a los migrantes en la frontera sur”, señala Metelus. “La idea de usar a la Guardia Nacional era para contener abusos, violaciones y asesinatos, pero hoy en día lo que hace es detener la migración”.

Y sentencia: “El gobierno mexicano está haciendo un trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos”.

El “trato cruel” de México

El puente aéreo no es la única operación de deportación masiva en la que participa el INM. De hecho, la mayoría de las expulsiones de personas migrantes se realiza en autobuses.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, en 2021, México deportó a 40 mil 723 guatemaltecos en mil 195 autobuses que cruzaron por la frontera de Tecún Umán. En ese lapso 56 mil 621 hondureños fueron enviados a su país por vía terrestre, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

La mayoría fueron entregados en la aduana de Corinto, en la frontera entre Guatemala y Honduras.

El epicentro de esta operación es Tapachula, Chiapas, donde a partir de diciembre de 2020 existe una intensa presencia de personas provenientes de Haití y África, quienes se suman a la permanente oleada proveniente de Centroamérica.

Miles de ellas han permanecido virtualmente encerradas en la zona, donde existe un despliegue de 13 mil elementos de la GN, el Ejército, Marina y el INM. La operación es parte del Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur.

En todo caso, se trata de una cara de la nueva realidad en esta región. La otra es el intenso movimiento por la expulsión de personas migrantes.

Un ejemplo es Talismán, Chiapas, uno de los sitios a donde el INM envió a quienes arribaron por avión desde Texas, Estados Unidos, y en donde es constante el trasiego de autobuses, algunos sin logotipo que los identifique, que llevan a las personas hasta Honduras.

El chofer de uno de estos vehículos que recién volvió de Omoa, en la costa del Caribe hondureño, cuenta el viaje de más de 1,300 kilómetros sin parar desde Tapachula, en la costa del Pacífico mexicano.

Fueron más de 22 horas de travesía para cruzar todo Guatemala, dice, con la consigna de no detenerse y llevar lo más rápido posible a las personas pasajeros.

Durante el viaje, el autobús estuvo vigilado cada minuto por fuerzas armadas de los tres países por donde transitó, señala el conductor, quien solicitó el anonimato.

La vigilancia fue para evitar rebeliones dentro del autobús que comprometieran la seguridad del chofer y, sobre todo, garantizar que las personas deportadas salieran del territorio mexicano.

El movimiento es permanente. Un guardia de la aduana de Talismán (también solicitó anonimato) contó que los autobuses con personas deportadas cruzan la frontera cada tres horas en promedio.

La región es un virtual territorio de caza de personas en migración. En la salida de la carretera que comunica a Tapachula con el centro del país hay un retén de la GN y el INM, que revisa prácticamente todos los autobuses de pasajeros que circulan por la zona.

En una de las revisiones los militares bajaron en menos de 10 minutos a un grupo de personas haitianas y afrodescendientes que no pudieron comprobar su estancia regular en México. Varios eran menores de edad.

Todos fueron enviados a Guatemala, de donde volvieron en menos de tres horas, para instalarse en pequeñas habitaciones ubicadas en la periferia de la ciudad (conocidas como cuarterías), para planear el siguiente intento de abandonar el cerco militarizado.

La actividad se intensificó durante el puente aéreo de expulsados desde Estados Unidos. Los aparatos de aerolíneas comerciales, como la estadounidense Aero Airways o la mexicana MagniCharters, aterrizaron en Tapachula donde les esperaban agentes del INM y la Guardia Nacional.

Los pasajeros salían de los aviones para abordar los autobuses que les esperaban. Luego salían a toda velocidad del aeropuerto de Tapachula escoltados por patrullas de la Guardia Nacional.

Uno de ellos se encaminó hacia Talismán, donde cruzó la frontera y se internó en Guatemala. El otro se dirigió con sus respectivos escoltas armados hacia la Estación Migratoria Siglo XXI y se esfumó dentro de sus instalaciones, tras una rápida maniobra.

Las operaciones se repitieron casi a diario. El puente aéreo y las expulsiones permanentes vía terrestre han sido cuestionadas por activistas de derechos humanos.

Graciela Zamudio, directora de la organización Alma Migrante de Tijuana señala que en la reciente estrategia del gobierno mexicano “hay mucha crueldad y negocio”.

“Estados Unidos está agarrando a México como una estación migratoria que permite la aplicación de una ley de una manera extraterritorial sin que haya un acuerdo bilateral”. Y sentencia: “No son deportados siquiera. Están en el limbo”.

*Este trabajo forma parte de “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original.  www.bajolabota.com.mx

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Como nunca en la historia, México aplica una dura política de contención migratoria, que incluye el despliegue de todas las Fuerzas Armadas del país. El objetivo: impedir a las personas migrantes acercarse a Estados Unidos.

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Créditos

Editor general: Alberto Nájar

Editor de fotografía: Duilio Rodríguez

Investigación y redacción: Rocío Gallegos y Rodrigo Soberanes

Foto y video: Alicia Fernández y Duilio Rodríguez

Diseño: Alejandra Saavedra

Desarrollo: Diego Arce