Autoridades judiciales impusieron una medida que acerca a la megagranja de la familia Loret de Mola al cierre definitivo. La instalación, reconocen jueces, descarga aguas con heces fecales en el manto freático y la selva, genera deforestación, y afecta gravemente la vida ecosistémica. Santa María Chi cumplió un año de resistencia popular a esta factoría que depreda desde su rol de proveedora de Kekén

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

YUCATÁN.- La actividad contaminante de una de las megagranjas de cerdos que la familia Loret de Mola explota en Yucatán continúa cosechando reveses judiciales y la instalación se acerca al cierre definitivo. Tras las restricciones fijadas por las autoridades judiciales en diciembre del año pasado, ahora el juzgado competente en la causa que se le sigue a la porcícola por contaminar a la comunidad maya de Santa María Chi, en la periferia de Mérida, acaba de establecer una suspensión definitiva a la posibilidad de acceso a un permiso clave para la operatoria de la factoría: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La decisión judicial, que además reconoce el desastre ecosistémico que viene provocando la instalación sobre todo en los últimos 15 años, arroja por la borda los intentos de los Loret de Mola por rehabilitar el funcionamiento completo de la megagranja.

La suspensión fue dictaminada por el Juzgado Tercero de Distrito a partir del amparo impulsado por Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chi y uno de los referentes de la lucha contra la contaminación que provoca la mega granja, controlada por la familia Loret de Mola a través de las firmas Grupo Porcícola San Gerardo y su asociada Chumoxil.

Según informó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la medida impuesta por las autoridades judiciales establece que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán y su Departamento de Evaluación Ambiental deben abstenerse de emitir “la Manifestación de Impacto Ambiental –a favor de Chumoxil SA de CV, quien opera la granja de cerdos en Santa María Chi– y para que realicen actos de supervisión e investigación para analizar la solicitud de impacto ambiental, hasta tanto no se resuelva el amparo de manera definitiva”.

Al emitir la suspensión definitiva, señala el IFDP, la jueza Karla Domínguez Aguilar “consideró que el daño al medio ambiente por la operación de la granja porcícola podría ser irreversible…”.

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La mega granja y una contaminación multiplicada

La autoridad judicial señaló que la factoría de los Loret de Mola “genera contaminación, descargas de aguas con heces fecales, muerte de vegetación, deforestación, desplazamiento de especies, afectaciones al agua y al medio ambiente”, entre otros flagelos.

“La SDS y el Departamento de Evaluación Ambiental de dicha Secretaría tendrán que acatar la suspensión definitiva concedida al subcomisario de Santa María Chi pese a que cerraron la denuncia ciudadana ambiental para beneficiar a la empresa porcícola, quien opera sin contar con los permisos correspondientes”, enfatizó el IFDP mediante un comunicado al que accedió Pie de Página.

Respecto de lo dispuesto por el Juzgado Tercero de Distrito, José Orvelin Montiel Cortés, abogado de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, explicó que, de no resultar impugnada por Chumoxil, la suspensión fijada por Domínguez Aguilar se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva el amparo presentado por Nahuat Puc “en su totalidad”.

“Ese proceso demorará hasta tanto el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva la queja que interpuso la empresa en contra de la admisión de la demanda de amparo. Mientras tanto, la suspensión estará vigente y la SDS no podrá emitir la MIA. La Manifestación de Impacto Ambiental es uno de los permisos más importantes que debe tener la mega granja para seguir operando”, precisó.

“A la SDS le corresponderá, además, vigilar que la mega granja y su operación restringida no lleven a cabo prácticas contaminantes. Esto es, que no siga vertiendo aguas residuales al manto o generando malos olores. La factoría hoy funciona con restricciones y esto frena un poco más su funcionamiento. Resta conseguir que se le quite la licencia de funcionamiento”, dijo a Pie de Página.

Un año de resistencia popular en Santa María Chi

La mega granja de los Loret de Mola en Santa María Chi –comisaría que reúne a poco más de 500 habitantes– integra a casi 60 mil cerdos y desde hace un año enfrenta el rechazo absoluto de la comunidad por las afectaciones que su funcionamiento genera en la salud y el ambiente de esa población maya.

En mayo de 2023, la porcícola realizó diversas quemas de excretas de cerdos que, explicó Nahuat Puc en distintas conversaciones con este medio, provocó entre los pobladores diversos “problemas respiratorios, faringitis, bronquitis, asma y rinitis, problemas que se han agravado hasta volverse crónicos sobre todo en niños y adultos mayores”.

“Realizamos más de 20 denuncias populares en estos meses. Todos aquí realizamos esos pedidos en línea ante la Semarnat, a quien pedimos intervención. Estos pedidos han sido omitidos hasta la fecha aunque es su obligación, junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, garantizar la manifestación de impacto ambiental. Tenemos el derecho humano a vivir en un ambiente sano. También hicimos denuncias ante la Profepa para que investigue las infracciones a las normas ambientales y aplique sanciones. Tampoco ha actuado hasta la fecha”, afirmó el funcionario.

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Por su rol al frente de la lucha por detener a la mega factoría, Nahuat Puc ha sido víctima de distintas prácticas de persecución judicial activadas por Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil a lo largo del último año. Recientemente, el subcomisario de Santa María Chi incluso fue objeto de una campaña de desprestigio que, estimulada a través de las redes sociales y sin ahorrar en calumnias e injurias, buscó instalar la falacia de que el funcionario se opone a la mega granja de los Loret de Mola porque prevé estimular la inversión inmobiliaria en la comunidad.

La mega factoría de San Gerardo y Chumoxil en Santa María Chi funciona como aparcera –esto es, proveedora– de Kekén, la controvertida compañía del Grupo KUO que monopoliza la producción de carne de cerdo en la Península de Yucatán. Y cuya operatoria, basada en la depredación ambiental, el maltrato animal y la explotación laboral, acumula una copiosa batería de denuncias y rechazo social en el territorio maya.

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