3 octubre, 2024
El pleno de la Corte aceptó con 8 votos a favor y 3 en contra revisar la reforma al Poder Judicial promulgada por el expresidente López Obrador. Este acto, acusó la ministra Lenia Batres, constituiría, en los hechos, un golpe de Estado
Texto: Redacción
Foto: Especial canal judicial
CIUDAD DE MÉXICO. – El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó, con 8 votos a favor y 3 en contra, revisar la reforma al Poder Judicial.
Este acto, significa que la Corte estudiará las solicitudes de revisión promovidas por distintos jueces en el país para anular la promulgación de la reforma.
A favor del proyecto votaron los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.
En contra, se posicionaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortíz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres expresó que, al aceptar revisar la reforma al Poder Judicial, la Corte estaría invadiendo las facultades de los otros dos poderes de la Unión, lo cual «violaría el principio de supremacía constitucional».
Y añadió:
«La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”.
El argumento generó un pequeño debate entre la ministra Batres y la presidenta de la Corte, Norma Piña.
En el intercambio, ésta última dijo que el estudio es para analizar si en realidad se violaron actos de carácter procedimental en la aprobación y discusión de la reforma en el Poder Legislativo. La posición, dijo, no es contra la reforma, sino contra el procedimiento, por lo que la Corte podría confirmar las suspensiones que otorgaron jueces locales para evitar la promulgación de la reforma.
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Sin embargo, la ministra Batres precisó que esto «resulta inaceptable», pues «la pretensión de atribuir facultades meta constitucionales a esta Suprema Corte, a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión, e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo 19 concentró tal poder soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional”.
Su argumento coincide con el de otros especialistas, como el abogado consticuinalista Andrés Repper, quien previamente advirtió que la Corte podría incurrir en un golpe de Estado técnico si continúa en su afán de obstaculizar la implementación de la reforma.
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