Este sábado arranca una misión internacional de verificación de graves violaciones a derechos humanos en Colombia durante el Paro Nacional. Un grupo de defensores de derechos humanos de 12 países, incluido México, intentará documentar los impactos de la crisis social derivada de la represión de las protestas 

Texto: Daniela Pastrana, con información de Alerta Colectiva

Fotos: Raúl Alboleda / AFP y Alerta Colectiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado, una delegación de 10 organizaciones de derechos humanos en México parte rumbo a Colombia, para documentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en ese país durante la crisis social que cumple ya 56 días. Se trata de una respuesta solidaria al SOS lanzado por organizaciones colombianas que trabajan en territorios agredidos en las protestas derivadas de una ley tributaria que castiga duramente a la población, ya afectada por la pandemia.

La delegación mexicana es parte de una misión internacional conformada por más de 40 personas de 12 países (Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, México, País Vasco) que, entre el 3 y el 12 de julio recibirá testimonios de víctimas de la represión estatal, ocurrida durante el Paro Nacional, y buscará identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado de las investigaciones de 7 mil 704 agresiones documentadas por organizaciones sociales.

La visita es impulsada por organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la Fuerza Pública, tras la estigmatización de manifestantes y la decisión del gobierno de Iván Duque de reprimir violentamente la protesta social. Entre estas organizaciones están la Fundación Forjando Futuros, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Corporación Jurídica Libertad, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. Además de la Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Las personas que integran la misión son destacadas líderes políticas y sociales en sus países, que recorrerán once regiones de Colombia (Caribe, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Eje Cafetero, Quindío, Caldas y Valle); visitarán puntos de resistencia; se reunirán con entidades gubernamentales y de la policía y con autoridades del gobierno nacional para conocer su versión sobre la respuesta institucional. También tendrán reuniones con agencias de la ONU en Colombia.

Al término de la misión, las organizaciones presentarán un informe con conclusiones y recomendaciones, que servirán como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos.

La delegación mexicana está formada por integrantes de Aluna Acompañamiento Psicosocial, Asociadas por lo Justo (Jass), Consorcio Oaxaca, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), las redes de Periodistas de a Pie y de Defensoras de Derechos Humanos y el Programa Paz y No Violencia –UNAM. Su encomienda es identificar los contextos en los que se ha ejercido y que ha favorecido la violencia contra manifestantes, así como los mecanismos extrajudiciales y judiciales que podrían propiciar impunidad.

“La Misión es fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y el tratamiento de guerra que se la ha dado por parte del gobierno nacional (a través de la expedición de normas como el Decreto 575 de 2021, que determina la asistencia militar y adopta otras medidas para la conservación y restablecimiento del orden público), pero también de discursos gubernamentales estigmatizantes y negacionistas y del anuncio de reformas que limitan aún más el derecho a la protesta, incluida la intención de modificar el Decreto 003 de 2021 para que se penalice la obstrucción de vías públicas”, dice un comunicado de la misión.

Resistencias y criminalización: Postales de la Colombia en Paro

La revuelta social que comenzó con las protestas por la ley tributaria han derivado en la multiplicación de demandas. El 6 de junio, pueblos originarios realizaron la Asamblea Nacional Popular en el Colegio Claretiano de la localidad de Bosa, en la zona Sur-Occidente de Bogotá. Un asistente fue la comunidad Misak, históricamente negada en Colombia, cuya lucha es por la reconstrucción de la memoria histórica con sentido anticolonial.

La población Misak representa la “primera línea” histórica en contra del gobierno articulado a prácticas coloniales. Por esa razón, luchan por un país sin más calles y sitios con los nombres de violadores y genocidas. Bajo esta premisa derribaron las estatuas de Sebastián de Belalcázar, en Popayán, y de Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá. A estos se suman los monumentos de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, ubicados sobre la avenida el Dorado, en Bogotá.

La intención de la comunidad Misak era acompañar la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que debía pasar por ahí. Pero el muro improvisado de policías provocó una toma masiva la calle 26. Fue un acto inusitado en una de las principales arterias viales de la ciudad.

“Hay que hacer pedagogía ante la criminalización, pero también es difícil frente a las balas”, dijo un joven protestante.

Cerca de la medianoche, en un acto frente a la criminalización, violencia patriarcal y racismo vivido ese día, el pueblo Misak y el mayor Edgar del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente respondió:

“La fuerza pública viola absolutamente el derecho a la libre movilización, sus acciones legitiman el racismo y la desintegración de los pueblos en marcha. Acá está la gente que se ha tapado el rostro para no ser asesinada de los diferentes puntos de resistencia. Exigimos una mesa para demostrar las evidencias concretas de lo que de verdad pasa en Colombia. En el Paro nos han matado a más de 70 personas y más de 600 desaparecidos. El gobierno colombiano no puede perseguir el derecho legítimo a la protesta, porque acá no estamos en una dictadura y no lo vamos a permitir, el movimiento de pueblos indígenas, personas campesina y popular estamos en toda Colombia y vamos a defender nuestros derechos de vivir en paz».

Bolívar opresor y la estatua de un joven asesinado

La comunidad Misak ha sufrido procesos sistemáticos de exterminio en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Su presencia en la capital del país no sólo responde al momento actual. Es también un llamado a reescribir la historia reapropiándose de monumentos y lemas. Así, donde antes decía con letras grandes: «Bolívar, libertador», ahora se le nombra “opresor”. La intervención en el monumento de los héroes, ubicado en la calle 100, zona norte de la ciudad, fue realizada por colectivos de jóvenes que se han adueñado de las paredes del espacio. Un fragmento fue grabado por Mega Pollo del Teatro Popular Anti-guerra. El centro de la imagen hay un mural de una persona deteniendo su mano en señal de ¡Alto! A la masacre y debajo de este se lee “masacre civil”.  

La movilización crece por toda Bogotá de la mano de la expresión urbana y de múltiples manifestaciones a la comunidad Misak.

La plazoleta del Rosario está ubicada sobre la Avenida Jiménez o calle 19, en el centro de la ciudad y durante años albergó la estatua de un colonizador: Gonzalo Jiménez de Quesada. Durante las protestas del 7 de mayo, la comunidad Misak la derribó a modo de mensaje contra la colonialidad y la violencia material y simbólica sufrida por las comunidades indígenas. La avenida, como otros espacios en la ciudad, fue renombrada como «Avenida Misak». 

Ahora, en la estructura se observan intervenciones que dicen “485 AÑOS DE BRUTALIDAD” y “NOS ESTÁN MASACRANDO LOS SICARIOS DEL NARCO GOBIERNO”. 

El 20 de mayo fue colocada por manifestantes una estatua con una bandera de Colombia, hecha por el artista John Fitzgerald. Esta estatua era la representación de Dilan Cruz, joven asesinado por la unidad especial de la Policía Nacional, ESMAD, que hizo uso indebido de armamento durante las manifestaciones durante 2019. Sin embargo, la estatua fue posteriormente retirada.

Murales frente a cuarteles

Al ritmo de la rapera colombiana Diana Avella con el tema de la tierra del Sur, jóvenes artistas comparten su denuncia contra las fuerzas armadas en Bogotá. La intervención artística fue plasmada en la rotonda cerca de la Escuela Militar de Cadetes sobre calle 80, una zona constantemente transitada por el transporte público. 

En el mural se lee: “¿POR QUÉ NOS TORTURAN?”, “¿POR QUÉ LOS MATAN?” Y “¿POR QUÉ NOS VIOLAN?” Con un fondo rojo y negro, las letras rellenas de blanco pero presentan disparos pintados dentro de éstas.

De cada lado hay pintas, la primera es una persona encapuchada; una representación de la primera línea con sus escudos que dice resistencia; un cuerpo de perfil con sus pies llenos de sangre y una manta blanca; menores de edad y una mujer tratando de escapar de sus asesinos. 

En el video que acompaña la intervención se muestra a las fuerzas policiales de noche y luego ollas populares y comunitarias que realizan en cada barrio para sostener a los diferentes grupos organizados. Las manifestantes cuidan su identidad con capuchas y otros elementos que dicen “LAS PUTAS CALLES SIEMPRE SERÁN NUESTRAS”.

A pesar de que los murales son una muestra de manifestación legitima el gobierno colombiano, este incita a borrarlos, como sucedió en Medellín con la intervención ESTADO ASESINO. “Pueden borrar todos los muros que quieran”, responden los colectivos.

El nuevo mural que denuncia la tortura, violación y asesinato, podría sufrir el mismo destino ante la intimidación del batallón de militar que está cruzando la calle. 

El Paro Nacional resiste y se re-crea a través del muralismo.